Este el caso de la energía eléctrica. Cuando el gobierno de la revolución de 1944 se propuso construir algunas centrales hidroeléctricas como Jurún Marinalá, Xayá Pixcayá, principalmente, fueron pensadas para que el Estado suministrara este servicio a las comunidades y pueblos. No como un regalo, sino porque les corresponde por derecho y no como lo analizan de muy mala forma quienes dicen ser comunicadores sociales de Radio Sonora, en su espacio “la mesa de los periodistas”, al afirmar que las comunidades que se oponen al pago de la energía eléctrica son aquellas que ya se acostumbraron a que todo se les regale.

Afirmar que los servicios básicos a la población deben ser manejados por la iniciativa privada porque ellos darían mejor, es un error. Principalmente porque las empresas buscan el lucro y el acaparamiento de los recursos, sin tomar en cuenta las necesidades de la población.

Pensar que las comunidades no tienen ningún derecho de pronunciarse por los atropellos que hace Energuate al consumidor, porque se cree que la ciudad capital subsidia la energía al área rural, es otro error, porque si comparamos las facturas que llegan cada mes a las casas, muchas veces tienen un valor que va del 300% más que los pagos en la ciudad capital.

Otro elemento importante, no es bueno que un medio tan escuchado como Radio Sonora se convierta en juez y en un ente de persecución, porque quiere aportar para resolver la situación que se ha generado con la energía eléctrica, incluso abriendo un número de teléfono para que la gente denuncie a quienes supuestamente “lideran las organizaciones” que, según ellos, son las que le “llenan la cabeza a la gente” para que roben energía y se conviertan en delincuentes. Eso no es ético ni imparcial.

Quienes se dedican a comunicar a la población tienen como principio decir “la verdad”, y esa verdad tiene que tener un origen. Y la culpa total de esta situación que se está viviendo y que según el Gobierno y Energuate ya ha acumulado una millonada de pérdidas no la tienen las organizaciones sociales y comunidades o la población en general, sino un sistema de Estado, que por un lado no ha respondido a las necesidades de las comunidades y de los pueblos, como es su mandato, y por el otro, por el desmedido lucro de la empresa distribuidora de energía, en este caso, Energuate.

La solución no es la criminalización y la judicialización, sino que el Estado controle de nuevo los servicios públicos.