Caso TCQ: Durante juicio MP reproduce declaración de exsecretario de Roxana Baldetti

En el desarrollo del juicio contra implicados en el caso TCQ, el MP reprodujo un audio con el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti.

Hedy Quino y Elmer Vargas

9 de julio de 2024 | 17:30h

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Este martes 9 de julio se desarrolló el juicio en contra de un grupo de personas implicadas en el caso TCQ. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Este martes 9 de julio se desarrolló el juicio en contra de un grupo de personas implicadas en la firma de un contrato para lograr un usufructo para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal a cambio de sobornos, investigación conocida como caso TCQ.

Se trata de Gustavo Adolfo Martínez, Lázaro Noé Reyes, Julio Nolberto Esquivel, Mario Ruano y el exmagistrado Douglas René Charchal, quienes son enjuiciados por distintos delitos.

El juicio en contra de los acusados se celebró en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Durante el desarrollo del debate oral y público, como parte de las pruebas presentadas ante el Tribunal, el Ministerio Público (MP) presentó la reproducción de un audio con la declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien la hizo bajo la figura de colaborador eficaz dentro del proceso judicial.

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Testimonio de Carlos Monzón

En la grabación se escucha a Monzón brindar detalles sobre la negociación de la entrega del Puerto Quetzal a TCQ.

“Les hice la propuesta, que les urgía. Ellos tenían ese tema de la suspensión del usufructo. Les urgía que yo les aceptara las formas de pago. Yo me fui a Cancún, les dije que si les interesaba que el presidente les levantara la suspensión del usufructo, que llegarán allá conmigo y que ahí lo negociarían. Efectivamente se fueron para Cancún. (…) Un Martes Santo 26, ahí se cerró un negocio del usufructo señor juez”, se escuchó en los parlantes de la sala de audiencias el relato de Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti.

“Inicialmente me dijeron que me iban a pagar US$10 millones y el resto me lo iban a pagar a diciembre de 2015”, se escuchó a Monzón en la grabación, refiriéndose al posible pago de US$30 millones en total.

Durante su testimonio, Monzón también hizo referencia a las comunicaciones que habría tenido con el binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

“Verónica hágame un favor, la señora vicepresidenta me acaba de autorizar de que le hablé al señor presidente para decirle que yo ya solventé la parte que me correspondía con el usufructo de Puerto Quetzal, que ya le puede dar viaje al tema del terreno”, dijo Monzón en la grabación.

Durante el desarrollo del debate oral y público se reprodujo la declaración de Juan Carlos Monzón. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Juicio continúa

La jueza presidente del Tribunal, en la audiencia anterior, dio oportunidad a los sindicados de declarar y únicamente lo hizo Gustavo Adolfo Martínez, yerno de Otto Pérez Molina, sindicado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

El juicio continuará y se espera que se retome la diligencia de pruebas y la comparecencia de testigos ante el Tribunal.

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que Gálvez autorizó la extradición contra Archila, exministro de Energía y Minas, por el caso Cooptación del Estado, en el cual funcionarios utilizaron entidades públicas para retribuir a financistas lo aportado para la campaña de 2011 del PP.

Archila fue ubicado en Miami el 13 de diciembre de 2016, cuando se le venció su visa de turista. Fue arrestado y luego de una audiencia en enero de 2017 fue liberado después de pagar una fianza de US$25 mil.

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En el caso de Marroquín, exinterventor de la Portuaria Quetzal, el juez aceptó la solicitud de la Fiscalía para pedir la extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, Marroquín pudo haber cometido delitos en el caso Terminal de Contenedores Quetzal. En ese proceso exfuncionarios como Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y particulares entregaron de forma ilegal un contrato del Estado para obtener un beneficio económico de US$30 millones.

El exfuncionario Allan Marroquín fue capturado por las autoridades estadounidenses en octubre del 2016 por un problema con sus documentos migratorios.

Esa vez, la Fiscalía solicitó que Marroquín fuera extraditado de Estados Unidos a Guatemala por la comisión de los delitos de fraude, cohecho pasivo y asociación ilícita.

Ademas al exfuncionario se le vincula con hechos ilícitos en el proceso Cooptacion del Estado.

El proceso de extradición de Marroquín queda en un trámite administrativo entre la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de Estados Unidos.

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En este procedimiento se investiga el supuesto pago de una comisión de US$30 millones entre 2012 y 2015 al expresidente guatemalteco y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Con el soborno pretendían que Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., por medio de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, según la Fiscalía.

El magistrado imputa a los cinco detenidos dos delitos de cohecho, falsedad y encubrimiento. Además a Ángel Pérez-Maura, le añade el delito de cohecho internacional, informaron a Efe fuentes jurídicas.

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En la resolución, que fija un plazo de siete días para depositar las fianzas, el juez impone varias medidas como la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retira del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.

Pide extradición

Guatemala reclamó a España en 2016 la entrega de Pérez-Maura por asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional la denegó en septiembre pasado por ser un ciudadano español y porque solo puede ser investigado en este país por el último de esos delitos, aunque abrió la posibilidad que fuera enjuiciado por ello.

Ello “resultaría sumamente fácil”, según indicó el tribunal, y se haría “mediante la aportación de la oportuna documentación” por parte de Guatemala.

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En España también se indaga la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Manuel Villarejo por una entidad mercantil de Pérez-Maura para tratar de impedir su detención y extradición.

Trataba así, según la Fiscalía, de obtener impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.

Villarejo, quien fue un importante jefe policial de España, se encuentra en prisión preventiva desde hace 18 meses acusado de distintos cargos relacionados con la corrupción.

No tiene repercusión en Guatemala

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) dijo que el hecho de que el empresario español Ángel Pérez-Maura haya quedado en libertar bajo fianza en ese país no tiene repercusión en Guatemala porque esta persona fue detenida “por supuestamente pagar sobornos para no ser extraditado de España hacia Guatemala”.

De acuerdo con Sandoval, este hecho constituye un proceso interno en España, independiente de la petición que se ha realizado a las autoridades de ese país para que sea juzgado por cohecho activo en el país ibérico. “La captura fue por una investigación que ellos desarrollaron porque él pago sobornos con el propósito de no ser extraditado a Guatemala”.

¿Quién es Pérez-Maura?

Pérez-Maura es un empresario naviero cuya familia tiene una larga historia en este negocio que se remonta a la época de Antonio Maura y Montaner, presidente del gobierno español a inicios del siglo pasado.

Es el mayor de cinco hermanos de una de las familias con mayor tradición empresarial de Cantabria, norte de España.

Es el presidente de Grupo Pérez y Cía., empresa naviera que presume de una historia de 150 años de trayectoria en el manejo de embarcaciones y de ser una de las redes de transporte marítimo más grandes de España, esta a su vez es propietaria de TCB a cuya subsidiaria, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), se le concedió en el 2012 la construcción de la terminal en Puerto Quetzal y su manejo por 25 años.

Una publicación de septiembre del 2018 del medio económico español Merca2 señala que la familia cuenta con un patrimonio que supera los 300 millones de euros y que ha tenido una historia no solo empresarial, sino también política.

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Por ejemplo, la madre de Ángel Pérez-Maura, Elena García Botín, fue durante muchos años diputada del Partido Popular (PP) por Cantabria.

La nota de Merca2 califica al apellido Pérez-Maura como “noble” y de “rancio abolengo” y que ha marcado la historia de España.

Destaca que esta “dinastía” siempre ha mostrado una gran afición por la caza, actividad que ha compartido, incluso con el Rey Emérito Juan Carlos I, quien se considera “otro gran amigo de la familia” ya que con el padre de Ángel Pérez-Maura, Jaime Pérez-Maura y Herrera, practicaban regata cuando eran jóvenes.

“La relación —de la familia Pérez-Maura— con la Casa Real siempre ha sido estrecha como corresponde a toda saga aristocrática que se precie”, concluye el artículo.

El Mundo señala que actualmente Ángel Pérez-Maura es vicepresidente de TCB, y afirma que, según un ranking elaborado por el medio, su familia se ubica en el puesto 156 de las más ricas de España.

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Antes de que saliera a luz el caso, Pérez Maura vendió TBC a la empresa ATM Terminals, la cual se vio afectada por los señalamientos de corrupción y no pagó el total de la venta al empresario español, por lo que abogados de su confianza planearon la forma de obtener el pago completo.

Para evitar una extradición a Guatemala, el empresario español habría contratado al comisario José Manuel Villarejo, quién habría hecho uso de sus influencias para ayudarlo.

La misión

Rafael Redondo es el nombre del abogado que habría negociado con autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), un acuerdo que permitiría que APM Terminals rescindiera el contrato firmado entre Guatemala y TCB.

Redondo es conocido como mano derecha de Villarejo, e incluso fue detenido por la policía española junto al comisario en un caso denominado Tándem.

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Al concluir este contrato, APM podría firmar uno nuevo, pero a la vez, Pérez Maura podría cobrar el total acordado por la venta de TCB, según el medio español El Confidencial, que ha hecho una serie de publicaciones sobre el empresario español y cómo logró evadir la extradición a Guatemala.

La publicación señala que Redondo “efectuó numerosos viajes a Guatemala” para lograr un acuerdo que permitiera regularizar la concesión del puerto, pues un grupo de expertos contratados por el empresario determinó que “si las autoridades -de Guatemala- legalizaban el proceso administrativo, la causa penal acabaría deshaciéndose como un azucarillo y, por tanto, ni habría extradición de Pérez-Maura (…) ni APM Terminals tendría ya excusas para no pagar el cien por ciento del precio pactado en 2015”.

Según la publicación, Redondo “obtuvo lo que buscaba”.

En septiembre del 2016, la PGN y APM Terminals firmaron un memorándum de entendimiento en el que la empresa se comprometía a pagar US$32.7 millones, el monto del soborno, además de otros US$10.5 millones que servirían para financiar proyectos de desarrollo.

El Gobierno, por su parte, rescindiría la concesión otorgada a TBC y daría en usufructo la terminal a APM Terminals.

Anabella Morfín, era jefa de la PGN cuando se firmó el memorándum y confirmó a Prensa Libre que una vez definidos los términos se firmó el documento, pero que este dejaba claro que esos acuerdos no afectarían la persecución penal, es decir, que el caso presentado por el MP y la Cicig continuaba en marcha.

Morfín asegura que nunca se reunión y no conoció a Redondo. “Tuve varias reuniones que tuvieron lugar en presencia, en algunas ocasiones física y en otras por videoconferencia, de la fiscal general, Thelma Aldana”, explicó la exfuncionaria.

La ex PGN indicó que este acuerdo fue una consecuencia de la intervención que solicitó el MP como una medida cautelar y de reuniones con el interventor, Alexander Aizenstatd.

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Términos cambiaron

El exinterventor de TCQ negó a Prensa Libre haber conocido a Redondo o siquiera haber escuchado su nombre.
Aizenstatd indicó que él hizo sugerencias sobre el acuerdo que se debería firmar entre la empresa y el Estado de Guatemala, que incluía un resarcimiento, pero que nunca redactó un contrato al respecto.

El exinterventor dijo que al final, el acuerdo que se firmó tenía algunas modificaciones a sus sugerencias.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, indicó que Redondo no figura en ninguna investigación.

En el Congreso

El memorándum finalizaba con una propuesta de ley para la concesión directa a APM Terminals y cambios de términos del contrato original con TBC, los que se verían reflejados en el nuevo acuerdo.

Morfín explicó que entre estos cambios estaban: la reparación al Estado por el monto defraudado, se modificó una condición que permitía que la empresa retirara las grúas de la portuaria y ahora estas quedarían a favor del Estado y se establecía la instalación de una máquina de rayos equis para determinar que productos ingresaban; además, se establecía que las acciones penales podían continuar.

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Dicha propuesta de Ley debía ser aprobada en el Congreso, pero esta nunca se concretó y no entró a discusión.
Según El Cofidencial, esto ocurrió en Guatemala porque en España ocurrió la captura de Villarejo y Redondo.

“El único trámite que faltaba para oficializarla era que el Gobierno presentara el anteproyecto de ley del memorándum en el Congreso y una mayoría de diputados lo respaldara. El partido del presidente -Jimmy Morales- llegó a defender la iniciativa en la cámara, pero la operación Tándem estalló antes de que se diera el último paso”, dice el texto de El Confidencial.

Contrató lobistas

La investigación del medio español indica que Villarejo también creó una estrategia jurídica que se enfocó en Estados Unidos, debido a que el jefe de la Cicig, Iván Velasquez, depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York.

En aquella ciudad, Villarejo contrató al abogado Stephen A. Best, presidente del bufete Brown Rudnick, “experto en delitos económicos y, precisamente, en casos de corrupción internacional como el que tanto inquietaba a Pérez Maura”, señala la publicación.

Los servicios de este abogado estarían enfocados en tratar de desvanecer las denuncias de la Cicig y el MP en contra del empresario español, pero también encontrar la forma de eliminar la concesión.

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Best también ayudaría a mejorar la estrategia de defensa de Juan José Suárez Meseguer, el único español detenido en el caso y quien era delegado de Pérez Maura en Guatemala.

El comisario, según El Confidencial, también recurrió a Manny Delgado, un lobista de Florida que tendría a su cargo las relaciones con los medios de comunicación e instituciones en Estados Unidos y Guatemala.

“Lo cierto es que, a pesar de la gravedad de los hechos y la notoriedad del principal implicado —la familia Pérez Maura está entre las más ricas de España, con un patrimonio estimado de €300 millones—, las informaciones sobre el caso TCQ apenas habían tenido hasta ahora repercusión en medios nacionales. El silencio era sepulcral”, indica el medio español.

Villarejo habría frenado la extradición de Pérez Maura a Guatemala, gracias a sus contactos con Dolores Delgado, actual ministra de Justicia en España y su amistad con Baltazar Garzón, juez con gran influencia en Latinoamérica.

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Los lujos de Juan Carlos Monzón que ahora pertenecen al Estado

“Ya le hice llegar una nota al juez Gálvez, mi familia fue identificada en el país donde se encuentra, sufrieron dos atentados, la Cicig sabe de los dos atentados que sufrió mi familia, no he tenido el apoyo en relación a la seguridad de mi familia como otro colaborador eficaz”, contó Monzón.

Monzón contó que el 24 de noviembre del año pasado trataron de atentar contra su familia en el país donde viven y que solo sustrajeron documentos “Se llevaron copia de mi caso, los pasaportes, se llevaron el récord escolar de mis hijos, se llevaron el documento que les dieron de estatus temporal”, añadió Monzón.

Monzón agregó que el 24 de noviembre del 2017, hubo un incidente en la casa donde reside su familia, luego de salir del país. Qué se robaron el expediente de su caso y documentos de sus hijos. pic.twitter.com/QdNheshS1C

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 14 de febrero de 2018

Monzón dijo que las personas no robaron ningún otro objeto más que un maletín en donde se encontraban los documentos y una copia de la solicitud de asilo que tiene en trámite, sin indicar a qué país, y reconoció que teme por la seguridad de su familia.

Enemigos más poderosos

Monzón asegura que ha recurrido a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes descartaron toda ayuda, y posteriormente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oacnudh, pero no ha recibido respuesta.

Monzón también indicó que no solo tiene enemigos en el país como Otto Pérez Molina sino también la familia Pérez Maura de España exdueños de #TCQ pic.twitter.com/UHL37ehKup

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 14 de febrero de 2018

“Yo no solo tengo enemigos directos nacionales como Otto Pérez, Roxana Baldetti, Mauricio López, Sinibaldi, Érick Archila, esos son enemigos de bajo nivel, recuérdense que por mi declaración y por decir la verdad, una de las familias más ricas de España, los Pérez Maura fueron afectados con US$450 millones por haberles quitado el TCQ. Ellos tienen la capacidad económica para localizar a mi familia y a mí en cualquier parte del mundo”, denunció Monzón.

Cambio de cárcel

El colaborado eficaz dijo que hubo un intento de cambiarlo de cárcel y que se hiciera público el lugar donde está guardando prisión, pero una resolución del juez Miguel Ángel Gálvez lo habría librado.

“Se da en el cambio de la cúpula del Ministerio de Gobernación, porque muy pocas personas saben dónde estoy resguardado, gracias a Dios estoy muy bien resguardado, eso sí lo tengo por seguro, pero le puedo asegurar que ningún preso que esté en el Mariscal Zavala, en Matamoros, quisieran estar en las condiciones en las que yo estoy, no hubieran aguantado”, dijo Monzón.

El colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón indicó que si hubo intención de moverlo de cárcel y de saber en qué prisión se encuentra. pic.twitter.com/fMgIlGwlDg

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 14 de febrero de 2018

Mozón asegura que se enteró por los medios que fue el juez Gálvez quien dio la instrucción de que no lo cambiaran por el riesgo que corre de sufrir un atentado.

Quien dijo que se le incrementó la seguridad donde está, que Gobernación llevó más agentes con más armas, pero presume que ha de ser el resultado del análisis de inteligencia que los habría obligado a llevarle seguridad extra.

A pesar de citar el pago que en algún momento deberá hacer el Estado, aún no se tiene el monto de daños y prejuicios que la empresa deberá pagar a Guatemala. Dijo que pedirán una aclaración para poder saber el monto.

Morfin aseveró: “Un monto de daños y perjuicios la PGN no lo puede establecer, porque la PGN no es experta en determinar el daño, por esa razón se le pidió a la Corte que hiciera la condena en costas de que esa deviene de la propia nulidad del contrato. Es la consecuencia lógica de una nulidad absoluta del contrato; se le había pedido que ese monto se definiera por expertos en incidente una vez estuviera firme la sentencia”.

Aseguró que pedirán una aclaración y ampliación a la Sala, y dijo que si era necesario presentarían una casación.

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“Recordamos que la sentencia no está firme, una vez agotados todos los recursos que la ley establece se tendrá que dilucidarse cada uno de estos pasos, y luego de que se termine se tienen que revertir los bienes porque esta es la consecuencia lógica”, expresó.

Recordó que no se observó el proceso legal que daba vida al funcionamiento de TCQ, en conformidad con la Ley  de Contrataciones del Estado. Aseguró que lo que debió hacer fue celebrarse una concesión, la cual debió ser autorizada por el Congreso, “pero lo que se hizo fue un usufructo oneroso”, enfatizó.  

Justicia

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Según se informó, APM Terminals, propietaria de TCQ, pedirá a la Sala una aclaración sobre la resolución. Si su duda no es resuelta, podrá pedir una aclaración y por último plantearían un recurso de casación que tiene por objeto anular la sentencia.

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La Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) empezó a operar desde noviembre de este año con el nombre de APM Terminals Quetzal.

PGN identificó anomalías

En septiembre de 2015, la Procuraduría General de la Nación (PGN) declaró nulo el contrato por considerar que  el contrato de concesión fue disfrazado de usufructo oneroso, por lo que no era posible otorgar el terreno por medio de esa figura.

La PGN determinó que el subinterventor Julio Rolando Sandoval Cano, quien aparece como firmante del contrato, no tenía las facultades para hacerlo. Él está procesado por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude en el caso TCQ.

Lo mismo ocurrió con el exinterventor Allan Marroquín, porque la EPQ estaba intervenida cuando se firmó el contrato.
Marroquín está preso en Estados Unidos.

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Antecedentes

APM Terminals, cuya empresa matriz opera en Holanda, adquirió en el 2016 las acciones de la Terminal de Contenedores Barcelona (TCB), a la cual se le dio en usufructo un terreno para operar en Guatemala con TCQ.

Esta última firma fue intervenida judicialmente y nueve meses después —febrero último— empezó a operar con base en ese contrato de usufructo oneroso firmado con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por 25 años prorrogables. En julio pasado, el Ministerio Público levantó la intervención.

Por la firma del contrato enfrentan proceso penal el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y 10 personas más, quienes se habrían beneficiado con US$24.4 millones en sobornos que entregaron los ejecutivos de TCB.

APM Terminals tiene capacidad para mover 340 mil TEU —unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores— anualmente. De febrero a noviembre de este año han movido 62 mil 900. Además, ha atendido 85 buques, de los 103 previstos para el año, y 35 mil 400 camiones.

Una de las más perversas modalidades de la corrupción, que supera con creces el irresponsable manejo de los recursos públicos, es el abuso de poder, que ha dejado una profunda huella en nuestra historia. Sin excavar tan hondo en nuestras últimas décadas se puede afirmar que ningún presidente se salva de haberse conducido de manera impropia en el manejo de los bienes estatales.

Se estima que solo en malas negociaciones, hechas por funcionarios corruptos, el país ha perdido unos cuatro mil quinientos millones de quetzales y aquí se pueden citar casos como Odebrecht o TCQ, cuyas negociaciones tienen en la cárcel a un número significativo de exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota, mientras quienes dirigieron esos malos negocios incluso se encuentran prófugos, como es el caso de Alejandro Sinibaldi.

Hay negociaciones oscuras y lesivas para el país que no es fácil cuantificar, pero que se traducen en enormes pérdidas para los guatemaltecos, como lo ejemplifica la ola de privatizaciones encabezadas por Álvaro Arzú durante su presidencia, que dejaron un generalizado sentimiento de pérdida irreparable.

Desde esos tiempos surge ese marcado irrespeto por los bienes y los recursos nacionales, hasta llegar al extremo de contratar préstamos y empresas constructoras coludidas con inmorales funcionarios que han hecho un gran aporte en la debacle nacional, como fue el caso de la constructora brasileña, que dejó sin concluir el tramo carretero de Suchitepéquez hacia la frontera con México.

Esa canallesca acción es la que causa de que ahora el Gobierno guatemalteco anuncie que dicho trayecto sigue adelante, pero se reducirá a la mitad de su capacidad, para lo cual habrá que desembolsar otros Q300 millones, cuando ni siquiera existen acusaciones contra los diputados y los funcionarios que aprobaron ese negocio en condiciones, a todas luces, inmorales.

Esos hechos intolerables ocurren con demasiada frecuencia aquí, por eso se sospecha de cualquier megaobra, porque invariablemente esta presente la coima, al extremo de existir proyectos que una y otra vez aparecen en los sucesivos gobiernos, como ha ocurrido en Champerico, donde incluso los donativos de otros países se perdieron, como en la administración de Álvaro Colom, cuando debió construirse una dársena, lo cual no se hizo y representó la pérdida de una inversión de Q404 millones.

El problema más serio de esta red de corrupción enraizada en el Estado es que los funcionarios del Ejecutivo son los que lideran el latrocinio, los diputados los respaldan en sus perversas acciones y el poder judicial se hace de la vista gorda en negocios millonarios, en los que el único que pierde es el guatemalteco, pues con sus recursos avanza un modelo de enriquecimiento que de la noche a la mañana produce nuevos millonarios.

Fiscalizarán recursos

Otto Veliz, líder comunitario, indicó que es urgente el desarrollo del municipio, por lo que esperan que ese dinero se invierta en proyectos en las comunidades y que no desaparezca por arte de magia como ocurre con el dinero que recibe la municipalidad de las utilidades de Puerto Quetzal, que nunca se ve en qué se invierte.
 
Expresó que es importante invertir en proyectos de educación, salud y seguridad pues no se ha visto que estos sean prioritarios para ninguna corporación municipal.
 
 

La rampa Fénix Cargo presta el servicio de revisión no intrusiva —rayos equis— a contenedores que salen para revisión. Sin embargo, la Intendencia de Aduanas se queja de que han tenido sabotaje en la instalación de cámaras de control y en la construcción de otros 16 andenes —estaciones— dentro de las rampas que no estaban autorizadas.

Fénix Cargo ya opera 16 rampas e interpuso un amparo para continuar operando, que en un principio fue a su favor, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que resolvió a favor de la SAT.

Intercambio

Solórzano Foppa afirmó que no pueden hacer nada respecto del contrato que mantienen EPQ y Fénix Cargo, aunque advirtió que la portuaria debe de ejercer mayores controles, ya que esta tiene la figura de DAT; de lo contrario, analizarán otras medidas.

“Fénix lo que está buscando con estas acciones es anarquía en el puerto, que no existan controles, que no exista depósito y que la SAT ya no los siga fiscalizando en lo que esta pasando en los puertos, y esa es la mayor explicación”, afirmó el jefe de la SAT.

Por el contrario, Prado dijo que en los siguientes días interpondrán una denuncia por difamación y calumnia contra Solórzano Foppa, y explicó que las acciones que están llevando a cabo están en el marco de la legalidad.

“Esto ya es un tema personal entre él y nosotros, porque -Solórzano- ya se cree un superman. Lo invito a él para que lo discutamos en un debate, porque nosotros fuimos los que denunciamos a La Línea”, aseguró el representante legal.

Contratos

El superintendente explicó que habrá más acciones legales contra Fénix Cargo porque se niega a ser fiscalizada y controlada por la SAT.

Incluso, sugirió que si hay incumplimientos, que la EPQ cancele el contrato con Fénix, y que aplique las sanciones establecidas si se niega a ser controlada.

Al respecto, Prado afirmó que mantienen un contrato de 25 años que fue otorgado por la Junta Directiva de la EPQ en el 2011, antes de que fuera intervenida por el entonces interventor Allan Marroquín, cuando se entregó el usufructo a TCQ. El contrato vencerá en el 2036, según Prado.

Mafias

Solórzano reconoció que siguen operando grupos criminales en las portuarias y en las aduanas.

“El caso La Línea vino a desnudar un trabajo conjunto entre importadores, tramitadores, personal de SAT y agentes aduaneros. Esto solo es una parte de las estructuras”, afirmó.

El funcionario explicó que las mafias en los puertos hacen mucho más dinero —negocios— que en las revisiones e inspecciones.

Agregó que todos los contratos que mantienen los puertos son a largo plazo, que al final son rentables pero que se han obtenido de forma anómala.

Entre estos mencionó grúas, mantenimiento y reparaciones y servicio de dársena.

El amparo promovido por esas empresas suspendía las acciones administrativas y de fiscalización de la SAT en rampas operadas por ellos dentro de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Según el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, esas empresas tienen un usufructo firmado por el cual están facultadas para la operación de rampas de inspección dentro de EPQ y que han visto afectados sus intereses por la fiscalización que realiza la SAT.

Operaciones en TCQ son normales a pesar de desintervención

“Ahora toca esperar la resolución final del amparo, pero vamos a estar atentos del actuar y de las otras posibles acciones que se vengan, estas entidades han entorpecido la labor de la SAT en fiscalización y control en los puertos”, dijo Foppa.

El superintendente en su cuenta de tuiter notificó de la resolución y connotaba con emoticones de la red social que la resolución del tribunal de amparo era un golpe a las mafias.

“En la forma en que han venido operando algunas de ellas, consideramos que hay mafias detrás de estas acciones y personas que quieren entorpecer la labor de la SAT”, aseveró Solórzano Foppa.

Piden antejuicio

El superintendente aseguró que la empresa Fénix Cargo ha promovido otras acciones legales que han llegado hasta los más altos tribunales, y comentó que días atrás la SAT ganó la batalla en otro amparo que la empresa interpuso.

Derivado de esas acciones promovidas por Fénix Cargo, la SAT interpuso un antejuicio contra un juez de instancia de Escuintla por supuestamente haber planteado un amparo ilegal a favor de la empresa.

La Corte Suprema de Justicia conoció el antejuicio y designó a un juez pesquisidor para que investigue sobre el caso y el juzgador podría enfrentar a la justicia por presuntamente favorecer a la empresa.

La SAT seguirá imponiendo la ley y velando porque se cumpla el Código Aduanero Unificado y la Ley de Aduanas, concluyó el superintendente.

Ante la medida, personal de la Intendencia de Aduanas, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tendría que ser retirado, por lo que las mercancías que ingresen o se encuentren en los recintos no serían registradas por el servicio aduanero.

La EPQ es el principal puerto del país, por el cual ingresa  la mayor cantidad de carga marítima, sobre todo granos comestibles y para animales, así como fertilizantes, combustibles y carbón para la generación de energía.

Resolución

La Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo le  notificó el pasado martes a la Intendencia de Aduanas  que deja  suspendidas las resoluciones  de la SAT, que  facultó a la EPQ desde el 2015 para trabajar como Depósito Aduanero Temporal, y a TCQ, en el 2016.

La sala en mención otorgó un amparo provisional promovido por las empresas Fénix Cargo, Almacenes y Silos, S.A, (Almacilos), y Aplicaciones Técnicas, S.A (Aplitec), que operan las rampas de inspección no intrusiva —rayos equis— a  los contenedores, que salen en selectivo rojo.

“El fondo de esta resolución es que ellos —las tres firmas—  desean estar en el plano de igualdad, con TCQ, a la hora de hacer las inspecciones selectivas   a los contenedores, y por eso están planteando la acción”, señaló en conferencia de prensa el superintendente de Administración Tributaria, Francisco Solórzano Foppa. Al dejar sin efecto las dos resoluciones del órgano recaudador, que les faculta como   DAT,  “las operaciones que realicen los puertos —embarque y desembarque—  estarían siendo ilegales”, por lo que apelarán (hoy)  la resolución, agregó.

El amparo también dejaría sin efecto los contratos de las firmas que manejan las rampas.

Solórzano Foppa dijo que en otra parte de la resolución se indica que pueden seguir operando pero deben distribuir de manera equitativa a  Fénix Cargo, Almacilos,  Aplitec y a TCQ la revisión de contenedores con selectivo en rojo. A su criterio, existe contradicción. Además, deberán  construir un paso entre el muelle de EPQ y TCQ para el traslado de contenedores.

Prensa Libre intentó conocer la versión de Fénix Cargo, pero en los teléfonos registrados en la página de EPQ no responden.

Lo que procede, según Werner Ovalle, intendente de Aduanas,  es retirar a las 240 personas,  asignadas en ambas terminales.

Bernardo López, presidente de la EPQ, informó que hasta ayer no habían recibido notificación  sobre la suspensión de DAT. “Desconocemos si la resolución ha causado firmeza”, explicó en un mensaje de Whatsapp.

Enrique Godoy, comisionado de Competitividad, afirmó que esta es una reacción, ya que la SAT había pedido  que la rampa Fénix Cargo dejara de operar.

“Hay que entender el juego. Es obvio que hay intereses y poderes ocultos detrás de esas estructuras que han recurrido a amparos, en juzgados, salas, y lo que estamos es batallando con esas estructuras”, enfatizó.

Víctor Rivera Barrios, consultor en comercio exterior y agente aduanal, explicó que existe un vacío legal, que de confirmarse  el amparo provisional  las mercancías que ingresen en el futuro puedan tipificarse como contrabando aduanero, porque ninguna autoridad las registrará para el pago de impuestos.

Las mercancías que se encuentren en EPQ y TCQ deben ser liquidadas o trasladadas a otros depósitos o almacenes.

El directivo explicó que aunque el juez levantó la intervención, el proceso de extinción de dominio, la nulidad del contrato y las acciones penales en contra de exdirectivos que suscribieron el contrato se mantienen.

Esas acciones las ejecutaba el ahora exinterventor Alexander Aizenstatd.

El comisionado reiteró que la Fiscalía Especial contra la Impunidad continuará con las investigaciones.

A partir de ayer, la administración queda a cargo de Gabriel Corrales, director general de TCQ.

Camino libre

Javier Reyes Navarrete, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de EPQ, afirmó que el motivo de la intervención fue haber dejado libre el camino a los inversionistas de la terminal.

“Es un contrato que nació bajo la sombra de la corrupción y lo que debió proceder es declarar nulo”, aseguró.

El sindicalista dijo que, a su criterio, era necesario mantener la intervención o que el juez de Extinción ordenara otro interventor, para mantener el control.

La medida, enfatizó, se debe a que aún no han finalizado los juicios.

TCQ estuvo intervenida durante 12 meses.

El Ministerio Publicó solicitó a la jueza Isabel Guerra retirar la intervención, con el objetivo de evitar la pérdida de la maquinaria y para poner a operar la terminal.

TCQ fue intervenida luego de un proceso judicial originado en la supuesta entrega irregular del terreno donde opera la firma, y que derivó en la entrega de Q30 millones en sobornos a exfuncionarios.

El plazo empezará a correr luego de que, en los siguientes 45    días, la SAT   presente una propuesta para mejorar el funcionamiento de las terminales, donde según el funcionario “no están cumpliendo con las regulaciones” y persisten estructuras internas y externas que facilitan la defraudación,  similares a La Línea  desarticulada en abril del 2015, así como actividades vinculadas con el narcotráfico.

“Vamos  hacer nuestro planteamiento, porque tenemos un compromiso más moral que legal, porque no tenemos la obligación de hacer una propuesta en temas de puertos; no es nuestra función, sin embargo, lo vamos  hacer y lo hemos asumido como un reto”, afirmó  a Prensa Libre.
Solórzano Foppa explicó que desde hace un año han comunicado un pliego de peticiones a las autoridades portuarias, que si no se ejecutan será “muy difícil cumplir con las metas, así como trabajar en conjunto”.

Pero la advertencia va más allá, y según el funcionario se debe hacer una revisión profunda de los contratos —son 25— cuestionados que manejan  en la actualidad las portuarias, por ejecutivos que se encuentran fugitivos y que están involucrados en los casos TCQ y Cooptación del Estado.

“¿Cómo es posible que tengamos contratos con personas prófugas?, ¿estamos financiando la corrupción?, ¿estamos financiando a prófugos de la justicia?, son temas que no se pueden estar permitiendo.  Esas son las personas que operan en los puertos”, enfatizó el recaudador.

En el 2016, el 79.5 por ciento del comercio exterior del país —exportaciones e importaciones— fueron manejados por las terminales, según la Comisión Portuaria Nacional (CPN).
Con las acciones de corrección  que se puedan implementar, la recaudación en los puertos podría aumentar entre  Q200 millones y Q300 millones.

Poca voluntad

Solórzano Foppa se quejó de que las empresas portuarias no ejercen  controles a lo interno de sus recintos, y  los accesos de información  no los han querido compartir con la SAT, sobre todo con la Intendencia de Aduanas.

Reconoció que esta es  una  parte  compleja de las operaciones portuarias, las cuales no han respondido al pliego de solicitudes.

En el listado de las demandas de parte del órgano recaudador, sobresale la instalación de  cámaras de seguridad en todos los patios de contenedores y  acceso a  los sistemas.

También compartir información de los manifiestos de carga de los buques y contenedores, que son transmitidos 48 horas antes del atraque por las navieras. Además, de un inventario de contenedores y la ubicación en los patios,  con sistemas automatizados.

También el cierre de accesos de entradas y salidas  no controladas por la autoridad aduanera, así como el registro de los transportistas —pilotos y unidades—, gestores y tramitadores que ingresan a la zona primaria de los puertos.

“Vemos poca o nula voluntad política para poder cumplir con estas acciones legales de parte de los puertos”, señaló el funcionario.

El superintendente denunció que en  las rampas Fenix, se registran cortes de las cámaras y la fibra óptica como parte de un plan de sabotaje.

Proceso largo

Fernando Lorenzana, presidente de la Junta Directiva de la Empornac, afirmó que ellos son los más interesados en resolver los procesos y la advertencia de los seis meses que fijó  Solórzano Foppa es una muestra de voluntad política para poder  tratarlo y resolverlo.  “El superintendente quiere afinar todas las operaciones”, dijo Lorenzana.

José Gil Natareno, gerente general de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), afirmó que el superintendente está en razón de los requerimientos, pero con la disposición de que están autorizados como Depósito Aduanero Temporal (DAT). Es necesario el cumplimiento de varios requerimientos   que son procesos largos.

“Estamos realizando el mejor esfuerzo para acompañar a la SAT en las actividades que requiere, y muestra de ello es que para operar como DAT se contrató a 15 personas más solo  para atender esas solicitudes”, afirmó.

El personal, dijo, está distribuido en las rampas, en trasiego —intercambio de mercancías de contenedor a otro contenedor— y el viernes último hubo una visita de la Intendencia para empezar a trabajar en el circuito cerrado de televisión (CCTV).

Además explicó  que se dieron instrucciones a la gerencia de seguridad de la EPQ que se le preste el apoyo a  la SAT para hacer los servicios de inspección, vigilancia y seguimiento de las mercancías y contenedores.

¿Y las mafías?

Sobre las mafias que denunció el superintendente, Gil Natareno, dijo que en la EPQ existen feudos como cualquier institución,  y recordó las infiltraciones en  la Policía y  el Ejército, por lo  que están en fase de depuración.

Javier Reyes Navarrete, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de EPQ, afirmó que si el superintendente conoce sobre los grupos paralelos que operan en los puertos, como autoridades, deben actuar.

“Si hay pleno conocimiento de que existen esas estructuras, ¿por qué no proceden? Estamos de acuerdo en que se desarticulen todos esos grupos, si es que existen”, dijo.
El sindicalista  recordó que los proceso de verificación  de los contenedores deben ser intrusivos —rayos x— por lo que los puertos deben contar con   escáneres para la revisión y hace varios años que no se les pone atención. Además, en la EPQ hay un déficit de personal de aduanas.
Sobre las puertas de ingresos y salidas en la EPQ, Reyes Navarrete explicó que existen cuatro, que son  las  salidas de la Séptima Avenida, acceso principal, Marina Pez Vela y TCQ, en las cuales hay presencia de los delegados.

Vence contrato

Solórzano Foppa dijo que  en la rampa Fénix, en la EPQ, existe un desorden  y que  la autoridad portuaria no ha podido  tomar o no ha querido realizar   las acciones legales necesarias.

Gil Natareno señaló que ya se llevó a cabo el cierre de esas instalaciones, pero por una orden judicial se reestablecieron los derechos.

En este momento la rampa Fénix solicitó una renovación de su contrato, y hasta  hoy no ha cumplido con las disposiciones que se realizaron de sus requerimientos. Por este motivo el contrato no está vigente y la rampa no puede operar, según la instrucción de la gerencia del puerto girada la semana pasada, dijo el gerente.

Recuperar puertos

Enrique Godoy, comisionado de Desarrollo Urbano, Competitividad e Infraestructura Crítica, afirmó que se hace un análisis legal sobre más de 25 contratos cuestionados en los puertos y se evalúan las distintas opciones  de acción.

Para tratar la problemática de los puertos existe una comisión que trabaja en conjunto con la SAT, CPN, Ministerio de Finanzas y las portuarias.

La meta, dijo, es que el mes en curso quede terminada la estrategia para poder implementar en julio, y esos son los 45 días que el jefe de la SAT menciona.

“No nos sorprende las declaraciones del superintendente, más bien las compartimos y hemos estado trabajando los equipos en Gobierno Abierto”, dijo.

El comisionado reconoció que en las portuarias siguen operando estructuras de mafias que están incrustadas desde hace más de 20 años, y que sacarlas no requiere solo de procesos administrativos, sino de acciones legales, por lo que los juzgados deben de evaluar.

Godoy explicó que dentro de las estructuras existen pequeños feudos,  la mayoría de los servicios son subcontratados, y quienes tienen a su cargo los contratos, que son legales, aunque producto de la corrupción, son parte de esas mafias.

Recordó que algunos jefes de seguridad de los puertos están vinculados con  esas estructuras.
“El tema es profundo, así como lo mencionó Solorzano Foppa, pero no es que no se ha realizado nada sino venimos trabajando. El llamado del superintendente es que ya logró cambiar a la mayoría de personal y logró reestructurar”, comentó.

El comisionado explicó que el mandato es recuperar el control de los puertos, y eso se conversó con la Cicig en el 2016, cuando surgieron los casos de Cooptación del Estado y La Línea, que estuvieron vinculados con esas estructuras criminales que tienen en los puertos contratos como las grúas, las rampas, remolcadores, básculas, entre otros.

Afirmó que la SAT ya trabaja con el Ministerio Público sobre el convenio que tienen  para que las acciones sean coordinadas,  y lema es recuperar los puertos.

El amparo suspende la claúsula octava del acta seis de fecha  30 de enero del 2017, donde se autoriza el funcionamiento de TCQ.

El interventor de la terminal, Alexander Aizenstatd, confirmó que la terminal continúa trabajando, ya que no han sido notificados, pero que ya cuenta con el expediente por el que se tramitó el amparo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Organizado de la EPQ, Javier Reyes, informó que es ilegal que no acaten la orden de la Sala Regional Mixta de Escuintla, emitida el 20 de abril, constituida en  tribunal de amparo.  “Vamos a presentar los recursos para  que se ejecute el amparo”, explicó Reyes.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells señaló que la respuesta del profesor en clases es que el amparo provisional es de  ejecución inmediata; sin embargo, cada caso depende del agravio, o sea de lo que se denuncia como motivo del amparo.

“En otros casos, sobre todo en el ámbito administrativo, si se ejecuta el amparo queda sin materia  porque ya no hay más agravio”, explicó Balsells.

Apelan resolución

La junta directiva de EPQ presentó varias acciones para dejar sin efecto el amparo otorgado. Entregó un memorial para una enmienda del procedimiento, ya que asegura que hubo mala fe del sindicato pues dio un lugar distinto  para ser notificados.

La Procuraduría General de la Nación, que también apeló, indicó que la sede de la  directiva se ubica en la capital y no en Escuintla. No obstante, el artículo 2 del Decreto 100-85 dice que la sede de EPQ está en Escuintla. El Ministerio Público pide que se abra a prueba el proceso.

Proceso cuestionado

Congreso sigue sin aprobar concesión para TCQ.

• El 14 de junio del 2012 la entidad TCQ solicitó al interventor de EPQ otorgar 348 mil 171.81 metros cuadrados en calidad de usufructo por un plazo de 25 años.
• El contrato de usufructo oneroso entre EPQ y TCQ se firmó el 11 de julio del 2012.
• El 16 de abril del 2016 la Cicig y el MP capturaron a varios funcionarios. Se involucró al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por cobrar sobornos para otorgar el usufructo.

Sin pronunciarse

Las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal no se pronuncian al respecto, y por terceros se conoce que apelaron el amparo. De la misma forma, los dueños de TCQ, APM Terminals, a pesar de que se enviaron correos electrónicos desde el miércoles, no se pronunciaron ni opinaron de la tardanza del Congreso en aprobar la concesión.

No hay resolución

Alexander Aizenstatd,  interventor de TCQ

Las operaciones en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) se mantienen.
De hecho, una resolución que nos diga que no podemos operar por parte de EPQ o por parte de la sala constituida en Tribunal de amparo o de la Corte de Constitucionalidad no he visto. No hemos sido notificados para ya no operar.

Toman represalias

Javier Reyes,  secretario general del Sindicato

Por el hecho de estar en contra de TCQ, la junta directiva de la EPQ no quiere renovar los contratos que se prestan como el de remolcador, lancha piloto y portacontenedores.
Los contratos vencieron en diciembre y no se renuevan.
Lo que se recauda en este concepto sirve para pagar la pensión de los jubilados. El equipo se compró con aportes de los trabajadores.

“Se ordena a la autoridad recurrida suspender la recepción de las obras de la Base Uno de la Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anómima y su autorización para iniciar operaciones comerciales”, detalla el documento emitido.

El amparo fue presentado por Gilberto Pérez Ayala, Maynor Armando Siajes Barillas, Francisco Javier Reyes Navarrete y German Antonio Martínez Rodríguez,  integrantes del sindicato de la EPQ.

La Junta Directiva de #EPQ no entregó informe circunstanciado solicitado por la Sala constituida en Tribunal de Amparo pic.twitter.com/73iVcsoHU3

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) April 25, 2017

Dudas

Según Javier Reyes Navarrete, del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal, la licencia de construcción se otorgó luego de una negociación entre la firma TCQ y el jefe edil interino de ese municipio, Julio Solares.

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Según los sindicalistas, la licencia se negoció a un costo menor a los Q24 millones que se establecieron al principio. Este diario trató de comunicarse con Solares, pero no respondió las llamadas.

El interventor de TCQ, Alexánder Aizenstatd, informó  por medio del departamento de comunicación, que el barco Balboa, descargó 254 contenedores y embarcó 94,  con mercancías diversas.

En total el movimiento de contenedores en el muelle de la terminal fue de 348 TEU´s (contenedores de 20 pies).
Los contenedores vienen sellados y técnicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) asignados a esa terminal realizaron un proceso de revisión de los contenedores.

La primera operación que realizó TCQ, fue el pasado 19 de febrero al  embarcar 249 vacíos.

• Ficha técnica del barco:
• Nombre del buque: Balboa
• Fecha de arribo: Jueves, 09 de marzo, 12:00 hrs.
• Empresa: Maersk
• Eslora (largo): 208.90 m.
• Manga (ancho): 30.06 m.
• Calado máximo (profundidad): 11.60 m.
• Capacidad nominal del buque: 2,500 Teu’s.
• Número de contenedores de exportación: 94

El primer buque que recibieron las instalaciones fue el Nokwanda proveniente de Panamá. Según el interventor, la operación se fundamenta en el contrato suscrito con EPQ durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina.

Aquí le explicamos las características técnicas de la terminal.

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“Aumentar el arribo de buques será un desafío, por lo que se empezará con un plan de comercialización con los usuarios y potenciales clientes para aumentar la demanda a corto plazo”, aseguró.

El interventor, dijo que la administración no ha sido nada fácil por las circunstancias en las que se encuentra TCQ, que son jurídicas, más que operativas.

Aizenstatd explicó que por el momento no cuentan con datos certeros del número de buques que podrían llegar a la terminal, así como el movimiento de carga a futuro.

“TCQ tiene que competir en eficiencia, transparencia y seguridad, por el arribo de buques más grandes de los que caben en el muelle de la Empresa Portuaria Quetzal y la capacidad de las grúas para poder descargar”, aseguró.

Gabriel Corrales, gerente de TCQ, explicó que la ventaja del puerto es que en un plazo de 10 horas se puede atender un buque de cuatro mil TEUs —contenedor normalizado de 20 pies—, por el tipo de grúas que maniobran en el embarque y desembarque, lo que hace que las operaciones sean más rápidas.

Reglas claras

Rolando Coronado, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala, afirmó que el interventor deberá de aclarar cual es la situación jurídica de la terminal para dar tranquilidad a las empresas, clientes y usuarios.

“Para el sector importador y exportador es importante la entrada en operación, pero se deben de dar las garantías por parte del interventor y es algo que las compañías navieras están esperando”, subrayó.

Coronado explicó que el arribo del buque Safmarine Nokwanda, el pasado domingo, fue para cargar contenedores vacíos, pero para el 9 de marzo se espera carga de importación, por lo que se mantienen las expectativas.

Según explicó el interventor el domingo pasado, es que el contrato actual se fundamenta en un contrato de usufructo oneroso firmado con la Empresa Portuaria Quetzal por 25 años prorrogables, que permanece bajo litigio en los tribunales.

Aizenstatd dijo que el riesgo es que el contrato sea declarado nulo a solicitud de la Procuraduría Nacional de la Nación.

Los argumentos adversos al contrato se concentran en que la PGN emitió dictamen en agosto del 2015, en el sentido de que el actual interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, no tiene potestad para firmarlo, por lo que debe ser anulado. Señalan además que no se cumplió con la Ley de Contrataciones y que incluso podría darse el caso de competencia desleal en lo referente a las tarifas de cobro de la carga que ingresa o sale.

Desde otra perspectiva, una empresa como TCQ resulta ser una necesidad para el país, como consecuencia de décadas de corrupción en la que han participado varias de las autoridades y de los integrantes de los sindicatos, lo cual se mantiene, pese a varias denuncias reiteradas. Todo esto afecta los intereses económicos del país, en una forma similar a como lo denuncian quienes se oponen al funcionamiento.

La empresa TCQ tiene un largo historial. Comenzó en el 2012, siendo parte de una empresa de Barcelona, TCB, que luego la vendió en el 2016 a una compañía holandesa, APM, que ofrece al Estado de Guatemala una compensación de 42 millones de dólares porque considera que hubo sobornos de por medio. Esta es una de las acusaciones por las cuales están en prisión Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y el juez de Extinción de Dominio ordenó la intervención, que se mantiene.

Desde otra perspectiva, el caso TCQ debe ser visto como un posible problema a largo plazo para el país, aun tomando en cuenta que, jurídicamente hablando, lo que procede es anular todo y comenzar un proceso de licitación internacional transparente, un hecho que puede tardar un par de años y que se complicaría aún más por la posible ausencia de empresas licitantes.

Es necesario entender que para atraer inversiones internacionales al país resulta clave crear y mantener reglas claras, así como transparentar la administración pública, para, de esa manera, evitar la discrecionalidad y las prácticas de chantaje contra quienes desean colocar sus capitales en Guatemala.

La corrupción entre políticos y empresarios inescrupulosos es hoy en día la mayor amenaza para cualquier Estado de América Latina, como lo comprueba el caso Odebrecht, que tiene contra las cuerdas a varios presidentes y funcionarios públicos de alto nivel. Los inversionistas, al pedir transparencia, están en lo correcto, y lo mismo ocurre con quienes desean evitar males adicionales a los ya sufridos en el continente. Acerca del tema TCQ, aún falta mucho por señalar, y debe quedar claro que lo cuestionable es el procedimiento y no los criterios que justifican el funcionamiento de puertos adicionales a los ya existentes.