En la resolución también negó la petición que hizo Carlos Vielmann Montes, quien fue ministro de Gobernación, para dejar la cárcel y pasar la celebración de Navidad y Año Nuevo con su familia y nietos.
Domínguez avaló la petición de la defensa para que se permita la presencia de los procesados y sus abogados en “todas las diligencias de investigación”, entre las cuales están interrogatorios a testigos.
El fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, confirmó la resolución de la juzgadora y mencionó que no les ha afectado en el transcurso de las pesquisas.
Una fuente cercana al caso informó a Prensa Libre que la decisión sorpresiva de la jueza Domínguez ya fue impugnada con un recurso de reposición, planteado por la propia Feci, acción que se planteó horas después de haber sido notificados el 7 de diciembre pasado.
Como Domínguez está de vacaciones será la jueza Silvia de León, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, quien conozca el recurso de la Feci. El periodo para hacerlo es en tres días.
El Ministerio Público (MP) considera que la decisión de Domínguez “vulnera la independencia del MP”.
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El Artículo 316 del Código Procesal Penal establece que el MP podrá dar intervención a las diligencias a las partes, aunque aplica cuando se trata de reconstrucción de hechos. En cuando a la investigación es el MP quien realiza las pesquisas y la judicatura es quien tiene el control.
Procesado
El 26 de noviembre pasado Domínguez procesó a Vielmann por tortura y declaró falta de mérito por ejecuciones extrajudiciales. En su resolución la jueza lo dejó en prisión preventiva y argumentó que “no existía peligro de fuga, pero podía influir en la investigación”.
También fueron procesados el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) Suhairam Stu Velásco Crispín, el expolicía Axel Arnoldo Martínez Arreaza, el exsubjefe de detectives Víctor Manuel Ruiz González y el expolicía Francisco Guarcas de Paz por el delito de ejecución extrajudicial.
La investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) evidenció ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por una estructura criminal paralela que operaba desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 a 2007.
En 2005 se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel “El Infiernito”. Las autoridades del Ministerio de Gobernación pusieron entonces en marcha el llamado Plan Gavilán con el objetivo de recapturar a los prófugos.
La estructura criminal utilizó la infraestructura y recursos del Estado para ubicar a los fugados. Una vez ubicados, grupos armados ilegales del Ministerio de Gobernación y la PNC ejecutaban a los detenidos. Algunos de los que no fueron ejecutados fueron víctimas de torturas, según la acusación.
La jueza mencionó que existen suficientes indicios por la ejecución extrajudicial de los reos Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre del 2005; Douglas Sadiel Arauz Palacios, el 20 de diciembre del 2005, y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre del 2005.
Por este caso continúa prófugo el exviceministro de Gobernación Kamilo José Rivera Gálvez, nombrado en enero de 2018 como responsable del área de seguridad. Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005.
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