En un nuevo intento por reformar el Código Penal, la Comisión de Reformas al Sector Justicia está por terminar una serie de discusiones técnicas para, antes que termine el año, presentar una propuesta de reforma que incluya nuevos delitos.

Durante los dos últimos años del gobierno de Jimmy Morales, se registraron simulacros de reformas a esta norma, la primera fue en septiembre de 2017, cuando los diputados intentaron blindar a los políticos del financiamiento ilícito y que no haya cárcel para el cumplimiento por delitos menores de 10 años.

La última vez que el Congreso decidió reformar el Código Penal, en noviembre de 2019, se enfocó en la reducción de penas que beneficiaban a un número de políticos encarcelados y a reos comunes, incluidos los pandilleros, lo que desató una inconformidad social que redundó en protestas que terminaron por presionar a los diputados de anular los cambios.

Aunque han pasado casi dos años de que los presos tuvieron la oportunidad de que los políticos pudieran reducir su condena hasta en un 50 por ciento, la Comisión de Reformas al Sector Justicia, en el Congreso, recopila comentarios, aportes y opiniones de diferentes sectores para definir un nuevo cambio.

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Ahora, Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explica que buscan aprobar la iniciativa de ley 5494, la cual pretende cambiar el Código Penal. Agrega que a lo largo de este año han realizado reuniones con diferentes sectores para que puedan compartir sus aportes, opiniones y comentarios.

Expone también que quieren integrar nuevos delitos que la actual norma no incluye, como odio y agresión, acoso laboral y defraudación al Seguro Social.

El diputado explica que hay acciones que deben ser tipificadas como delitos, como el dopaje deportivo, y el acoso escolar y laboral.

Hasta ahora el ejercicio de discusión en la Sala Legislativa ha provocado opiniones diversas, entre estas que los cambios podrían estar rozando con otras leyes o instituciones, como delitos electorales, de régimen económico, considera que su objetivo es codificar y sistematizar los delitos que van diseminados en las leyes especiales.

Los cambios, explica Ponce, también contemplan un castigo drástico para las personas que cometen corrupción, crimen organizado, narcotráfico, extorsión, entre otros.

En lo que va del año, 28 instituciones públicas han presentado sus propuestas entre las cuales resaltan el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones; de Economía; de Educación; Relaciones Exteriores; Salud Pública; Trabajo y Previsión Social.

Además, participaron representantes de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo; Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas; Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras.

“Dieron sus aportes para crear una nueva normativa que atienda nuevos delitos y que son importantes, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) planteó que es muy importante codificar el delito de retención de cuotas patronales, porque hay algunos casos donde algunas fincas o empresas retienen las cuotas de los trabajadores y cuando quieren jubilarse no aparecen, o el Igss no puede darles el servicio”, explicó Ponce.

Tiempo se agota

Ponce considera que para mediados de noviembre tendrán recopilada y sistematizada toda la información que han aportado las organizaciones e instituciones que ha acudido a las audiencias, por lo que esperan conseguir dictamen favorable.

Hoy  se desarrollará la última de las reuniones en donde está previsto que asista gran parte del sector empresarial, ya que, confirmó la Cámara del Agro, de Comercio, de la Industria, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Alianza en defensa de la República, el Colegio de Contadores y Auditores Públicos, el Instituto de Magistrados, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros.

Pero Ponce tiene claro que un factor en contra para consolidar esta reforma al Código Penal es el tiempo, porque se acerca el fin de un año y desconocen si seguirán en la misma comisión legislativa en el 2022, por lo que afirma que están acelerando la sistematización de la información.

Expectativa

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, es importante que en la recopilación de datos e información que están realizando mantengan los textos de las propuestas conforme a la Constitución Política de Guatemala y que no tenga tinte punitivo.

“Que la Comisión trate de aportar un texto que ayude a la sociedad a abordar desde una mejor perspectiva y no solo desde el punto de vista punitiva los delitos, porque hay penas que son verdaderamente inhumanas y otras que son flojas cuando se necesita una sanción verdaderamente severa”, señaló Ibarra.

Añade que los diputados deben ser muy cuidados para redactar el texto de la iniciativa para cumplir con la expectativa de tener una mejor sociedad, que aborde de forma correcta la carga delincuencial que suele haber en el seno de la sociedad.

Sin premuras

Lizandro Acuña, investigador y analista en temas de seguridad y justicia, opina que se han presentado al menos siete iniciativas de ley para reformar el Código Penal; sin embargo, resalta que algunas de estas no se han llevado a cabo.

“Es una reforma que no tiene que ser apresurada y haber un consenso y participación muy amplia por parte de los sectores que muestren interés en participar en la reforma al Código Penal, hay que tener un poquito de memoria como aceptación de cargo y reformas a la prisión preventiva, en donde se ha visto que prácticamente detrás de las reformas el efecto retroactivo que pueda favorecía a casos de alto impacto”, explicó.

Acuña advierte que las reformas son un proceso que se debe respetar las diferentes posiciones, porque las experiencias nos han demostrado por donde va la ruta y los intereses que se está dilucidando en este momento y que llevan a la impunidad.

Mientras que Corinne Dedik, investigadora del Cien, explica que estas reformas llevan varios años y ven positivo que se quiera modernizar el Código Penal, pero considera que hay aspectos que se deben seguir discutiendo porque es un instrumento muy complejo.

“Consideramos que se tome suficiente tiempo para discutir las reformas que se quieren hacer, desde la parte general hasta la especifica de los diferentes delitos”, reiteró.

No es la primera vez que se busca modificar la Constitución Política de la República. El caso más reciente fue en el 2016, cuando se intentó incluir el sistema de leyes de los pueblos indígenas y dar mayor responsabilidad al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), el cual se encargaría de todas las funciones administrativas que hoy en día maneja la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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La nueva propuesta de cambios sería expuesta este miércoles por el presidente Alejandro Giammattei a magistrados de la CSJ, pero por la cuarentena que cumple el mandatario por casos positivos de covid–19 en la Casa Presidencial, la presentación se aplazó.

Las intenciones de cambios a la Carta Magna que ya han visto la luz, a grandes rasgos, contemplan eliminar las Comisiones de Postulación para la elección de magistrados judiciales y elevar el número de titulares de la CSJ a 15.

Tres de ellos serían electos por el presidente en Consejo de Ministros, tres más por el Congreso, y así continuarían los demás nombramientos por el Colegio de Abogados, los rectores de las universidades nacionales y magistrados de Salas de Apelación.

Quienes participaron en la reunión del pasado viernes ya solicitaron al Ejecutivo una copia de la presentación que hizo el abogado Omar Barrios, pero hasta ahora ninguno de ellos ha recibido el documento.

Retrasar elección

Por una sentencia de la Corte de Constitucionaidad (CC), el Congreso debe elegir a los magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, pero a criterio de Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), integrante del Pacto Ciudadano, se buscará postergar dicha elección para que esta sea aplicable con la propuesta de cambios constitucionales.

“Lo que vi yo es una intencionalidad o una argumentación del presidente diciendo que como nunca iba a salir la elección del Congreso, que esto iba a salir antes para que fuera a través de la reforma la elección y no a través de la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, refirió.

Al mismo tiempo manifestó tener sospechas que el retraso tendría como finalidad favorecer a ciertos actores políticos que podrían tener problemas judiciales por eventuales vinculaciones a casos de corrupción.

“Está Corte —Suprema— hay que sacarla, pues van a seguir exculpando a Alejos —sin especificar si era Felipe o Gustavo— y a todos los corruptos, por eso es que la quieren dejar. Ahí hay una intencionalidad, que no sé si el presidente está consiente de ella, pero para mí es validar a todos los que están ahorita en el Congreso haciendo y deshaciendo”, añadió.

En un sentido similar opinó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, quien advierte que de no cambiar a las actuales autoridades judiciales, podría favorecerse a personajes de fuerte poder político que ya no gozan de inmunidad.

“Se sienten cómodos porque los siguen protegiendo la actual CSJ y muchas de las Salas de Apelaciones. Se inclinan para proteger a los actuales diputados y a muchos que tienen poder de la legislatura pasada y a muchos funcionarios y exfuncionarios”, enfatizó.

Niegan interés

La presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, explicó que están listos para delegar las responsabilidades del Organismo Judicial tal y como lo establece la Constitución, negando las sospechas que manifestaron de León e Ibarra.

“Estamos esperando para entregar, estamos preparados para entregar desde octubre, incluso tenemos compañeros que compraron oficinas, otros que ya tenían sus ofrecimientos de trabajo, otros ya se iban a hacer sus quehaceres, entonces es una situación bien horrible porque estamos con un pie adentro y un pie afuera, yo si esperaría que el Congreso entre a escoger”, explicó.

Asimismo, señaló que cuando la actual magistratura fue electa recibió fuertes señalamientos por posibles negociaciones al margen de la ley para su nombramiento, situación que Valdés asegura que no fue así.

“Recuérdese que nosotros llevamos tanto tiempo que llevamos tres presidentes. Entramos con Otto Pérez Molina, después vino Jimmy Morales, y ahora tenemos a Alejandro Giammattei. Ellos -críticos- siempre decían que había escogido el Partido Patriota y Líder, Patriota y Líder -ya- no existen”, aseguró.

La presidenta de la CSJ no quiso referirse a qué aspectos debería contemplar la nueva propuesta de reforma constitucional, con el argumento de que hasta ahora solo han recibido “ideas a grandes rasgos”.

Posible opción

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, comentóque la percepción que tuvo luego de la reunión del pasado viernes, es que se busca tener una alternativa en caso de que el pleno del Congreso no elija en el plazo de ley a los sustitutos para la CSJ.

“Lo que logramos comprender nosotros es que lo ven como una opción, como una alternativa que podría darse para esta elección. En el escenario inicial nos dan unos análisis donde veían que el tema se está entrampando, por ejemplo, qué pasa con el tema de la nómina de la CSJ, que la norma dice que son 26 -candidatos- pero renunció uno, entonces ellos decían, bueno hay algunas condiciones que no se están dando como para poder tener la certeza que se va a elegir”, indicó.

Cambios son necesarios

Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que las reformas constitucionales no podrían aplicarse para la siguiente CSJ, considerando la necesidad de practicar una consulta popular que ahora es inviable por la pandemia del coronavirus.

“Yo tengo esa impresión, de que si no le entramos a las reformas constitucionales lo que sí es seguro es que dentro de cinco años vamos a tener un reprís de esta discusión, entonces creo que es mejor, que es oportuno”, expuso.

Como lo dije hace un par de semanas, la reforma al segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal iba a convertirse en una papa caliente. Dicho y hecho, esta semana que se conocieron algunas de las propuestas que están considerando, ya han saltado muchas voces de alarma. De allí que dije que hay que ponerle mucha atención a esta reforma, para que el sistema mejore en lugar de empeorar.

Resumiendo mi postura al respecto —que planteé en mi artículo de hace dos semanas—, estoy de acuerdo con la CC en que se debe modificar el segundo párrafo en cuestión para establecer claramente la proporcionalidad, racionalidad y justicia de los delitos y penas contemplados. Considero importante también que se defina claramente la responsabilidad directa de las personas involucradas, en el sentido de que quede muy claro quién comete los delitos, es decir, ¿el secretario general?, ¿el contador?, ¿el representante legal?, ¿el propietario?

Ahora han empezado a surgir rumores de que los diputados quieren aprovechar para hacer más cambios —no incluidos en la recomendación de la CC— como, por ejemplo: eliminar o modificar el primer párrafo del referido artículo en donde se plantea el delito del financiamiento electoral ilícito.

Debo aclarar que hasta la fecha no he visto ningún indicio de que la comisión pretenda hacer eso pero no hay que echar en saco roto la sospecha. Los diputados deben tener claro que un giro en ese sentido no es aceptable y sería totalmente incongruente con la recomendación de la CC.

Pero por otro lado, me parece también una exageración el que algunas personas y organizaciones se estén rasgando las vestiduras acusando a la comisión de querer “favorecer” a determinados personajes al rebajar las penas a los delitos de financiamiento electoral anónimo y no registrado. ¡Pero si lo que dijo la CC fue precisamente que eran delitos distintos y por tanto no debían tener las mismas penas! O lo que es lo mismo, que había que rebajar las penas a esos dos delitos, que no eran lo mismo que el financiamiento electoral ilícito. En este caso, el cambio fue propuesto por la CC, no por los diputados.

Hay que entender que la diferencia básica a la que se refiere la CC tiene que ver con el origen de los fondos, es decir, si los fondos en mención provienen de fuentes ilícitas –crimen, corrupción, etc.- o si provienen de fuentes lícitas –dinero de personas o empresas que se dedican a actividades legítimas-. Y la CC argumenta que precisamente ese origen es el que diferencia dos delitos distintos.

Por supuesto que, en el corto plazo, algunas personas que cometieron los delitos a modificar —los que implican origen lícito de los fondos pero que no fueron registrados— y que, como está actualmente la legislación, les correspondería una pena igual a quienes financiaron a los partidos políticos con fondos ilícitos, se verán “favorecidos” con una pena menor a la que les tocaría si no se modifica la ley. Pero esto es precisamente lo que indicó la CC que había que hacer. El que a algunos de ellos muchos quisiéramos que se les condenase al noveno círculo del Averno es irrelevante.

Por aquello de las dudas y en el contexto actual, aunque considero que lo ideal es que se especifiquen los delitos por separado en el Código Penal, los diputados deben actuar acorde a lo recomendado por la CC y se deben limitar a cambiar únicamente el segundo párrafo de este artículo y dejar los otros cambios que se podrían hacer para más adelante, cuando salgamos del actual brete.

En resumen, hay que estar muy atentos a que los cambios sean los sugeridos por la CC; nada más ni nada menos.

Fb/jjliber

A un año de que se empezaran a discutir las reformas constitucionales en el sector de justicia, estas se encuentran “enterradas” en el Congreso, debido a la falta de voluntad de la mayoría de diputados, que se oponen a que se mejore no solo la forma de elegir magistrados, sino la de  impartir justicia.

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El 17 de mayo de este año fue la última vez que sesionaron los legisladores para aprobar la creación del Consejo de Administración Judicial, contenido en el artículo 7 del proyecto de reformas al sector justicia.

En esa oportunidad se discutieron tres enmiendas al artículo 7 pero ninguna obtuvo los votos necesarios, y cuando se aprestaban a conocer el artículo original, la sesión fue suspendida porque algunos diputados se retiraron.

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Cambio estructural

Reforma cambiaría la forma de elegir magistrados:

• Garantías sobre la independencia judicial
• Se buscaba cambiar los privilegios de los diputados
• Se trataba de eliminar el antejuicio a los funcionarios
• El tema de la jurisdicción indígena fue pospuesto
• Intentaba cambiar la forma de elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.
• En la elección de fiscal general se   eliminarían las comisiones de postulación.

En más de un año solo se lograron discutir siete artículos del proyecto de ley y tres fueron aprobados, tres  rechazados y uno quedó en suspenso.

Agregó: “Lamentablemente las reformas al sector justicia no fueron  asumidas con la seriedad que se necesitaba por parte de algunos”.

La jefa de bancada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo que las reformas constitucionales están “muertas” y que no hay forma de que eleven el vuelo o haya alguien que las esté impulsando.

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La parlamentaria manifestó que existe   falta de voluntad de muchos sectores, pero el presidente del Congreso, con el apoyo de la Junta Directiva, lo puede proponer a los jefes de bloques,  y si estos no la aceptan   se debe llevar al pleno.

Sin posibilidades

El diputado Fernando Linares Beltranena también considera “muerto” el tema. Señaló que fue el congresista Oliverio García Rodas, quien encabezaba la mesa de discusión, el que ya no convocó a reuniones.

Expresó  que las reformas se pueden volver a poner en la mesa, pero no obtendrían  apoyo. 

A pesar de que la jurisdicción indígena se dejó a un lado, debido a la falta de consensos, para avanzar en la discusión de los demás puntos de  la reforma constitucional, no se avanzó en este aspecto.

Esa noche fue de ensueño. Pocas veces se ha visto tanto glamur para la toma de posesión de un funcionario que solo durará un año en el cargo y que tiene la dicha de contar con sus tres hijos trabajando en el Organismo Judicial. ¿Nepotismo? Qué importa. Nada empañaba la noche triunfal del magistrado José Antonio Pineda, quien recorrió la alfombra roja como quien abre el telón de su comedia, emulando la entrega de los premios Óscar. La toma de posesión de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) era su show, su espectáculo. Cada invitado iba emperifollado con lo mejor de su guardarropa, vestidos de noche, de coctel, bueno cualquier trapito que pareciera fino lo llevaba con donaire y lo lucía en esa alfombra que a cada tramo era iluminada con bloques que irradiaban luz. Como figuras ornamentales de regio porte y elegancia se exhibía a cadetes de la Escuela Politécnica que infundían seguridad y honor, y cuyo uniforme rojo hacía juego con la alfombra roja. Qué decir del extenso toldo de una blancura inmensa que a cada tramo era iluminado con lucecitas blancas, como de Navidad, que se entretejían en los finos lienzos que protegían a los invitados de la intemperie. Qué primor, así se viste de gala la justicia con nuestros impuestos.

Y ese garbo, ese encanto y esa fascinación en realidad esconde bajo la fastuosa alfombra la podredumbre de un Organismo Judicial que en la última semana ha evidenciado que está dispuesto a preservar el sistema de impunidad y corrupción. La semana pasada, sin mayor recato la CSJ rechazó tres solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, una de ellas por los Q450 mil que se embolsó con el bono militar. Los glamurosos magistrados se hicieron los locos con la sospecha de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad por parte del mandatario, como si haber devuelto el pisto hubiera borrado el presunto delito. Con ese mismo donaire, los elegantes magistrados rechazaron la petición de retirar la inmunidad a 107 diputados que habrían cometido los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción a la justicia.

El magistrado Gustavo Adolfo Dubón tomó la estafeta para dar el siguiente golpe contra las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig. Con la mayor frescura, el juez pesquisidor concluyó que no hay razones para la formación de causa contra el diputado Luis Rabbé y los integrantes de la Junta Directiva del Congreso en el período 2014-2015 por la sospecha de que incurrieron en contrataciones irregulares de personal y plazas fantasma. Al togado le valió madre que Rabbé se encuentre prófugo en Nicaragua, que en cualquier país se consideraría una evidencia de culpabilidad. El mensaje enviado es que la CSJ estrecha filas con la partidocracia para preservar el sistema de tráfico de influencias y del hoy por ti y mañana por mí.

Por la misma ruta iría la solicitud de antejuicio contra Álvaro Arzú, la cual será conocida por la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el magistrado Jaime Amílcar González, quien ya favoreció al alcalde al permitir que se ausentara de las audiencias en la primera solicitud de antejuicio que tuvo. A la sala también pertenece la magistrada Beyla Estrada, esposa del secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito. El mismo Arzú se ha vanagloriado de que ha defendido al presidente Morales, jefe de Brito. Estamos frente a un Organismo Judicial que no da señales de cambio. Al contrario, con las recientes resoluciones se observa la existencia de un acuerdo tácito de cerrar el círculo para evitar que los integrantes de las estructuras de poder puedan enfrentar a la justicia. Buena parte de magistrados recibió el apoyo de las redes de poder enquistadas en las comisiones de postulación, de diputados y dirigentes políticos. Ahora devuelven el favor y obviamente esperan ser recompensados nuevamente. Es la lógica de la corrupción y la impunidad, vestida de oropel.

@hshetemul

Hoy se conmemora el día de la independencia patria y se percibe en el ambiente una profunda indignación ciudadana por las viles acciones emprendidas por los politiqueros de turno, que con su actuar solo han demostrado un total desprecio por Guatemala.

Hoy podemos llamar sin lugar a dudas a los diputados “padres de la impunidad”. Esta semana fue negra para la historia de Guatemala, los legisladores se salieron de control y hay que detenerlos ya. Primero, el lunes, sin remordimiento alguno, acuchillaron por la espalda al pueblo, engavetando el antejuicio contra Jimmy Morales. Y después, el miércoles, dieron a Guatemala el tiro de gracia, haciendo un total pacto de impunidad donde se blindaron, aprobando reformas al Código Penal, con el fin de exonerar de toda responsabilidad a secretarios de partidos políticos y financistas que incurran en financiamiento electoral ilícito. Pero con ello también favorecieron a narcotraficantes, mareros y otros delincuentes. Más de 400 delitos quedan exentos de cárcel con estas reformas.

Por supuesto que era predecible que esto ocurriera, porque es bien conocida la baja calidad moral de las personas que ocupan las curules en el Congreso. Son percibidos como personas sin ética, que en lugar de responder a los intereses de los ciudadanos, han convertido el recinto legislativo en un mercado, donde se negocian de la manera más ruin los intereses de grupos oscuros que hacen correr millones para que estas personas actúen de acuerdo con agendas ocultas.

A partir de este momento el pueblo ya no tiene ninguna expectativa positiva sobre el Congreso de la República.

Y por otro lado, nuestro flamante presidente Jimmy Morales, que ni siquiera había terminado de reponerse del escándalo del trámite de antejuicio por supuestamente haber recibido fondos ilegales durante la campaña electoral del 2015, ahora ya está metido en otro camote; al mandatario guatemalteco no le basta ser el mejor pagado de Latinoamérica, recibiendo el equivalente a US$19 mil 300 mensuales, sino que también el Ministerio de la Defensa le otorgó un bono extra de 50 mil quetzales al mes.

El señor Morales gana el equivalente a aproximadamente 75 sueldos mínimos de un país donde el 60 por ciento de la población vive en pobreza y extrema pobreza. Y lo triste es que ni siquiera está haciendo bien su trabajo, más bien no está haciendo nada.

De cualquier manera, la acción del Legislativo poco ayuda a la imagen de Morales, porque lejos de haberse vendido políticamente con el lema “Ni corrupto ni ladrón”, ahora la percepción general es que él es quien lidera el movimiento para retroceder en los avances que habíamos alcanzado en la lucha contra la corrupción.

A fin de cuentas, elegir a este outsider resultó peor y más caro que optar por la vieja política, porque la corrupción aquí viene disfrazada de supuesta legalidad. Si al presidente le queda aunque sea un poco de decencia, debe vetar los cambios el Código Penal que favorecen a los corruptos y delincuentes.

Lo triste de toda esta historia es que en lugar de habernos enfocado claramente en la lucha contra la corrupción, se tergiversó en una campaña de derecha contra izquierda, donde sonaba una supuesta conspiración comunista, pero hoy quedó muy bien evidenciado que era una táctica para distraer la atención, mientras tramaban su plan maquiavélico para salvaguardar su propia impunidad y reagrupar de nuevo a las mafias.

Hoy es un día triste y de luto para Guatemala, no hay nada que celebrar, no tenemos líderes en el Gobierno, que está encabezado por una debilitada figura presidencial, que cada día se desprestigia más y un grupo de diputados inmorales que están destruyendo el país sin ningún cargo de conciencia.

Los intentos de meter miedo a la población diciéndole que caerá el cielo en pedazos si se diera una correcta y rigurosa aplicación de la ley en los casos de corrupción denunciados por el Ministerio Público y  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es un viejo y conocido truco para justificar una eventual implantación del  estado de Sitio y detener los movimientos poblacionales de descontento que podrían generarse en el campo y tocar a las puertas de las grandes ciudades, incluida la capital.

La realidad es otra. No hay crisis política alguna, ni mayor polarización de la que ha existido siempre, la cual no desaparecerá -sean cuales fueren los resultados del debate que se desarrolla estos días en los medios de comunicación, unos en favor y otros en contra del Gobierno, de los diputados, de los partidos políticos y de sus dirigentes, y con menor intensidad contra algunos jueces y magistrados— si persiste la impunidad.

La crisis política es otra cosa. Surge cuando se tambalea un Gobierno por acciones de la oposición o cuando el Gobierno se tambalea por el peso de sus propios errores. Es decir, cuando la ingobernabilidad se hace patente y a continuación se produce un cambio brusco que interrumpe el normal funcionamiento de las instituciones públicas.

Nada de eso sucede estos días. El Organismo Judicial funciona y lo mismo puede decirse de los organismos Ejecutivo y Legislativo. Funcionan mal, pero funcionan.

En cuanto a la “polarización” de la que hablan los comentaristas y políticos, necesario es repetir que no desaparecerá en tanto existan desigualdad social, violaciones de los derechos humanos, asesinatos de sindicalistas, periodistas, activistas contra la explotación minera, venta de trozos del territorio nacional bajo la apariencia de licencias y concesiones de exploración y explotación, abusos de los poderes económico y político, corrupción administrativa que, por lo visto, no tiene muros de contención, y ese estilo de despreciar y retar a la moral internacional representada, para el caso nuestro, por el comisionado de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala.

Ese “otro” como algunos llaman al abogado Iván Velásquez, es el representante de 193 naciones que lo apoyan, lo aplauden y lo sostienen económicamente. Y véase, acerca de este punto, la Resolución 1/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un rapapolvo a los funcionarios corruptos, los que toleran la corrupción o no la combaten, y una firme intención de continuar respaldando y fortaleciendo el trabajo de la Cicig.

Además de una impresionante y admonitoria exposición de motivos, la resolución contiene ocho recordatorios y exhortaciones al Estado de Guatemala al que le dice cosas como estas: “Son componentes inherentes al ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Y añade: “La impunidad impulsa y perpetúa los actos de corrupción”.

Más que crisis política, lo que hay es un proceso de descomposición estatal que rebasa las fronteras nacionales y obliga al mundo a taparse las narices, para no desmayarse.

En síntesis, todo se reduce a los efectos de la corrupción que, como sabemos, contamina todo lo que toca; e imagino cómo reaccionarán los integrantes de la CIDH al conocer el paquete de leyes aprobado hace pocos días por el Congreso de la República.

Cuando se discutía la reforma al artículo 203 constitucional, que buscaba reconocer el pluralismo jurídico, se escucharon argumentos de todo tipo y color sobre las razones por las que no debía aprobarse. Uno de los más recurridos fue el de la violencia que supone darle latigazos a un infractor. “Los indígenas son unos salvajes, reconocer su derecho supondría un retraso de 500 años”, argumentó un legislador.

Sobre la resolución de conflictos y los bajísimos índices de violencia en los departamentos con mayoría de población indígena, donde el ejercicio de la justicia recae en sus autoridades, versus las elevadísimas cifras de delitos que se registran en la capital, se hizo mutis, porque la intención era sabotear no solamente la aprobación de ese artículo, sino la reforma en general.

Durante las semanas que duró la discusión, en casi todos los espacios mediáticos y en las redes hubo una ola de satanización contra el derecho indígena y sus autoridades. Pero lo que llamaba poderosamente la atención fue que los férreos opositores de los azotes continuaron siendo los mayores defensores del “ojo por ojo, diente por diente”; los que más aplauden que se les rocíe gasolina y se queme vivos a los ladrones de celulares y los que justifican las ejecuciones extrajudiciales como método de “limpieza social”. Sí, las mismas personas que condenan una malentendida justicia indígena a la vez alaban que se cuelgue de los pies a un hombre desnudo. Porque una cosa es que lo hagan los indígenas que son “atrasados e incivilizados” y otra que lo realicen ciudadanos de los cascos urbanos “hartos de la inseguridad”.

Más o menos lo mismo ocurre con la súbita toma de conciencia de algunos, acerca de la presunción de inocencia y el debido proceso. Hace años que las organizaciones de derechos humanos vienen denunciando que hay gente que tiene 60 meses en prisión preventiva y lo único que han conseguido es que se les diga que “sólo sirven para defender delincuentes”. Pero ahora que la bandera se levanta en defensa de los presos distinguidos, estamos frente a una “cuestión de derechos”. Por supuesto que, así como en este país hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, también hay presos de primera y algunos de última categoría, y eso del debido proceso no puede aplicarse a todos por igual.

¿Y qué decir de la mentada certeza jurídica? Sí, esa que se utiliza cada vez que una corte o un tribunal emite un fallo contra una empresa que violó la ley. La cosa se resume así: si la resolución les es favorable, hay certeza jurídica y la economía va por buen camino; si, por el contrario, el fallo les perjudica, se está ahuyentando la inversión por la “falta de certeza jurídica”.

Habría que reflexionar cuándo empezó a perderse la certeza jurídica (y quién lo propició) y preguntarse si existe tal certeza cuando la justicia penal se utiliza para criminalizar trabajadores, defensores de derechos humanos, líderes indígenas o campesinos. ¿O es que, como el debido proceso y la presunción de inocencia, la certeza jurídica sólo debe aplicarse en determinadas circunstancias y a ciertos grupos?

Lo increíble es que los mismos personajes preocupados por la certeza jurídica son quienes sostienen que la lucha contra la corrupción debilita la inversión y la economía. Es decir que hay que detener los procesos penales y los juicios contra quienes realizan negocios con base en sobornos, financiamiento ilícito y tráfico de influencias, para no contaminar el “clima de negocios”. Una de dos: o es mucha la incoherencia o es demasiado el cinismo.

Nadie debe dudar de la inventiva de los chapines para burlar las normas. La última comprobación de esto ocurrió el miércoles en el Congreso, donde los diputados jugaron con la tabla de presencia en el hemiciclo y de esa manera no se realizó la discusión ni la aprobación o el rechazo de la creación del Consejo de la Administración Judicial. Las autoridades parlamentarias acertadamente decidieron solo permitir el ingreso de 80 personas, 40 de opositores y 40 apoyadores del tema, quienes se mantuvieron sin lanzar arengas, y solo aplaudieron en apoyo de algunas de las decisiones. Sin embargo, se cumplió la fácil profecía de advertir sobre el resultado: ese tema fue bloqueado y quedó por ello para su discusión posterior, sobre todo fuera del Organismo Legislativo.

Las aguas se calmaron. Quedó evidenciada la exageración y simplismo de las posiciones de los bandos, lo cual constituye, como decían los ancestros, un limón del cual se puede preparar una limonada, en este caso en los campos político, legal y constitucional. En este asunto existen tres posiciones muy bien definidas: quienes rechazan tajantemente las reformas; quienes las apoyan casi visceralmente, y quienes están de acuerdo con la necesidad de realizar algunos ajustes a ciertas leyes, incluyendo la Constitución. Este último grupo, creo yo, tiene la mayor cantidad de miembros y posee la característica de tener conciencia de la importancia de esa tarea y por ello de la urgencia de realizarla sin aspavientos y con un espíritu de buscar el beneficio de la generalidad.

Dentro de esa tarea de buscar tal beneficio sobresale el necesario análisis de los cambios propuestos. Esto debe comenzar con un estudio realizado por académicos y conocedores del lenguaje acerca de las palabras empleadas, no solo por asuntos de estilo, sino para evitar la posibilidad de interpretaciones y con ello el beneficio a un sector en detrimento de otro. El sistema legal se beneficia con esto porque de esa manera se eliminan palabras mal empleadas, o ambiguas, o el cambio de significado de las frases como consecuencia de una puntuación deficiente. En otras palabras, un documento de semejante importancia para la vida nacional no puede darse el lujo de estar mal escrito, y aunque su base obvia es el lenguaje jurídico, este debe ser asequible a la mayoría poblacional.

Otro análisis importantísimo lo constituye el referente a las consecuencias de los cambios aprobados. Las explicaciones al respecto deben ser claras, transparentes, y el proceso debe ser igual en la totalidad de los cambios sugeridos, tratados de manera individual. Esto resulta fácil, hasta cierto punto, pero lo complicado es imbuir en quienes escriban los cambios y en aquellas personas en cuyas manos caiga la responsabilidad de trabajar con estas nuevas reglas, el espíritu de actuar de cara a la historia, para lo cual es imprescindible tener cierto orgullo y respeto por el propio nombre. Por aparte, se debe evitar en lo posible no pavimentar el camino a un infierno, y tomar en cuenta criterios técnicos, vistos con una pizca de suspicacia, o sea de pensar mal para acertar.

Los efectos politiqueros deben evitarse. Por ejemplo: si a la elección de magistrados de Apelaciones, se le agrega la de Constitucionalidad y el Fiscal General, se convierte en un botín tentador para los grupos de poder. Ahora, los jueces de primera instancia tienen un período de cinco años, prorrogables automáticamente cuando su evaluación es satisfactoria, y esto debería ser aplicado a los magistrados, con lo cual —me dijo un amigo abogado— no hay necesidad de tentar a la Constitución, y se pueden aplicar criterios similares a los de otros procesos evaluativos de este tema en América Latina. Lo menciono como un ejemplo del tipo de análisis serenos necesarios. Ya pasó la bulla, se disipará el humo de la pólvora ideológica, y se podrá intentar un documento útil.

La independencia del sistema de justicia es vital para el funcionamiento de muchas otras facetas de la vida nacional, empezando por la certeza jurídica, que atraviesa su mayor crisis ante la creciente evidencia de un Estado cooptado, en el cual los políticos insisten en acciones leguleyas para evitar la cita ante los tribunales, como lo ha hecho el alcalde Álvaro Arzú en los últimos meses.

En esa búsqueda de entorpecer el pleno funcionamiento de la estructura judicial están involucrados varios exfuncionarios, diputados y magistrados, quienes pretenden burlar el funcionamiento de un sistema cuando este muestra su independencia, como ocurre ahora con el jefe edilicio, quien trata por todos los medios de evadir su cita ante los tribunales.

En un duro revés para el alcalde Arzú, la Corte de Constitucionalidad rechazó una acción que pretendía detener el proceso que se sigue en su contra y le ordenó acudir a los tribunales a esclarecer las sindicaciones de incitación a la violencia que se siguen en su contra en un proceso de antejuicio, lo que lo deja a un paso de dar la cara y poder desvanecer los hechos por los cuales se le señala en los órganos jurisdiccionales respectivos.

La resolución de la CC constituye un estímulo para el estado de Derecho, porque reencauza un proceso que maliciosamente se ha buscado entorpecer por parte del actual alcalde, tal y como ha ocurrido con muchos otros exfuncionarios del Partido Patriota que siguen batallando por ponerle trampas a la justicia para que sus procesos tampoco avancen.

Tanto Arzú como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti encabezan la lista de figuras de la política que se han creído superiores a la ley e incluso han pretendido denunciar una persecución en su contra, aunque en el caso del alcalde metropolitano apenas debe acudir al Juzgado Noveno de Instancia Penal a esclarecer la veracidad de un mensaje soez que dirigió a un grupo de comerciantes a los que incitaba a defender sus puestos de venta.

Este caso no ha tenido ningún avance en su etapa inicial, la cual está por cumplir un año, y hasta ahora más bien se puede hablar de otro caso de impunidad. Pero más importante es destacar el tipo de acciones maliciosas como las que han ocurrido con muchos otros políticos en prisión para frenar el avance de la justicia, y también ahora se documenta con la actual discusión de las reformas constitucionales.

Ese panorama es el que explica la enorme campaña en contra de la independencia judicial, porque un sistema de justicia soberano se plantea como una seria amenaza para quienes han convertido el servicio público en una plataforma de desmanes, mucho de lo cual ocurre ante una absoluta falta de transparencia, y aún así se pretende maniatar a los órganos que por ley tienen la obligación de fiscalizar y juzgar a quienes se salgan del marco legal.

Los diputados saldrán de vacaciones el próximo lunes sin haber aprobado las reformas al sector justicia y retornarán hasta el 1 de agosto, cuando ya sea demasiado tarde. Por ello, es indispensable que los legisladores se declaren en sesión permanente hasta que le den luz verde a estos cambios que le permitirían al Organismo Judicial lograr su independencia de los demás organismos del Estado y de las mafias. Las enmiendas han sido torpedeadas dentro y fuera del Legislativo y se ha creado un entorno hostil hacia ellas, por lo que es importante conocer su contenido para que no sean tergiversadas.

¿Sabe usted por qué se propone modificar el artículo 209 constitucional? En la actualidad, la Carta Magna dice lo siguiente: “Artículo 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia”. En pocas líneas, se define una discrecionalidad total a los magistrados de la CSJ para disponer la conformación de quienes administrarán la justicia. Un ejemplo claro de esta situación ocurrió el año pasado cuando la magistrada Blanca Stalling presionó al juez Carlos Ruano para que favoreciera a su hijo con una medida sustitutiva, a cambio de ofrecerle mejorar su situación laboral como juzgador.

Pero la crisis que afronta el sistema judicial no se queda solo ahí, ya que toca la raíz del problema: la elección de esos magistrados. Hasta la fecha, los integrantes de la CSJ son elegidos por el Congreso, luego de haber pasado el filtro de escogencia de las comisiones de Postulación. En el proceso de 2014 se sumaron 63 acciones legales, entre amparos e inconstitucionalidades, contra esas comisiones, por anomalías y tráfico de influencias. Esos organismos han sido copados por mafias estructuradas específicamente para apadrinar a abogados que sean susceptibles de favorecer intereses políticos y del crimen organizado. Es más, de la noche a la mañana aparecieron cuatro nuevas facultades de Derecho que no habían graduado a ninguna promoción, incluso una que ni siquiera tenía alumnos inscritos, pero sí poseían representantes en las postuladoras.

La reforma del artículo 209 constitucional busca salir de ese lastre para que los magistrados de la CSJ ya no sean elegidos mediante esas comisiones y ellos tampoco tengan injerencia en el nombramiento de jueces. La enmienda propone crear el Consejo de Administración Judicial, que tendría dos áreas: a) la Dirección de la Carrera Judicial se encargaría de garantizar que los jueces sean escogidos por concursos de oposición y tengan ascensos por méritos y no por tráfico de influencias. b) la Dirección Administrativa se encargaría de proponer un presupuesto para que lo apruebe la CSJ y administraría los recursos financieros y administrativos. Ambas direcciones tendrían que entregar a la CSJ un informe de gestión cada seis meses y los consejeros solo fungirían dos años en sus cargos.

Si usted no conoce las reformas, en la siguiente dirección puede verlas: https://prensalibre-com-develop.go-vip.co/getmedia/20a2e304-146d-4cc5-8a8b-88fa34c67641/Enmienda-por-sustitucion-total-del-preambulo-del-proyecto-que-aprueba-reformas-a-la-constitucion-politica-de-la-republica-de-guatemala-5179.aspx Es importante que todos conozcamos las enmiendas propuestas para evitar que nos den una incorrecta interpretación de las mismas. Estas reformas tienen el objetivo de lograr una mejor administración de la justicia y de que las elecciones de magistrados de la CSJ y de salas de Apelaciones no queden en manos de mafias que manipulen las comisiones de postulación y que luego queden a merced de diputados. Eso es algo que el país requiere. Por ello es necesario que los congresistas no se vayan de vacaciones sin aprobar las reformas.

@hshetemul

Cuando pregunté a un amigo ¿qué pasará el miércoles?, su respuesta, acertadísima, fue: “Pasará que no pasará nada”. Yo pensé: porque de este Congreso muy poco, o nada, se puede esperar. Con seguridad, a mi juicio, la sesión será terminada por falta de quórum o cualquier otra causa, incluyendo el partido de futbol entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid… Pero también a un temor porque las propuestas lleven a un verdadero funcionamiento del sistema de justicia, el cual, por otra parte, para ser efectivo no necesita de textos, sino de personas probas y sobre todo con responsabilidad ante la historia y con el suficiente orgullo y vanidad personales necesarios para hacer lo posible de no pasar a sus páginas en la manera infamante como tantos otros.

Las reformas constitucionales al sector justicia han recibido apoyos y rechazos sorprendentes. Entre los primeros se encuentran los de un autodenominado grupo de liberacionistas, quienes las aprueban al no encontrar rastros o vestigios de marxismo. Los segundos incluyen a un grupo del gremio de abogados desde cuando se reunieron en noviembre pasado para discutir acerca del tema. Pero lo más lamentable lo constituye haberse convertido en una nueva fuente, dolorosa e innecesaria, de un sector poblacional minoritario de una élite intelectual, mientras la mayoría no se interesa por estar convencida de su inoperancia, y además porque transitan por campos de pensamiento ajenos a aquellos por los cuales se debe pensar en cómo obtener el sustento diario.

Durante todas las semanas de alegatos, a mi juicio quienes tomaron una actitud razonable fueron los grupos indígenas del país, cuyas autoridades ancestrales demostraron la sabiduría de los ancianos, cuando ellos señalaron el camino de sacar de la discusión el artículo 203, de la “pluralidad jurídica”, a causa de todas las justificadas dudas provocadas por su aplicación sin una previa explicación total y extensiva de sus alcances. No me sorprendió para nada la terquedad en el rechazo de ciertos políticos y de sus “clicas elegantes” vociferantes en las redes sociales. Y me sorprendieron las inesperadas reacciones de comentaristas notorios por su serenidad, porque recurrieron al insulto y a la descalificación de quienes no apoyan las reformas.

No resulta extraño, entonces, observar que la principal oposición provenga de un alto porcentaje tanto de políticos de este congreso y de otros, como de representantes y beneficiarios del actual estado de cosas. Ciertamente, quedarían desprotegidos aunque sus “transas” y “movidas” —hablando en buen chapín— hayan sido cometidas hace muchos años con la “piñatización” de los bienes del Estado, tema de por sí complicado. Evidentemente, según algunas doctrinas legales el tiempo no borra las responsabilidades, aunque la memoria colectiva de los guatemaltecos sea famosa por su fragilidad, talvez porque deben cada día absorber nuevos y mayores escándalos, peores, y así para debilitar aún más la buena imagen del país tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Al final del día, lo más doloroso para quienes vemos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad como una vergüenza necesaria a la cual los países importantes para Guatemala se han visto obligados a crear —o imponer— lo constituye la comprobación de cómo funcionan las cosas en este país. Todo esto es el resultado de la criminalización del aparato público, de la cooptación de las entidades de justicia, de la desvergüenza total de demasiados funcionarios, de la irresponsabilidad de todos los grupos organizados: sindicatos, cámaras, gremiales, entidades religiosas, universitarios, y así un larguísimo etcétera. Es duro leerlo, muy duro escribirlo y sobre todo muy duro en sí porque, parafraseando a un poeta cubano, es triste porque es cierto, y por ser tan cierto, es triste.

Discutir sobre las reformas constitucionales del sector justicia, está que arde. Según opine, corre el riesgo de ser encasillado de extremista, versión izquierdista comunista u oligarca intransigente. No le dejarán explicar que está lejos de apasionamientos, porque se informa y busca soluciones, no defiende una radical negación ni una conformista aceptación y persigue debatir con altura.

A quienes he escuchado hablar seriamente del asunto, coinciden en mucho. Admiten que el actual sistema —comisiones de postulación— no es eficaz, reconocen que separar la administración de justicia de la gestión de recursos es oportuno —así se hace en el resto del mundo— y están de acuerdo en que no podemos seguir inmóviles. Hay una plataforma común sobre la que se puede construir. A pesar de ello, no nos ponemos de acuerdo y se resiente la certeza jurídica.

La moda, la revolución fresa, es invadir el Congreso, insultar, agredir e impedir que sesione o inundar las redes de videos, lemas, memes y hasta amenazas para fomentar la inhibición o promover la aceptación. Los objetivos están claros: aprobar sin debatir o impedir la discusión para que el Legislativo no tome una decisión. Lucha de poder entre extremos que dejan en medio a millones de ciudadanos —no siempre informados— intentando comprender qué ocurre y cómo deben posicionarse.

Dejar el sistema como está, significa que diferentes grupos continúen nombrando y manipulando jueces, tal como se ha venido haciendo o intentado, aún sin lograrlo. Favorece a quienes desean utilizar la justicia para fines espurios del conflicto armado pero también a otros que están siendo investigados o en prisión por delitos muy graves relacionados con desfalco y lavado de dinero. Unos, reclamados, además, por USA, otros huidos, y muchos más pendientes de perder su inmunidad o a escasos centímetros de ser acusados por el MP. Esa mara manipuladora sigue enroscadas en ciertas organizaciones civiles, en el ejercicio de la función pública o en la sombra y luchan por seguir eligiendo magistrados que sobresean o activen “sus” causas —según interese— o emitan sentencias a la carta. ¡Me desmarco de quienes buscan la impunidad o fuerzan decisiones!

A esta disputa se agregan diputados que se refugian en el Congreso y no están dispuestos a debatir sobre el sistema, al igual que magistrados que operan “por instrucciones”. Lo que debería ser la solución, se convierte en problema y los legisladores se justifican, ausentan o ponen todo tipo de trabas para preservar un estatus quo cuya manipulación es clara. No es necesario apelar a un nacionalismo trasnochado que desecha cualquier discrepante opinión. Mucho menos usar la doble moral nacional perfeccionada sobre un falso patriotismo, aquel del que Samuel Johnson dijera que era “el último refugio de un canalla”, y que ha servido —y sirve— para plastificar intereses propios.

Es indiscutible el mal funcionamiento de la justicia. En prisión hay acusados que deberían liberarse y trasladarse a su domicilio a esperar juicio y no quedar eternamente encarcelados. Sin embargo, hay otros que necesitan quebrar el sistema porque de lo contrario sus posibilidades de salir libres son escasas, al igual que hay que enjuiciar a muchos más que campan a sus anchas.

Tanto himno nacional, mano al corazón y recitar aquello de “…tu nombre inmortal…”, pero cuánto anónimo, autoritario, ideología barata, escaso sentido común y analfabetismo funcional. Aprovechando que nos hicieron despertar, actúe por usted mismo y que no lo jalen a la fuerza. El país requiere —y merece— una seria catarsis.

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Luego de 49 minutos de retraso para comenzar la sesión plenaria, sólo 75 congresistas estaban presentes, cuando eran requeridos 105 para discutir las reformas.

El bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que en las últimas sesiones ha roto el quórum para evitar que se pierdan la discusión, dijo esta mañana que no estarían en la sesión porque no hay consensos.

Orlando Blanco, jefe de ese bloque, afirmó que no se prestarán al “juego de enredar la reforma” o presentar enmiendas cuando ya se habían acordado varias.

La polémica por el proyecto de reformas al sector justicia surgió por los cambios que pretenden hacer al artículo 203 de la Constitución –artículo 3 del proyecto- que modifica lo referente a la potestad para juzgar.

La propuesta es que en las modificaciones se reconozca la jurisdicción indígena, que les otorgaría la potestad de procesar a personas acusadas de un delito en sus comunidades.

Discordia por cambios

El congresista Estuardo Ernesto Galdámez, del Frente de Convergencia Nacionalista (FCN- Nación) discutió con autoridades ancestrales sobre la jurisdicción.

Galdámez les indicó que quien representa a sus localidades es el alcalde municipal, que fue electo democráticamente.

El diputado del partido de Gobierno, que está en contra de las reformas, afirmó que los juzgados en Quiché, departamento por el que fue electo, tiene la capacidad para atender todos los casos.

“Si hacen falta por alta demanda, la Corte Suprema de Justicia debe construir más juzgados y llevar la justicia, que es lo que le compete jurisdiccionalmente”, enfatizó.

"Si fuera político vendría a abrazarlos… yo respondo por el que votó por mi…" dice el diputado oficialista Ernesto Galdámez pic.twitter.com/FmEwDT8jPS

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 1 de marzo de 2017

Preocupados

Los líderes ancestrales declararon que les preocupa la forma en que algunas bancadas justifican que no se aprueben las reformas constitucionales amparados en la jurisdicción indígena.

“El discurso sigue subiendo el tono. Lo vemos con preocupación, no porque nos afecte, sino porque afecta a la sociedad en su conjunto. La población está siendo perjudicada porque no se moderniza el sistema de justicia”, enfatizaron.

Las autoridades ancestrales aseguran que no cederán a ningún artículo. “Si vamos a negociar artículo por artículo, estamos negociando la precariedad del sistema. Es responsabilidad de los diputados legislar y punto”, concluyeron.

Los líderes ancestrales advierten que el pueblo está cansado ante el caos y no necesariamente se les tiene que decir que salgan a hacerlo pic.twitter.com/85lcYU4kQw

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 1 de marzo de 2017

Tomás Salój Guit, alcalde indígena, informó que después de haber efectuado varias reuniones y cabildeos con diversos sectores, para analizar el tema de sus demandas, se acordó que pobladores de 83 comunidades participarán en protestas en los kilómetros 119, 127, 130 y 148 de la ruta Interamericana, en Sololá. 

Según organizadores, los bloqueos del martes serán de 8 a 16 horas y el miércoles a partir de las 9 horas. 

El dirigente añadió que el aumento al precio de la energía, afectará seriamente ya precaria economía de la mayoría de guatemaltecos. Agregó que también manifestarán ante la negativa de los diputados, para dar respuestas que favorezcan a la población.

Suspensión de clases

La movilización estará a cargo de los alcaldes comunitarios y coordinadoras comunitarias de desarrollo; además, se ha coordinado con los directores educativos, para que durante el próximo martes y miércoles se suspendan las clases en la cabecera, para evitar cualquier incidente que afecte a los estudiantes. 

• Lea también: Buscan reconocimiento de la justicia indígena

Tampoco se permitirá la circulación de vehículos sin placas, no se permitirá la portación de ninguna clase de armas, así mismo se ha convocado a todos los empleados públicos y la iniciativa privada para apoyar el movimiento.

Paralizarán comercio

Dirigentes indicaron que también se ha informado a la población, que durante los dos referidos días, los mercados, centros comerciales, tiendas, bancos, cooperativas y todas las instituciones estatales, municipales y privadas estarán cerradas para que sus trabajadores apoyen el movimiento.

El líder indígena comentó que la organización ha previsto que la manifestación no sea manipulada por ningún político y que se tendrá un rigoroso control para evitar la infiltración de personas en estado de ebriedad, así como las que no estén plenamente identificadas, ya que el movimiento es auténticamente una iniciativa del pueblo sololateco, ante la situación que vive el país.

Reafirman posturas

El reconocimiento de las jurisdicciones indígenas —tema que desde el principio de la discusión sobre las reformas constitucionales en el sector justicia ha sido motivo de polémica— mantiene la fragmentación entre distintos sectores que expresan su postura, cada vez con más fuerza.

Derecho indígena | ¿Por qué no debe incluirse el Derecho Penal? https://t.co/lBiDw4y6Sr pic.twitter.com/JZTD5reMsk

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 15, 2017

Anuncian otra protesta

Aparte, el Consejo de Alcaldes Comunales de Cantel, Quetzaltenango, convoca a la población a que se pronuncie contar el alza a la tarifa de la energía eléctrica, anuncia por el distribuidor. La convocatoria es para el próximo martes a partir de las 7 horas en el Peaje de Zunil. 

Recientemente, María Micaela Panjoc presentó su caso ante el “juzgado” encabezado por las autoridades indígenas de la alcaldía de Sololá. Con su bebé en brazos pidió ayuda para que el padre del niño pague la manutención de su hijo.

Otros comunitarios piden ayuda para resolver disputas de tierras, o como Andrés Xelp, un agricultor que solicitó a la autoridad forzar a su hijo a volver a su casa.

Las autoridades indígenas, electas generalmente sin vínculos políticos, escuchan los casos y tratan de encontrar soluciones rápidas cuando pueden. Cuando son casos de mayor impacto o delitos graves, los remiten a la fiscalía — como el de una joven que en su idioma Kaqchikel les contó que fue violada.

Solamente aquí, en Sololá, el “juzgado” indígena resolvió 3 mil casos en 2016.

Según un estudio del Organismo Judicial, al menos el 95% de las causas que conocen las autoridades indígenas tienen que ver con delimitación de tierras, violencia familiar y pensión alimenticia. Y se estima que las mujeres son quienes más acuden a ese sistema.

Durante generaciones, hubo un menosprecio por la justicia indígena, y en general por la cultura de los pueblos originarios. Según datos oficiales, el 42% de los 17 millones de habitantes en Guatemala se identifica como indígena, y actualmente hay un creciente respeto por sus formas tradicionales para resolver sus conflictos.

La Corte de Constitucionalidad ya ha reconocido un caso resuelto por las autoridades indígenas, y existe una propuesta para que la justicia indígena sea formalmente incluida y reconocida en la Constitución.

Un primer intentó para incluirla en la Constitución falló por solo dos votos en el Congreso en 2016. El sector empresarial se manifestó entonces en contra, bajo el argumento de que temen que haya confusión jurídica si diferentes sistemas judiciales coexisten.

El Congreso tiene programado para el miércoles discutir de nuevo una propuesta para reconocer en la Constitución la justicia indígena, como parte de una amplia reforma al sistema judicial guatemalteco. Para que se apruebe, se necesita el aval de al menos 105 de 158 legisladores.

La idea de su reconocimiento constitucional tiene el apoyo de la fiscal general Thelma Aldana y de Iván Velásquez, quién lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de la ONU que colabora con las investigaciones de la fiscalía.

“Guatemala tiene que ser un país en el que quepan todos sus habitantes”, dijo Velásquez, quien hace poco visitó Sololá para conocer los procesos de justicia.

Aún si el Congreso lo aprobara, faltaría un paso: una consulta popular que avale la decisión.

El sistema legal formal a menudo ha explotado o ignorado a los indígenas guatemaltecos: estaban legalmente obligados a realizar trabajos forzados hasta entrado el siglo XX, y en la actualidad les es casi imposible pagar un abogado. Incluso ahora, sólo el 10% de los municipios del país tienen oficinas de la fiscalía.

A diferencia del sistema tradicional, la justicia indígena no necesita de abogados, traductores o pagos y en las comunidades mayas los tribunales indígenas son una alternativa más rápida para quienes buscan justicia a sus problemas cotidianos.

En Sololá, el alcalde Tomás Saloj preside varias de las audiencias en el “salón del pueblo”, decorado alrededor con los 20 nahuales o espíritus del calendario maya: 20 días por mes, 18 meses por año. En la mesa  o “estrado” usado por las autoridades para resolver los casos, se colocan una vela y un vaso de agua para pedir a sus ancestros sabiduría.

Las sentencias o castigos pueden incluir resarcimiento, trabajo comunitario, destierro o azotes: dos chicotes o látigos de cuero trenzado cuelgan en la alcaldía de Sololá como recordatorio.

Agustín Bocel, vocal de la alcaldía de Sololá, recuerda un caso que le tocó resolver: el de un joven acusado de intento de violación. La joven que lo acusaba lo perdonó, pero la madre del victimario fue más allá y pidió castigarlo.

“Lo azotó 9 veces”, recuerda, “le dijo que era un latigazo por cada mes que lo llevó en su vientre, lo mucho que le dolía y avergonzaba que hubiera hecho eso”. Bocel aseguró que el joven no se ha metido en más problemas.

Tomás Guarcas, alcalde de Pixabaj, una aldea a ocho kilómetros de Sololá defiende la práctica de los azotes.

“Los golpes son como castigo, no violando los derechos humanos, es cómo educar a los hijos”, dijo Guarcas. Los azotes “siempre son aplicados por uno de los familiares del 'victimario', la madre, el padre, los suegros”, asegura Guarcas.

El congresista indígena Amilcar Pop aseguró, sin embargo, que cada vez son menos las comunidades que aplican ese castigo. “Ese tipo de mecanismos hay que buscar cómo controlarlos y evitarlos”, dice.

La fiscal general Aldana ha dicho que no ve contradicción entre un sistema de justicia legalmente reconocido y uno indígena.

“Contribuye directamente a mantener la paz. Impacta en el descongestionamiento y en la disminución de la carga presupuestaria del sistema de justicia ordinario”, dijo.

En Pixabal, una comunidad de la provincia de Sololá, una vez al mes se reúne un grupo de hombres en la plaza local. Junto con el alcalde comunitario y una empleada de salud, van de tienda en tienda verificando que no haya productos caducados.

“No les vendan nada que pueda enfermar a nuestra gente”, les dice el alcalde a los dueños de los pequeños negocios.

En la comunidad, de unos 20 mil habitantes, no hay policía ni juzgados tradicionales. Aquí, la autoridad indígena resuelve todo.

Victoria Chuj, es una de las tres mujeres entre los 71 alcaldes indígenas de la provincia de Sololá.

Por la calle la gente reconoce que es autoridad cuando porta la “Rub*ara”, o vara de madera, que representa su mando y en cuya punta tiene cuatro colgantes de color rojo, blanco, amarillo y negro que significan los cuatro puntos cardinales,

“La vara tiene que ser bien recta”, dijo Chuj. “Así como la justicia, no se dobla”.

Más bien la incertidumbre reina sobre las intenciones que puedan tener los diputados en torno al fortalecimiento del Organismo Judicial, algo que sí podría estar entre sus principales preocupaciones. Por eso mismo podría desnaturalizarse la propuesta, al extremo de convertirla en un remedo de independencia y no en un espacio caracterizado por una aceptable calidad e idoneidad de sus integrantes.

De hecho, una de las enmiendas planteadas, que podría ser discutida hoy, es la relativa al perfil de quienes integren el Poder Judicial y donde se propone eliminar los términos idoneidad, honradez y especialización del texto original, lo cual debe ser interpretado como que se está abriendo la puerta a quienes no sean idóneos ni independientes, ni mucho menos honrados.

Puede decirse que con esas características es como funciona en la actualidad el sistema, pues la idoneidad, que en realidad no debería ser un requisito en una democracia madura, es una de las más claras carencias de muchos de quienes hoy integran los tres poderes del Estado, pues carecen de la preparación, madurez y calidades profesionales para ocupar esos cargos.

La exigencia de esos requisitos ha permitido incluso que candidatos con antecedentes penales no participen en procesos electorales, como ocurrió en las elecciones del 2015. Ese año, varios aspirantes debieron reservar sus ansias ante ese impedimento. Ahora la puerta podría abrirse incluso para quienes han sido condenados en otros países, porque esa enmienda se lo permitiría.

En casos como este, en vez de dar un paso hacia adelante se puede retroceder, y el mayor riesgo es que decisiones como esta quedarán en manos de diputados cuestionados, perseguidos por la justicia, tránsfugas desvergonzados y otros que ocupan una curul para servir a oscuros sectores de poder o de vinculaciones con grupos criminales.

Ni siquiera para ocupar una de las más altas magistraturas en la Corte de Constitucionalidad será imprescindible la fundamental exigencia de la idoneidad, pues la puerta se abre para todo mundo, con lo que, de aprobarse esa enmienda, podría también ocurrir que casi cualquier profesional del Derecho llegue a un organismo de tanta relevancia, donde se toman las decisiones de mayor trascendencia.

Guatemala puede perder una nueva oportunidad de mejorar sus estándares para el funcionamiento adecuado del Organismo Judicial si los diputados deciden no tomarse el tiempo debido para meditar la reforma que hoy tienen en sus manos. Es un proceso crucial para el fortalecimiento del Poder Judicial y por eso mismo no debería actuarse a la ligera, mucho menos manoseando una propuesta que podría significar un aporte para la independencia en el desempeño de jueces y magistrados, hoy tan cuestionados.

Antejuicio, independencia judicial, nuevos requisitos para ser magistrado o Juez, la carrera judicial, integración de la Corte Suprema de Justicia y nuevo rol del consejo del Organismo Judicial, son algunos de los cambios propuestos.

La vía legal para los cambios es el Congreso de la República y aunque se superó en una primera instancia un diálogo abierto, el consenso no es suficiente para lograr el apoyo político y se han anunciado cambios en el Legislativo.

Para ciertos grupos las reformas ofrecen demasiado poder al sector político en temas de justica, lo que resultaría contraproducente. Otros apuestan al cambio y aunque reconocen la oposición, aseguran que no se puede quedar bien con todos.

Descargue: Reformas a la Constitución Política en materia de justicia.

• Antejuicio

Contempla expresamente que la garantía no es impedimento para realizar una investigación. Solo la Constitución y la Ley Electoral pueden establecer quiénes gozan de esa garantía.

• Derecho indígena

Reconoce a las autoridades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas y costumbres.

• Separación de funciones en la CSJ

Crea el Consejo Nacional de Justicia, que asume las funciones de formulación, aprobación y ejecución de la política administrativa, financiera y de modernizamiento.

• Corte Suprema de Justicia

La CSJ estará integrada por nueve magistrados provenientes del sistema de la carrera judicial y cuatro abogados externos en ejercicio, para un período de nueve años.
Se suprime el mecanismo de comisiones de postulación y traslada al Consejo Nacional de Justicia la responsabilidad de realizar procesos de selección.

• Corte de Constitucionalidad

Se integra con nueve magistrados titulares y tres suplentes con dedicación exclusiva, que duran en sus cargos nueve años, con relevos por tercios cada tres años.

Los tres poderes del Estado elegirían tres magistrados cada uno. La presidencia de la Corte se extiende a tres años, por sorteo ante el Congreso.

• Ministerio Público

El Fiscal será nombrado por el presidente de una nómina de cuatro, dos propuestos por la CSJ y dos por el Congreso.
Se amplía su período de funciones a seis años, con posibilidad de reelección por una vez. El MP además de ser autónomo tendría presupuesto y personalidad jurídica propia.

La Cámara de Comercio de Guatemala manifestó su rechazo “radical” a la propuesta de modificar el artículo 203 de la Constitución Política de la República, referente a la independencia judicial, y a la potestad de juzgar del Organismo Judicial (OJ) y de autoridades indígenas.

“La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”, reza ese artículo constitucional.

En la propuesta de reformas presentada por el presidente del Organismo Ejecutivo, Jimmy Morales; el del Legislativo, Mario Taracena, y el del Judicial (OJ), Ranulfo Rojas, se elimina la parte de “exclusividad” de la CSJ.

Se agrega el párrafo: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.

Puntos en contra

El problema, señaló Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, es que la propuesta establece múltiples jurisdicciones que competirían con la CSJ y los tribunales.

“Consideramos que se pretende establecer un sistema paralelo de justicia, basado en usos y costumbres, procedimientos y normas originadas de autoridades de pueblos indígenas”, afirmó el empresario.

Agregó que en el país existen 23 comunidades indígenas que se extienden en varios departamentos, entre los cuales mencionó Huehuetenango, Petén, Izabal, Chiquimula, Quiché y Zacapa.

“La propuesta dice que, con base a usos y costumbres de los pueblos indígenas, cada una de estas comunidades podrían tener autoridades, a las cuales habría que someter los problemas jurídicos relacionados con temas mercantiles, civiles, penales, laborales, administrativos, militares y de cualquier índole”, precisó Briz.

Advirtió de que cada comunidad tendría sus propios usos y costumbres, que no son leyes escritas, lo cual significaría, a la vez, que las autoridades indígenas serían “legisladores y juzgadores”, con normas “totalmente desconocidas por el resto de la población”.

Otros integrantes de la Cámara, como Alfredo Skinner-Klee, vicepresidente, y Guillermo Castillo Reyes, director ejecutivo, señalaron que también se vulnera el artículo 4 constitucional, que establece que todos los seres humanos en Guatemala son libres e iguales en dignidad y derechos.

Briz añadió que la Cámara de Comercio también se opone a la iniciativa 3946, ley de jurisdicción indígena, que se conoce en el Congreso. “Es un tremendo error en nuestra vida institucional y democrática, con consecuencias impredecibles, un enfrentamiento y va a crear falta de certeza jurídica”, señaló.

Solo es propuesta

Jimmy Morales escuchó el rechazo de los empresarios, durante una convención con las filiales departamentales de la Cámara de Comercio.

“Excelente la manifestación de ustedes, porque ese es el punto. Usted mencionó la palabra clave, son propuestas, no son leyes”, respondió el mandatario.

Aunque no es una contrapropuesta específica a la polémica, la cámara empresarial propuso la creación de consejos de seguridad municipales, en los que la sociedad civil participe junto a las autoridades locales, Policía, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público y otras instituciones, en la búsqueda de soluciones a la inseguridad.

Édgar Celada, analista de justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, comentó que la postura de la Cámara de Comercio denota “un gran prejuicio” y desconocen que Guatemala es un pueblo muy diverso.

“Lo que denoto en esa posición es el estado ladino patriarcal que se niega a reconocer el derecho de los pueblos indígenas. Se necesita apertura de mentalidad”, manifestó Celada.

Ambos abordaron el tema en el programa Diálogo Libre.

¿Cuál es su perspectiva sobre esta propuesta?

De Mata: El expresidente Jorge Serrano Elías es la persona menos idónea para plantear esta propuesta porque durante su mandato, más allá de fortalecer el Estado, lo debilitó.

Lo que está en crisis son las decisiones que toman los gobernantes apegadas a ley, y que debe prevalecer el bienestar común; sin embargo, esto se ha desvirtuado por la práctica de varios mandatarios durante el proceso de transición democrático en Guatemala.

Serrano Elías no goza de legitimidad y credibilidad. Plantea una propuesta en el contexto de la crisis que enfrenta el Estado de Guatemala, señala el alto índice de corrupción, la falta de credibilidad en las instituciones y aprovecha la coyuntura para presentar su movimiento de refundación del Estado.

Dabroy: Refundaciónes un concepto que se viene debatiendo en varios círculos y es tratar de cambiar el modelo de Estado que tenemos. Es decir, es un modelo de estado republicano, democracia representativa con una institucionalidad carcomida por grupos de interés.

El problema es que asociamos ese concepto a una figura totalmente ilegítima que es la de Serrano, exmilitares —incluso que están guardando prisión— y exguerrilleros. Pareciera una mezcla en que la ecuación no cuadra. Lo que quieren es desgastar ese concepto de refundación del Estado e inclinarnos por el tema de reformas.

¿Las manifestaciones del año pasado podrían haber propiciado la necesidad de refundar o reformar el Estado?

Dabroy: La sociedad ha considerado que el modelo político está agotado. Algunos le llaman “la vieja política”, y otros, la nueva forma de hacer política. Al final lo que queremos es que las instituciones que se generan y se diseñan, funcionen.

Es importante empezar por el debate del sector justicia, el cual requiere reformas constitucionales. Luego tenemos que entrarle al Congreso de la República, institución que tiene que generar credibilidad.

¿Se necesitan modificaciones como las propuestas por Serrano, como la creación de un Consejo de Estado?

De Mata: Insisto, lo que se necesita en el Estado es fortalecer sus instituciones y el tema de justicia. Creo que la línea correcta es la que han planteado el Ministerio Público y la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— en términos de generar espacios de debate y discusión.

La salida de esta crisis debe ser producto del diálogo, el debate, la discusión y de establecer procedimientos que permitan regular el comportamiento de cualquier funcionario público para evitar ese abuso de autoridad.

¿También se habla de eliminar la Corte de Constitucionalidad?

Dabroy: En todos lados existen supremas cortes de justicia que permiten garantizar el cumplimiento de la Constitución. La CC ha salvado muchos procesos del Estado democrático.

Muchos sectores oscuros del país van a terminar ganando con el hecho de que la gente asocie el concepto de refundación del Estado con figuras como Serrano, exguerrilleros o exmilitares. Lo que pareciera es que están tratando de minar esa necesidad de refundar el Estado.

¿Existen condiciones para hacer cambios en el país?

Dabroy: Hay dos formas de hacer cambios: uno es bajo el concepto de refundación, que es empezar de cero y cambiar todo; el otro es el concepto reformista, que lo que hace es que se generen cambios incrementales. Pero nos topamos con que en el Congreso quienes toman las decisiones son juez y parte.

Por esa razón los cambios van a ser muy moderados y acá se requiere mucho de la participación ciudadana. Las cuestiones del año pasado fueron fundamentales porque impulsaron un espíritu de cambio dentro del guatemalteco, pero un espíritu que debe ser coronado.

De Mata: Veo un problema serio y es una limitación que se presenta para las dos modalidades anteriores    —refundar y reformar—. Realmente hay que construir ciudadanía.

Veo el desconocimiento por parte de la ciudadanía en algunos ejes temáticos. En Guatemala no existe cultura del diálogo, no estamos acostumbrados a generar debate y discusión, y es fundamental generar estas prácticas porque en la medida en que avancemos en ellas nos va a permitir garantizar mejor calidad en la toma de decisiones.

¿Hacia dónde debemos ir encaminados en reformas?

Dabroy: El tema de las reformas al sector justicia abrió el abanico de posibilidades de hacer una nueva arquitectura institucional del Estado y como tal, diversos sectores van a tratar de incidir en moldear esa arquitectura a sus intereses. Hay que estar atentos a qué intereses representan o no irnos con la finta con ciertas acciones que puedan tener distintos sectores.

De Mata: Los guatemaltecos debemos seguir trabajando en esta auditoría social. Hay que fiscalizar a todo funcionario público. La soberanía radica en el pueblo; es la gran oportunidad de impulsar procesos de cambio que permitan garantizar el bienestar común.