El acuerdo fue rechazado con los votos en contra de 432 diputados, frente a 202 a favor, pese a las advertencias de May sobre la “incertidumbre” que provocaría esta decisión.

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El acuerdo de Brexit negociado con sudor y sangre por la primera ministra británica, Theresa May, se encaminaba este martes a una histórica derrota en un Parlamento tan ampliamente hostil que la única incógnita parece versar sobre qué ocurrirá tras su rechazo.

Antes de la votación, que comenzó a las 19h00 (locales y GMT) con el examen de las enmiendas presentadas por los diputados, May cerró cinco días de acalorados debates llamando a los diputados a respetar el resultado del referéndum que decidió la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

“Creo que tenemos el deber de cumplir con la decisión democrática del pueblo británico”, había dicho, advirtiendo a los legisladores de que la UE no ofrecería ningún “acuerdo alternativo” si el suyo era rechazado.

Moción contra May

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, presentó este martes en el Parlamento una moción de censura contra el Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May.

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El líder de la principal formación de la oposición en el Reino Unido planteó esa moción poco después de que la Cámara de los Comunes haya rechazado el acuerdo del “brexit” alcanzado entre el Ejecutivo conservador y la Unión Europea (UE).

Preocupación

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, llamó este martes a una “solución positiva” después que el parlamento británico rechazara el acuerdo del Brexit negociado entre Londres y Bruselas y defendido por la primera ministra británica, Theresa May.

“Si un acuerdo es imposible, y nadie quiere una salida sin acuerdo, entonces ¿quién tendrá finalmente el valor de decir cuál es la única solución positiva?”, se preguntó en un tuit Tusk a medida que se acerca la fecha oficial de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, el 29 de marzo.

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Cuatro preguntas contestó el pueblo peruano, la primera: ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?; la segunda: ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?; la tercera: ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? y, por último: ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

En Perú, los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski son procesados por la justicia penal y todos vinculados con corrupción. El actual mandatario, Martín Vizcarra, no fue electo de manera directa, era el vicepresidente de Kuczynski, y al haber este renunciado tuvo que subir al sillón presidencial. En este contexto se enfrenta a un Congreso dominado por la oposición y a la vez existe un ambiente político tenso porque el fujimorismo, que tiene un aceptable apoyo popular a pesar de ser la encarnación de la dictadura —como lo que sucede en Guatemala, solo que con otros apellidos—, también enfrenta procesos penales e investigaciones por corrupción y abuso.

Vizcarra entendió el momento en el cual le toca dirigir el país y por eso es sano hacer el paralelismo con lo que ocurre en Guatemala, pregunta por pregunta.

Los guatemaltecos tuvimos hace dos años una propuesta de reforma constitucional y dentro del paquete se proponía la conformación de un nuevo órgano dentro del sistema de justicia, con el objeto de que el Congreso ya no tuviera cheque en blanco para elegir magistrados cada cinco años, como juegan ahora las reglas —acá ni consejo de magistratura hemos tenido—, los magistrados de apelaciones estarían electos por plazo indefinido y se instituía un nuevo sistema de disciplina judicial y evaluación del desempeño. Así mismo, para ser magistrado de la Corte Suprema se atendería a razones de especialidad y así se respetaría una lógica elemental. El statu quo salió dando el grito al cielo y diputados oficialistas junto al presidente boicotearon el esfuerzo. Hoy, Arzú, Alejos, Galdámez y otros miembros de la Junta Directiva andan a la caza de magistrados para el próximo año, y por supuesto la UNE, la otra gran bancada, busca los suyos. Si esto es construir república, seguramente reprobamos.

La segunda pregunta es similar al caso guatemalteco, el financiamiento a los partidos políticos nos ha tenido ocupados buena parte de los últimos dos años. La interrogante es: ¿somos serios en nuestro proceso? Desde mi punto de vista, no; parches para la reforma electoral, una estupidez del Congreso en la reforma al Código Penal más peligrosa que hemos tenido al haberse “equivocado” los diputados y hacer excarcelables decenas de delitos para terminar con una modificación al famoso artículo 407 “N” —financiamiento ilícito—, que a la fecha el sistema discutirá si es un borrón y cuenta nueva o solo una pena más benigna.

La tercera interrogante fue un claro mensaje de poder a los congresistas: el pueblo peruano no quiere reelección. La decisión puede resultar difícil y gravosa, pero en la coyuntura se entiende; y por último, también allá en el sur se apoyó al mensaje presidencial y se logró el rechazo para instituir el bicameralismo, así que se quedan con el unicameralismo, lo cual es lógico cuando allá, como acá, el descrédito del Legislativo es fuerte.

Perú propone cuestiones concretas y con apoyo político, en Guatemala el presidente, el Congreso y la Corte Suprema no proponen nada y cuando se plantea lo vetan, lo más fregado es que grupos tradicionales de influencia apoyan el ejercicio indolente y abusivo del poder en Guatemala para luego, en foros internacionales, hablar de República y certeza jurídica. Los peruanos nos dan un ejemplo, ojalá lo entendamos.

@Alex_balsells

Los congresos latinoamericanos se han caracterizado por ser los íconos desde donde se entorpece cualquier fortalecimiento institucional, donde la mayoría de sus integrantes se encarga de chantajear a funcionarios, en busca de prebendas o de ser los mayores beneficiarios de los millonarios contratos o la adquisición de bienes por millones de dólares.

El pasado domingo, los votantes peruanos no solo dieron una muestra de dignidad, acudiendo masivamente a las urnas, sino que aprobaron reformas constitucionales cuyo principal efecto es cerrarle el paso a cualquier posibilidad de reelección de los actuales integrantes del Congreso.

Un mensaje alentador para muchas democracias fallidas, convertidas prácticamente en rehenes de rufianes que tienen virtualmente secuestrado el sistema, pues con el argumento de derechos constitucionales muchos se aferran a cargos que solo les han servido para el pillaje.

Con un abrumador 78 por ciento de los votos emitidos, los peruanos le cierran así el paso a los actuales diputados y además también votaron por la modificación del procedimiento para elegir a los magistrados del Organismo Judicial, cuya integración es similar a la nuestra.

Una tercera pregunta con la que estuvieron de acuerdo los votantes es que también se le da el aval al gobierno actual para que modifique el mecanismo vigente de financiamiento a los partidos políticos. La única pregunta que no se aprobó era la relativa a la instauración de un congreso bicameral, lo cual también lo había pedido el actual presidente Martín Vizcarra.

Los peruanos han dado una saludable muestra de civismo a los latinoamericanos, al demostrar que también por la vía de los votos es posible depurar los órganos de poder, como ocurrirá en las próximas elecciones, programadas para el 2021, cuando por mandato popular deberá instaurarse un nuevo Congreso, sin la participación de quienes hoy son vistos como los responsables del deterioro de la institucionalidad.

El triunfo del actual mandatario peruano constituye un duro revés para los artífices de la vieja política, principalmente de la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, hoy detenida bajo señalamientos de corrupción y quien, aunque no integra el actual congreso, ha sido responsable del chantaje de su partido contra el defenestrado presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se vio obligado a renunciar ante el acoso de los parlamentarios fujimoristas.

Perú es hoy el mejor ejemplo de que hay caminos para la depuración de importantes órganos de poder, una tarea que se hace impostergable cuando la clase política muestra su incapacidad para contener la corrupción, el abuso, el despilfarro y la irresponsabilidad con la que se malgastan millones de quetzales, mientras sectores verdaderamente necesitados quedan en el abandono. Un revés para la marrullería política y una victoria para la democracia.

“El pueblo y Gobierno de Guatemala se congratulan por el resultado histórico manifestado en la consulta popular, lo cual demuestra la vocación democrática y reafirma el cumplimiento de Guatemala de sus compromisos internacionales en la búsqueda de una solución pacífica y democrática al diferendo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores después de la celebración del histórico referendo. 

Según datos preliminares, 1 millón 981 mil 29 guatemaltecos, el 26.33 por ciento de los 7 millones 522 mil 920 empadronados, asistieron a las urnas a emitir su sufragio. 

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¿Qué viene ahora en este litigio que lleva más de dos siglos sin resolverse y en el que Guatemala reclama la mitad del territorio de Belice?

1. Notificación a Belice: El Gobierno de Guatemala dijo que, después de la victoria del sí en el referendo “comunicará de manera oficial al Gobierno de Belice la decisión democrática del pueblo de Guatemala con la intención de continuar avanzando en el proceso para la solución del diferendo. 
2. Referendo beliceño: Ahora Belice deberá celebrar su referendo en el que también consultará a la población si desea que ese conflicto sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El vicepresidente guatemalteco, Jafeth Cabrera, dijo que Belice se había comprometido a celebrar la consulta en mayo próximo, pero el embajador de Belice en Guatemala, Alexis Rosado, negó tal información e indicó que necesitarían más tiempo. 
3. Si gana el “no” en el referendo beliceño, ese país tendrá que repetir la consulta o buscar otro mecanismo legal-jurídico para resolver el litigio en la CIJ, pues ese fue el compromiso adquirido en un acuerdo del 2008.
4. Consentimiento: Si gana el sí en el referendo beliceño, ambos países firman el consentimiento, un documento que hace constar que los estados aceptan que la CIJ resuelva el litigio. 
5. Los referendos son necesarios, ya que ni Guatemala ni Belice son países suscriptores de la CIJ. 
6. Demanda y contrademanda: Una vez firmado el consentimiento, Guatemala tiene 12 meses para presentar su demanda sobre el reclamo territorial, insular y marítimo a la Corte; Belice, en tanto, presentará una contrademanda, para lo que tiene 12 meses de plazo una vez le sea notificada la demanda de Guatemala. 
7. A partir del momento en que se le notifica a Guatemala sobre la contrademanda de Belice, tiene seis meses para presentar “una réplica” de la demanda a la CIJ.
8. Cuando a Belice se le notifica sobre la réplica de la demanda, tiene seis meses para presentar una “dúplica”. 
9. La CIJ ocupará entre dos y tres años para evaluar las pruebas de ambos países y emitir una sentencia. 
10. Después de la sentencia, la Corte podrá autorizar la presentación de argumentos adicionales a solicitud de cualquiera de los países. 
11. Al finalizar ese proceso, las partes deberán firmar un documento en el que se comprometen “de buena fe” a aceptar y cumplir el fallo de la CIJ.
12. Después de la sentencia de la Corte, y antes del fallo definitivo, se debe integrar una comisión binacional para demarcar las fronteras, para lo cual los países tienen un plazo de tres meses. 
13. Si no hay acuerdo entre la comisión, debe intervenir la Organización de Estados Americanos (OEA) nombrando una comisión propia para la demarcación. 
14. La Corte emite un fallo definitivo, que es inapelable. 

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De muerte cayó don Pino, sobre la banqueta del Ticu Tuticu. De muerte cayó en la acera, duró varios minutos en morir. Recuerdo que fueron cuatro los balazos detonados; aún los escucho, después de tanto año. De sangre también manchado, cayó sobre de él su hijo. Un joven y delgado adulto que llevaba playera clara. Abrazaba ya inerte el cuerpo de don Pino, mientras su cráneo expulsaba con cardíaca intermitencia un chorro de sangre rojo granate. Qué gruñidos, qué llanto, qué aullidos los de ese muchacho, mientras abrazaba lo último de su padre que se desangraba. Tirados, ambos, frente a la cantina de leyendas, sobre la sexta avenida, en la zona diez. Era 1983. Era una fecha entre semana. Había calor de medio día. Era entonces y es, nuestra pobre Guatemala. Un lugar donde la muerte violenta no cobra su debida y justa valoración.

En esos días, los alumnos de la centenaria Preparatoria guardábamos aún la usanza antigua de estudiar en doble jornada. A las doce, los libros se cerraban para ir a casa a almorzar. Tan solo un par de meses antes, mi vida era en un pueblo en el norte de Inglaterra. Llegando a las colinas de Escocia, donde la gente se estremece si ve atropellado a un gato. Cuando regresé al trópico, tan solo un niño de primaria, aún vivía formateado con esa ordenada paz de la británica cotidianeidad. ¡Pam, pam, pam, pam! Fue el sonido repentino de mi despertar a la realidad guatemalteca. Pam, pam, sonaron los balazos, a cortos pasos de donde caminaba de regreso del colegio, con la señora que trabajaba en casa. Frente a nosotros pasó corriendo el asesino, aún guardándose su humeante pistola homicida. La señora me jaló y corriendo llegamos a donde vimos la tétrica escena. Los gruñidos, los aullidos, el dolor; y ese chorro rojo granate, que salía del cráneo con cardíaca intermitencia. En mi inocente expectativa, imaginé que el fin de un mundo llegaría; un antes y un después. El último parteaguas para el vecindario, para la zona, y la ciudad. No podía ser de otra manera. Charcos de sangre se formaron en la acera; hilos rojos destilaron por la pared y por las manos de un hijo aullante. La última barbarie. Un hombre, frente a nosotros, había sido asesinado. Pero no. Pasó el tiempo, y hoy no hay monumento levantado por los miles de víctimas anuales de homicidio en el país.

La sociedad se ve indiferente ante la muerte violenta. Seguramente acostumbrada a tanta tragedia. Por ello indigna este Gobierno, que destituyó a cuadros policiales que lograron bajar la tasa de homicidios a su nivel más bajo en diez años. Esto, bajo la sospecha generalizada de buscar obstaculizar a la mancuerna Aldana – Velásquez que, junto a la Policía dirigida por Nery Ramos, condujo a tantos operativos exitosos en la captura de corruptos. Ahora, tan solo semanas después, la sospecha se confirma, los operativos de captura son infructuosos, y nosotros, la gente de a pie, saldremos a unas calles donde la muerte y la violencia pudo haber ganado terreno.

Hoy por la mañana desperté inusualmente temprano para ser un día domingo. Fui al centro de votación a emitir sufragio sobre Belice, y escucho que ahora empieza un largo tiempo para llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia. Por ello, gira la atención rápidamente hacia la agenda de nuestro imperioso presente. El local, el interno; el del Congreso incansable en sus marañas; el de los fantasmas grises que entran al Ministerio de Gobernación y demás cuadros de seguridad ciudadana; el de la inminente elección de Fiscal General; y el de la oposición a este gobierno innombrable, desfachatado y vulgar, al que nada le importa la protección de la gente como don Pino. Muerto en la acera, y muerto en el olvido de un pueblo sobre expuesto a la tragedia.

@pepsol

En un recorrido por varios municipios se pudo comprobar que donde funcionarán los centros de votación ya se encuentran identificados con pancartas que dicen: centro de votación. En Chimaltenango estarán habilitados 743 mesas receptoras de votos, las cuales estarán abiertas desde las 7 horas, y cerrarán a las 18 horas.

Luis Chávez, jefe de la Comisaría 73, informó que fueron cancelados los permisos de los agentes y que desde el mediodía de este sábado cobró vigencia la Ley Seca, por lo que el personal hace trabajo de verificación para que se cumpla.

Además, informó que en la planificación se contempla que cuatro agentes estén en cada centro de votación, con el objetivo de resguardar al personal del TSE y a los votantes.

Patricia Ramírez, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), expresó que el personal de esa dependencia llegará a los centros de votación para verificar que no sean violentados los derechos de las personas. El personal de la entidad permanecerá hasta que cierren las urnas.

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“Esperamos que todo transcurra con normalidad, de principio a fin”, apuntó Ramírez.

Ramiro Escobar, vecino, manifestó que conoce poco de la Consulta Popular, pero, no duda que acudirá a emitir su voto como deber ciudadano.

“Espero que todo sea por solucionar los problemas que hay entre nuestro país y Belice; creo que los beneficiados son los que viven en esas fronteras. Invito a todos los vecinos para que acudan a emitir su voto, si nos toman en cuenta para que decidamos sobre el problema, hay que ser responsables y participar”, dijo Escobar.

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Datos sobre el conflicto entre Guatemala y Belice que deberías saber antes de la consulta popular

Guatemala celebra el próximo 15 de abril la consulta, mientras que las autoridades de Belice no han anunciado todavía una fecha.
El domingo se consultará a la población de Guatemala si el Gobierno de ese país debe solicitar a la CIJ que resuelva finalmente la disputa territorial, como parte de un compromiso firmado en diciembre de 2008 entre los dos países.
Desde 1821, Guatemala ha reclamado más de la mitad del territorio del país de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, continúa reclamando más de la mitad de su territorio, incluidos varios cayos en el Mar Caribe.
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El comunicado destaca que, de conformidad con el Acuerdo Especial de diciembre de 2008, si los electores de Belice y Guatemala aprueban la presentación del reclamo de Guatemala sobre Belice a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para un acuerdo final, no habría lugar para otro referéndum sobre el fallo de esa corte.
“De hecho, según el Artículo V del Acuerdo Especial, las partes ya han acordado aceptar la decisión del Tribunal como definitiva y vinculante, y se comprometen a cumplirla y aplicarla en su totalidad y de buena fe”, concluye el comunicado.
Guatemala reclama más de 12.272 kilómetros cuadrados, que representan más de la mitad de la excolonia británica.

Reto  en consulta popular es derrotar abstencionismo

Uno de los retos que tiene Guatemala en la consulta popular del próximo domingo sobre el diferendo territorial con Belice es derrotar al abstencionismo, reconocieron hoy autoridades electorales.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, dijo que todo está listo para el referendo, en el que se decidirá si la controversia territorial, insular y marítimo con Belice se lleva o no a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y que el desafío que tienen es “subir la participación” popular.
En los dos referendos que han realizado en Guatemala la participación llegó al 15 y al 18,55 por ciento, respectivamente, explicó por su parte la directora electoral del TSE, Gloria López.
El 30 de enero de 1994 se celebró una consulta para realizar reformas constitucionales y ganó el “sí”, pero el abstencionismo fue del 85 por ciento.
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Mientras que el 16 de mayo de 1999 se celebró la última en la que se consultó al pueblo si a los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996 con los que se puso fin al conflicto armado interno de 36 años, se les daba rango constitucional.
El pueblo dijo “no” en la votación que tuvo un abstencionismo del 81,45 por ciento.
López explicó que en la consulta popular del próximo domingo ganará la opción que obtenga la mayoría de los votos emitidos válidos.
Miganjos hizo un llamado a la población a participar en la “fiesta cívica” en la que se debe tomar “una decisión trascendental para Guatemala”.
Para este proceso están convocados más de 7.5 millones de guatemaltecos que están registrados en el padrón electoral.
Desde el pasado martes, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, realiza una cruzada informativa por el interior del país con el propósito de motivar a los habitantes a asistir a las urnas.

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¿Cómo observa el panorama a pocos días de la consulta popular?

Esta oportunidad es importante porque nos permite poder solucionar con Belice, de manera pacífica, un diferendo que lamentablemente ha creado mucha confrontación, mucho enfrentamiento, que ha generado mucha desconfianza, y que tristemente también ha generado la muerte de 10 campesinos guatemaltecos, al menos desde 1999 a la fecha, no solo en el área de Adyacencia, sino también en territorio que administra Belice, y también ha causado la muerte de un policía beliceño.

El enfrentamiento no nos lleva a ningún lado, y el crecimiento de la población va hacia arriba, la presión demográfica es cada vez más fuerte. En la Zona de Adyacencia, hace 20 o 25 años había cinco comunidades y 400 habitantes; hoy son más de 37 comunidades y más de 20 mil personas que están en el área de influencia de la Zona de Adyacencia.

Belice se quejaba hace un par de años de que había más de 400 o 500 campesinos al mismo tiempo explotando las áreas protegidas que están dentro del territorio que ellos administran, sacando oro, cortando árboles, incluso sembrando maíz, frijol y también marihuana. Claro, habría que comprobarlo, pero en todo caso esa confrontación nos podría conducir a otro incidente que nadie desea y que nadie sabe dónde terminaría.

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¿Cree que la población está preparada para salir a votar?

Las consultas populares normalmente y lamentablemente no son muy atendidas, principalmente porque, como no están en juego las elecciones a alcaldes, diputados, no hay quién los invite o quién colabore con ellos en promover que vayan a votar.

También es importante reconocer que las redes sociales juegan un papel importante, porque hoy casi toda la población tiene un teléfono inteligente, WhatsApp, un internet, y eso le permite de alguna manera, si no ser un experto en el tema, por lo menos tener una idea de en qué consiste el problema.

¿Cómo evalúa las campañas de información al respecto?

Creo que varios sectores de nuestra sociedad se han tomado la tarea de promover esta campaña de llamar al Sí, tanto del sector privado como las organizaciones no gubernamentales y, en mi caso particular, lo hice porque en los 28 años que trabajé para el Ministerio de Relaciones Exteriores, 26 estuve vinculado al tema, conozco el tema, y creo una obligación cívica y ciudadana poder compartir con los guatemaltecos esos pocos conocimientos que tengo del tema.

Valiéndonos de las redes sociales y que juegan un papel importante, podemos promover esta campaña. De hecho, se ha promovido y la gente ha tenido algún tipo de información.

De que hace falta información, sí hace falta, y hace falta mucha, pero tenemos que ver cómo cooperamos todos los sectores porque este es un tema de Estado, no es tema de un gobierno.

¿Por qué cree que hay gente a la que no le interesa el tema?

Guatemala, tristemente, dejó de enseñar el caso Belice en los ochentas, y al dejarlo de enseñar en las escuelas, prácticamente tenemos dos posiciones.

Ni nos van a devolver todo Belice porque eso no va a pasar, ninguna Corte del mundo va a dejar a Belice sin territorio, ni tampoco todo está perdido porque hay derechos como los económicos que pueden ser, en el peor de los casos, una posibilidad.

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Si gana el Sí, ¿qué sigue?

Si gana el Sí en Guatemala, el país habrá dado un paso importante para la solución de este diferendo que no ha sido resuelto en 200 años y que nuestra generación va a tener la capacidad de resolver.

Si gana el Sí, que así va a ser, primero Dios, Guatemala le va a decir al mundo; “Guatemala es un país que soluciona, que privilegia la solución pacífica de las controversias, y que Guatemala quiere resolver este diferendo de manera pacífica en la Corte Internacional de Justicia”.

Belice no tiene certeza de su territorio, no hay una frontera definida, y a causa de eso es que no hay inversiones importantes y ni Petén ni Belice se van a desarrollar si no solventamos este diferendo.

Se dice que si gana el No se tendría que repetir la consulta popular.

Sería lamentable, porque sería un mensaje muy negativo de que Guatemala no quiere solucionar en la única forma pacífica y en la única forma en que podemos solucionarlo. Yo tengo la fe en que Guatemala va a decir sí, que la población está consciente de que este es un tema de Estado y no político, que este es un tema que nos debe unir a todos los guatemaltecos, y tengo la fe y la esperanza en que pueda ganar el Sí.

¿Y si en Belice gana el No?

¿Si en Belice gana el No? En el año 2015 nosotros modificamos el Acuerdo Especial del año 2008, acordamos dos cosas: primero, reafirmar que solo la Corte Internacional de Justicia puede resolvernos este diferendo porque no hay otra Corte en el sistema universal de Naciones Unidas que lo pueda hacer, y segundo, acordamos que la consulta popular pudiera o no ser simultánea.

Entonces, forzar a Belice a hacer el referendo el mismo día iba a resultar en un No, o podría resultar en un No en Belice. Por esa razón es que lo que acordamos fue ir nosotros adelante, que nos permitan decirle al mundo que Guatemala quiere solucionar esto de manera pacífica, y luego Belice, después de un proceso de información en el cual pueda convencer a su población de que no pueden vivir así para siempre y que es importante resolver este diferendo para tener fronteras claramente establecidas con Guatemala, ellos puedan programar su consulta popular.

Pero, si gana el No, ¿qué mecanismos se implementan?

En el escenario de que en algún país se votara el No, ese país va a tener que buscar ese mecanismo legal, y ese mecanismo puede ser desde la misma repetición de la consulta hasta buscar, en el caso de Guatemala, reformar la Constitución, cosa que no veo viable; o en Belice, conseguir una aprobación parlamentaria, porque a diferencia de Guatemala, en Belice no exigen una consulta popular.

Se dice que en Belice hay muchos sentimientos antiGuatemala.

Toda historia tiene dos caras, y, por supuesto, la historia que le han contado a los beliceños es que los agresores somos nosotros, que esa tierra les pertenece y que somos nosotros los que estamos reclamando algo que les pertenece a ellos.

En ese sentido es natural el sentimiento que ellos puedan tener. Por ejemplo, si usted tiene su casa y a usted su vecino le dice: “fíjese que su casa es mía”, pues el sentimiento hacia ese vecino no va a ser precisamente el más amable.

En la CIJ, ¿cuál puede ser el peor escenario para Guatemala?

Lo más importante, más allá de los derechos que Guatemala pueda ganar, es la paz, es fijar una frontera entre los dos países que nos permita desarrollo.

Lo peor que le puede pasar a Guatemala, en mi criterio, es que nos declaren válido el tratado de 1859, y si eso llegara a pasar, habrá que cumplir la cláusula séptima, porque el tratado tiene siete cláusulas y la séptima es la que habla de los derechos económicos de Guatemala.

Suena como una indemnización.

Podría decirse que es indemnización, pero eso hay que dejárselo a la Corte Internacional de Justicia, para que ellos decidan en qué consisten esos derechos guatemaltecos, que pueden ser territoriales, continentales; pueden ser territoriales insulares, territoriales marítimos, y pueden ser también, en todo caso, económicos.

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El presidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, acusó este miércoles al rey de España, Felipe VI, de ignorar “deliberadamente a millones de catalanes” soberanistas en un discurso solemne que pronunció la víspera, y dijo estar dispuesto a una mediación para salir de la crisis. 

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“Si el señor Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes: volver a la senda de la Ley, que nunca debió abandonar”, dijo un comunicado del Gobierno.

El próximo lunes “la Cámara catalana podría aprobar una declaración unilateral de independencia”, informa El Mundo, luego de que la coalición gubernamental de Cataluña, Junts pel Sí (JxSí), integrada por independentistas de centro y republicanos de izquierda, propuso a la Mesa de la Cámara, su órgano de gobierno, que ese día “se celebre un pleno que incluya como único punto del día la comparecencia de Puigdemont para valorar el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre”, consigna la agencia EFE. 

“La CUP (Candidatura de la Unidad Popular) confirma que en el pleno del 9 de octubre se proclamará la república catalana independiente”, consigna, en tanto, El País.

En el referenco, suspendido por el Tribunal Constitucional español, participaron 2.2 millones de personas, sobre un censo de 5.3 millones (42%), y el 90% de los votos fue a favor de la independencia, según fuentes del Gobierno regional de Cataluña.

Según la ley de esa consulta, aprobada por el Parlamento catalán el 6 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional, en caso de victoria del sí “dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria (la Cámara) para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña”.

Puigdemont, ofrecerá un mensaje este miércoles por la noche, en medio de la enorme expectativa por saber si la región declarará su independencia de España y cuándo lo hará.

Pide aplicar todas las medidas

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, avisó este lunes que el Gobierno en Madrid aplicará “todas las medidas” a su alcance para garantizar el cumplimiento de la ley si las autoridades catalanas cumplen con su plan de declarar “los próximos días” la independencia de la región.

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El ministro consideró que una declaración unilateral carecería de “toda validez” porque “las normas del Parlamento de Cataluña fueron suspendidas y todo lo que de ahí se derive son planteamientos al margen de la ley”, según lo citó la agencia Europa Press.

Sin embargo, añadió, “en un Estado de Derecho se tomarán todas las medidas para garantizar que se cumplen las leyes”. “El Ejecutivo tiene todas las herramientas para actuar” y evitar un intento de fracturar el país.

Orden constitucional

El rey de España, Felipe VI, pidió este martes que el Estado defienda el orden constitucional de “la deslealtad” de los independentistas catalanes, en una jornada de protestas multitudinarias en Barcelona contra la respuesta policial al referendo prohibido del domingo.

“Determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía”, prosiguió.

Carta bajo la manga

Madrid guarda como as en la manga el recurso extremo de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite tomar las “medidas necesarias” para forzar a una región a cumplir con sus obligaciones. En la práctica, implica intervenir o suspender parte de su autonomía.

Albert Rivera, líder del partido Ciudadanos pidió abiertamente el artículo a Rajoy para frenar “el golpe a la democracia en Cataluña”.

Un día después del accidentado referendo de independencia unilateral celebrado en Cataluña, los ciudadanos de la región desayunaron este lunes con imágenes violentas en las portadas de los diarios y con una gran dosis de enfado.

“El sentimiento es que no hay marcha atrás, que no se puede negociar con Madrid”, aseguró Josep, un vendedor de periódicos que lleva 25 años apostado en un quiosco de la calle de Villaroel, en Barcelona.

“El trato del Gobierno español no ha sido correcto y eso influye en el ánimo; lo he veo cuando la gente viene a comprar el periódico y comenta las noticias. Hay muchos que me dicen que no pensaban ir a votar porque no están a favor de la independencia, pero las cargas policiales les hicieron cambiar de opinión”, explicó.

La capital catalana amaneció con su rutina habitual, pero el sonido de un helicóptero sobre el centro de la ciudad, las banderas secesionistas en los balcones y los comentarios a pie de calle evidenciaban que no era una mañana de lunes cualquiera.

A las puertas del banco donde trabaja, un hombre de 37 años fumaba un cigarrillo y reflexionaba sobre la situación. “Hay una calma tensa”, dijo. “Es un choque de trenes muy grave y una de las dos partes debe dar el paso para negociar”, manifestó con la certeza de que “solo un referendo acabará con el conflicto”, pese a que no se considera partidario de la independencia.

Mientras los turistas visitaban ajenos a todo la emblemática basílica de la Sagrada Familia, el sentimiento general en el barrio del Eixample, donde se encuentra el monumento, es que la jornada del domingo, que según el gobierno catalán dejó casi 900 heridos por la intervención de la Policía española para tratar de impedir el referendo, ensancha una brecha insalvable entre Cataluña y Madrid.

“Fue una vergüenza”, aseguró Carmen, una mujer de 51 años, en una parada de autobús. ¿Y qué puede ocurrir ahora? “Es todo muy incierto, pero creo que se puede proclamar la independencia”.

Niegan represión

El Partido Popular (PP) del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tachó de “farsa” y “manipulación” todo lo ocurrido este domingo durante el polémico referendo soberanista celebrado en Cataluña, incluidos los casi 900 heridos que dejaron los enfrentamientos entre votantes y policías.

Fernando Martínez-Maíllo, coordinador general del PP, arremetió contra la consulta celebrada pese a la prohibición del Constitucional español y apuntó que tuvo lugar “sin censo, sin comisión electoral” y con gente “votando hasta diez, 12 o 14 veces, daba igual, votando en la calle, donde fuera”.

“Un auténtico caos”, agregó. “Un auténtico fraude, una auténtica manipulación. Igual que la de los 800 heridos. Todo una gran farsa, una gran mentira”. El video con las declaraciones fue publicado luego en Twitter por el propio PP.

Maíllo denunció “una gran operación de marketing” que incluye la manipulación de las cifras de heridos para “victimizar el independentismo” y defendió en cambio la actuación de las fuerzas de seguridad.

En una comparecencia ante la prensa tras la consulta independentista ilegal celebrada en la región de Cataluña, Rajoy dijo que “no ha habido un referéndum de autodeterminación”  y que todos los españoles han podido constatar que el Estado de Derecho se mantiene fuerte y vigente.

Aseguró que el cauce para las demandas políticas no pasa por “la quiebra de la legalidad”  y responsabilizó al gobierno autonómico catalán, promotor de la iniciativa, de haber actuado contra la convivencia democrática y la concordia.

El referéndum fue convocado a primeros de septiembre por el Ejecutivo catalán y suspendido inmediatamente por el Tribunal Constitucional.

Mariano Rajoy agradeció el trabajo de los jueces y fiscales y de la Policía y la Guardia Civil ante el “ataque tan grave a nuestra legalidad” , y admitió que “hubiera sido más fácil para todos mirar para otro lado” , pero no lo han hecho por “lealtad”  a la democracia.

También agradeció el apoyo “sin fisuras”  de la Unión Europea y la comunidad internacional.

Sin aludir expresamente a los incidentes que se han registrado con motivo de la actuación policial, Rajoy subrayó que los únicos responsables y culpables de lo ocurrido en Cataluña son quienes “han promovido la ruptura de la legalidad y de la convivencia” .

“No busquen más culpables, no los hay” , dijo el jefe del Ejecutivo español, que hizo hincapié en que ha cumplido con su obligación de proceder “con la ley y solo con la ley” .

“El Estado de Derecho tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio”  como el que, a su juicio, se ha querido perpetrar con el referéndum ilegal.

“Hoy ha prevalecido la democracia, porque se ha cumplido la Constitución” , añadió Rajoy, quien también dejó el mensaje de que “la gran mayoría”  de los catalanes  (cuya población asciende a 7.5 millones) no ha participado en “la mera escenificación”  que ha sido la consulta ilegal.
Los servicios de salud de Cataluña informaron el domingo que 761 personas han sido atendidas en hospitales después de que la policía trató de impedir la realización del referendo independentista.

¿Por qué convocó Cataluña un referéndum independentista?

El nacionalismo histórico en Cataluña vivió en los últimos años un auge debido en parte a dos catalizadores: el impacto de la crisis económica que sacudió España desde 2009 y la sensación de afrenta cuando el el Tribunal Constitucional español anuló en 2010 algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán.
Aprovechando ese clima, Carles Puigdemont llegó al Gobierno catalán el año pasado prometiendo un referéndum en el que la región pudiera decidir sobre su independencia de España. Unos 5,34 millones de catalanes estaban llamados a responder hoy a la pregunta: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

¿Por qué quiso impedirlo el gobierno español?

Horas después de que el referéndum fuese convocado el 6 de septiembre, el Tribunal Constitucional español aceptó un recurso del Gobierno y lo suspendió. La Constitución española -aprobada en 1978 por una amplia mayoría de ciudadanos, también en Cataluña- consagra la unidad del país y no prevé una consulta de ese tipo.

El Gobierno del conservador Mariano Rajoy impulsó desde entonces una serie de medidas judiciales y policiales que desmantelaron la logística del referéndum, por ejemplo por la confiscación de papeletas. Puigdemont, sin embargo, siguió adelante con la consulta, y en ese clima de incertidumbre se llegó a la votación de hoy.

¿Cómo se produjeron los incidentes hoy?

La Policía tenía orden judicial de requisar urnas e impedir el voto en los colegios electorales. Después de que los Mossos d’Esquadra (la Policía autonómica de Cataluña) actuara a primera hora con pasividad y permitiera la ocupación de locales electorales, se desplegaron los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil enviados por el Ministerio del Interior español para la consulta.

Su llegada a los colegios y el intento de cerrarlos generó los primeros choques con los votantes minutos después de que se abrieran los locales a las 9:00 horas (7:00 GMT). Los incidentes escalaron luego en las calles de Barcelona y otras ciudades. Los antidisturbios dispararon proyectiles de goma y actuaron con dureza, como mostraron varios videos y fotos. La Guardia Civil difundió también imágenes de agresiones sufridas por los agentes.
Según el Gobierno catalán, la actuación policial dejó más de 460 heridos de diversa consideración. El Ministerio del Interior español informó además de 12 agentes heridos. Madrid y Barcelona se culparon mutuamente por los disturbios.

¿Quién ganará el referéndum?

Las encuestas indican que algo más de la mitad de los catalanes rechazan una ruptura de España. También en las elecciones regionales de 2015, planteadas como un plebiscito por los independentistas, los partidos separatistas obtuvieron menos de la mitad de los votos, pero lograron la mayoría de escaños en el parlamento regional para formar Gobierno.

Una mayoría superior al 80 por ciento de los catalanes cree que un referéndum pactado y legal es la solución para la crisis catalana, pero más del 60 por ciento considera ilegal la consulta celebrada hoy. Por eso se da por hecho un triunfo abrumador del “sí” a la independencia: los partidarios del “no” niegan validez a la consulta, no hicieron campaña y recomendaron no votar.

¿Es legal y legítima la votación?

Más allá de la suspensión de la Justicia, el referéndum catalán ofrece dudas de legitimidad por los numerosos golpes logísticos que sufrió los últimos días.
Sin reconocimiento internacional, junta electoral o participación mínima para validar el resultado, el “Govern” anunció hoy a último momento un “censo universal” para que cualquier ciudadano pudiera votar en cualquier local. Entidades contrarias a la independencia y medios españoles mostraron imágenes de personas votando dos veces o urnas que parecían llegar a locales con papeletas dentro.

¿Qué puede ocurrir ahora?

La convocatoria al referéndum prevé que, en caso de un triunfo del “sí”, Cataluña declare la independencia en un plazo de 48 horas después de que se conozcan los resultados, algo para lo que aún no hay hora prevista.

Esa declaración carecería de reconocimiento internacional y quedaría marcada por las dudas sobre las circunstancias de la votación, incluyendo los problemas logísticos y la turbulenta jornada de hoy. Por ese motivo, es probable que el Gobierno catalán priorice el diálogo con Madrid o convoque elecciones anticipadas.

El gobierno regional dijo que  761 personas resultaron heridas, algunas de ellas de “seriedad” .
El gobierno central en Madrid considera ilegal la consulta y prometió impedirla.
El Ministerio del Interior indicó que 11 policías resultaron heridos.

Los agentes dispararon las balas de goma para ahuyentar a la gente que impedía que los vehículos de la policía nacional dejaran el lugar luego de confiscar cajas de boletas.

El gobierno español le ordenó a la Policía impedir el referendo
Un fotógrafo de The Associated Press vio a varias personas heridas debido a la trifulca afuera de la escuela Rius i Taule en Barcelona, donde algunas personas habían votado antes del arribo de la policía.
El presidente catalán Carles Puigdemont condenó la represión.

“La violencia injustificada del Estado le avergonzará para siempre”, dijo mientras una multitud le aplaudía.
Manuel Condeminas, un hombre de 48 años que trató de impedir que la policía se fuera del sitio con las cajas de boletas, dijo que los agentes los patearon antes de usar sus batones y disparar balas de goma.
https://youtube.com/watch?v=3GnIutPfCyY

Agentes de la Guardia Civil con cascos y escudos usaron martillos para romper una puerta de cristal e ingresar al centro deportivo Sant Julia de Ramis, cerca de la ciudad de Girona.
Al menos una mujer resultó herida en el forcejeo.

Enfrentamientos

Los choques estallaron menos de una hora después de abrir las urnas y no mucho antes de la esperada llegada del presidente catalán Puigdemont.
Los empleados de las casillas que estaban dentro del edificio reaccionaron pacíficamente y comenzaron a cantar y decir lemas en desafío a la presidencia de los policías.
El portavoz del gobierno regional catalán, Jordi Turull, dijo que el referéndum estaba en marcha en 73% de unos 6.000 centros de voto pese a la operación policial para impedirlo.
El Tribunal Constitucional de España suspendió la votación y el gobierno central dice que es ilegal. Los líderes separatistas en Cataluña dijeron que se realizaría de todas formas y prometen declarar la independencia si gana el “sí”  y llamaron a 5,3 millones de votantes a acudir a las urnas.
Reporteros de The Associated Press vieron cajas de boletas en bolsas plásticas siendo llevadas a uno de los colegios electorales en Barcelona ocupados por padres, niños y activistas para asegurarse de que las casillas abrieran a las 9:00 am como se planeaba.
Las cajas de boletas, con el sello del gobierno catalán, fueron colocadas sobre mesas, en medio de vítores de votantes esperanzados que se habían congregado allí desde antes del amanecer.

Centros de votación

Unas 2.300 localidades han sido designadas centros de votación, pero no estaba claro cuántas abrieron. El Ministerio del Interior no proveyó una cifra el sábado cuando dijo que “la mayoría”  habían sido sellados y que solamente “algunos”  seguían ocupados.
En un esfuerzo para superar los obstáculos, las autoridades regionales catalanas anunciaron que los votantes podrían depositar sus boletas en cualquier localidad y usar boletas impresas en casa, en lugar de en los centro de votación designados, como se dijo previamente.
Turull dijo que un grupo de académicos y profesionales servirán como observadores de la votación. Al respecto de los heridos no dio más detalles por respeto a sus familiares, dijo.

• Policía cierra centros de voto en Cataluña pero separatistan resisten  

“Estamos en condiciones de poder celebrar con garantías el referéndum de autodeterminación (…) el objetivo es que todos los catalanes y catalanas puedan votar” , dijo.
El sábado el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis dijo que el plan del gobierno catalán es antidemocrático y que va “en contra de las metas e ideales que la Unión Europea”  trata de fomentar.
“Lo que están impulsando no es democracia. Es una burla a la democracia, una parodia de la democracia” , dijo el ministro español.
El Ministerio del Interior indicó que la policía ya había clausurado la mayoría de las 2.315 escuelas que servirían como centros de votación y que inhabilitó un software que se iba a utilizar en la consulta.

Asisten a 35 heridos

El Gobierno de Cataluña informó  de que 38 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios por las cargas de las fuerzas de seguridad españolas en las primeras horas del referéndum independentista unilateral convocado en la región.

Según puntualizó el área de Sanidad del Ejecutivo regional, 35 resultaron heridas leves y tres de cierta gravedad. “Nueve de estas personas requirieron el traslado a un centro sanitario. Mayoritariamente se atendieron contusiones, mareos y crisis de ansiedad”, informó Sanidad a través de Twitter.

• El Barcelona apoya que se celebre referéndum sobre independencia de Cataluña

La tensión entre las personas que intentan votar en el polémico referendo soberanista y la Policía, que tiene la orden de impedir la consulta suspendida por la Justicia española, dejó hoy forcejeos y episodios de tensión en algunos locales electorales.

Los medios mostraron imágenes de al menos una persona con la cara ensangrentada y otra en el suelo esperando una ambulancia, mientras que la agencia local Europa Press informó de una anciana herida durante el ingreso de la Guardia Civil a un colegio en Barcelona.

El jefe del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó a las fuerzas de seguridad españolas de utilizar “violencia injustificada” y “balas de goma”.

“Es una acción injustificada e injustificable”, dijo. “Ante la violencia injustificada, las porras, las  balas de goma… urnas, papeletas y colegios, la imagen del estado exterior ha llegado a unas cuotas de vergüenza que le acompañará para siempre”, añadió lamentando la “brutalidad policial”.

La consulta suspendida por el Tribunal Constitucional venía rodeada de una gran incertidumbre por el enfrentamiento entre el Gobierno regional catalán, que insistió en celebrarla, y el Gobierno central de Mariano Rajoy, que impulsó diversas medidas para impedirla.

La Policía autonómica de Cataluña y los agentes de refuerzo enviados a Cataluña por el Ministerio del Interior español tenían orden judicial de impedir la votación, pero miles de ciudadanos se reunieron desde primera hora para sufragar en un clima festivo.

Los agentes antidisturbios desplegados ante los colegios fueron así recibidos con gritos de “¡Votarem!” (votaremos) y, sobre todo tras el inicio de la votación a las 9:00 horas (7:00 GMT), se vieron forcejeos, aunque la situación fue distendiéndose luego.

• Miles de manifestantes en España defienden la unidad nacional

Tanto las entidades independentistas que apoyaron la consulta como las fuerzas de seguridad tenían instrucciones de actuar de forma pacífica, no responder a provocaciones y evitar incidentes.

“Nos vemos obligados a hacer lo que no queríamos hacer”, lamentó el delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, al comentar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

También el Ministerio del Interior justificó la actuación policial: “La Policía retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal”, publicó en Twitter el ministro Juan Ignacio Zoido.

Por el contrario, las imágenes de tensión entre policía y votantes fueron criticadas con dureza en Twitter por diversos políticos de izquierda que responsabilizaron al Gobierno de Rajoy y a su Partido Popular (PP) por los incidentes.

“Porrazos, empujones, ancianas arrastradas. Lo que está haciendo el PP a nuestra democracia me repugna. Corruptos, hipócritas, inútiles”, escribió Pablo Iglesias, líder de la formación izquierdista Podemos.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, comentó: “Un presidente de Gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciudad de paz, no tiene miedo”.

Entre los locales en los que ingresaron los agentes para retirar urnas se encontraba el de la localidad de de Sant Julià de Ramis donde tenía previsto votar a primera hora el jefe del Gobierno catalán e impulsor del referéndum, Carles Puigdemont.

El líder independentista pudo votar luego en otra escuela de Cornellà de Terri, debido a que el Ejecutivo regional habilitó hoy a último momento un “censo universal” para que cualquier ciudadano pudiera sufragar en cualquier local, previendo el cierre de muchos de ellos.

“El presidente Puigdemont vota. No pueden silenciar la voz de un pueblo. Votaremos y ganaremos”, escribió en Twitter Jordi Sànchez, líder de la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Los secesionistas tienen previsto declarar la indepedendencia de Cataluña 48 horas después de que se conozca el resultado de la votación si gana el “sí”, pese a que el referéndum fue suspendido por la Justicia y carece de reconocimiento internacional, junta electoral, censo y participación mínima para validar el resultado.

La consulta unilateral en una de las regiones más ricas y pobladas de España plantea un escenario imprevisible y abre la peor crisis institucional de las últimas décadas en el país, además de un inesperado foco de inestabilidad en Europa.

Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo regional catalán está decidido a celebrar un referéndum de autodeterminación este domingo, pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
 
Tras meses de secreto, el viernes desveló algunos de sus detalles, entre ellos, la existencia de 2.315 centros de votación en toda Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.
 
De estos centros, “.300 ya han sido precintados” , afirmó este sábado por la mañana el representante de Rajoy en Cataluña, Enric Millo.
 

 
Desarticular el referendo

En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación.
 
Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos dEsquadra, dependiente del gobierno independentista catalán, pero obligada a hacer respetar las decisiones judiciales.
 

En Madrid, los manifestantes se concentraron frente al ayuntamiento en la Plaza de Cibeles, en el corazón de la capital, respondiendo a la llamada de un colectivo conservador, la Fundación para la Defensa de la Nación Española  (Denaes) , constató un periodista de la  AFP .

En medio de una marea de banderas nacionales, los manifestantes corearon consignas como “Cataluña es España” , “viva España”  o incluso “Puigdemont a prisión” , en referencia al presidente regional catalán, Carles Puigdemont.

A su lado, Rafael Castillo, también ingeniero, se mostraba crítico con el gobierno español: “El Estado tiene que hacer política, tiene que convencer de lo bueno que es estar unidos, en lugar de repetir todo el tiempo que el referendo es ilegal. Pero es que en España no hay ningún líder” .

En Barcelona, una manifestación similar reunió a cientos de personas en la plaza Sant Jaume, donde se encuentran el ayuntamiento y el palacio de la Generalitat, el órgano regional de gobierno de Cataluña.

En Galicia  (noroeste) se convocaron manifestaciones en La Coruña y Santiago de Compostela.

La de Madrid fue la más numerosa de una serie de concentraciones convocadas en diferentes ciudades del país con el mismo objetivo de proclamar la unidad del Estado, la víspera de esa consulta secesionista convocada por el Gobierno de la región de Cataluña y suspendida por el Tribunal Constitucional español.

En algún caso, como en Vitoria  (norte) , los concentrados tuvieron enfrente a varias decenas de personas que apoyaban la consulta catalana y con las que cruzaron insultos, sin más incidentes.

También en Pamplona hubo una concentración favorable al referéndum convocado para la mañana.

En el caso de las convocatorias opuestas a la consulta, todas acabaron con la lectura de varios artículos de la Constitución española de 1978, invocada por la Justicia para suspender la cita de mañana.

“Me estoy dando a la tarea, con todo mi equipo de Relaciones Exteriores, y con muchos sectores de la sociedad guatemalteca, a quienes los estamos involucrando e invitando a una campaña de información masiva en la cual podamos informar por qué es conveniente para los países acudir a la CIJ”, explicó este lunes el canciller Carlos Raúl Morales.

Dicho referendo podría organizarse este año, pero depende del Congreso y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Lamentablemente, mientras más nos acerquemos al año electoral, que es en dos años, más riesgo de politizarse tiene este proceso, por lo tanto creemos que este es un buen año, además en Guatemala hay un desconocimiento alto del tema”, agregó, después de la reunión del Gabinete General.

Asimismo, Morales dijo que hace falta que el Congreso le pida al TSE que convoque a la consulta popular.

En tanto, la campaña de información, prevé, durará unos tres meses, debido a la falta de recursos, por lo que se hará a través de universidades, escuelas, sindicatos y sector privado, entre otros, para solicitar apoyo.

La intención de la consulta popular es que la población decida si el diferendo territorial, marítimo e insular con Belice, se resuelve en forma definitiva en la CIJ, la cual también establecería los límites entre ambas naciones.

Si en caso en algún país gana el NO, estará obligado a repetir la consulta hasta que gane el SÍ, debido a que es “la única salida” para resolver el añejo diferendo, lo cual también terminaría con la tensión entre países, que ha dejado más de 10 campesinos guatemaltecos muertos en la Zona de Adyacencia.

“No podemos heredar a nuestros hijos y nietos un problema que heredamos de nuestros padres y abuelos”, recalcó el jefe diplomático.

Una vez la CIJ reciba el caso, pasarían unos cinco años para dar la sentencia.

Esa es una movida en el tablero con la que -según analistas- busca bajar las tensiones en el chavismo, aunque en el camino podría dar marcha atrás.

El presidente hizo su sorpresivo anuncio horas después de que la fiscal pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) una aclaración del dictamen en el que autorizó a Maduro a convocar la Constituyente sin consulta en referendo.

Para Ortega, la sentencia emitida el miércoles por el TSJ, acusado por la oposición de servir al Gobierno, es un “retroceso”  en “la progresividad de los derechos humanos”  y en la democracia participativa.

La “participación popular ha sido reducida a su mínima expresión” en este proceso, subrayó la fiscal, al compararla con el proceso de la Carta Magna vigente, de 1999, para la que el entonces presidente Hugo Chávez convocó a referendo.

Pero tras aceptar la consulta popular, Maduro vaticinó que “saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no”. “Los derrotaremos”, sentenció el mandatario socialista.

La fiscal puso también en tela de juicio que el TSJ haya avalado que el gobernante convocara a la Constituyente, pues señaló que este sólo puede tener la iniciativa pero es “al pueblo”  al que le corresponde hacer ese llamado.

“La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (…) es constitucional y legal. Ha hablado la Sala Constitucional y todos debemos acatar su sentencia”, respondió Maduro.

Continúa la inscripción de candidaturas para la Constituyente, en la que la oposición decidió no participar por considerar “fraudulento”  el proceso con el que el chavismo, asegura, busca perpetuarse en el poder.

“¡Traición!”  

La acción de la fiscal profundizó el quiebre con el oficialismo, que la tilda de “traidora”. Aunque no la mencionó, el presidente lamentó que existan “sectores vacilantes”.

“No es la primera vez ni la última que surgirán traidores y su traición empieza con su vacilación a la necesidad de procesos transformadores”, manifestó Maduro, sin mencionar a la fiscal.

Analistas destacaron que aunque la solicitud de Ortega a la Sala Constitucional no afecta legalmente el avance del proceso, tiene gran peso político.

“Muestra las divisiones y diferencias en el chavismo. No tiene impacto legal, pero los símbolos y la política es el plano donde realmente todo esto se maneja”, declaró el analista Luis Vicente León.

Ortega ya había cuestionado el llamado a la Constituyente, según una carta filtrada a la prensa hace dos semanas, por estimar que “acelerará”  la crisis en medio de protestas opositoras que dejan 61 muertos en dos meses.

Pero la primera sorpresa la dio hace dos meses cuando iniciaron las protestas, al denunciar como “una ruptura constitucional”  sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las facultades del Parlamento, único poder controlado por la oposición.

Las voces de chavistas que cuestionan la Constituyente han venido creciendo. Dos magistrados, la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez y otros exfuncionarios oficialistas, también han expresado reparos.

“Si esta gotera aumenta su velocidad, abrirá una zanja que dividiría a los chavistas en dos bloques: uno en defensa de la Constitución y otro en defensa de la estabilidad de Maduro”, el sociólogo Héctor Briceño.

“Saltar la talanquera”  

La oposición denuncia que la iniciativa es “un fraude”  porque permitiría al chavismo ganar la mayoría aun sacando menos votos, por un polémico método de asignación de escaños.

Pero Maduro asegura que la Constituyente es lo más democrático que hay y que traerá la paz: ¿Qué puede hacer la Constituyente? Todo lo que quiera. Es el gran poder  (…) para cambiarlo todo“, advirtió.

Aunque Maduro no se ha referido directamente a la fiscal, sus funcionarios más cercanos han lanzado los dardos. El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró que la Asamblea Constituyente decidirá qué hacer con la fiscal.

El proceso de inscripción finalizará este viernes, tras ser extendido un día más por el poder electoral -también acusado de aliado del Gobierno-, y la elección será a finales de julio.

La reforma constitucional obtuvo una ajustada victoria con 51.4% de votos a favor del sí, según resultados provisorios difundidos por los medios de comunicación. Erdogan ganó, pero no obtuvo el triunfo contundente al que aspiraba y para el cual lanzó todas sus fuerzas en la batalla.
Cuando se aplique la reforma, cuyos puntos principales entrarán en vigor en las próximas elecciones de 2019, el presidente tendrá todo el poder ejecutivo en sus manos y una fuerte influencia sobre los poderes judicial y legislativo, pudiendo gobernar por decreto.
Erdogan, que celebró el domingo una decisión “histórica”, presidirá el lunes un consejo de ministros en el palacio presidencial de Ankara, indicó la prensa turca.
Previamente, habrá reunido al Consejo Nacional de Seguridad para prolongar el estado de Emergencia que rige desde el 15 de julio pasado, luego de un golpe de Estado fallido.
El jefe del Alto Consejo Electoral (YSK) confirmó la victoria del sí, diciendo que obtuvo 1,2 millones de votos más que el no.
Sin embargo, los dos principales partidos de la oposición denunciaron “manipulaciones” y pidieron el recuento de votos e, incluso, la anulación de la votación.

¿Pena de muerte?

La campaña del referendo estuvo marcada por una extrema virulencia que agudizó la polarización de la sociedad. Los dirigentes oficialistas acusaron a los partidarios del no de ser cómplices de los “terroristas”  y de los “golpistas”.
La canciller alemana, Ángela Merkel, exhortó el lunes a Erdogan a un “diálogo respetuoso” en Turquía tras una “campaña electoral dura” que dividió profundamente el país.

Con la nueva Constitución, Erdogan podrá permanecer en el poder hasta el año 2029. Entre 2003 y 2014, hasta su elección a la Presidencia, ocupó el cargo de primer ministro.

La decisión representa un dolor de cabeza que se suma a los que ya padece el gobierno británico al aprestarse a comenzar su salida de la Unión Europea.

El legislativo en Edimburgo aprobó por 69 votos contra 59 respaldar el pedido de la premier Nicola Sturgeon a Londres para que convoque a la votación. En la calle, decenas de independentistas con banderas escocesas y de la UE prorrumpieron en vítores. 
     
Sturgeon dice que los escoceses deben tener la oportunidad de votar sobre su futuro antes de que Gran Bretaña abandone la UE. La primera ministra británica, Theresa May, planea comenzar el proceso de salida, que tomará dos años, al invocar el artículo 50 del tratado fundacional de la UE el miércoles.       

El Reino Unido en su conjunto votó por la salida en un referendo el año pasado, pero los escoceses votaron por amplio margen a favor de la permanencia.      

Los escoceses rechazaron la independencia en un referendo convocado en el 2014 por el Partido Nacional Escocés de Sturgeon que solo se puede realizar una vez en cada generación. Pero el brexit, según Sturgeon, ha cambiado drásticamente la situación.       

La gobernante pidió que se realice el nuevo referendo entre el otoño del 2018 y la primavera del 2019, cuando queden más claras las condiciones del divorcio entre Gran Bretaña y la UE.      

El brexit conllevará “cambios significativos y profundos” para Escocia, dijo la gobernadora.       

“Esos cambios no se nos deben imponer desde afuera, nosotros deberíamos tener el derecho de decidir sobre la naturaleza de esos cambios”, declaró.       

May, cuyo gobierno debe aprobar el referendo para que sea vinculante, dice que este no es el momento, y que todos los integrantes del Reino Unido —Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte— deben estar unidos para lograr el mejor acuerdo posible con la UE.