Desde que comenzaron a realizarse, en cuatro sesiones plenarias se han discutido seis artículos del pliego de reformas electorales, dos se han aprobado y los otros cuatro han sido rechazados.
 

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Resignación

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que las reformas a la Ley electoral son importantes, son artículos que vendrían a mejorar el próximo evento electoral.
 
“Es evidente que hay un cansancio o una resistencia por parte de un buen grupo de diputados para que la reforma avance. Lo más predecible es que la ley se estanque y se postergue la reforma para el año 2021 o 2022, porque difícilmente en el 2020 se pueda avanzar”, aseguró Blanco.

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Añadió que por la ausencia de los diputados “se corre el riesgo de perder la mayoría de artículos” del pliego de reformas.
 
Enrique Alvarez, jefe de Convergencia, señaló que produce mucha preocupación que se acuerde sesiones a la ley electoral y no haya asistencia suficiente para realizarlas.
 
“Hace falta una reforma de fondo, pero hay que preparar bien y en base a intereses personales y no solo de algunos. Hay expectativas limitadas de lo que se apruebe y es improbable que se aplique al proceso electoral próximo”, señaló Álvarez.
 
Según el legislador, “un artículo que está presente en la mente de mucha gente es el 205 Ter”, y no cree que “el que no haya avanzado en concretar las reformas tiene que ver con que no hay consensos para revivir el transfuguismo”.

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Aníbal Rojas, jefe de Visión con Valores, destacó que “no hay que ver la reforma desde únicamente el punto de vista del artículo 205 Ter, sino de forma general”.
 
“Esta es conveniente, hay muchos artículos importantes, no debemos de dejarla porque es de interés nacional. La misma dinámica del pleno nos dirá qué pasará, no debemos de frenarnos por suposiciones, hay buenos artículos que hay que defender”, aseguró el legislador.
 
Rojas dijo que el problema más grande que detecta en este proyecto “es que se quiere llevar toda la reforma a un solo artículo y eso es lo que se debe de romper”.
 
Carlos Chavarría, subjefe de Compromiso Renovación y Orden (Creo), coincidió que hay un “temor latente de que se vayan a perder las reformas por la falta de consensos”.

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“Si no pasa nada este miércoles es porque las reformas están muertas. El que se agende las reformas tienen que ver con el artículo 205 Ter, el tema de fondo es que hay un estira y encoge en ese artículo”, aseguró el congresista.

Posturas

Rudy Castañeda, jefe de la Unión del Cambio Nacional (UCN), indicó que los jefes de bloques deben de ponerse de acuerdo porque “pareciera que no hay forma de llegar a consensos”.
 
“Estamos tres horas metidos en el pleno y no hay forma de que comience la sesión, porque no damos un paso atrás para hacer algo mejor. Poner sobre la mesa si las bancadas quieren realmente quieren seguir en la discusión no se puede seguir a ver qué pasa en el pleno”, acotó Castañeda.
 
Javier Hernández Franco, jefe del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), afirmó que la posición del oficialismo ha sido apoyar las reformas a la Ley Electoral.

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“Es difícil encontrar el tiempo porque muchos diputados están en comisiones y por eso hemos entrado tarde, no es indiferencia o indisciplina sino es que hay comisiones”, se justificó el congresista.
 
Afirmó que estos cambios se los deben a la población y al Congreso y no sería propio que se terminara la discusión, por lo que hizo un llamado a sus colegas para que continúe con el apoyando las reformas a la Ley Electoral.
 
Óscar Quintanilla, jefe de Alianza Ciudadana, indicó que como bancada han hecho el esfuerzo de estar presentes en las sesiones y no considera justo que estas se pierdan
 
“No creo justo, pues ya se pasaron algunos artículos, agradecería que veamos la forma de darle solución a esto. Si se puede seguir hay que hacerlo, agradecería que se considere esta última semana y sino vamos a tomar la decisión”, acotó Quintanilla.
 
En la sesión de jefes de bloque el diputado Eduardo Zachrisson, jefe del Partido de Avanzada Nacional, propuso que esta semana ya no hubiera sesión, sin embargo, los jefes de bloque consideraron que debían convocarse a la sesión.

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Henos aquí, 11 años después, tratando de reformar a la Cicig. Polarizados, entre movimientos organizados de la llamada sociedad civil, izquierda, progre, —o como se le quiera llamar— y una variopinta derecha, conservadora —o como se le quiera llamar— de diversas tonalidades.

Todos —excepto los corruptos que viven del chanchullo, la mordida, el tráfico de influencias, el robo, el crimen organizado y el narcotráfico— estamos de acuerdo en que hay que combatir esa lacra estatal que esquilma hasta un 30 por ciento del presupuesto general de la nación, pone y quita funcionarios y permite las mafias conexas.

Añadido a esto, tenemos un sistema de justicia cuasi colapsado, cooptado por intereses espurios, y que en declaraciones recientes de la ex fiscal general Thelma Aldana es “producto del sistema perverso que existe en Guatemala el cual obliga a reunirse con políticos”, aludiendo al sistema de las comisiones de postulación y al pago de favores dentro del propio sistema de justicia.

Durante 11 años la Cicig, con varios comisionados a la cabeza, tuvo la oportunidad de combatir todo este entuerto. Los resultados netos han sido muy pobres en términos de logros permanentes para eliminar las causas y la raíz de la corrupción. Nunca promovió las políticas públicas necesarias para erradicar la impunidad —Ley de Compras y Contrataciones, Reformas al Sistema de Justicia, Sistema Penitenciario, entre otros—, se dedicó a perseguir efectos. Ese ha sido su mayor fracaso. Aplicar garrote a los que se robaban las zanahorias del erario público, pero no derribar el sistema que les sigue dando acceso a las zanahorias.

Cierto, docenas de funcionarios y empresarios fueron capturados y sus juicios aún no concluyen debido a esa mezcla perversa del propio sistema de justicia guatemalteco que no logra superar su deformación congénita con jueces sobrecargados y paranoicos de la sombra Cicig, los problemas sistémicos del código penal, con la permisividad de los amparos frívolos, retrasos de audiencias, irrespeto de plazos y las limitaciones de los propios jueces, mal preparados y sin experiencia. La tormenta perfecta.

La estructura criminal del tan mencionado caso La Línea — a pesar de los miles folios de pruebas, grabaciones, colaboradores eficaces y cientos de horas de televisión— continúa más activa y peligrosa que nunca. Ahora resistente e inmune a la Cicig.

El mal uso de las conferencias de prensa informando en forma inoportuna e impertinente la divulgación de información sensible sobre casos en los cuales privaba la presunción de inocencia y ejercía una insana influencia sobre los jueces y fiscales, sin duda debilitó a la Cicig.

Nunca antes había existido en los anales de la jurisprudencia internacional, un caso similar al de Guatemala, en donde un acuerdo de cooperación entre un país y las Naciones Unidas podía continuar en forma forzada por una corte constitucional. El resultado de no haber manejado el caso por la vía diplomática, —indiferente a cualquier argumento jurídico— y de insistir en quedarse tratando de funcionar en un ambiente totalmente hostil, fue un craso error. Ni se diga cuando irrumpieron en la Casa Crema los agentes de la Cicig y los fiscales del MP. Desde ese día marcaron la hoja de ruta que seguirían.

Ya sin el comisionado y con una Cicig reformada hasta de nombre, la lucha contra la corrupción debe continuar. Con un director sin poderes omnipotentes, más orientado hacia la cooperación y el traslado de capacidades y competencias que de dirección. Más enfocado en estudiar los problemas sistémicos que causan la corrupción e impunidad y en proponer las políticas públicas que los resuelvan.

Una cosa es clara. La única manera de lograrlo es uniendo esfuerzos. Insistir en la confrontación para seguir haciendo lo mismo desde hace 11 años, es, francamente, una crasa estupidez.

alfredkalt@gmail.com

El profesor Douglas North (1920-2015) escribió muchas cosas interesantes. Su enfoque en las instituciones, como factor fundamental del desarrollo económico, entre otras, le valió un Premio Nobel de Economía en 1993. En un libro dedicado al análisis de la transformación de las economías poscomunistas —Transforming Post-Comunist Political Economies—, el profesor North escribió el capítulo introductorio. Su reflexión se aplica, creo yo, a la situación de Guatemala en la actualidad. Por supuesto, no por el hecho de que sea un régimen poscomunista transitando a una economía de mercado, sino porque atraviesa por un proceso de transición de un régimen de “democracia, legalidad y economía de mercado aparentes” a otro régimen que, por cierto, todavía está por verse.

En esa obra el profesor North concluía que, tanto cuando se transita de una economía de intercambios personales a una de intercambios impersonales, o de una economía de mandatos a una de mercado, “…la necesaria reestructuración institucional —tanto política como económica— ha sido un gran obstáculo, y sigue siendo un gran obstáculo para las economías del tercer mundo y en transición. La dificultad proviene del hecho de que el sistema de creencias que ha evolucionado como consecuencia de la acumulación de pasadas experiencias de la sociedad, no ha capacitado a sus miembros para enfrentar y resolver problemas…” (Pp. 17 y 18. Traducción propia).

Creo que está claro que Guatemala necesita una reestructuración institucional. Su sistema de justicia simplemente no produce, para la población en general, lo que debiera producir: “justicia” —y sus derivados, la certeza jurídica y la paz social—. Las relaciones del Estado con sus “trabajadores” —así se les concibió en la Constitución y así se les entiende— es absurda, tanto porque viven confrontados como también porque “los patronos” son, en última instancia, la misma población a la que los “trabajadores del Estado” debieran servir. Por tanto, el servicio civil tampoco entrega lo que debiera: unos cuadros de funcionarios públicos profesionales enfocados en servir a los ciudadanos bajo el “equipo político” de turno, todos, bajo la Ley. El régimen electoral ha sido diseñado por políticos para políticos —y sus organizaciones—. En una cascada que va desde el secretario general hasta el más modesto delegado municipal del partido, todos “invierten” dinero propio o de inversores interesados en “el proyecto” y, una vez en el poder —sea en el oficialismo o en la oposición—, se dedican a negociar sus cuotas de poder para hacer redituable su inversión. El régimen electoral tampoco entrega lo que debiera. El régimen económico no garantiza la competencia en mercados abiertos, para beneficio del público consumidor. Ahí donde existe, se torna imperfecta porque los fenómenos de competencia desleal impune son múltiples y van desde el comercio con productos espurios hasta las redes de corrupción aduanera. Donde no existe la competencia o se limita, se genera una de dos cosas: la transferencia de rentas antieconómicas de los consumidores a los empresarios, o los mercados negros.

Quizás estos problemas no se resuelvan por las élites de Guatemala por lo que explicaba el profesor North: hay un sistema de creencias que no las ha capacitado para enfrentarlos y resolverlos. Sin embargo, mientras más tiempo pase sin la reestructuración institucional, más graves se harán esos problemas.

https//:eduardomayora.com

Integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada por estudiantes, empresarios, campesinos y otros grupos civiles, se reúnen para definir estrategias, luego de que el lunes último reanudaron conversaciones con delegados del Gobierno, bajo mediación de la Iglesia Católica.

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La jornada de pláticas no tuvo mayores avances pues Daniel Ortega -cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022- aún no responde a la propuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como solución a la grave crisis de ese país.
“Esta semana los nicaragüenses demostraremos la unidad que tenemos como pueblo, la presión desde las calles es lo que nos tiene en la mesa de diálogo”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, al asegurar que preparan nuevas acciones para presionar al Gobierno.
La Alianza Cívica busca aprovechar que están en el país misiones de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos. “Si nos reprimen tendremos testigos”, agregó Alemán.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 72 años, es acusado por la Alianza de reprimir brutalmente las protestas y e instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático.

Pánico en las calles

Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de cifras de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el pasado 18 de abril contra una reforma a la segurida social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.

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Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas. La lista detalla la identidad de 262 víctimas.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó a la AFP que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
Fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares continúan entrando a pueblos y ciudades para remover enormes barricadas montadas por manifestantes con adoquines, y que tienen semiparalizado a ese país.
“La represión ha aumentado” desde que comenzaron a operar “estos grupos paramilitares, reprimiendo torturando asesinando y violentando los derechos humanos”, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la ANPDH, Alvaro Leiva.

El pánico que siembran en Nicaragua estos grupos de hombres encapuchados, fuertemente armados y vestidos de civil, ha provocado virtuales toques de queda en varias ciudades, incluso en la capital.
En los últimos días, se han multiplicado las demandas al Ejército por parte de sectores críticos a Ortega para que intervenga en el desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
“Creo que están a la espera de un momento más oportuno políticamente, una vez que avance el proceso del diálogo”, comentó a la AFP la experta en asuntos de defensa y seguridad, Elvira Cuadra.

“No vemos voluntad”

El presidente de CEN, el cardenal Leopoldo Brenes, viajó este martes a Roma acompañado del obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, para informar al papa Francisco sobre la situación y el avance del diálogo.

Las mesas de diálogo entre gobierno y la Alianza Cívica no se reunieron este martes, pero la misión de la CIDH se encontró con ambas partes para tratar temas de seguridad y derechos humanos.
“Hasta ahora no vemos voluntad del gobierno”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que, hasta esta crisis, había sido aliado de Ortega y ahora forma parte de la Alianza opositora.
La presión contra Ortega aumentó con el informe que el viernes presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Consejo Permanente de la OEA, el cual denunció la “represión estatal” y consignaba hasta el 19 de junio 212 muertos.

En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua dijo tomar del informe de la CIDH e hizo un llamado a cumplir sus recomendaciones, “muy especialmente el cese de violencia y toda represión”.
Ortega llegó al poder en 1979 como uno de los comandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lideró la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en el 2007.

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Del régimen electoral que se formuló para regresar a la democracia, es decir, después de los regímenes transitorios de la Junta Militar, de Ríos Montt y de Mejía Víctores, se ha llegado a una especie de “cartel de partidos”.

Aquel régimen se enfocó, creo yo, en una descentralización del proceso electoral, de manera que fuera casi imposible fraguar un fraude. Los fraudes electorales que se denunciaron y nunca se esclarecieron por la justicia durante la época inmediata anterior pusieron de manifiesto la necesidad de que el sistema se basara en los resultados de las Juntas Receptoras de Votos y no en un proceso de cómputo centralizado que, por tanto, se prestaba para grandes manipulaciones. Eso ha sido, pienso, un acierto.

El régimen de los partidos también se modificó, dándose cabida a esa visión más estructural que sustancial. Quiero decir con ello que, como en la etapa previa, los partidos políticos tendieron al caudillismo, que se consideró como uno de los factores negativos del régimen, en el nuevo marco se formuló entonces una solución estructurada, que hiciera más costoso que algo así ocurriera. De esa suerte se multiplicaron las asambleas obligatorias a diversos niveles y se crearon los órganos de gobierno y de gestión correspondientes.

Pero esto no fue el remedio para el caudillismo ni, según mi apreciación de la realidad, partidos más democráticos o abiertos. Solamente los hizo más caros. En efecto, tanto la organización de la estructura como mantenerla vigente, absorbe recursos cuantiosos. Es verdad, el régimen electoral vigente también trajo la financiación estatal que, como es bien sabido, ha ido en incremento. Y se plantea ahora, una vez más, que aumente.

La vacuna contra fraudes era importante, pero además hacer más accesible la participación ciudadana en la política y, sobre todo, lograr que los partidos fueran, de verdad, representativos de las preferencias ideológicas de sus miembros y sus simpatizantes. En cambio de eso, cuesta más organizar o participar en un partido y las ideologías casi no existen. No en el espectro político partidario.

En cierto modo, los líderes partidarios deben tener, en la actualidad, un atributo fundamental: la capacidad de conseguir fuentes de recursos para mantener la gravosa estructura partidaria y para la financiación de las campañas. Eso de la ideología no interesa. De ahí se deriva, además, que las campañas no sirvan para transmitir propuestas congruentes con la ideología respaldada por cada partido, sino para ofrecer “productos”. No se explica ni se debaten los fundamentos de las propuestas, de qué manera se obtendrán los medios para sufragar todas las cosas prometidas ni, mucho menos, de qué modo todo eso encaja con la ideología del partido.

Y esto es, a mi parecer, crucial. Cuando a un ciudadano sus candidatos favoritos lo convencen de seguir su ideología, la promesa es de largo plazo. No se pide el voto “por esta vez”, se reclama la adhesión estable y reflexiva a un conjunto de principios y valores que forman parte de la “promesa”. El ciudadano asume un compromiso importante en su vida cívico-política. Un compromiso que le da el derecho a exigir de sus líderes políticos coherencia ideológica. Eso no significa fundamentalismos sectarios, pero sí hondas convicciones, reflexión sobre la sociedad políticamente organizada, en una palabra: ciudadanía.

La crisis comenzó el 18 de abril luego de que el gobierno anunciara una reforma del sistema de seguro social que fue rechazada por estudiantes, trabajadores y empresarios.

El clamor por las reformas democráticas es impulsado por amplios sectores sociales, que en las últimas dos semanas salieron a manifestarse a las calles para rechazar lo que denominan “opresión” y para defender su derecho a vivir en “libertad”.

“Queremos que haya libertad porque este gobierno que tenemos nos oprime”, dijo Emelinda Blandón, de 66 años, en una multitudinaria peregrinación que impulsó el sábado la Iglesia Católica para abogar por la paz y rezar por los caídos en las protestas.
Las manifestaciones violentas habían cesado este domingo, pero los nicaragüenses continuaron exigiendo castigo para los responsables de las muertes en las protestas.
Asimismo reclaman el respeto a la libertad de expresión y manifestación, la independencia de los poderes del Estado y la renuncia de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Que se vaya Daniel Ortega, ya suficiente tiempo que estuvo en el poder”, exclamó la ciudadana Vida Zeledón, de 45 años, en una manifestación.

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“Es imperativo restituir el Estado de derecho iniciando con elecciones libres y transparentes de manera anticipada” a las previstas en 2021, señaló por su parte el grupo opositor “Hagamos Democracia”.

Un diálogo muy esperado

El Gobierno anunció un diálogo para poner fin a la crisis, pero hasta este domingo no había definido una agenda ni fecha para iniciar las pláticas.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, reiteró el sábado la disposición de los obispos de mediar en un diálogo, pero dieron un plazo de un mes al Gobierno para que se lleguen a acuerdos.
“Si en un mes no vemos que hay avances en el diálogo, que está estancado, que no hay buena voluntad (..) los obispos nos retiramos”, advirtió Brenes.
“El Gobierno pretende dar por terminada la protesta en base a que, al verse contra la pared, llamó a un diálogo”, el cual “no pasa de ser un espejismo”, reprochó la afamada escritora Gioconda Belli en un artículo de opinión.

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“Respaldamos un diálogo que tenga como su primer y más importante objetivo la democratización de Nicaragua“, demandó por su lado el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Por una Nicaragua libre

Ortega, quien gobernó por primera vez de 1979 a 1990 tras el derrocamiento de la dictadura somocista, retornó al poder en el 2007 y fue reelegido en el 2011 y el 2016 en medio de procesos electorales muy cuestionados por la oposición.
Sin embargo, la violencia que ejerció contra los manifestantes que salieron el 18 de abril a protestar contra la reforma al seguro social, irritó a los nicaragüenses pese a que el Gobierno dio marcha atrás con su medida.
Eso fue “la gota que derramó el vaso”, dijo el ciudadano Javier Hernández.

“Nicaragua necesita ser libre, después de tanto tiempo volvimos a caer en la represión”, lamentó la universitaria Susana Castellón.

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Ortega y Murillo “no muestran ninguna compasión, ni siquiera un poco de empatía con los familiares de los muertos a quienes llaman delincuentes, pandilleros y narcotraficantes”, acusó por su lado el exmiembro de la dirección del Frente Sandinista, el disidente Luis Carrión.

Apoyo para Ortega

Pese a las protestas y reclamos de la oposición, Ortega aún cuenta con grupos de excombatientes que este domingo expresaron un fuerte respaldo hacia el presidente.

“Estamos con Daniel, estamos con el Frente, hay sandinistas para rato”, aseguró el excombatiente sandinista, Francisco Cuendis, en un encuentro partidario en Rivas (sur).
“Daniel no está solo, aquí estamos hombro a hombro con nuestro pueblo”, afirmó el legendario excomandante guerrillero, Edén Pastora.
La movilización popular que hubo en Nicaragua fue un “intento de golpe de Estado”, denunció por su lado el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, en el canal legislativo tras dar su apoyo al Gobierno de Ortega.

Marcha de apoyo al presidente

El Gobierno de Nicaragua convocó para mañana lunes una marcha en apoyo del presidente, Daniel Ortega, luego de la multitudinaria manifestación opositora del sábado, después de 11 días de protestas contra una reforma del sistema de seguridad social que derivaron en hechos de violencia con decenas de muertos.
Bajo el lema “Por la paz y el diálogo, todos con Daniel” y a través de la televisión oficial Canal 6, el Gobierno sandinista convocó la marcha en la Plaza de las Victorias, un sector en la Carretera a Masaya, una zona céntrica de Managua cercana del escenario donde ocurrieron los enfrentamientos entre estudiantes y policía la semana pasada.

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La marcha sandinista pretende ser una demostración de fuerza política del partido en el gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder hace 11 años ininterrumpidos, dos días después de la multitudinaria manifestación el sábado convocada por la Iglesia Católica en las afueras de la Catedral de Managua.

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“No cabe duda que me sorprendido muy negativamente. Acabo precisamente de regresar de El Vaticano porque teníamos una reunión del Consejo de los nueve cardenales (…), y me encuentro con ese escándalo de una revista de Italia que se llama L'Expresso, que se caracteriza por escándalos y por ataques al papa Francisco“, dijo Rodríguez al canal de televisión católico Suyapa TV.
Aseguró que Francisco le llamó y le dijo: “me duele todo lo malo que han hecho contra ti, pero tú no te preocupes”, a lo que le contestó: “su santidad yo estoy en paz porque estoy con el señor Jesús y él que conoce el corazón de cada uno sabe la maldad que hay en esas personas”.
Rodríguez es muy cercano al Sumo Pontífice, quien le nombró el coordinador del Consejo de los cardenales, el llamado C9, encargados de la reforma de la Curia.
El cardenal hondureño criticó la “poca ética” del periodista de L'Espresso que escribió el artículo contra él porque “ya ha hecho varias publicaciones contra la iglesia e incluso fue sujeto de un proceso dentro de El Vaticano”.

Analistas estiman que el texto se sancionará con apenas uno o dos votos de diferencia y se espera que la votación se efectúe en la noche del jueves al viernes.

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Esta vez la mayoría republicana se muestra más unida con la filosofía de la reforma tributaria, que contiene fuertes rebajas de impuestos a personas y empresas, y que simplifica las normas y trámites fiscales. La meta es aliviar a la clase media y estimular el crecimiento de la mayor economía del mundo.

No obstante nadie puede asegurar que los 52 senadores republicanos votarán a favor del proyecto.

Varios republicanos se inquietan al ver a compañeros de partido apartarse de la ortodoxia presupuestal que defendían en la era de Barack Obama.

La reforma que será puesta a votación puede aumentar el endeudamiento de Estados Unidos en un billón de dólares en 10 años y eso genera resquemores.

Otros miembros del partido negocian su voto a cambio de modificaciones; como por ejemplo ventajas para familias con niños o la obligación de contar con un seguro de salud; uno de los pilares del Obamacare. Incluso, la tasa final de impuesto a las sociedades podría ser de 21 o 22% en vez del 20% pedido por Trump. Actualmente es de 35%.

“Los republicanos tienen el Senado, los republicanos tienen la Cámara de Representantes, los republicanos tienen la Casa Blanca. Eso es muy inusual. Debemos aprovechar esa oportunidad para liberar a nuestra economía”, dijo el miércoles Trump en un discurso.

Y, casi en tono de campaña electoral, afirmó: “vamos a ganar, ganar y ganar”. 

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En paralelo, “nos comprometemos a seguir nuestro camino común […] buscando un consenso sustancial que permita superar las restantes diferencias que existen entre nosotros”, añade el texto. 

El 31 de octubre de 1517, las “95 tesis” divulgadas por el clérigo y teólogo Martín Lutero se convirtieron en el texto fundacional de la Reforma protestante, marcando su ruptura con el catolicismo.

“Estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma”, agrega el comunicado.

El texto destaca el hecho de que “por primera vez, luteranos y católicos hayan considerado la Reforma desde una perspectiva ecuménica, lo que dio lugar a un nuevo enfoque de los acontecimientos del siglo XVI que llevaron a nuestra separación”. 

“Reconocemos que si bien el pasado no se puede cambiar, su influencia sobre nosotros hoy en día se puede transformar […]. Una vez más, resultó claro que lo que tenemos en común es mucho más que aquello que nos divide”, insiste el comunicado conjunto. 

El primer revisor general de las cuentas de la Santa Sede, Libero Milone, cargo instituido por el papa Francisco en 2014, ha presentado su dimisión al Pontífice, informó este martes el Vaticano en un comunicado.

La Santa Sede no ha precisado las razones de la dimisión, que se produjo ayer lunes y que, tras ser aceptada por el papa Francisco, pone fin “de común acuerdo”  a su labor.

La búsqueda del sustituto de Milone comenzará “cuanto antes”, añadió la fuente.

El 31 de octubre de 2015 trascendió en la Prensa que alguien había accedido al ordenador de Milone, en el que conservaba archivos reservados de índole financiera del Vaticano.

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Mortal “jalón”

Una de las víctimas era Luis Fernando G., quien conocía a Karla otra de las víctimas, quienes decidieron ir al bar Polanquito esa noche. En ese lugar conocieron a Ivonne, amiga de Carlos Roberto, ambos también murieron a consecuencia del impacto del carro.

Luego del accidente automovilístico de esta madrugada en Reforma, te recordamos que respetar el #ReglamentoDeTránsito es respetar la vida pic.twitter.com/cCzOZCgUtR

— SSP CDMX (@SSP_CDMX) April 1, 2017

Karla y Luis Fernando, amigo de Carlos Salomón, aceptaron que él los llevara a sus casas, pues vivían por la misma área. Ivonne se sumó al “jalón”, para no irse en el carro con tres personas que apenas tenía horas de conocer le pidió a Roberto que la acompañara.

Quién era el piloto

Días antes del accidente ocurrido en el Pasero de la Reforma, Ciudad de México, Salomón ofreció en Facebook que vendía su vehículo.

Al momento del percance, el conductor, en estado de ebriedad, fue atendido por la Cruz Roja, según el gobernador de esa ciudad, Miguel Ángel Mancera.

El piloto se negó en el momento a las pruebas de sangre, por recomendación de su abogado, según Mancera. Un médico pudo después realizar el examen físico con el que se comprobó que Carlos Salomón estaba bajo efecto de una droga, que no fue especificada.

Salomón imputado por el delito de homicidio culposo agravado fue enviado a prisión preventiva al Centro de Detenciones del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Su segunda audiencia se celebrará el 7 de abril próximo.

Víctima se casaría

“Tenía una sorpresa para ella, era entregarle el anillo de compromiso”, cita el diario El Universal de México quien contactó con Benito, el prometido de Karla con quien se casó por lo civil a escondidas, según otros diarios mexicanos.

La joven mexicana de 29 años había estudiado la carrera de Administración de Empresas, era una mujer emprendedora, relató la madre de la víctima, Paloma Saldaña, al diario El Excelsior.

Las reformas a la Ley Electoral establecen que no será inscrita la persona a quien se le compruebe que ha hecho campaña electoral anticipada, pero surge la duda de qué pasará si el ciudadano que haya concedido entrevistas se postula y es denunciado por supuesta campaña anticipada.

Se desconoce la forma como el Tribunal determinará qué es campaña y qué no, cuáles serán los criterios para no limitar la libertad de acceso a la información y quiénes harán tal monitoreo.

Propaganda

Otra duda pendiente de resolver por el TSE es la forma como pretenderá distribuir la propaganda electoral a los partidos políticos, ya que todos los candidatos van a querer salir en la televisión en franja estelar, al igual que en las radios, mientras que en medios impresos desearán espacios de privilegio.

Cabe recordar que la norma electoral establece que el valor de la tarifa en los medios de comunicación será del 20 por ciento del valor promedio de la comercial.

El promedio se calculará por modalidad de medio de comunicación social de que se trate, utilizando el promedio que los medios de comunicación social hayan fijado en los últimos seis meses.

Diferencias

El politólogo Luis Fernando Mack considera que si en la norma electoral no se especifica cómo será el proceso para determinar si una persona hizo o no campaña electoral anticipada, puede ser un arma de doble filo.

“Cómo se va a diferenciar quién hizo campaña electoral es un poco complicado. Además, en la campaña anticipada el partido Líder nos demostró que hay posibilidades de saltarse ese tipo de normativas, que no están definidas, cómo se diferencia la campaña con proselitismo”, explicó Mack.

Respecto de la duda de cómo negarle la inscripción a un candidato, el politólogo José Carlos Sanabria señaló que el TSE debe establecer criterios, ya que no puede negarle la inscripción a una persona sin haberle demostrado la falta.

Sobre la distribución de la propaganda indicó que el TSE está definiendo la unidad y luego debe establecer reglamentos.

El consultor de Acción Ciudadana Edie Cux señaló que el TSE debe, primero, definir claramente qué es propaganda electoral.

Forman unidades

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Mario Valenzuela, indicó que hay “varias formas” de hacer campaña y será el tribunal el que la califique. Se le dé audiencia al señalado para que se pronuncie, y si   se establece que es campaña anticipada se negará la  inscripción.

“Esta  semana sale la convocatoria pública para que se postulen a los cargos de jefes de las unidades —fiscalización y medios de comunicación—  y ya conformadas se empieza a trabajar sobre la forma de repartir espacios y tiempos”, dijo Valenzuela.

El presidente del TSE informó que los manuales de procedimiento, protocolos o lo que se tenga que crear ocurrirá cuando sean contratados los expertos que integrarán la unidad de medios de comunicación.

Aseguró que lo mismo sucederá cuando se conforme la unidad de fiscalización para auditar las actividades de los partidos políticos.

Vian respondió, en declaraciones a los  medios de comunicación, después de celebrar la misa de Navidad en la Catedral Metropolitana,  que a pocas semanas de cumplirse el primer año del Gobierno del mandatario Jimmy Morales “falta caminar mucho todavía”.

“Se ve como que la carreta no quiere caminar, y tenemos que purificar a tantas instituciones” que se resisten por lo que se sigue con los mismos defectos del año pasado, indicó aspecto que atribuyó en parte a la formación que se inculca en el país de “aprovecharnos de los demás”.

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Comentó que  se necesitan las reformas políticas y sociales para tener una educación integral e incluyente, por ejemplo,  no solo cambios cosméticos. 

“Aún hay mucho que purificar, todavía hay gente que sigue aprovechándose del erario de nuestra República, le importa poco y en lugar de progresar hay gente que sigue igual que el año pasado aunque se encuentre en las cárcel” añadió.

Vian considera que en lugar de lograrse que la sociedad adelante hay retrocesos “no amamos la vida, no respetamos al próximo, nos aprovechamos de los demás y debemos tener de nuevo a tener a Jesús como el protagonista de la vida.

Que Jesús nazca de nuevo en el corazón. Navidad es Jesús, no Santa Claus, ni los renos, dice el Arzobispo en Catedral.
Vía: @rbolanos_pl pic.twitter.com/exL3tVzMIj

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 25, 2016

En la homilía  Vian hizo un llamado  a tener un encuentro personal con Jesús a partir de esta Navidad y no solo quedarse en la religiosidad y no dejarse llevar por otras figuras a las cuales se asocia época como Santa Clos, los renos o los muñecos de nieve.

Falta responsabilidad para conducir

Por aparte, el Arzobispo refirió que se debe celebrar con mucha alegría la Navidad pero que es necesario tener responsabilidad. “En Guatemala nos hace falta mucha responsabilidad, hay que recordar  que si bebe no maneje y si maneja no beba” dijo al referirse a que existe irrespeto por la vida propia y la del resto de las personas.

“Cristianos o no cristianos, todos tenemos que hacer lo posible por respetar nuestra vida y la vida de los demás y no exponer a otras familias y a otras personas a que tengan accidentes”.

Vian envío este mensaje al ser consultado sobre el accidente en el kilómetro 90 de la ruta al suroccidente  en el cual los cuatro ocupantes del automotor perdieron la vida en la madrugada del 25 de diciembre.

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Autoridades indicaron que la tragedia se registró la madrugada de este domingo en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, donde se presume que el mal estado de la carretera el automóvil se salió de la ruta y chocó contra una piedra de grandes proporciones, sin embargo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que en el automóvil fueron encontrados envases de bebidas alcohólicas, por lo que presumen que algunos de los ocupantes viajaban bajo efectos de licor, pero no se había confirmado tal situación.

“No hay otra opción para la EPFL (Asociación de ligas europeas) que poner término al acuerdo actual” con la Uefa, declaró su presidente, el sueco Lars-Christer Olsson, en conferencia de prensa.

La decisión fue tomada por casi la totalidad de los 23 campeonatos presentes, siendo el italiano el único que votó en contra.

La EPFL protesta contra la reforma de la Liga de Campeones, decidida este verano, y que garantiza en el período 2018-2021 cuatro plazas a los campeonatos de España, Alemania, Inglaterra e Italia, por sus resultados en el pasado. Ello dificultaría el acceso a la 'Champions' a los clubes de los campeonatos más modestos.

“Una de las cuestiones discutidas es el acceso a la Liga de Campeones”, explicó Olsson.
“La otra cuestión es la distribución de los beneficios. Las nuevas propuestas (de la Uefa) son peores que las de la actualidad”, recalcó.

La denuncia de los términos de esta propuesta de acuerdo conlleva que las ligas europeas podrían organizar sus partidos coincidiendo con los programados por la Uefa en las competiciones europeas.

“Si no hay un nuevo acuerdo, cada liga podrá tomar sus propias decisiones”, añadió Olsson.
La asociación de ligas europeas tomó esta decisión en “protesta contra el hecho de que la EPFL no haya sido incluida en las negociaciones”, explicó.

Olsson precisó que se reunirá con el presidente de la Uefa, Alexsander Ceferin, en la segunda quincena de noviembre.

Hasta ahora las intenciones del Ejecutivo en torno a la modificación de un tema tan sensible como es la recaudación de impuestos se ha mantenido en total hermetismo, y por más que el ministro de Finanzas ha recorrido los medios de comunicación no ha podido o ha decidido no poner sobre la mesa la totalidad de los pormenores de esa iniciativa.

Ayer se informaba que en las próximas horas el Gobierno enviaría su propuesta al Organismo Legislativo, donde se espera que finalmente se pueda conocer cuáles son las verdaderas intenciones de la administración de Jimmy Morales en cuanto a la búsqueda de más recursos.

Previamente, la noche del pasado martes, el mandatario se reunió con los jefes de bancadas representadas en el Congreso, a quienes también se les dijeron generalidades, que van desde modificar el actual régimen del impuesto sobre la renta hasta elevar los impuestos a la telefonía y a la actividad extractiva.

El mayor énfasis del oficialismo hasta ahora ha sido aclarar que el impuesto al valor agregado no será modificado, una medida que sin duda busca eliminar cualquier posibilidad de volatilidad social, donde más cabría esperar una airada protesta.

Lo primero que no parecen entender los impulsores de este reciclaje es que cualquier modificación tributaria afectará a todos los sectores, por lo cual han fracasado muchas de las reformas fiscales implementadas en el país, porque quienes han tenido en sus manos esas decisiones siempre han pretendido quedar bien con algunos sectores en perjuicio de otros, lo que repercute en un mal mayor cuando la carga impositiva se traslada a los consumidores.

Por eso se ha insistido en que cualquier reforma fiscal debe ser producto de amplios consensos, no de improvisaciones, salvo que el Gobierno tuviera contemplados estos planes. Es decir, que el gobernante no haya dicho la verdad o no haya comprendido la realidad económica del gobierno cuando afirmó en campaña que en su gestión no habría más tributos.

Ayer el sector privado aglutinado en el Cacif convocó a los secretarios generales de los partidos, una acción que solo se puede interpretar como una medida cuyo fin es levantar el debate con el objetivo de buscar que los congresistas tampoco vayan a actuar en la misma línea que lo ha hecho el Gobierno hasta ahora.

Varias reformas tributarias anteriores han fracasado por el errado enfoque de la tecnocracia, que solo atiende los montos deseables de recaudación, sin considerar la complejidad que implica cualquier aumento de impuestos, que siempre desencadenan rechazo, especialmente si no han sido justificados. Más importante aún debe ser escuchar la propuesta del Ejecutivo respecto del destino de los nuevos recursos y cuáles serían los compromisos para romper con el oprobioso pasado de corrupción.

El martes pasado, algunos empresarios afirmaron estar dispuestos a que el Estado reciba más ingresos por medio de impuestos, mientras que el presidente Jimmy Morales dejó entrever que el Ejecutivo estaría preparando una propuesta preliminar para aumentar las tasas impositivas.

Conveniencia

Eduardo Velásquez, economista del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), de la Universidad de San Carlos (Usac), expresó que los empresarios hablan de tributos y que su propuesta irá encaminada a aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15%, porque la población sería la que pagaría el alza, mas no en aumentar el impuesto sobre la renta (ISR), porque a los empresarios no les conviene.

Velásquez sugiere que lo primordial es recuperar la confianza en la SAT, porque aumentar tasas de impuestos en este momento no es conveniente.

“Es mejor enfocar esfuerzos en reducir el contrabando y que los que no paguen sus impuestos lo hagan. Los ciudadanos queremos resultados, la SAT se tiene que lavar la cara”, afirmó el economista.

Para María Antonieta del Cid de Bonilla, exministra de Finanzas, urge fortalecer a la entidad recaudadora, pero también es necesario ampliar la base tributaria, porque esta es muy pequeña.

“Hay que revisar las exenciones y exoneraciones, y en cuanto a lo impositivo, verlo de manera integral”, enfatizó.

Del Cid consideró que habría que analizar la propuesta que el Gobierno haga y evaluar si incluye aspectos que se orienten a mejorar la calidad y efectividad del gasto público, prevenir la corrupción y la presión de los pactos colectivos que debilitan los recursos del país.

“Es evidente que la carga tributaria y el gasto público son de los más bajos de Latinoamérica y Centroamérica, y por lo mismo, la proporción de recursos que se puede dirigir a seguridad, justicia, salud y educación, y en ese sentido, es importante el fortalecimiento de los ingresos fiscales, pero cómo hacerlo hay que discutirlo”, afirmó Del Cid.

Para el analista fiscal Óscar Chile Monroy, para hablar de una reforma fiscal se debería revisar y tomar en cuenta el Pacto Fiscal, lo que no han hecho la mayoría de gobiernos.

“Previo a tratar de cambiar la legislación tributaria se debe tomar en cuenta aumentar la base tributaria, pero sí es un momento propicio para hablar de una reforma fiscal integral y no solo de impuestos”, expresó Chile Monroy.

Momento

En Guatemala nunca es el momento ideal para hablar de impuestos y siempre habrá oposición, indicó el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, para quien el planteamiento es tentativo y no hay una estrategia clara de negociación.

Sin embargo, aclaró, el problema es real y debe resolverse.

“No es posible llegar a un consenso sobre una reforma fiscal, es un tema de estrategia política para lograr una mayoría en el Congreso”, agregó.

Velásquez indicó que los gobiernos aprovechan a tratar el tema tributario en su primer año de administración, porque aún cuentan con credibilidad.

“En campaña prometen no subir impuestos, pero cuando se dan cuenta que no hay margen de maniobra, el tema es inevitable. Es necesario abordarlo sin divisiones”, dijo Del Cid.

Durante la semana, el presidente Jimmy Morales, como también ha sido el estilo de muchos gobernantes, apenas se aventuró a hablar de pistas sobre los puntos que se buscaría reformar. Uno de ellos sería volver a convertir en recolectores de facturas a los miles de contribuyentes que con ello podrían aspirar a un beneficio.

El otro, que por ahora se sabe y sería mucho más sensible, es un aumento al impuesto al valor agregado, que podría pasar del actual 12 por ciento hasta el 15 por ciento, lo que significará un cambio drástico, pues representaría un incremento del 25 por ciento de la tasa actual y seguiría la tendencia de casi todos los gobiernos, por ser la forma más fácil pero no necesariamente más justa ni equitativa de mejorar la recaudación.

Ayer, durante el programa Diálogo Libre, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, ratificó que la implementación de una reforma tributaria es cuestión de tiempo, aunque aclaró que cualquier posibilidad de cambio llevará meses y años, al punto de que los mayores beneficios en la recaudación serían cosechados por futuras administraciones.

Aunque sería otro mentís para el presidente Morales, quien en plena campaña declaró en más de una ocasión que durante su gobierno no habría aumento de tributos, sobre todo después de la debacle creada por el Partido Patriota, cuya dirigencia, junto con la otrora cúpula de la SAT, se encuentra en prisión precisamente por haber defraudado al Estado con una alambicada estructura que conllevó incluso a eliminar la planilla del IVA, supuestamente para compensar la falta de ingresos tributarios.

Sin embargo, el liderazgo real del mandatario, o por lo menos el que se ve que desearía proyectar, tendría un mejor asidero si en lugar de rehuir el anuncio se pronunciara de forma asertiva sobre los desafíos del erario nacional, las necesidades de gasto y las medidas para hacer eficiente, pertinente y probo el uso de los recursos actuales, a fin de justificar, no con fábulas ni adagios, sino con cifras, argumentos sólidos y proyecciones económicas, la necesidad de una reforma.

No son nuevas las presiones de la comunidad internacional para aumentar la carga tributaria del país, que resulta ser una de las más bajas del continente.

Tampoco son nuevas realidades como la alta cifra de población en pobreza, la enorme cantidad de comercio informal, el incesante contrabando y, recientemente, las enormes sumas de evasión que se han quedado estancadas por litigios legales y que la SAT ha hecho efectivas mediante golpes legales.

Es por ello que una eventual reforma fiscal puede resultar beneficiosa para la Nación, siempre y cuando esté fundamentada, balanceada y que sea coherente con las profundas desigualdades que lastran al país desde hace décadas.

Después de la sanción presidencial a la ley que reforma la LEPP es importante mantener nuestra atención en el proceso de reformas que es de suma importancia: la reforma de fortalecimiento al Sistema de Justicia.

Hay que recordar que el sistema de Justicia guatemalteco ha sido reformado varias veces en forma parcial, pero no con una visión global de fortalecer los procedimientos judiciales, facilitar el acceso de la justicia a la población y dar mejores resultados para erradicar la impunidad.

Un avance sustantivo en el tema de justicia fue la aprobación del Código Procesal Penal de 1992, convirtiendo el juicio penal en oral y público, lo cual hace que brinde mayores garantías y donde el juez inicial de instancia ya no es un juez de instrucción responsable de la investigación, sino que esta tarea fue claramente trasladada al Ministerio Público, a través de los fiscales encargados de cada caso. Al iniciar el juicio oral se hace ante un Tribunal de Sentencia, compuesto por tres jueces, con lo cual se logra una decisión colegiada y no individual en asuntos penales.

Urge hacer cambios integrales para la visión y la acción del sistema de justicia, tales como limitar los casos en que se utiliza un recurso de amparo y sus procedimientos, como un procedimiento retardatario de los procesos. Otro es que la Corte Suprema de Justicia solo tenga responsabilidades de tipo jurisdiccional y que lo administrativo quede a cargo de un ministerio de Justicia.

Hoy la discusión se da sobre si integrar a esta reforma el Derecho Maya, lo cual en un país con diversidad étnico cultural como Guatemala parecería ser evidente; sin embargo, este es un tema que hay que tratar con mucha seriedad y tomándose el tiempo necesario para analizarlo adecuadamente, pues pueden darse dos situaciones no deseadas: que por la premura se toque con superficialidad, lo cual sería muy dañino, por la seriedad que se merece, o que se den especulaciones improvisadamente sobre el tema con algunos planteamientos no fundamentados adecuadamente y esto permita generar una campaña de rechazo a todo el proceso de reforma, contra el cual conspiran algunos grupos que pretenden mantener un régimen de impunidad.

Es indudable que en un pueblo con profunda identidad indígena como el nuestro y con una gran tradición de mecanismos de derecho consuetudinario para resolver asuntos de conflictividad, estos procedimientos merecen un reconocimiento especial y debieran ser vistos con una forma adicional de hacer justicia y de mantener la armonía y paz social en el país. El Derecho Consuetudinario Maya debe ser analizado y reconocido no solo en cuanto a sus valores y contenido, sino también a sus procedimientos de implementación. Está claro que este derecho, como cualquier otro, no queda estático en el tiempo, sino que evoluciona según el contexto. Pero también es cierto que no podemos reconocer como derecho maya cualquier práctica que una persona o grupo proponga.

Cabe mencionar que la Constitución, respondiendo a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado guatemalteco, tiene la obligación de garantizar la ciudadanía, la democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, pues estos son garantías universales establecidas para proteger la vida y la dignidad de todo ser humano que deben ser consideradas por igual en cualquier parte del mundo, cualquiera que sea la raza, identidad cultural, nacionalidad o religión.

Esta defensa de los derechos humanos, por ser una red de garantías mínimas y universales, no puede aplicar ningún relativismo cultural.

guatemalademos@gmail.com

La parálisis creciente del país se produce a dos semanas de la inauguración de la Eurocopa de Fútbol, el 10 de junio.
 
Los sindicatos convocaron a una nueva jornada de protestas, la octava desde el inicio del movimiento hace tres meses, que en varias ocasiones dieron lugar a violentos enfrentamientos.
 
La novena, una concentración única en París, se llevará a cabo el 14 de junio, cuatro días después del inicio del torneo.
 
El primer ministro Manuel Valls, bajo presión, admitió el jueves la posibilidad de “cambios”  o “mejoras”  en el proyecto de ley y anunció que recibiría el sábado a representantes “del sector petrolero” , sin precisar de quiénes se trataba. El jefe de gobierno volvió a descartar sin embargo el retiro del polémico texto.
 
El miércoles, Valls había afirmado que la CGT, que lidera las protestas, “no dicta la ley en el país” . El jueves, volvió a fustigar la “irresponsabilidad”  de esa central sindical.
 
El secretario general de la CGT, Philippe Martinez, llamó por su lado el miércoles a “una generalización de la huelga” .
 

Recuerdos del 68

 
El bloqueo de refinerías y depósitos de petróleo obligó al gobierno a echar mano de sus reservas estratégicas de carburante. El Estado ya había utilizado el miércoles tres de los 115 días de reservas disponibles.
 
“Haremos todo lo necesario para garantizar el aprovisionamiento de los franceses y de la economía” , declaró el presidente Francois Hollande.
 
Cinco de los ocho depósitos de combustibles permanecían bloqueados o funcionaban muy por debajo de su capacidad de entrega, después de que las fuerzas de seguridad dispersaran por la mañana a los activistas que bloqueaban uno de ellos.
 
Largas colas se forman desde hace días frente a las gasolineras, que en muchos casos racionan la distribución. Los depósitos de casi un tercio de las estaciones de servicio están secos o casi vacíos y una popular aplicación para teléfonos celulares indica dónde queda algún grifo disponible.
 

También centrales nucleares

 
La contestación escaló un nuevo peldaño el jueves, con el voto favorable a la huelga en las 19 centrales nucleares del país.
 
“Entre el 50% y el 80% del personal está en huelga, según los sitios” , afirmó la portavoz de la CGT en ese sector, Marie-Claire Cailletaud, admitiendo que, para mantener el flujo, Francia “seguramente se verá obligada a importar energía”  de los países limítrofes.
 
El organismo gestor de la red nacional de electricidad, RTE, afirmó por su lado que “la oferta de producción disponible (…) alcanza para cubrir las necesidades eléctricas del país” .
 
El aprovisionamiento se había reducido a un 25% de su capacidad en la central de Nogent-sur-Seine, a unos 100 km al sudeste de París.
 
El movimiento de protesta provoca asimismo perturbaciones en los transportes.
 
La compañía ferroviaria SNCF registró desde el miércoles su quinta huelga desde marzo.
 
La Dirección General de la Aviación Civil  (DGAC) recomendó a las compañías que reduzcan un 15% sus vuelos este jueves hacia el aeropuerto parisino de Orly.
 
En medio de esa ola de descontento, el gobierno recibió el miércoles la buena noticia de que el desempleo había caído por segundo mes consecutivo en abril.