Molina Botrán y Paz Masek serán procesados por cohecho activo, mientras que Arévalo García por cohecho activo y defraudación tributaria.

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¿Qué significaban las "pulgadas" y las "cargas en el camión" en el lenguaje de la estructura?

Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los empresarios se habrían beneficiado con la agilización de la devolución del crédito fiscal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de esta red de tráfico de influencias.

El juzgador impuso una fianza de Q100 mil a los tres empresarios para que puedan salir de la cárcel. Desde el pasado 16 de marzo, día en que fue fueron arrestados, permanecieron en prisión provisional en la brigada militar Mariscal Zavala.

Para salir de prisión deberán de cancelar 100 mil quetzales, según el juez no existe peligro de fuga a pesar que ellos fueron detenidos en el aeropuerto cuando intentaron salir del país.

Los tres ejecutivos de Repsa fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando intentaron ingresar al país desde distintos países. Según uno de los abogados defensores, la intención de los tres ejecutivos era presentarse ante el juzgado contralor del caso.

Las pesquisas indican que la estructura de Traficantes de Influencias prestó sus “servicios” a al menos nueve empresas, las cuales pagaron unos Q19 millones en comisiones ilegales a sus integrantes, entre ellos tres exjefes de la SAT.

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Repsa surgió en 1999 y es pionera en el cultivo y extracción de aceite de palma al establecer una planta en el municipio de Sayaxché, en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice, según explican en su página.

Operadores

La investigación señala que el operador de la estructura era Geovani Marroquín Navas y los tres intermediarios eran el empresario mexicano Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, el político y empresario Mario Leal Castillo (prófugo de la justicia) y el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, quien enfrenta un proceso de antejuicio.

El MP y la Cicig también solicitaron retiarle la inmunidad al juez Adrián Rodríguez, señalado de ordenar el archivo de tres causas penales por defraudación tributaria contra la empresa Aceros de Guatemala, fallo que fue revocado posteriormente.

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Los empresarios detenidos son Hugo Alberto Molina Botrán, de 47 años, Luis Alberto Paz Masek, 49,  y Carlos Enrique Arévalo García, 55, sindicados de cohecho activo y defraudación tributaria.

Los ejecutivos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando ingresaban al país; Molina Botrán de EE. UU., Paz Masek de Nicaragua, y Arévalo García de México. Los tres son sindicados de participar en el referido caso, por presuntamente agilizar el pago del crédito fiscal de una manera anómala.

La audiencia fue suspendida y continará el próximo miércoles, por lo que los señalados fueron enviados a prisión provisional a la cárcel militar Mariscal Zavala. 

“Como empresa, desde hace mucho tiempo se ha venido colaborando y entregando la información que sea necesaria, requerida por la fiscalía”, dijo Mario Castañeda, abogado defensor de los ejecutivos, durante una entrevista en el programa Con Criterio.

“La intención fue: al llegar al juzgado explicarles cuál era la situación personal de cada uno, que se encontraban, uno por cuestiones de salud, los demás por cuestiones de trabajo, no se encontraban en sus residencias. No era una situación que se estaba huyendo o rehuyendo a las pesquisas, sino que todo lo contrario”, agregó Castañeda. 

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El caso

Nueve empresas supuestamente estarían involucradas en el proceso de cobrar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de forma ágil, pero ilícita, el pago del crédito fiscal.

Según las investigaciones presentadas el 25 de enero último por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los procesos anómalos se habrían hecho por medio de Giovanni Marroquín Navas, capturado en 2015, sindicado en el caso La Línea.

Para lograr el cometido, supuestamente hacían pagos de sobornos a los funcionarios de la SAT, quienes a cambio beneficiaban a las empresas para adelantar los procesos.

Al menos Q19 millones habrían sido pagados por las empresas en concepto de comisiones a Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

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Se pronuncia 

Repsa envió un comunicado en el que aclara que esa compañía colabora con la justicia y que está comprometida en la lucha contra la corrupción, por lo que asegura que los involucrados presentarán las pruebas suficientes para probar su inocencia en el caso. 

“Sobre esta situación, desde el inicio los señores en mención han coadyuvado con las investigaciones de la CICIG y el MP.  Evidencia de esto es que, previo a haber sido relacionados al caso, han colaborado con la información requerida, acudiendo a las citaciones del MP en cuatro ocasiones, compartiendo información de forma verbal, brindando documentación y proveyendo, tanto a solicitud como por iniciativa propia, los medios de prueba para la investigación de este caso”, dijo la compañía, quien aclaró que  las tres personas habían convenido con la Fiscalía presentarse ante la justicia.

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Los magistrados consideraron que no era pertinente aceptar la recusación que presentaron los abogados de la empresa Reforestadora de Palma de Peten S. A.  (Repsa), confirmó Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial.

Repsa había recusado a la jueza Karla Hernández por supuestamente extralimitarse al ordenar el cierre temporal de la empresa, el 17 de septiembre de 2015.

El cierre de la empresa se había ordenado por seis meses para que el Ministerio Público pudiera realizar las investigaciones que permitieran explicar si Repsa tuvo responsabilidad en la contaminación del río La Pasión, que llevó a la muerte de cientos de peces.

Con la resolución de la Sala de  Apelaciones de Petén, el Ministerio Público  tiene vía libre para poder hacer los requerimientos necesarios y continuar con las investigaciones.

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Dentro de este caso la juez contralora del caso aceptó como querellantes adhesivos  a la Asociación Projusticia Campesina, a la Comisión contra la Discriminación y el Racismo y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

La jefa de la fiscalía de delitos ambiente del MP explicó que las pruebas que se realizaran en la zona son fundamentales y  si se llega a determinar la responsabilidad de la empresa podrían ser sindicados del delito de contaminación industrial en forma continuada.

La Contaminación Industrial es un delito penado con hasta 10 años de prisión y una multa de Q3 mil a Q10 mil.

Tragedia en La Pasión

Expertos luego de una evaluación en 2015 informaron que la mortandad fue de unas 40 toneladas de 23 especies distintas de peces, pero “más allá de lo visual existen efectos de alto impacto como la alteración completa de las redes de interacción y las cadenas alimenticias, indispensables para el funcionamiento del ecosistema y la existencia de la pesca”.

Otros efectos son el deterioro de la calidad de agua, turbidez, incremento de algas y materia orgánica en el sistema, por falta de organismos que se alimentan de ello.

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“Una mortandad de esta magnitud afecta el potencial de desove a futuro. Esto, en términos prácticos, podría indicar que no hay suficientes adultos reproductores para mantener la pesca en los siguientes dos a cuatro años, y la recuperación dependerá de muchos factores, por la complejidad del sistema”, advirtieron los expertos hace unos meses.

Ha pasado más de un año de la mortandad de peces registrada el 7 de junio del 2015 en el Río La Pasión, Petén, la cual afectó más de 185 kilómetros río abajo desde el foco de contaminación, que fue catalogada como ecocidio por las autoridades, y aún se desconoce qué o quiénes lo provocaron; la investigación avanza de forma lenta.

Esa lentitud es consecuencia de una lluvia de acciones legales que ha presentado la Reforestadora de Palmas de El Petén, Sociedad Anómima (Repsa), única empresa señalada en el caso penal, según ambientalistas y líderes comunitarios.

El único avance, aunque un año después del fenómeno, es que el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) emitió dos sanciones administrativas contra la empresa por la falta de instrumentos ambientales  aprobados y porque algunas de las actividades no fueron autorizadas en el estudio de evaluación de impacto ambiental.

Son las 11 horas del primer viernes de julio último, las actividades de la población de Sayaxché se desarrollan con normalidad, aunque persiste  la angustia en más de 117 familias que fueron afectadas por la mortandad,  pues dependían de la pesca para sobrevivir.

Muchos, según coordinadores de las comunidades, perdieron sus viviendas por deudas, pues subsisten de la pesca.
“Perdieron sus hogares por deudas en el banco, al no tener el trabajo se quedaron en la nada. Las familias siguen de brazos cruzados, sin poder hacer nada”, aseveró Evaristo Carmenate, dirigente de pescadores locales.

Tráfico de influencias

A la falta de apoyo se suma el estancamiento de la investigación para deducir responsabilidades y que refleja impunidad en el proceso. El atraso es justificado por amparos presentados por la empresa señalada, según las fuentes consultadas.

Rafael Maldonado, representante del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), denunció  un posible “tráfico de influencias e ilegalidades” en la Sala de Apelaciones de Petén, responsable de las acciones.

“Esa Sala ha emitido resoluciones contradictorias, desatinadas e ilegales… el tráfico de influencias se evidencia porque en varias ocasiones otorgaron a favor los amparos que Repsa solicitó, el colmo fue que la empresa presentaba una acción por  la mañana y los magistrados resolvían por la tarde”, señaló Maldonado.

Yuri Melini, también de Calas, sospecha que la empresa ha pagado para agilizar las acciones a su favor, razón por la que analizan solicitar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigue el proceso.

La Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público (MP) duda del trabajo de los magistrados por la rapidez con que han resuelto las acciones que favorecen a Repsa, mientras que una recusación que podría afectarlos se ha estancado unos 10 meses.

“La justificación que han dado los miembros de la Sala es que Calas no señaló correctamente la dirección para recibir las notificaciones, según dicen; pero lo extraño es por qué los amparos subsiguientes sí fueron notificados a Calas”, cuestiona la Fiscalía.

Saúl Paau, coordinador del grupo por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, denunció un proceso viciado y la falta de voluntad del jefe edil. “Hemos visto  la poca voluntad del  alcalde, sabemos que se ha reunido con personal de Repsa”, aseveró.

Valentina Flores, gerente de Comunicación de la empresa, rechazó los señalamientos y aseguró que la compañía ha sido respetuosa de la ley.

“El tráfico de influencias viene de personas que generan noticias falsas, que tienen como  propósito influir en el ánimo de jueces y magistrados”, afirmó. 

Mientras se discute el atraso, el Observatorio Ambiental de Guatemala teme que si el fenómeno se repite no se cuente con las medidas para controlarlo, ya que se desconoce el agente que provocó la mortandad de peces.

Sanciones para Repsa

El Marn sancionó en abril último a Repsa por haber comenzado el proyecto  Planta de Extracción de Aceite de la Reforestadora de Palmas de El Petén, en la comunidad El Pato, Sayaxché, por no  contar con el instrumento ambiental debidamente aprobado. “La sanción administrativa fue por  Q100 mil”, establece el informe de la cartera.

Una segunda sanción asciende a Q10 mil, por haber comenzado actividades no autorizadas en el estudio de evaluación de impacto ambiental en la resolución que aprueba el proyecto.

Repsa no ha pagado las multas, porque fueron  impugnadas, se informó.

“Empresa respetuosa”

Repsa manifestó que es una empresa respetuosa del Estado de Derecho y que “jamás” ha incurrido en actos ilegales.

“Los recursos que se han presentado son los recursos apegados a la Ley, en defensa de nuestros derechos”, aseguró Valentina Flores, gerente de Comunicación de Repsa.

Agregó que la entidad ha colaborado con las autoridades, prueba de ello son las más de 25 visitas,  entre allanamientos y diligencias, con el propósito de investigar las causas de lo ocurrido. “No ha existido ninguna paralización de la investigación”, concluyó la representante de la empresa. 

Sin resultados

Raúl Maas, del Observatorio Ambiental de Guatemala, manifestó la necesidad que se retome la investigación, porque a la fecha se desconocen los resultados. “Se desconoce qué  agente causal provocó la muerte de los peces, allí debería desprenderse la búsqueda”, aseveró.

Agregó que por los atributos que tiene el sistema fluvial los efectos de las sustancias tóxicas se redujeron. “Uno esperaría que  las poblaciones naturales hayan empezado a recobrar sus condiciones. El problema es que si no se conoce el agente causal y si se llegará a repetir, no hay cómo prevenir el problema”, afirmó.

Resarcir a víctimas

El año pasado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala recomendó que además de investigar el caso era necesario resarcir a las personas afectadas.

“Estamos conscientes que el Ministerio Público está trabajando con seriedad y esperamos que pueda hacer las investigaciones necesarias para identificar no sólo a los responsables de los hechos ocurridos, quienes deberían resarcir a las víctimas, sino también las razones precisas de la contaminación del río La Pasión, para así asegurar medidas de no repetición”, recomendó la comisión.

En octubre de 2015 la Sala de Apelaciones de Petén amparó a Repsa e impidió el cese precautorio de actividades de la compañía, que fue señalada por el ecocidio en el río La Pasión. Sin embargo, el fallo de la CC deja sin efecto dicho amparo.

La resolución fue emitida por unanimidad el jueves por el pleno de la Corte. Las partes fueron notificadas este viernes por la tarde.

Rafael Maldonado, abogado de Calas, se mostró satisfecho por el fallo de la CC, aunque mencionó que la Sala ya otorgó otros amparos provisionales a la empresa.

“Desafortunadamente, en una forma anómala, parcial e ilegal, la Sala de Apelaciones de Petén notificó recientemente a las partes que otorgó otros tres amparos a dicha entidad, razón por la cual no podrá efectuarse el cierre”, enfatizó.

El magistrado Marco Antonio Ramos, de la Sala de Apelaciones de Petén, mencionó que empleados, sindicalistas y la empresa presentaron un total de siete amparos.

“Recuerdo que uno se dio favorable. Es probable que el fallo de la CC deje sin materia los demás amparos”, expresó Ramos.

En desacuerdo

José Quezada, portavoz de Repsa, afirmó que el amparo otorgado el año pasado por la Sala de Apelaciones es correcto juridicamente. 

“Hay otro amparo que suspende el proceso porque hay irregularidades. Tenemos dos amparos concedidos. No estamos de acuerdo con el fallo de la CC”, añadió. 

Quezada agregó que el dictamen quedó sin materia porque el cese de actividades era por seis meses y ese tiempo ya transcurrió.

Ordena cierre

El 16 de junio de 2015 el Juzgado Tercero del Ramo Civil dispuso, mediante un amparo provisional, el cierre de la compañía para que expertos evalúen su posible implicación en la mortandad de peces, por presunta la contaminación del agua con un plaguicida.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Óscar Medinilla, manifestó que el Juzgado pidió el cierre por 15 días para que se realicen las investigaciones correspondientes y se puedan establecer las causas del problema.

“Se suspenden temporalmente las actividades de Repsa, para verificar que las medidas de mitigación de sus piletas de oxidación no sufran otro percance como el de finales de abril”, explicó el funcionario.

Polémica

Ese día también se dio a conocer un documento en el cual el alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, y varios presidentes de consejos de Desarrollo de comunidades afectadas desligaron a Repsa de cualquier responsabilidad.

Horas después, ese documento fue rechazado por siete de los nueve integrantes del Concejo de Sayaxché. Asimismo, exigieron al MP la agilización de la investigación.

Alfonso Guzmán, síndico primero de la comuna, calificó de traidores a quienes firmaron el documento.

“Se nota que se vendieron por 201 toneles de agua que prometió entregar la empresa a los afectados”, refirió.

 
La suspensión de operaciones de la empresa Reforestadora de Palma S.A. (Repsa) por un lapso de seis meses fue ordenada el 17 de septiembre último por la jueza B de Primera Instancia Penal de Petén, Carla Hernández, y  estuvo vigente únicamente por 17 días, en los que fiscales del Ministerio Público (MP) recabaron evidencias.

Autoridades ambientales declararon que en el referido río ocurrió un ecocidio, cuando de manera súbita, el 7 de junio último se registró una mortandad de peces, en la aldea El Pato, ubicada a 355 kilómetros de la capital.

La contaminación continuó por varias semanas y recorrió casi 150 kilómetros río abajo, según ambientalistas.

De acuerdo con líderes comunitarios, las consecuencias fueron devastadoras para vecinos de las   aldeas situadas en la ribera, porque se detuvo la pesca artesanal y se prohibió el uso del agua para consumo humano  por el temor de que estuviera envenenada.

Durante los días siguientes los comunitarios reportaron que varias personas, en su mayoría niños, se enfermaron, y la muerte de animales de corral que consumieron agua y peces del río.

Los comunitarios señalaron a la empresa Repsa de ser la responsable de la contaminación, pero la compañía se defendió argumentando que cumplía con los requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente y que existen otras empresas en el área.

Los presuntos empleados de la referida empresa se han manifestado desde el miércoles último para exigir que autoridades levanten la sanción a Repsa, la cual supuestamente contaminó el río La Pasión, en Sayaxché, donde murieron decenas de peces y otras especies marinas.

En septiembre último, Carla Hernández, jueza B de Primera Instancia Penal de Petén, ordenó el cierre parcial  Repsa durante seis meses, para que autoridades del Ministerio Público (MP) recaben evidencias y determinen si esta tuvo responsabilidad en el caso de la contaminación del río La Pasión.  

Los inconformes se ubican en uno de los ingresos al referido aeropuerto, donde líderes de la protesta indicaron que la empresa permanecerá  cerrada por seis meses, y que ellos temen no recibir salario durante este tiempo.

Añadieron que esperan que las autoridades correspondientes escuchen su demanda, de lo contrario, las medidas de hechos continuarán.  

El miércoles último, los inconformes efectuaron  bloqueos  en la ruta entre  Chahal, Alta Verapaz, e Izabal; en la ruta entre Chisec y Sayaxché, Petén y en la ruta hacia Ixcán, Quiché. 

Rodolfo Zuleta, afectado, dijo que están en contra de la decisión que tomaron las autoridades de cerrar la empresa Repsa, la cual  genera trabajo para los campesinos que no tuvieron la oportunidad de estudiar.

“La mayoría somos padres de familia y exigimos que se aclare la suspensión que se pactó sobre la empresa, pues nosotros lo que queremos es trabajar y ganar el sustento para nuestro hogar”, agregó Zuleta.
 
Carlos Ariel Contreras, otro afectado, expresó: “Es injusticia que no respeten nuestro derecho de trabajo, ya que el Gobierno no nos va a generar empleo, y encima nos cierran la única empresa que nos ha apoyado”.

“Bloqueamos la ruta que conduce a la capital para presionar a las autoridades gubernamentales a tomar cartas en el asunto, porque somos más de dos mil trabajadores los perjudicados”, añadió Contreras.

Aroldo Díaz, transportista, dijo: “Estamos aquí desde hace dos horas y no podemos pasar porque los empleados de Repsa cerraron esta ruta principal que conduce a la capital”.

Los trabajadores de Alta Verapaz, también bloquearon las rutas entre Raxruhá, Alta Verapaz, e Izabal; entre Fray Bartolomé de las Casas y Poptún,  y en la ruta hacia Ixcán, Quiché, donde manifestantes señalaron que la decisión les afecta, pues miles de trabajadores no están laborando.

Los bloqueos se ubicaron en la ruta entre  Chahal, Alta Verapaz, e Izabal; en la ruta entre Chisec y Sayaxché, Petén y en la ruta hacia Ixcán, Quiché, donde manifestantes señalaron que la decisión les afecta, ya que tienen que suplir las necesidades básicas de sus familias y no están laborando.   

“Exigimos que levanten la sanción porque nos quedamos sin trabajo, somos pobladores de 30 comunidades los afectados.  Se ha intentado dialogar, pero no nos da una solución, indicó Francisco Chamam, uno de los trabajadores.

En septiembre último, Carla Hernández, jueza B de Primera Instancia Penal de Petén, ordenó el cierre parcial  Repsa durante seis meses, para que autoridades del Ministerio Público (MP) recaben evidencias y determinen si esta tuvo responsabilidad en el caso de la contaminación del río La Pasión. 

Como un ecocidio ha sido catalogada la mortandad de peces y otras especies de fauna acuática a lo largo de casi 100 kilómetros del río La Pasión, en Sayaxché, Petén.
Líderes comunitarios denunciaron que la tragedia ecológica afecta la economía del lugar, pues más de cinco mil 600 familias —unas 30 mil personas— de 16 comunidades que se ubican en las riberas dependen de la pesca artesanal o consumen agua de ese río.

Algunas de las poblaciones afectadas son El Pato, Flor de la Selva, Santa Amelia, El Chorro, Champerico, El Colorado y La Torre.

El 28 de septiembre recién pasado, autoridades efectuaron un allanamiento en la empresa Repsa, con el fin de verificar si fue acatada la orden de suspender operaciones. 

Una fuente informó que también verificaron si la referida empresa acató la orden de juez de suspender operaciones de manera temporal. Autoridades no brindaron detalles de los hallazgos. 

El 17 de este mes, Carla Hernández, jueza B de Primera Instancia Penal de Petén, ordenó  el cierre parcial de Repsa durante seis meses, para que autoridades recaben evidencias y determinen si esta tuvo responsabilidad en el caso de la contaminación del referido afluente.

La primera audiencia por el caso de la mortandad de peces y contaminación por la que fueron damnificados centenares de pobladores que subsistían de las riquezas del referido río, se efectuó en el Complejo Judicial de San Benito, Petén.

Después de conocerse la mortandad de peces en el río La Pasión, en Sayaxché, Petén, las actividades de las comunidades aledañas no son las mismas, debido a que la incertidumbre  se apoderó de los pobladores, ya que por precaución de las autoridades suspendieron la pesca y consumo de agua del citado afluente durante varios meses.

El nivel de alerta fue bajado de naranja a amarillo recientemente, y se autorizó la pesca y consumo de agua del río.
Líderes comunitarios dicen no tener palabras para describir lo que vivieron durante los meses que duró la emergencia, pues no podían utilizar el agua ni para la higiene personal.

José Quesada, abogado de Repsa, indicó que es ilógico que se busque evidencias del por qué se originó al mortandad den peces; sin embargo, afirmó que son respetuosos de la ley y  que tendrán las puertas abiertas a las autoridades que estén interesadas en investigar.

Agregó que apelaron la decisión del juez, pero aún no está firme y se espera que en octubre próximo se lleve la primera audiencia para verificar si el fallo sigue continúa vigente.

Alejandro Chacón: Precursor químico habría contaminado el río La Pasión. http://t.co/LkJJoVEWKN pic.twitter.com/QRyMdCaDxB

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 26, 2015

Repsa defiende que no es responsable de la situación contaminante en ese río, mientras que las autoridades investigan el ecocidio que ha causado controversia.

¿Qué pasó el día de la muerte de peces?

Fue el 29 de abril y una noche anterior había llovido 8 pulgadas, una cantidad que equivale a tres meses de años anteriores.

El río estaba sumamente crecido y asumimos que los peces murieron por falta de oxígeno. que es un fenómeno natural cuando hay una creciente.

¿Era frecuente la muerte de peces?

No. Sucede, pero no en la magnitud alarmante de ese día. Incluso los comunitarios lo saben y recogen los peces con canastas.

Se solicitó la ayuda del Ministerio de Ambiente, pero no llegó sino hasta tres semanas después.

La Universidad de San Carlos dijo que había presencia de malatión —insecticida usado en la agricultura—, que nosotros no lo utilizamos y nuestros estudios no lo detectaron.

¿Cómo ocurrió?

Fue en dos hechos diferentes. El 1 de abril, cuando por las lluvias aumentaron las corrientes del río Chapayal, que al juntarse con el río de La Pasión crearon una corriente que generó la falta de oxígeno.

En ese caso, ¿las piletas de oxidación de Repsa se rebalsaron?

El agua no sale al río, sino que es utilizada para el cultivo de palma. Cuando se rebalsó, fue agua de lluvia y cayó en una quebrada de invierno.

¿Qué pasó después?

El segundo caso y el de mayor impacto fue el 6 de junio, pero 16 kilómetros después del primero, lo que confirma que no podrían estar relacionados.

En ese caso, la muerte fue de reptiles, lo que supone que no fue por falta de oxígeno. Ese fenómeno duró seis días y un impacto de alrededor de 130 kilómetros de muerte de peces y anfibios.

¿Qué fue la causante de esa gran mortandad?

Definitivamente, hubo un químico en el agua y nosotros no somos los responsables.

Surgió la posibilidad de que fue un precursor químico —usado para producir drogas—, es lo único que tiene la capacidad de generar esa mortandad.

El que tiene capacidad de evaluar esos químicos es Gobernación, pero nunca llegó a evaluar.

Pudo ser que alguien que huía tiró esos precursores, o fue el derrame de una “cocina” —laboratorio de droga—.

Aunque también pudo haber sido un derrame intencional y querían una cortina de humo. En esos días ocurrieron varios hechos políticos.

Amado Ajquí Raymundo, dirigente magisterial de Sayaxché, agradeció a los participantes de la marcha, e indicó que el objetivo de la misma es exigir justicia para que el crimen no quede en la impunidad.
 
La caminata inició en las cercanías del hospital de la localidad y se dirigió al Juzgado de Paz, donde Lima fue acribillado el viernes último. La víctima era maestro, ambientalista y concejal electo.

La marcha culminó frente a la Municipalidad de Sayaxché, donde se realizó un servicio religioso en memoria de la víctima.
 
Los manifestantes llevaban pancartas en rechazo a la muerte del activista y a la contaminación que ha matado a miles de peces en el referido río.
 
Francisco Chub, líder comunitario del caserío Champerico, manifestó que Lima Choc era una persona dinámica y querida por la población, y que siempre defendía los intereses de los vecinos y los recursos naturales.
 
Chub Indicó que la caminata es el inicio de varias actividades programadas para exigir el esclarecimiento del asesinato de Lima, y aseguró que si las autoridades no presentan resultados positivos de la investigación, tomarán medidas drásticas.
 
Aparte, Antonio Morales, gobernador de Petén, dijo que han planteado dos hipótesis del crimen, pero que por ser un caso de alto impacto no se pueden dar detalles de la investigación.

El máximo órgano en materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacó este viernes la falta de espacios seguros de diálogo en las comunidades de influencia de la empresa Repsa, al tiempo que demandó al Estado generar esas condiciones seguras, además de asegurar la protección y garantía de los derechos humanos.

El pasado viernes en el kilómetro 315 entre Cobán, Alta Verapaz y Sayaxché, Petén, empleados de Repsa durante una protesta por el cierre de la planta,  retuvieron a tres líderes comunitarios al intentar deponer las medidas dictadas por un juzgado de Santa Elenta, Petén.

La liberación de los tres líderes locales Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza, se realizó este viernes luego de un acuerdo con el juzgado que ordenó el cierre de Repsa por seis meses para investigar su responsabilidad en la contaminación del río La Pasión y donde Repsa logró que el próximo lunes, de nuevo se revise el expediente y se reconsidere las medidas dictadas contra le empresa.

La Oacnudh condenó también la detención ilegal, enfatizando la necesidad de “recurrir a los mecanismos legales establecidos para formular demandas”.

“Exhorta a las autoridades a atender las necesidades económicas y sociales surgidas a partir de la contaminación del río, haciendo parte de este proceso a las comunidades mismas”, según el comunidado de prensa.

Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas de Guatemala también se han pronunciado y exigen la investigación del asesinato de Lima Choc, señalando además que la empresa busca con violencia que el juzgado deje sin efecto la orden de suspender operaciones por seis meses.

Además, los campesinos Manuel Mendoza, Lorenzo Pérez y Hermelindo Acij, integrantes de la Comisión por la Naturaleza y la Vida de Sayaxché, han sido retenidos por los manifestantes.

El grupo de manifestantes rechazan la resolución emitida por un juzgado de San Benito el jueves último, en la que se suspendió de forma temporal las operaciones de la referida empresa, con el objetivo de que el Ministerio Público investigue si tuvo responsabilidad en la contaminación del río La Pasión.

Pedro Sub Ical, presidente Consejo Comunitario de Desarrollo El Tucán, explicó que no están de acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, ya que les afectará económicamente pues no tendrán trabajo durante el tiempo que permanezca cerrada la empresa.

Pedro Sub Ical, presidente Consejo Comunitario de Desarrollo El Tucán, explicó que no están de acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, ya que les afectará económicamente pues no tendrán trabajo durante el tiempo que permanezca cerrada la empresa.

Añadió que más de 400 empleados se encuentran en las afueras del Organismo Judicial de la localidad a la espera de ser atendidos por Karla Hernández, quien ordenó el cierre temporal de Repsa.

Bloqueos:

Otro grupo de campesinos, empleados de Repsa, colocó barricadas en las comunidades de La Torre y La Caoba, e impiden el paso de vehículos hacia Cobán y a Flores, Petén.

Miltón Milián, otro trabajador de Repsa, manifestó su descontento y explicó que más de cinco mil

Escobar relató que cuando tomaba fotografías para un trabajo encargado por la Redacción de este matutino, el picop P507FGG, se detuvo cerca del lugar donde él se hallaba y cuando se retiró fue perseguido por el vehículo durante unos cinco minutos.

Explicó que el vehículo identificado con el número 71396, salió de las instalaciones de Repsa rumbo a la zona urbana de Sayaxché, pero poco después retornó y se estacionó enfrente de él durante unos 10 minutos, luego se fue la ruta hacia el sur y poco después regresó y se detuvo a unos 50 metros de donde hacía fotografías.

Prensa Libre condena el acoso ocurrido hoy en contra de nuestro corresponsal en Petén cuando realizaba un reportaje. http://t.co/idTPUtBuxO

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 27, 2015

Debido a esa situación, Escobar decidió retirarse del lugar, pero el vehículo lo siguió durante unos cuatro kilómetros, hasta donde termina la plantación de palma africana de esa empresa.

El corresponsal indicó que temía ser víctima de una agresión, por lo que se refugió en una de las comunidades cercanas, donde vecinos le brindaron apoyo.

Comunitarios, integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo y organizaciones civiles, quienes participaron en la conferencia, señalaron a la empresa Reforestadora de Palma de Petén, S. A. (Repsa), como la culpable de los daños ecológicos que sufrió el río La Pasión.

Otra de las peticiones era que se clausure definitivamente las operaciones de la empresa Repsa, por el daño al ambiente y por carecer de los estudios de impacto ambiental como lo reconoció el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, solicitan que se dé un resarcimiento económico a las familias y comunidades que tienen dependencia de los recursos naturales del río y se realicen las investigaciones y se castigue los culpables del desastre que calificaron de “irreparable”.

Marco Antonio Mateo, representante de la sociedad civil de Sayaxché, indicó que la corresponsabilidad del desastre ecológico es también del Ministerio de Ambiente, que permitió las operaciones de la empresa sin contar con los estudios exigidos por la ley.

Río muere lentamente

Prensa Libre visitó la aldea El Pato, ubicada a 355 kilómetros de la capital, donde se presume comenzó la contaminación. La localidad, que tiene dos mil 200 habitantes, colinda con tres empresas que se dedican al cultivo de palma africana.

Pese a que en el lugar ya no se ven peces muertos en la superficie del río, la penuria aún empieza. Las personas no pueden pescar ni utilizar el agua, debido a que las autoridades prohibieron usar los recursos naturales por riesgo de toxicidad.

Más de la mitad de la población labora para Repsa y el restante porcentaje obtiene trabajo indirecto de las actividades de la empresa.

Lea la nota completa aquí ? http://bit.ly/1BvrHXm

El alcalde de Sayaxché, Petén, y líderes comunitarios dieron a conocer un documento en el cual desligan de responsabilidad a esa compañía por la contaminación en el río La Pasión; no obstante, otros líderes comunitarios aún la señalan.

El Juzgado Tercero del ramo Civil dispuso ayer, mediante un amparo provisional, el cierre de la compañía para que expertos evalúen su posible implicación en la mortandad de peces, por presunta la contaminación del agua con un plaguicida.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Óscar Medinilla, manifestó que el Juzgado pidió el cierre por 15 días para que se realicen las investigaciones correspondientes y se puedan establecer las causas del problema.

“Se suspenden temporalmente las actividades de Repsa, para verificar que las medidas de mitigación de sus piletas de oxidación no sufran otro percance como el de finales de abril”, explicó el funcionario.

Polémica

Ayer se publicó un documento en el cual el alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, y varios presidentes de consejos de Desarrollo de comunidades afectadas desligaron a Repsa de cualquier responsabilidad.

Horas después, ese documento fue rechazado por siete de los nueve integrantes del Concejo de Sayaxché. Asimismo, exigieron al MP la agilización de la investigación.

Alfonso Guzmán, síndico primero de la comuna, calificó de traidores a quienes firmaron el documento.

“Se nota que se vendieron por 201 toneles de agua que prometió entregar la empresa a los afectados”, refirió.

Allanamiento

La semana anterior, las instalaciones de la firma ubicadas en Petén fueron allanadas por el Ministerio Público (MP), como parte de la investigación que se efectúa para determinar si existe responsabilidad de la compañía.

Según Medinilla, entre las instituciones que recaban muestras se cuentan el MP, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y autoridades locales.

Jorge Estrada Solano, gerente de Planificación de Repsa, afirmó que apoyan la investigación.

“Hace 10 días cerramos la planta extractora dos, a la cual se le atribuye de forma equivocada la mortandad de peces, ya que nosotros no utilizamos el plaguicida que según la Universidad de San Carlos existe en el agua”, refirió.

Estrada Solano indicó que apoyan la investigación porque con ella la verdad saldrá a luz. “Estamos seguros de que todo será aclarado. Nosotros no tenemos que ver en el asunto”, manifestó.

Contaminación

A seis días de que comenzara la muerte masiva de peces en el río La Pasión, la contaminación continúa avanzando.

Según datos preliminares de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que trabajan en Sayaxché, la contaminación ha avanzado alrededor de 185 kilómetros desde donde se presume que es el foco.

Prensa Libre visitó ayer Canaán y San Juan Acul, Sayaxché, que son dos de las comunidades afectadas recientemente y constató que la contaminación en el río causa zozobra y preocupación entre sus habitantes.

Eugenio Peraza, agricultor y pescador de Canaán, expresó que las autoridades les indicaron que tienen prohibido pescar y no tienen una fecha específica para poder hacerlo de nuevo.

“La mayoría de las personas de la aldea cultivan sus alimentos y los complementan con la pesca. Estamos preocupados porque no podemos conseguir alimento y no tenemos agua para tomar”, aseveró Peraza.

El ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) en conferencia anunció que el juzgado ordeno el cierre por 15 días para que se realicen las investigaciones correspondientes y se puede establecer las causas del problema. 

“Se suspende temporalmente las actividades de Repsa  para verificar que las medidas de mitigación de sus piletas de oxidación no sufran otro percance como el de finales de abril”, detalla el memorial.

Entre las instituciones que ya se encuentran recabando muestras para la verificación está el Ministerio Público (MP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Concejo Nacional de Áreas Protegidas y autoridades locales.

23 tipos de especies han sido hallados muertas y 21 han sido vistas comiendo los peces muertos, podrían ser afectados pic.twitter.com/NYVqwrWsoy

— CONAP (@CONAPgt) June 16, 2015

La empresa acusada de la contaminación, rechazó el pasado viernes ser la responsable y dijo que el plaguicida encontrado en el río no lo utilizan en sus labores “por su alto nivel de toxicidad”

Mientras tanto el diputado Manuel Barquín de la comisión de Ambiente del Congreso, se encuentra reunido con el vicepresidente, Alejandro Maldonado para pedir que se decrete Estado de Excepción por los daños generados por el plaguicida.

Por último, la  Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres  (Conred), que durante el fin de semana coordinó con los pobladores la recolección de unos 1 mil 500 kilos de peces muertos emitió alerta anaranjada, debido que ya son 14 las comunidades afectadas y ocho comunidades más se encuentran en riesgo, lo que afectaría a 3 mil 762 personas que habitan en dichas localidades.

Después de la reunión semanal del gabinete de Gobierno, Medinilla explicó que hasta el momento se han evaluado estudios de impacto ambiental de tres de las cinco industrias que operan en la zona y que ya fueron emitidas dos sanciones por irregularidades administrativas.
 
Abogó por establecer, de forma inmediata, una hoja de ruta para esclarecer las causas de una contaminación que afecta a más de 100 kilómetros del caudal, y por establecer medidas para que un “ecocidio”  de esta magnitud no se vuelva a repetir.
 
El funcionario indicó que las multas que puede imponer su cartera a los responsables de dicha contaminación oscilan entre los Q5 mil y los Q100 mil – entre 600 y 13 mil dólares, y que este es un buen momento para revisar las sanciones económicas.

El miércoles se convocó a diferentes expertos para que participen en una mesa interinstitucional en la que se diseñe “una hoja de ruta que permita solucionar el problema y crear un plan de prevención”.
La situación de este río ya ha perjudicado a unas 10 mil personas de 12 poblaciones.
La estatal Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres  (Conred), que durante el fin de semana coordinó con los pobladores la recolección de unos 1 mil 500 kilos de peces muertos, viajó hoy hasta el lugar de los hechos para verificar la ayuda que se envió hasta el momento.
La Conred emitió el fin de semana alerta anaranjada, debido que ya son 14 las comunidades afectadas y ocho comunidades más se encuentran en riesgo, lo que afectaría a 3 mil 762 personas que habitan en dichas localidades.
La empresa Reforestadora de Palma de Petén S.A.  (Repsa) , acusada de la contaminación, rechazó el pasado viernes ser la responsable y dijo que el plaguicida encontrado en el río no lo utilizan en sus labores “por su alto nivel de toxicidad”.