¿Proyectos sin regulación ambiental? Lo que dice el Marn sobre el decreto 9-2025

De acuerdo con el Marn, el decreto 9-2025 se centra en un solo sector y abre la puerta a la autorización de proyectos sin controles ambientales.

Carlos Gómez

23 de octubre de 2025 | 00:05h

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El Congreso aún no conoce las objeciones presentadas al Decreto 9-2025 que modifica la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera).

El 30 de septiembre, el Congreso aprobó el decreto 9-2025, que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La normativa establece que previo al desarrollo de “todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial” que pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional se debe efectuar un estudio de evaluación de impacto ambiental.

Se exceptúa de la presentación de dichos instrumentos de impacto ambiental a instituciones benéficas, religiosas, los servicios profesionales individuales y las ventas de la economía informal (incluyen las tortillerías), siempre y cuando, no emitan fluidos y gases contaminantes, y sus desechos sólidos sean aceptados por su recolector de basura.

El decreto también fija sanciones por incumplimiento de las disposiciones y ordena al ejecutivo formular un reglamento en un periodo no mayor de seis meses.

La medida ha sido criticada por el presidente Bernardo Arévalo, por considerar que algunas de sus disposiciones podrían ser inconstitucionales.

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) elaboró un análisis técnico del decreto aprobado, con el fin de identificar los principales motivos por los que el presidente debería de vetar la ley.

El viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, indicó que se han detectado serios vicios de inconstitucionalidad.

Según Rodas, esta normativa no solo contradice mandatos expresos de la Constitución Política de la República, sino que también vulnera convenios internacionales y podría generar inestabilidad jurídica para las inversiones en el país.

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Igualdad, costos y pérdida de control

El funcionario señaló que el decreto contraviene específicamente dos artículos constitucionales. En primer lugar, el artículo 4, que consagra el derecho de igualdad para todos los habitantes. “El decreto vulnera este principio al eximir a ciertos sectores, sin criterios técnicos claros, de la presentación del instrumento ambiental”, explicó Rodas.

En segundo lugar, se viola el artículo 97 de la Carta Magna, que establece la obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes de propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación y mantenga el equilibrio ecológico.

“La reforma deja de considerar el daño ambiental que genera todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad”, argumentó el viceministro.

Al hacerlo, se genera una “externalidad económica”, es decir, el costo de descontaminar y tratar los desechos producidos se traslada de manera injusta a la población en general, “quien termina pagando los platos rotos de un desarrollo insostenible”, indicó Rodas. Además, subrayó que el texto del decreto, al hacer referencia específica a lo “comercial”, parece excluir de responsabilidad ambiental a un sector clave de la actividad económica.

Esta ambigüedad, sumada a la exención de evaluaciones, abre la puerta a que se autoricen y construyan obras sin los controles ni requerimientos ambientales adecuados, lo que implica un riesgo latente de degradación de ecosistemas y afectación a comunidades.

Más allá del plano nacional, Rodas advirtió que la normativa contraviene convenios internacionales suscritos y ratificados por Guatemala.

Estos acuerdos establecen que los estándares ambientales alcanzados no pueden reducirse, un principio conocido como “no regresividad”. “En el caso del decreto 9-2025, los reduce”, sentenció. Esto representa un retroceso en la protección del patrimonio natural.

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Esta regresión, lejos de agilizar procesos, “afecta la certeza jurídica para las inversiones en el país, restando competitividad”. La inseguridad normativa, subrayó, es un factor que desalienta la llegada de capitales responsables, que valoran la estabilidad y el cumplimiento de estándares globales.

Finalmente, el viceministro rechazó la premura con la que se pretende implementar la nueva norma. El artículo 18 del decreto establece un “plazo sumamente corto para la emisión de los reglamentos”, lo que pone en riesgo no solo su correcta elaboración y aprobación técnica, sino también un proceso adecuado de socialización con la ciudadanía.

Esta falta de diálogo y transparencia, afirmó Rodas, demuestra la poca rigurosidad con la que se ha manejado una reforma de alto impacto para el futuro ambiental de Guatemala. A su juicio, el decreto 9-2025 debilita la institucionalidad ambiental, favorece la impunidad ecológica y socava los cimientos del desarrollo sostenible.

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Congreso rechaza objeciones

El pleno del Congreso rechazó las objeciones y las observaciones al Decreto 09-2025, que contiene las Reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que fueron presentadas por la diputada Karina Paz.

A criterio de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, la aprobación del legislativo es algo “antitécnico e inconstitucional” y aseguró que se están realizando los análisis técnicos sobre la inconstitucionalidad en la ley, ya que la misma deja fuera a varios sectores de la presentación de estos estudios de impacto ambiental.

“Ahorita estamos haciendo los análisis de inconstitucionalidad, porque es otra manera de verlo, que aplica solo al sector comercio, y deja fuera toda la agricultura, toda la industria, todos los servicios, todas las inmobiliarias, toda la construcción ¿verdad? eso es algo grave”, aseguró la titular de la cartera de ambiente en la conferencia de prensa del martes 21 de octubre.

La diputada Karina Paz había planteado tres objeciones. La primera, sobre la vulneración al derecho de igualdad, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, y al principio del interés general, que prevalece sobre el particular.

La segunda, se enfocaba en una extralimitación constitucional, al contraponer el derecho a un ambiente sano (artículo 97) y el derecho a la salud (artículo 93) frente al derecho individual de la libertad de religión (artículo 36).

La tercera abordaba una posible violación al control de convencionalidad por parte del pleno del Congreso al aprobar reformas que podrían contradecir tratados internacionales.

Voucher Verde representa una nueva forma de manejar los comprobantes de pago de tarjetas de crédito o débito. Permite que el voucher de copia del tarjetahabiente sea enviado directamente a su correo electrónico cuando la transacción se realiza en un POS de BAC.  Ahora, la entidad bancaria se convirtió en el primer banco en Guatemala en introducir esta innovadora iniciativa de ahorro de papel.

“Con la iniciativa de Voucher Verde, no solo estamos reduciendo nuestra huella de carbono, sino que también simplificamos la vida de nuestros clientes al facilitarles un acceso más sencillo a sus comprobantes de pago. Queremos invitar a todos nuestros tarjetahabientes a sumarse al cambio junto a nosotros y colaborar en esta valiosa misión de cuidado del ambiente. ¡Los vouchers ahorrados hoy, significan árboles salvados mañana!”, comentó Eric Campos, Country Manager de BAC Guatemala.

Esta iniciativa demuestra el sólido compromiso por parte de BAC de ser el líder en la región y a nivel mundial en la creación de soluciones financieras que generen un triple valor positivo: económico, social y ambiental.

Vouchers Digitales Sostenibles, es la medida que reduce el consumo de papel y también la disminución de la huella de carbono asociada con la impresión y entrega de comprobantes en papel.

Tendrá un acceso fácil y seguro, el tiempo de recepción del voucher es de un máximo de un 1 minuto después de llevar a cabo la transacción en el POS. En caso el cliente no reciba el voucher automáticamente en su correo electrónico, deberá actualizar sus datos visitando la Banca en Línea en baccredomatic.com o contactando a un agente de servicio al cliente en Call Center (2361-0909).

Francisco Asturias, director de FundaEco, en Petén captó las imágenes durante un recorrido en la zona en busca de documentar la presencia de especies como el jaguar y el jabalí en el área protegida. “Con los años, llevo 12 años en la zona, uno aprende a camuflarse, a esconderse en ciertos lugares por donde transitan estos animales” relata Asturias.

La paciencia, sin embargo, es el factor dominante para poder observar animales salvajes en su hábitat natural indica el ecologista. Al acercarse a la zona el jaguar detecta que algo es anormal, relata Asturias. “Se queda viendo, sabe que hay algo diferente. Ella estaba segura de que había algo diferente en la zona. Mira entonces a la cámara, se va  cuando cambio de lugar para tener otro ángulo” relata el ecologista.

En el vídeo se puede advertir que el felino come hierbas, según Asturias, esta es una práctica que puede indicar que el jaguar había cazado previamente e ingería las hierbas para facilitar la digestión. Las manchas en la piel del jaguar son una especie de huella digital que varía de animal en animal, indica el experto. Sin embargo, estudios más específicos sobre los especímenes se encuentran a cargo solo de instituciones como el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, Cecon.

Especie amenazada

Las imágenes del jaguar fueron captadas en el El Parque Nacional Mirador Río Azul y Biotopo Dos Lagunas, una área protegida de 146 mil hectáreas es considera por los ecologistas como una de las más diversas de Mesoamérica. Este Parque constituye un hábitat muy importante para el jaguar, por la población detectada. Pero además es un lugar de refugio de una gran diversidad de fauna como el venado cola blanca, el pecarí labios blancos, el puma, el tapir, el tepezcuintle y el cabrito; según registros del Plan Maestro para la Reserva de la Biosfera Maya.

“Definitivamente la cacería ilegal está ingresando por el lado de México, en la zona de Río Azul por la poca presencia del Estado; y también un poco por comunitarios (de Guatemala) que realizan cacería de subsistencia, aunque sin autorización, desde poblaciones de Carmelita y Uaxactún, aunque estas poblaciones no llegan hasta el núcleo de la reserva” indicó Asturias.

La región es resguardada por cuatro guarda recursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), seis del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon), de la Universidad de San Carlos y seis de FundaEco. El Plan Maestro para la conservación del Parque Nacional, realizado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Conap, señala que se necesitaría al menos 50 guarda recursos para proteger la zona.

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Todo ello pese a que la conservación del medioambiente ha sido tema de agenda en los últimos meses y la contaminación de afluentes, tala inmoderada y destrucción del entorno ha sido más visibilizada.

Incluso el presidente Jimmy Morales reconoció el pasado miércoles que el 99 por ciento de los afluentes está contaminado.

César Barrios, de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, afirmó que es contradictorio que un país que es megadiverso y que su principal oferta turística es para visitar áreas protegidas destine tan pocos recursos al cuidado del ambiente.

Desplazado

En el 2016, las entidades señaladas tuvieron asignación de Q691 millones 493 mil 127, lo que en ese momento representó 0.98 por ciento del presupuesto aprobado ese año, que fue de Q70.7 mil millones.

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Este año, dichas instituciones recibieron una asignación de Q709 millones 301 mil 160, que si bien es mayor que en el 2016 es baja respecto del plan de gastos actual, porque ese monto representa el 0.92 por ciento de los Q76.9 mil millones aprobados.

El PIB previsto para el 2017 es de Q557.7 mil millones, por lo que el presupuesto de ambiente representa el 0.13 por ciento.

Destaca que el 61 por ciento del presupuesto está destinado a los programas Probosque y el de incentivos forestales, ambos a cargo del Inab, que si bien buscan evitar la deforestación, no pueden ser considerados proyectos ambientales.

Gasto ambiental bajo

Datos de un estudio del 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que incluye nueve países, muestra que el gasto ambiental oscila entre el 0.14 y 0.50 por ciento del PIB. El más bajo es Argentina y el más alto lo tiene Costa Rica.

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Un reporte del 2015 de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) revela que entre los 28 países que integran la Unión Europea invierten 0.67 por ciento de su PIB en el ambiente, lo que significa que acá se invierte 5.2 veces menos que en los países desarrollados.

Otro dato relevante de la Eurostat indica que los países europeos gastan un promedio de €172 por persona en el medioambiente, que significa que esos países invierten Q1 mil 370.8 por cada habitante. El cálculo para Guatemala es de Q41.1 por cada habitante; es decir, 32.7 veces menos.

Copiar ejemplo

Barrios consideró que Guatemala debería seguir el ejemplo de países como Costa Rica, que con menos territorio tiene  más protección de bosques. “Es urgente fortalecer el cuidado de áreas protegidas, ya que son un tercio del país y un potencial de turismo”, manifestó.

Es falta de interés

Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal y Ambiental, resaltó que se demuestra falta de interés del Gobierno. “La Ley de Cambio Climático los faculta para pedir más presupuesto, y no lo hicieron”, dijo.

No hubo prioridades

Ronald Sierra, presidente de la Comisión del Ambiente del Congreso, explicó que el año pasado citaron al ministro de Ambiente, pero las prioridades no fueron compartidas, aunque desde esa sala han buscado apoyo para las comunas.

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Trabajo por resultados

Alfonso Alonzo, viceministro de Ambiente, reconoció que la baja asignación de presupuesto ha sido tendencia en los últimos años y que con el trabajo que hacen en el futuro será la población la que exija más.

Protección de recursos relegada

El país tiene muchos retos ecológicos pero la cartera de Ambiente es de las más relegadas.

• Guatemala se ubica entre las 10 más vulnerables por el cambio climático, y la conservación del ambiente es vital para frenar esas consecuencias.

• La Organización de Naciones Unidas declaró al 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y Guatemala se promociona como país de reservas naturales, sin embargo, solo se invierte el 0.14 por ciento del  presupuesto en las áreas protegidas, que representan un tercio del territorio nacional.

• Se aprobó una legislación que obliga a las comunas a construir plantas de tratamiento para aguas servidas, pero su vigencia se ha retrasado.

• La tala ilegal y las invasiones  son graves retos, sobre todo en Petén e Izabal.

0.13 DEL PIB

invierte el país en el cuidado del ambiente.

Q691 MILLONES

es la asignación a la cartera de Ambiente.

120 ÁREAS

protegidas tiene el país: 33% del territorio.

95% DE RÍOS

del país  tiene contaminación de algún tipo.

Los fondos serán destinados para diferentes medidas de protección ambiental del bosque. De los cuales, Q5 millones serán para promoción, información y capacitación sobre aspectos técnicos, administrativos y legales del programa de incentivos.

Mientras que Q10 millones serán utilizados para el equipamientos e implementación de la plataforma del programa nacional para la protección de bosques.

El decreto contiene la Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala.

La Ley contempla que el Estado destinará anualmente una partida del Presupuesto para otorgar incentivos forestales por un monto no menor al 1%.