El exfinancista del desaparecido Partido Patriota, Raul Osoy, obtuvo arresto domiciliario este lunes, que le otorgó el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, por razones humanitarias.

El abogado defensor de Osoy ante el juez solicitó la audiencia en la que presentó evaluaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y confirmó que el procesado por el Caso Cooptación del Estado padece de problemas cardiacos.

Gálvez aceptó la vulnerabilidad de Osoy y otorgó las medidas sustitutivas y el procesado deja la prisión luego de estar privado de libertad durante cuatro años.

Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones, Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y Empresa Arrendadora El Quijote.

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La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura y durante el gobierno de Otto Pérez Molina recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

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La investigación refiere que, Topsa facturó por servicios no brindados por Q11 millones 565 mil 970, pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el anulado Partido Patriota de 2011.

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Además, el juzgador decidió que Osoy Penados guarde prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala hasta que se celebre la audiencia de apertura a juicio.

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Para Gálvez esta situación podría ser un indicio de que  Osoy Penados se estaba beneficiando de alguna forma anómala.

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Otro argumento que sostuvo el juzgador es que  el señalado tenía relación con otros implicados en el caso Cooptación del Estado y hay probabilidad de que recibiera comisiones anómalas para bancarizarlas y luego adquirir automóviles para darle apariencia de legalidad.

En su razonamiento el juez citó la declaración del ex subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Miguel Ángel Martínez, donde decía que Osoy Penados había participado en la logística de la seguridad de Roxana Baldetti antes de que fuera vicepresidenta.
 
De la misma indicó que el señalado habría utilizado sus empresas para adquirir un inmueble ubicado en la zona 14 para la exmandataria cuando ejercía el cargo.

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Al finalizar sus argumentos el juez Gálvez otorgó tres meses al Ministerio Público para que presente la investigación con las que se decidirá si se lleva a cabo la apertura a juicio.

Antecedentes

Raúl Osoy Penados, fue capturado el 13 de noviembre por agentes de la División en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la  6 avenida y 18 calle de la zona 10  luego que se determinó su identidad puesto que se había mostrado un documento falso.

El sindicado tenía orden de captura vigente desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala y era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas.

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Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones,  Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y Empresa Arrendadora El Quijote.

La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez,  recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

La investigación refiere que Topsa facturó por servicios no brindados por Q11 millones 565 mil 970 pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota (PP) de 2011.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detallan que Osoy Penados recibió Q5.2 millones de Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y dio a cambio facturas por servicios ilegales e inexistentes. Ese dinero sirvió para sobornar a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó la avioneta Cirrus SR22, matrícula TG-TNT, y un helicóptero Bell 206, matrícula TG-MIL, propiedad de Osoy Penados. Las aeronaves están embargadas a la espera del final de la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio.

De acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, Raúl Osoy Penados fue uno de los financistas más importantes del Partido Patriota (PP) porque dio comisiones ilícitas del 15 por ciento.

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De esas declaraciones se desprende que Osoy habría recibió Q65 millones para un dragado que sirvió para proteger la casa de playa de Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos, y entregó de comisión Q15 millones a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Monzón señaló también que Osoy Penados pagó la fiesta de cumpleaños de Pérez Molina del 1 de diciembre de 2011, cuando el binomio ya había ganado la segunda vuelta electoral.
 
Además habría pagado Q219 mil para la remodelación de la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige Joviel Acevedo.

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En el Juzgado de Mayor Riesgo B a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez,  se discutieron los indicios que señalan a Osoy en el caso Cooptación del Estado de Guatemala.

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La imagen fue para sustentar el cargo de asociación ilícita en contra de Osoy, explicó el MP durante la audiencia, aunque no precisó de que tipo de vehículo se trata y si fue un obsequio a la exvicemandataria de parte de los que figuran en la fotografía.

“Se ha establecido que operaron desde el 2009 hasta 2014”, dijo el fiscal. “El propósito era aprovecharse o tener beneficios del Estado, un beneficio propio de la organización”, añadió.

El abogado que representa a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) argumentó, como querellante, que Monzón declaró el 23 de abril pasado acerca del pago de Q10 millones y US$200 mil de Osoy a Baldetti como pago por una comisión.

“Esta representación como querellante solicita que sea ligado a proceso al señor Raúl Osoy Penados por los ilícitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, cohecho y lavado de dinero”, dijo el representante de la Cicig.

A Osoy también lo señalaron de haber “canalizado” recursos para la compra de regalos para el expresidente Otto Pérez Molina en 2012 entre estos un helicóptero y varios vehículos.

Se defiende

Osoy se defendió y negó tener nexos cercanos con Baldetti y Pérez Molina y aseguró que un trabajo de dragado que hizo una de sus empresas en San Marino y Punta de Vela no fue para proteger la casa de la narcotraficante Marllory Chacón, actualmente juzgada en EE. UU.

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“Ellos mencionan que el trabajo que se hizo era exclusivamente para proteger una casa. Les quiero decir una cosa que (la obra) se hizo en lo que es parte del canal de Chiquimulilla. Es un área de manglar natural con un millón de metros cuadrados”

Osoy recordó que “en esa área de San Marino y Punta Vela hay alrededor de mil casas” y que se hizo la protección costera en un área de 250 metros, y una casa, por muy grande que sea ocupa 20 metros de ancho, lo cual demuestra, según su parecer, que la obra no era para proteger una sola casa.  

Más de dos años prófugo

Osoy fue detenido el 13 de noviembre pasado después de una revisión rutinaria de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 10.

El sindicado, de 55 años, es reclamado por la justicia por la posible comisión de delitos de lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo, y asociación ilícita.

Fue arrestado por agentes de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la 6 avenida y 18 calle de la zona 10.

Tenía orden de captura desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala.

Osoy era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas, vinculados todos al caso Cooptación del Estado.

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La defensa señaló que hace falta resolver un recurso para que sea otro juzgador quien siga conociendo el proceso relacionado con el caso Cooptación del Estado de Guatemala.

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“Al analizar las actas de las tres audiencias, lo único que sucedió fue la imputación de los cargos por el Ministerio Público y cuando le tocaba declarar se suspendió y se programó para el 17 de enero de 2019. Es algo inusual”, dijo Gálvez en la sala de audiencias.

El juez buscó en internet el concepto de preclusión. “Acá no ha precluido nada porque es la audiencia de primera declaración. Si se había solicitado tiempo para conocer todos los medios de convicción, eso se tuvo que haber hecho antes de iniciar y no suspender por tanto tiempo, la indagatoria”, explicó el juzgador.

Osoy toma la palabra

El empresario, quien fue el mayor financista del extinto Partido Patriota (PP) que llevó a la presidencia al general retirado Otto Pérez Molina, pidió la palabra.

“Señor juez usted trae un criterio sesgado”, dijo Osoy y le recordó que ya había avanzado la audiencia.

El abogado Alexander Hernández lamentó que su incidente de incompetencia fuera detenido por Gálvez con el argumento que hizo falta entregar 153 copias para cada uno de los procesados, las entidades y empresas señaladas en el caso Cooptación.
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El penalista anunció que llevará las copias de la petición mañana y solicitará que se conozca su petición de incompetencia. Hernández espera que sea el juez Celada quien continúe con la indagatoria a Osoy.

El caso

Osoy fue detenido el 13 de noviembre pasado después de una revisión rutinaria de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 10.

El sindicado, de 55 años, es reclamado por la justicia por la posible comisión de delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Fue arrestado por agentes de la División en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la 6 avenida y 18 calle de la zona 10.

Tenía orden de captura desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala.

Osoy era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas, vinculados todos al caso Cooptación del Estado.

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La defensa del empresario Raúl Osoy Penados, el mayor financista del extinto Partido Patriota (PP), que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina, intenta separar al juez de alto impacto, luego que su defendido no pudo demostrar quebrantos de salud para aplazar la audiencia ante el juez Miguel Ángel Gálvez.

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Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, esperó durante tres horas el inicio de la audiencia por la incomparecencia de Osoy Penados.

El médico de la cárcel evaluó a Osoy y un galeno del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El informe al Juzgado fue que el empresario goza de buena salud.

En el otro extremo, los abogados del sindicado interpusieron una exhibición personal con el argumento de saber en qué condiciones está en la prisión militar.

Poco después del medio día Gálvez explicó que estaba preocupado. “No es posible que una persona esté detenida y no sepa el motivo”, sobre la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de primera declaración, donde según el debido proceso, se debe informar al señalado los motivos de su detención y los cargos que enfrenta.

El abogado Holbert Alexander Hernández, de Osoy, interpuso una acción de incompetencia contra Gálvez. El argumento es que la audiencia de primera declaración ya comenzó y debe seguir con el juez adjunto.

A eso de las 13.30 horas finalmente Osoy se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo B para continuar con la audiencia, sin embargo, el propio juez Gálvez le informó que se había suspendido.

Juez adjunto

El juez Israel Celada Galindo, quien está adjunto a la judicatura que dirige Gálvez desde hace más de un año, realizó la primera audiencia a Osoy el 14 de noviembre pasado. Ese día solo le hizo saber el motivo de la detención.

El 20 de noviembre pasado fue reproducida una declaración del excolaborador eficaz de la Fiscalía, Juan Carlos Monzón. Después, la continuación fue fijada para el 17 de enero próximo.

“Nos oponemos a la audiencia. Este caso ya comenzó”, dijo el abogado Hernández.

“Todos los requerimientos y el memorial se van a resolver. Lo que quiero es que esta causa se encamine”, mencionó el juez Gálvez y fijó para el próximo martes 11 de diciembre del 2018 para continuar la audiencia.

Gálvez recordó que Osoy goza de buena salud después de una evaluación del Inacif, por lo que no hay excusas para no asitir a la audiencia.

El caso

Osoy fue detenido el 13 de noviembre pasado después de una revisión rutinaria de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 10.

El sindicado, de 55 años, es reclamado por la justicia por la posible comisión de delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Fue arrestado por agentes de la División en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la 6 avenida y 18 calle de la zona 10.

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Osoy era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas, vinculados todos al caso Cooptación del Estado.

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Durante la segunda jornada de audiencia de primera declaración en contra del empresario de la construcción detenido por el caso Cooptación del Estado, la Fiscalía reprodujo la declaración en anticipo de prueba de Monzón, colaborador eficaz y quien goza de libertad.

Monzón señaló que, durante la campaña electoral de 2011, el empresario le dio a Baldetti un listado de “negocios” en los que estaba interesado.

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Según la investigación Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Topsa, empresa vinculadas con Osoy, facturó Q11 millones 565 mil 970 en servicios que nunca se prestaron, pero sirvieron para pagos y gastos de campaña.

La fiscalía señaló que la empresa luego fue beneficiada con obras de infraestructura durante el gobierno de Otto Pérez (2012-2015). Recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

Además, Osoy utilizó varias entidades para emitir facturas por servicios ilegales o inexistentes por un valor de Q5.2 millones a la Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) pero que, según la pesquisa, sobornó a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

Seguridad de Baldetti

Juan Carlos Monzón contó que convenció a Osoy para que proveyera seguridad durante la campaña electoral de 2011 a Roxana Baldetti. El empresario había cumplido por un tiempo, pero le dijo a Monzón que los gastos ascendían a Q75 mil al mes.

“Él -Osoy- me dijo que los costos eran muy elevados y que ya no lo podía pagar, por lo que me propuso que Miguel Ángel Martínez Solís –exsubsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)– y yo pagáramos Q25 mil cada uno y el completaba el resto. Nos dijo que nos iba a devolver todo cuando ya se le diera algún contrato del Estado”, dijo Monzón.
 
Raúl Osoy Penados fue imputado por la Fiscalía por los delitos de financiamiento ilícito y lavado de dinero ante Israel Zelada, juez suplente de Mayor Riesgo B, quien tiene pendiente la resolución de primera declaración.

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El sindicado, de 55 años, es reclamado por la justicia por la posible comisión de delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

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Contratista

Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones,  Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y Empresa Arrendadora El Quijote.

La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez,  recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

La investigación refiere que Topsa facturó por servicios no brindados por Q11 millones 565 mil 970 pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota (PP) de 2011.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detallan que Osoy recibió Q5.2 millones de Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y dio a cambio facturas por servicios ilegales e inexistentes. Ese dinero sirvió para sobornar a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó la avioneta Cirrus SR22, matrícula TG-TNT, y un helicóptero Bell 206, matrícula TG-MIL, propiedad de Osoy Penados. Las aeronaves están embargadas a la espera del final de la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio.

De acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, Raúl Osoy fue uno de los financistas más importantes del Partido Patriota (PP) porque dio comisiones ilícitas del 15 por ciento.

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De esas declaraciones se desprende que Osoy recibió Q65 millones para un dragado que sirvió para proteger la casa de playa de Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos, y entregó de comisión Q15 millones a los exgobernantes.

Monzón señala que Osoy también pagó la fiesta de cumpleaños de Pérez Molina del 1 de diciembre de 2011, cuando el binomio ya había ganado la segunda vuelta electoral, y pagó 219 mil para la remodelación de la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige Joviel Acevedo.

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Las pesquisas comenzaron luego de que el viernes hubo despliegue de policías y fiscales en los hangares privados, en busca del helicóptero TG-MIL y de la avioneta TG-TNT.

Las aeronaves —una a nombre de Modern Services Group y la otra propiedad de Arrow Aviation, con sede en Panamá— fueron pilotadas por Haward Suhr Castellanos, al servicio de Osoy Penados.

Suhr Castellanos había prestado también sus servicios a Otto Pérez Molina y a Roxanna Baldetti, durante la campaña presidencial del 2011, refieren investigadores.

Los fiscales siguieron, por segunda ocasión, el rastro del constructor, después de que fue presentada una denuncia en su contra por supuestamente haber falsificado documentos.

Aeroservicios Centroamericanos, S. A. (Aerocentro), era una agencia de alquiler de aeronaves que a finales del 2013 se quedó solo con los permisos para volar, y sin clientes.

Los socios fundadores de la compañía son Guillermo Lozano Bauer —pendiente de captura por el caso de TCQ— y Suhr Castellanos.

Vínculos

En diciembre del 2012, Suhr fue capturado por las autoridades hondureñas en San Pedro Sula, Honduras, junto con los pilotos Dennis Omar Calderón Calderón y Juan Luis González García, exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco, por supuestos vínculos con narcotraficantes. Suhr fue liberado hace dos años.

Luego, Aerocentro fue adquirida por otros accionistas, y pasó a ser Aeroservicios. El intento de Osoy Penados de nombrar a uno de los gerentes al hacer uso de documentos falsos desató las averiguaciones.

Fiscales tienen en su poder, desde hace un año, documentos de la formación de Alliancee, S. A., creada por Osoy Penados, la que Estuardo González, alias Eco, colaborador eficaz en el caso de defraudación aduanera, indicó que pagaba sus honorarios.

En los cateos de marzo último, en las oficinas de la constructora Topsa, la cual Osoy Penados presidió, se encontraron cheques, y algunos de esos documentos lo podrían vincular con Jonathan Chévez, confió una fuente cercana a la investigación.

El Ministerio Público señala a Chévez de haber sido designado por Juan Carlos Monzón para administrar US$12 millones que los directivos de TCQ entregaron al exbinomio presidencial como soborno.

“Esas chequeras fueron incautadas, secuestradas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)”, explicó el jefe de la Fiscalía Metropolitana, Arturo Archila.

“Ellos están tratando de consolidar una investigación. Se conectan varias situaciones. Hay que ver la vinculación, si fuera el caso, de Osoy Penados con esta estructura de La Línea y la de TCQ”, refirió.

Siguen rastro

Fuentes policiales afirmaron que el allanamiento del viernes último en el edificio de apartamentos Tadeus, zona 14, tuvo como objetivo ubicar a Osoy Penados.

El Juzgado Tercero de Instancia Penal, donde se ventila una de las denuncias contra el empresario, no ha girado orden de captura.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, no niega ni confirma la existencia de orden de detención contra Osoy.