US$100 anuales: lo que debe saber sobre la nueva tarifa para solicitar asilo en EE. UU.

La USCIS informó a todas las personas que se encuentran en un proceso de solicitud de asilo que deberán pagar una nueva tarifa de US$100 anuales.

Pavel Arellano

1 de octubre de 2025 | 17:26h

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Una nueva ciudadana estadounidense sostiene un sobre con su certificado de ciudadanía estadounidense tras una ceremonia de naturalización celebrada el 10 de agosto de 2023 en Utqiagvik, Alaska. (Foto Prensa Libre: AFP)

Luego de que se aprobara la reforma fiscal de Donald Trump, conocida como la Gran y Hermosa Ley (One Big Beautiful Act, en inglés), se establecieron nuevas tarifas que algunas personas deberán pagar en materia migratoria.

Estos cambios entraron en vigor este 1 de octubre, cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) notificó a quienes han presentado solicitudes de asilo que deberán pagar una tarifa anual de US$100, por cada año que el proceso se mantenga vigente.

Este pago, denominado Tarifa Anual de Asilo (AAF), corresponde a quienes presenten el formulario I-589, que es la solicitud de asilo y suspensión de remoción.

Según la USCIS, las personas que reciban la notificación deberán efectuar el pago en los próximos 30 días.

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“Si usted tiene un Formulario I-589 en trámite, la Ley Pública 119-21 (P.L. 119-21) le requiere que pague una AAF de US$100 por cada año calendario durante el que su petición esté pendiente, en adición a cualquier otra tarifa”, indicó la USCIS en un comunicado oficial en su sitio web.

La entidad señaló que no hay forma de obtener una exención de esta tarifa y que, de no efectuar el pago, las solicitudes de asilo pueden “afectarse negativamente”, incluso con retrasos en el procedimiento.

Asimismo, la USCIS indicó que no existe ningún tipo de reembolso de la tarifa, independientemente de las decisiones que se adopten sobre las solicitudes de asilo o del tiempo que tarde en resolverse cada caso.

“Al continuar con esta transacción, usted reconoce que debe presentar las tasas por el importe exacto y que está pagando las tasas por un servicio gubernamental”, señala la USCIS en el sitio destinado al pago de la nueva tarifa.

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Según las nuevas tarifas fijadas por la CNEE para el segundo trimestre de 2022, el aumento en las distribuidoras de Energuate, es de alrededor de 7%, y en la EEGSA) es de 3.5%. Es así como la Tarifa No social llega a Q2.24 por cada kWh al mes en Deocsa y a Q2.11 en Deorsa, mientras que en EEGSA, el monto se ubicará en Q1.41.

Sin embargo, con este nuevo pliego tarifario, el alza anual es de 9 centavos por kWh al mes en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y algunas áreas de Santa Rosa y Chimaltenango (alrededor del 7% respecto a un año atrás), mientras que en ese plazo, las tarifas para los usuarios de Energuate han subido 23 centavos por kWh al mes, que representa entre 11% y 13% más que en mayo del 2021.

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Al usuario final que consume más de 100 kilovatios hora al mes, la factura le aumentará a partir de mayo en alrededor de Q14 en el área cubierta por Energuate, y unos Q5 a los de EEGSA, esto comparado con los montos cobrados en el trimestre de febrero a abril y de mantener un nivel de consumo similar. A eso se debe añadir el aumento porcentual que representan el impuesto al valor agregado (IVA) y a la tasa de alumbrado público.

Subsidio a la tarifa social

En el caso del segmento de tarifa social, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) informó que se mantiene el subsidio que cubre a quienes consumen de 0 a 88 kWh al mes, y de manera temporal se amplió para los usuarios cuyo contador marca 100 kWh.

• Este subsidio se aplica de forma en que los usuarios que consumen de 0 a 60 kWh al mes pagan Q0.50 por cada kWh al mes.
• Aquellos que consumen de 61 a 88 kWh al mes, pagan Q0.87.
• Al grupo que demanda de 89 a 100 kWh al mes, temporalmente se le dará subsidio y solo deberá pagar Q1.
• Quienes consumen de 101 a 300 kWh al mes, no tienen subsidios y deben pagar las tarifas plenas del segmento de tarifa social, incluyendo las nuevas alzas.
• Aquellos que 301 kWh al mes en adelante, tampoco subsidios y deben pagar las tarifas plenas del segmento de tarifa no social, incluyendo las nuevas alzas.

Según la CNEE, la Tarifa Social aplica a unos 2.8 millones de familias guatemaltecas, que significa el 94 % de usuarios del país. Y la Tarifa No Social que se aplica al restante 6% de usuarios del país. Incluye usuarios residenciales, comerciales, pequeñas y medianas fábricas.

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Las causas

La CNEE atribuye la decisión de aumentar la tarifa a los incrementos en los precios internacionales de los combustibles utilizados para la generación de electricidad que se han registrado durante el segundo semestre de 2021 (como el carbón y derivados del petróleo), además que las alzas se han intensificado durante el primer trimestre del 2022, debido en gran medida al conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones comerciales que se han implementado desde febrero de 2022.

Sobre las diferencias en los aumentos, se indicó que la matriz energética que EEGSA tiene contratada para proveerse de electricidad ha evolucionado y actualmente alrededor del 80% de la potencia es de generación renovable, lo que la hace menos sensibles a las alzas de los combustibles.

En tanto, Deocsa y Deorsa tienen alrededor de 50% de su demanda firme cubierta por contratos de generación renovable y el resto, con otros combustibles como carbón y derivados del petróleo.

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El precio del carbón térmico tuvo 380% de incremento a marzo del 2022, respecto a abril de 2021, mientras que el gas natural aumentó 86% en ese plazo y el petróleo de referencia WTI, tuvo un alza de 66%. Otro factor que influye es la inflación, se añadió.

También aprobó el informe de Costos Mayoristas que cada año debe presentar el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) para que sean evaluados por la CNEE, ente debe autorizar el traslado de costos de precios de energía y potencia a las tarifas de los usuarios regulados de las distribuidoras. Este se aplica para el año estacional que inicia el próximo trimestre y que comprende desde mayo 2022 a abril de 2023, explica la Comisión.

“Los costos de dicha generación no renovable son muy superiores a los valores promedio durante el último año estacional 2021-2022 y a los históricamente registrados en los últimos 10 años, fundamentalmente derivado de las proyecciones de precios de los combustibles”, expuso la comisión en un boletín. Para EEGSA la variación de costos aumentó 9%; para Deocsa, 15% y para Deorsa 12%.

Más costos de producción

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), declaró que este es un costo difícil de absorber, ya que el suministro de energía es vital para la elaboración de telas y confección, y en general, para todo productor.

Mencionó que el 80% del costo en la industria es energía en hilaturas, y para confeccionar prendas, el 10%, porque el 70% es mano de obra, aunque se invierten, al final afecta en el proceso productivo, porque la prenda lleva confección y textil.

Aclaró que estos aumentos y los problemas en Shanghái, China, son ajustes que  no se puedan absorber al 100%, por lo que se debe retomar la matriz energética renovable de bajo costo, como las plantas hidroeléctricas.

Esa misma entidad había resuelto a mediados de mayo la eliminación del subsidio para los usuarios que consumen de 74 a 100 kilovatios hora al mes (kWh) a partir del 1 de junio de este año, argumentando que no les alcanzaban los fondos, por lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad.

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Al ser consultado sobre el tema Edwin Escobar, representante titular de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) ante el consejo directivo del Inde, dijo que se revirtió tal medida, por lo que se continaurá para todo el año 2019 con el subsidio como se ha aplicado hasta ahora.

En la actualidad se cubre con subsidio a quienes consumen de 1 a 88 kilovatios por hora al mes.

El consejo también aprobó que se disponga de los fondos del Inde para completar el aporte al subsidio durante todo el año.

Escobar indicó que solicitó en la reunión varios puntos como que se revise el enfoque de la tarifa social con base en las condiciones socioeconómicas de los usuarios y que no se aplique a quien no lo necesita, porque en la actualidad también se beneficia a oficinas, cajeros automáticos y otras entidades.

Además, junto al Cacif se pidió que se conforme una mesa técnica para analizar y efectuar estudios sobre el impacto de las finanzas del Inde, y también que se haga un catastro de usuarios para determinar quiénes deben ser beneficiados en realidad con ese subsidio.

También se pide revisar las bases legales para las modificaciones y hacer las gestiones necesarias para que se incorpore en el presupuesto del 2020 un aporte del Gobierno para cubrir el subsidio, y que no toda la carga financiera recaiga en el Inde.

Escobar, explicó que desde hace dos años los directivos han advertido que ese ente ya no puede sostener el total del aporte al subsidio, sino que solo el equivalente al 15% de sus ingresos porque perjudica sus finanzas y opciones de inversión en más proyectos.

Sin embargo el directivo también advirtió de que no debían dejarse sin subsidio a dos semanas de las elecciones, sino que debía buscarse aportes del Gobierno o efectuar una reestructura posterior.

Escobar es presidente de la Anam y el vicepresidente del Inde.

El Gobierno brindó aportes para apoyar el costo del subsidio, provenientes del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, en 2017 y 2018 por Q300 millones anuales, pero para el 2019 no se contempló en el presupuesto.

El miércoles 29 de mayo, en una reunión con empresarios el presidente Jimmy Morales ofreció que pediría al Inde revertir los cambios. En esa reunión también participó el ministro de Energía y Minas y presidente del Inde, Luis Chang. Aparte de Chang, también votaron el 15 de mayo a favor para eliminar el subsidio los ministros de Economía y el secretario de Segeplan.

El mandatario hizo tal ofrecimiento a ejecutivos de Energuate quienes le expusieron el impacto que los cambios programados para el 1 de junio tendrían en 344 mil usuarios de Deocsa y Deorsa.

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EEGSA informó a mediados de mayo la disposición programada para el 1 de junio afectaría a 170 mil usuarios.

Del total, 350 mil se quedarían sin subsidio y al resto se le reduciría.

Aportes

El aporte inicial del Inde para el subsidio en el 2019 fue de Q332.74 millones, el cual alcanzaba hasta para el 31 de marzo.

Ese mes el Consejo Directivo aprobó otro aporte por extraordinario de Q110.91 millones para cubrir hasta el 31 de mayo.

Posteriormente aprobó otro monto por Q276.33 millones para cubrir desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del 2019 con la nueva estructura aprobada. Sumando esas tres decisiones el Inde brindaría en total Q719.98 millones.

Pero este jueves se revocó la reestructuración y el Inde deberá buscar el monto necesario para completar el subsidio.

El Ministro de Finanzas Víctor Martínez dijo el miércoles que el Inde tiene, entre caja e inversiones Q2,200 millones, por lo que “podría pagar la totalidad de los pasivos corrientes y le quedarían casi Q2,000 millones en caja”.

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El proceso de reforma, como lo planteó el mandatario, será bajo una mesa mesa técnica de diálogo, encabezada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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Luis Chang, ministro de Energía y Minas, dijo que realizarán una convocatoria para que la próxima semana se reúnan con diputados, jefes de bloque y presidentes de comisiones del Congreso, y otros sectores para que se retome la discusión de la iniciativa para cambiar la forma en que se cobra la tasa del alumbrado público.

Dijo que se analizará si se propone una nueva o se modifica alguna existente.

El funcionario había sugerido en enero pasado que se elimine de la factura de energía al cobro del alumbrado público, pero ayer indicó que es una de las medidas que se tendrá que discutir.

Morales dijo que también pedirá a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) impulsar mecanismos para disminuir el monto de la tarifa social, que por ahora es más cara que la no social, y la cual debe enfocarse en los sectores de bajo consumo y poder adquisitivo.

Carlos Colom, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), dijo que el sector de generadores ve una oportunidad para que se disminuya la conflictividad en el tema de electricidad, que se disminuyan costos para el usuario y que se brinde certeza jurídica para las inversiones.

En el tema del convenio 169 deberá contener un mecanismo práctico, realista y congruente con la necesidad del país y que se pueda implementar con reglas claras para la toma de decisiones. La falta de certeza hace mucho daño”, comentó.

Restablecen subsidio

Respecto al subsidio el mandatario dio marcha atrás a la reducción de ese beneficio que afectaría a Q1 millón 940 mil usuarios.

El apoyo se mantendrá, aseguró para los segmentos de consumo de 0 a 100 kilovatios hora al mes.

De esa forma el usuario que consume de 0 a 60 kWh solo pague Q0.50 por kWh, y el de 61 a 89 kWh pague Q0.75 por cada uno, para que el usuario ya no tenga alzas en los cobros durante el 2017.

El resto de dinero para llegar a la tarifa social que se fija cada trimestre lo seguirá aportando el Instituto Nacional de Electrificación (Ine) con apoyo del presupuesto de Estado asignado al Gobierno.

En el caso del segmento que consume de 89 a 100 kWh al mes en el área cubierta por Eegsa, alrededor de 280 mil usuarios, que desde febrero ya no contaba con subsidio, se le restablecerá el beneficio, también se dio marcha atrás en el escalonamiento para los usuarios de Energuate quienes perderían el subsidiar en octubre próximo pero aún lo mantendrán.

Este grupo en Eegsa ya estaba pagando Q1.13 por kWh al mes pero el cobro al usuario retornará a alrededor de Q1. Por ejemplo en Energuate ese grupo ya pagaba Q1.12 y a partir de noviembre debía pagar Q1.72, sin embargo se le restablecerá el cobro al usuario a Q1.05. En ambos casos su vuelve a establecer un escalonamiento de disminución del subsidio pero ya no a corto plazo sino a cinco años.

Aún se debe notificar a las distribuidoras para que apliquen la rebaja del cobro en las facturas de marzo, dijo el Ministro. Sin embargo expresó que el Consejo Directivo del Inde mantendrá la postura de que ese beneficio se aplique solo para usuarios residenciales y ya no para negocios, comercio, oficinas o hasta fábricas pequeñas que por el rango de consumo se encuentran en ese segmento.

Otra de las medidas anunciadas por Morales fue encontrar la forma de cómo hacer sostenible en el tiempo, a partir del 2018, el subsidio con recursos financieros pero podría conllevar establecer nuevos esquemas de aplicarlo, y que no perjudique las finanzas del Inde sino que se fortalezca para que pueda invertir en obras y lograr ampliar la electrificación para cubrir el 8% de hogares que aún no cuenta con ese servicio.

Ahora el Inde recibirá Q545 millones del presupuesto nacional, de estos Q300 millones de bonos del tesoro para cubrir el subsidio, otros Q200 millones provenientes del presupuesto nacional que se deberá destinar para inversión y otros Q45 adicionales para subsidio. El Inde proveerá Q375 millones de su presupuesto.

Sin embargo los Q200 millones que le dotará el Gobierno (por medio de disminución de gastos no prioritarios o ahorros en compras) no se podrán destinar a la inversión sino al subsidio para poder cubrir los Q920 millones que se requerirán en el 2017 para ese rubro según el esquema de beneficiarios que se usará ahora.

De 1999 a la fecha el Inde ha destinado Q11 mil 680 millones.

Mandatario dice que avanza reglamento al convenio 169

En medio de múltiples críticas del sector privado,  incluyendo la cúpula del Cacif, por la suspensión de la hidroeléctrica Oxec con resoluciones de las cortes de Justicia y de Constitucionalidad, el  presidente Jimmy Morales ofreció trabajar en la búsqueda de certeza jurídica para el sector de generación, mantener y mejorar la matriz energética.

Uno de estos mecanismos es el reglamento para el Convenio 169 de la OIT, que establece las consultas comunitarias a pueblos indígenas acerca de proyectos o decisiones.

El reglamento lo trabaja  la ministra de Trabajo en conjunto con los ministerios de Energía y Minas y el de Relaciones
Exteriores,  según Morales, aunque agregó que en este se necesita la participación  de los  sectores privado y  público, además de  la sociedad civil, que reciben acompañamiento de  la  OIT y el PNUD y se necesita establecer su contenido de forma que la Corte de Constitucionalidad no lo pueda votar o suspender.

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Alzas por segmento 

El retiro de ese beneficio, como lo dispuso el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), repercute en que 203 mil 358 usuarios de Eegsa que consumen de 61 a 88 kilovatios/hora al mes (kWh/mes) y que en la actualidad pagan Q0.75 por kWh/mes, tendrán que pagar un 50% más a partir de febrero, porque se les aplicará la tarifa social plena, que en la actualidad está en Q1.13.

Se debe tomar en cuenta que al subir el costo del servicio de energía también aumenta el monto de otros cargos que se calculan por porcentaje sobre este, ya que en la factura también se cobran 12% de IVA y la tasa municipal, que en el caso de la ciudad está en 13%.

Por ejemplo, un usuario que consume 88 kWh al mes paga en enero Q95.29, pero Q137.09 en febrero, Q41.80 más.

Se trata del tipo de hogares que usan televisión, aparato de sonido, refrigeradora y varios bombillos, aunque también depende del número de habitantes de la casa.

El gerente de la Eegsa, Jorge Alonso, explicó que las tarifas no están cambiando y se prevé que sigan estables para el siguiente ajuste trimestral que cubre de febrero a abril; sin embargo, el cambio lo percibirá el consumidor porque se reduce el subsidio, como lo programó el Inde.

Por aparte, 363 mil 53 usuarios de Eegsa en el grupo de 1 a 60 kWh/mes verán alzas de entre Q0.01 y Q0.02 mensuales por tres años, hasta llegar a tarifa social plena.

Financiamiento

El Consejo directivo del INDE se aprobó la gradualidad en mención informó el miércoles ese ente. Dicho Consejo está integrado por representantes del MEM, como Presidente el ministro Luis Chang, la Asociación Nacional de Municipalidades, como vicepresidente Edwin Escobar, Mineco, Segeplan, Cacif y representantes de sindicatos.

En esa oportunidad informó que “el mecanismo de gradualidad lo estableció el Inde debido a la actual situación financiera de la institución, como consecuencia de la baja generación por los efectos del fenómeno de El Niño, que ha provocado inviernos irregulares-deficitarios en los años 2015 y 2016 y la baja producción de energía eléctrica, principalmente en la hidroeléctrica Chixoy”, añadió el funcionario

Atribuyen que la baja  generación en la hidroeléctrica Chixoy ha impactado en los ingresos del Inde y que durante el 2016 para cubrir parte del subsidio se utilizaron recursos bancarios, con lo cual  se pone en riesgo la estabilidad financiera de la institución, explicó Chang.

En el presupuesto del 2017 se aprobaron, por primera vez al Inde Q300 millones, provenientes de bonos del tesoro, será destinado al subsidio de energía para la tarifa social, pero aún así no es suficiente, refirieron.

Con los fondos se evitará agravar la crisis que amenazaba con dejar de subsidiar el servicio, ya que ese ente  aprobó para el 2017 brindar solo un 15% de sus ingresos, que significarían unos Q360 millones, para el subsidio debido a esos problemas financieros, argumentados.

El pago pendiente al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por el servicio que presta a las Empresas Electricas Municipales (EEM) llegó a Q1 mil 943 millones 966 mil 022.34, acumulada hasta el 31 de agosto del 2016, según registros contables de esa entidad.

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Ese monto incluye energía, intereses y los pagos pendientes por convenios logrados.

Mayor deudor

En el listado del Inde se detallan los datos de 14 Empresas Eléctricas Municipales, entre las cuales la de Quetzaltenango adeuda el mayor monto con Q1 mil 287.9 millones.

El alcalde municipal Luis Grijalva, señaló que la deuda de la empresa quetzalteca oscila entre los Q100 millones, pero los montos que reporta el Inde son otros debido a un diferendo que mantienen desde el 2009.

Grijalva explicó que la comuna paga al Inde una factura mensual de Q6 millones, basados en los precios del contrato que rige de 1978. Sin embargo, añadió que el Inde les factura ventas de energía por alrededor de Q12 millones.

La postura del generador nacional es que las tarifas con base a ese contrato solo las puede cobrar por los 8 megavatios (MW) que contemplaron en el contrato de ese año, pero que los restantes 31 MW que consume esa empresa para proveer a sus usuarios, los cobraría a precios del mercado spot (venta de energía sin contrato, según la demanda del mercado).

Esa medida se mantendrá mientras no se regularice la empresa ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para ciertos controles como el cálculo de la tarifa, y razón por la que en la contabilidad del Inde sigue aumentando a esos niveles el adeudo.

Otros pendientes

La EEM de Puerto Barrios también acumula un alto adeudo por Q129.7 millones. Por monto de la deuda le sigue Huehuetenango con Q119.7 millones.
Al respecto el alcalde de Huehuetenango, Geronimo Martínez, aceptó que mantiene una deuda pero no detalló la cifra.

Agregó que se pagó un abono en el año 2014, pero que el monto ha seguido creciendo porque aún deben finalizar trámites para regularizarse y que desde años anteriores tienen pendientes. Mientras que el plazo corre para evitar cortes deben completarlos en el próximo mes, advirtió el Inde.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció los nuevos precios el 5 de enero de 2015 y los sometió durante varios meses a un periodo de consultas. Finalmente, y tras haber escuchado a todas las partes del sector involucradas, el 14 de abril de ese mismo año, el Consejo de Gabinete aprobó de manera oficial la nueva estructura de peajes.

Las tarifas de los graneleros secos, tanqueros, quimiqueros, gaseros y portavehículos se modificaron por última vez en 2013, mientras que los precios de los portacontenedores, refrigerados y cruceros no han sufrido cambios desde 2011, según señala la ACP en su web.

Junto con los nuevos peajes, este jueves también entró en vigor un programa de lealtad para buques portacontenedores, una iniciativa inédita hasta ahora en la vía interoceánica.

Las nuevas tarifas, segmentadas por mercado, favorecen la economía de escala porque, a medida que el barco sea más grande, el costo unitario pagado por las mercancías o pasajeros que lleve se reducirá, de acuerdo con la entidad autónoma panameña.

Uber se ha opuesto al plan del aeropuerto de Atlanta de pedir las huellas dactilares de los conductores para verificar sus antecedentes penales. La empresa alega que sus propios controles de antecedentes son suficientes, pero el fiscal de distrito en San Francisco (sede de Uber) ha calificado los procesos de la firma de “completamente inútiles”, pues no le pide las huellas digitales a sus conductores.

Según los funcionarios de la ciudad de Houston, un estudio de antecedentes penales que no incluye una verificación de huellas digitales permite a los delincuentes acusados de homicidio, ataque sexual y otros delitos evitar ser detectados de muchas maneras.

El ayuntamiento de la ciudad de Atlanta tiene programado estudiar el miércoles un plan del aeropuerto para verificar los antecedentes penales de los conductores de Uber, Lyft y otras empresas similares, cuando la comisión de transporte analice propuestas de nuevas reglas.

Sin embargo, la ciudad de Nueva York sí exige verificar las huellas dactilares de los conductores y el alcalde de Los Ángeles pidió este mes a los reguladores estatales que le permitan a la ciudad hacer lo mismo.

Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, fue una de las primeras en la nación en requerir que los conductores de Uber y otras empresas de taxis por celular se sometieran a la verificación de antecedentes penales por huellas dactilares, utilizando una base de datos del FBI.

El programa de Houston comenzó en noviembre de 2014 y los funcionarios de la ciudad dicen que este método es mucho más profundo que cualquier otro cuando se trata de comprobar el pasado penal de alguien.

El ajuste fue posible gracias a que el INE ahorró el año pasado US$141.2 millones con el desplome del precio del petróleo, del cual depende cerca de 50% de la producción eléctrica nicaragüense.

Esta es la segunda reducción importante en las tarifas del INE desde que el petróleo comenzó a bajar de precios el año pasado, cuando la tarifa bajó 10%.

“Creo que es un muy buen paso para iniciar el año” 2016, comentó a la prensa el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua Cesar Zamora.

En Nicaragua existen un poco más de un millón de usuarios de electricidad, de los cuales 93% son residenciales y el resto empresariales.

El país registra el costo de energía más alto de Centroamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Para los usuarios de la tarifa no social de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y de Deorsa, la baja fue de Q0.04 por kilovatio hora al mes (kWh), y estas tarifas se fijaron en Q1.15 y Q1.56, respectivamente. En Deocsa no hubo cambios y se queda en Q1.64 por kWh.

Este segmento incluye a los usuarios que consumen de 300 kilovatios en adelante.

En el caso de la tarifa social, la EEGSA también la bajará a Q0.04 y se ubicará en Q1.14, mientras que en Deocsa será de Q0.02.

Deorsa queda estable, en Q1.65 por kWh.

Para este grupo, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) continuará brindando el aporte extraordinario para subsidiar a quienes consumen de 0 a 100 kilovatios al mes, que son el 69% de familias que reciben el servicio, por lo que estas no percibirán el cambio.

Percibirán las bajas leves quienes consumen de 101 a 300 kWh, cubiertos por tarifa social pero no reciben el aporte extraordinario.

La CNEE explicó que se aplicaron los fondos de reserva. Para los siguientes trimestres hay saldos a favor de Q387 millones en la EEGSA y Q184 millones en Deorsa y Deocsa.

En la actualidad, la tarifa social se ubica en Q1.18 por kilovatio hora (kWh), y la no social, en Q1.19. La baja será de Q0.05.

Rodas dijo que las tarifas reflejarán estabilidad en torno a esos valores en los próximos dos o tres años, pero podrían experimentar bajas o incrementos de alrededor del 4%.

Las bajas se verían influenciadas a inviernos copiosos o disminución en los precios de los combustibles. Las alzas se darían por poca lluvia o aumento en precio de los combustibles.

La operación de Jaguar Energy Guatemala — carbón— impactaría a también a la baja porque ayudará a disminuir el precio spot —compra-venta de energía sin contrato—, dijo el ejecutivo.

Las tarifas de Deocsa son de Q1.64 y Q1.73 el kWh, y en Deorsa, Q1.59 y Q1.65. Ambas esperan que de noviembre a enero se produzca una baja debido al impacto del suministro de Jaguar Energy.

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) informó que el ajuste Tarifario para el trimestre de agosto a octubre 2015 será calculado con los costos de suministro del período de abril a junio. Por ello no se notaría ningún impacto a la baja por la ejecución del contrato de Jaguar que suministrará a Energuate a partir de este viernes y “se estima una estabilidad tarifaria para el próximo trimestre” indicó ese ente por medio de un boletín.

Para el cálculo del referido ajuste, las distribuidoras deberán remitir la información correspondiente el día 15 del presente mes.

Por aparte Dimas Carranza, gerente de regulación de Energuate confirmó lo mencionado por la CNEE y agregó que el impacto se sentirá en el ajuste trimestral que cubre del 1 de noviembre próximo al 31 de enero del 2016, ya que para calcular esa tarifa se toman en cuenta las compras de energía de julio, agosto y septiembre, por lo que se esperan bajas en la tarifa en esas fechas.

La CNEE agregó que “no ha tenido participación en el acuerdo alcanzado entre Jaguar Energy Guatemala con DEOCSA y DEORSA” ya que solo se requiere autorización de la CNEE “cuando los contratos son objeto de modificación, lo cual no ha sucedido en este caso, según lo informado por las empresas distribuidoras”.

Sin embargo anunció que ha iniciado un procedimiento sancionatorio para supervisar el cumplimiento de las distribuidoras de la obligación de mantener cubierta su demanda firme de conformidad con lo establecido Ley General de Electricidad.

Mientras Energuate indica que el contrato con Jaguar logra mantener costos más bajos entre 10% y 26% que las licitaciones uno y dos de largo plazo, el consultor Roberto Barrera cuestiona que la CNEE y el Ministerio de Energía y Minas avalaron las contrataciones de largo plazo que se contrataron a más altos precios que a Jaguar, las cuales indicó que están sobrevaloradas, aunque ese punto fue descartado por Carranza.

Ejecutivos de Jaguar Energy, como Ernesto Córdova fueron señalados este día por la Cicig y el MP de pagos y tráfico de influencias para favorecer dicho contrato.

Las bajas son de entre 12% y 17% respecto a la tarifa actual.

En tarifa no social se fijó que para EEGSA es de Q1.19; Deocsa, Q1.64 y Deorsa, Q1.59, bajas de entre 8% a 17%.

Estos estarán vigentes en el trimestre que cubre desde el 1 de mayo al 31 de julio próximo.

La disminución del precio al público se deriva de nuevos contratos de generación de energía para sustituir tecnologías de búnker por más hidroeléctricas, carbón, solar y eólica, con contratos a 15 años que empiezan a regir el 1 de mayo.

Además el INDE seguirá brindando el aporte extraordinario para subsidiar a quienes consumen de 0 a 100 kilovatios.