El exdiputado del Partido Patriota (PP) Gudy Rivera, quien fue condenado por intentar sobornar a una magistrada para obtener una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, salió de prisión el 12 de agosto último.

Rivera fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal el 28 de julio de 2016. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia redujo a ocho años y 11 meses la condena.

Actualmente le faltan dos años y medio de cárcel, pero un Juzgado de Ejecución Penal le concedió el beneficio de libertad anticipada, por lo que podrá culminar la condena en libertad.

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Por estas razone se redujo la condena al exdiputado del PP

La Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público (MP) no se opuso a esta disposición. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que a criterio de la fiscalía Rivera cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 80 del Código Penal, entre los cuales estaba el haber cumplido con más de la mitad de la pena de prisión impuesta, que el reo no había sido condenado por otro delito, mostrar buena conducta durante su reclusión y haber hecho el pago de la multa impuesta en la pena.

Entre las prohibiciones que siguen vigentes para el congresista está la de no salir del país, tiene la obligación de reportar su huella digital en el MP de Gerona, pero puede mantener un trabajo estable.

El caso

En el 2014, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió como secretaria general del PP a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por realizar campaña anticipada en un evento en que se proclamó a Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial de esa agrupación.

Con el fin de revertir la disposición del TSE, el exdiputado Rivera se reunió con la magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar, y ofreció garantizarle su reelección en el cargo a cambio de que esta otorgara un amparo que permitiera a Baldetti continuar como secretaria general.

No obstante, la magistrada denunció estas presiones ante el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo que derivó en la condena del exdiputado por tráfico de influencia y cohecho activo.

El señalamiento contra el exfuncionario es por haber avalado un amparo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el 2014.

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El fiscal del Ministerio Público (MP) argumento de que los hechos surgen de actos de corrupción de un alto funcionario de la CSJ que actuó como operador de la exvicepresidenta y se puso a disposición de ella.

“Fue el sometimiento del poder Judicial al poder Ejecutivo”, señaló el fiscal.

“Yo ya hice loby”, es parte del mensaje que compartió Mendizabal a Baldetti el 7 de septiembre del 2014. Esto es parte de las pruebas presentadas por tráfico de influencias.

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El MP resaltó otro de los mensajes que el señalado a la exfuncionaria a quien pide ser nombrado titular de la Procuraduría General de la Nación después de haber avalado el amparo a su favor.

Influencias

El supuesto tráfico de influencias por el que el exmagistrado enfrenta juicio se centra a los mensajes que le compartió a Baldetti.

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Mendizabal influyó en la CSJ para que otorgaran un amparo a Baldetti y de esta forma revertir la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendió a la exfuncionaria como secretaria del entonces vigente Partido Patriota (PP).

El señalado le ofreció a la exvicepresidenta convencer a los magistrados para que le otorgaran el amparo.

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Golpe final al Partido Patriota

Muchas acciones evidencian lo contrario, mucho menos atender el clamor ciudadano por el cese de todo tipo de abusos, lo cual progresa a niveles preocupantes. Una de estas bochornosas escenas se produjo ayer en el Juzgado Décimo, donde la jueza suplente Abelina Cruz Toscano le concedió medida sustitutiva, sin ningún tipo de fianza, a la magistrada Blanca Stalling, quien cobró fama cuando, disfrazada con una peluca, intentó evitar su captura.

El episodio debe llamar a la preocupación, pues Stalling había evitado acudir a una audiencia previa en la que debía hacer el mismo planteamiento, pero se rehusó a hacerlo, en una clara muestra de coordinación para esperar el momento oportuno para proceder, como ocurrió ahora, cuando las condiciones le eran favorables.

Como preámbulo del ignominioso episodio, la jueza suplente había prohibido minutos antes el acceso de los medios de comunicación a la audiencia que ella sostendría con Stalling, lo que agregó oscuridad a su resolución, pues ha sido una de las prácticas en numerosas instancias públicas cuando los hechos desafían el sentido común.

Como era de esperarse, la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una apelación contra la decisión de la jueza Cruz, pues es claro que la medida sustitutiva otorgada a Stalling ni siquiera tomó en cuenta que cuando fue capturada portaba un arma de fuego y tenía la clara intención de burlar a la justicia, como una vez más lo ha hecho en esta ocasión.

Estas situaciones evidencian la enorme descomposición por la que atraviesa el sistema de justicia, que sigue dando alarmantes muestras del poco interés que existe en sus máximos representantes por combatir la corrupción y la impunidad, haciendo uso de privilegios en beneficio de quienes se resisten a la acción de la justicia y con demasiado descaro incurren en actitudes que intensifican la mácula sobre el sistema.

Uno de los primeros en reaccionar fue el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien mostró preocupación por la decisión de la jueza Cruz, al considerar que aumenta su situación de vulnerabilidad, pues él fue quien presentó la denuncia contra la magistrada Stalling, por querer obligarlo a beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrenta cargos por un caso de fraude contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Con esta decisión, la jueza suplente Abelina Cruz Toscano acrecienta la imagen de precariedad por la que atraviesa el Organismo Judicial, cuyos integrantes, en una mayoría, se han convertido en aliados de sectores claramente opuestos al fortalecimiento del estado de Derecho, en un absurdo proceder que los aleja del cumplimiento del deber con honestidad y responsabilidad y con lo cual terminan favoreciendo a un sistema marcado por la corrupción y el escaso compromiso de combatir la impunidad y el tráfico de influencias.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones ratificó el fallo emitido el 28 de octubre de 2016 por el Tribunal Quinto de Sentencia contra Gudy Rivera, quien dirigió el Organismo Legislativo entre 2012-2013, durante el primer año del gobierno del Partido Patriota (PP) encabezado por Otto Pérez Molina, preso y procesado por corrupción.

Durante el juicio, el Ministerio Público (MP) demostró ante la jueza Bélgica Deras que en 2014 el diputado intentó influir en la magistrada Claudia Escobar, de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil, en un fallo para beneficiar a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Escobar grabó la conversación en la que Rivera le ofreció que sería reelegida como magistrada si beneficiaba a Baldetti, y fue una de las pruebas de la Fiscalía.

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En 2014 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió a la vicepresidenta del cargo de secretaria general del PP, y apeló esa decisión ante la magistrada, quien denunció ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la propuesta de Rivera.

El exdiputado había apelado la sentencia, la cual fue rechazada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y confirmó este martes la condena.

Rivera está en prisión desde marzo de 2016, cuando fue detenido por las fuerzas de seguridad. 

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Postura

El abogado defensor Jorge Pinto dijo que, a su criterio, la sentencia tiene varios vicios, por lo que interpondrá un antejuicio contra los magistrados de la sala de Apelaciones por haber confirmado la sentencia y obviar la apelación interpuesta por el procesado Rivera.

Pinto también aseguró que interpondrá un recurso de casación, buscando revocar la sentencia emitida en contra de su cliente.

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“En ninguna sentencia está permitido que se diga que se otorga un delito de cohecho y un delito de tráfico de influencias y a los dos en conjunto les pongan una pena de 13 años y cuatro meses (…) por lo que es una sentencia ilegal e ilegítima”, enfatizó el abogado. 

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El más reciente caso de corrupción revelado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), demominado «Traficantes de influencias», vuelve a revelar cómo algunos empresarios y funcionarios se han aprovechado de la corrupción y la impunidad para hacer negocios. El caso revela una estructura criminal que «agilizaba trámites» para la devolución del crédito fiscal que hace la Superintendencia de Administración Tributaria a los exportadores.

De acuerdo con la investigación, los encargados de ofrecer este «servicio» eran Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, Mario Leal Castillo y Felipe Alejos. El primero, es un empresario de origen mexicano, involucrado en otros casos de defraudación tributaria. El segundo, Leal Castillo es un millonario guatemalteco que, según diversas fuentes, ha formado parte de las juntas directivas del Grupo Cayalá y del Ingenio Magdalena; además, su familia es propietaria de los supermercados La Torre. Fue el secretario de asuntos específicos de Otto Pérez (Partido Patriota) y candidato a vicepresidente de Sandra Torres (Partido UNE). Finalmente, el tercer tramitador, Alejos Lorenzana, pasó por las filas de la UNE, fundó el partido Todos, y actualmente es el vicepresidente del Congreso de la República.

Hasta el momento, las autoridades han divulgado los nombres de nueve empresas, que fueron clientes de esta estructura criminal: Aceros de Guatemala, Industria de Tubos y Perfiles, S. A., Maya Quetzal, MAG Alcoholes, Ingenio Magdalena, Productos y Servicios Azucareros, Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de El Petén, S. A. y el Ingenio Palo Gordo.

Además de haber logrado debilitar y capturar la administración pública para sus fines personales, las acciones de esta estructura criminal y de sus clientes, tienen un impacto sobre el sector empresarial. ¿Qué piensan los empresarios honestos que respetan las leyes? ¿Qué piensan los accionistas de Tropigas, o de los ingenios Madre Tierra o Pantaleón? Seguro estarán recapacitando sobre cómo los empresarios corruptos han montado mercados, productivos, financieros y comerciales, basados en la competencia desleal.

La corrupción y la impunidad afectan negativamente la actividad económica y no la lucha contra ellas. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad —de la Universidad de las Américas Puebla—, Guatemala es un país con alta impunidad, y una sociedad así tiene dificultades para la atracción de inversión extranjera y turismo. Asimismo, la encuesta a empresarios guatemaltecos, publicada en el Reporte de Competitividad Global de 2015-2016 del Foro Económico Global, y que para el país cuenta con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), demuestra que la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en Guatemala, solo superado por el crimen y el robo. La corrupción en carreteras que no se construyen, corta las venas por las que debería fluir el comercio y la producción nacional. La corrupción de evadir impuestos y contrabandear productos quiebra el comercio de los empresarios honestos. La corrupción roba oportunidades y vidas, al eliminar recursos para educación, salud, justicia y seguridad.

Ustedes, empresarios honestos, que poseen una abarrotería, una fábrica o un comercio, también deben hacer suya la lucha contra la corrupción, porque esta es una barrera para el crecimiento económico, el desarrollo social y la democracia. Urge que fijen postura pública y se distancien de los empresarios corruptos.

jmenkos@gmail.com

Estas no son las primeras señales de ese deterioro y más bien son la ratificación de un expandido malestar de los guatemaltecos con el desempeño en los más altos órganos de poder, donde se evidencia la mediocridad y lo peor es que lejos de buscar enderezar el rumbo se incurre en nuevas torpezas.

Al presidente y a las principales cabezas de la Cancillería les ordena la Corte de Constitucionalidad dejar de hostigar al comisionado Iván Velásquez y en vez de aprovechar la oportunidad para dar un asomo de enmienda se da una nueva muestra de obstinación al enviar otra carta que solo desnuda su débil postura.

El mismo presidente Jimmy Morales trató de minimizar los hechos al decir que era un “asunto de relaciones exteriores”, cuando esto es precisamente la causa de que congresistas de Estados Unidos le pidan el Secretario de Estado endurecer las sanciones contra quienes en Guatemala se resisten a sumarse a la lucha contra la corrupción, mientras aquí se dan mayores muestras de obstinación.

Quizá muchos crean que corrupción solo se refiere al robo del dinero de los contribuyentes, cuando su definición es mucho más amplia y empieza con el mal uso del poder o cualquier intento por dilatar o dificultar el funcionamiento de las instituciones, en este caso el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, objetivo de muchos ataques.

Por eso es que hace mal el mandatario en pretender ignorar lo que ocurre porque con esas posturas está tolerando acciones de hostigamiento y de obstaculización al avance de la justicia, cuyo funcionamiento él y sus asesores tratan de debilitar.

Lo más deplorable es que estos funcionarios no están solos en esos esfuerzos, sin tomar conciencia que el mayor daño se lo hacen al país con su irresponsable actitud, como se observa en fallos judiciales que también pueden constituir actos de corrupción, como emitir resoluciones que riñen con el esclarecimiento de hechos punibles y en los que incluso se beneficia a prófugos de la justicia, en una clara muestra de lo que significa la cooptación del Estado.

Ese cuadro de degradación nacional lo complementa el Poder Legislativo, que no solo ha dado muestras lamentables de querer beneficiar a la delincuencia y de buscar aprobar leyes a favor de la corrupción y la impunidad, sino que sigue evidenciando su escaso interés por remediar el deplorable estado de las cosas.

Si a esto le sumamos otros componentes de la corrupción, como el caciquismo y el tráfico de influencias observaremos el complejo cuadro prevaleciente y los enormes esfuerzos, internos y externos, que deberán emprenderse para llevar a cabo la recuperación de las instituciones.

La defensa de la exfuncionaria indicó que la resolución emitida el pasado 12 de mayo, cuando el Consejo sesionó por más de cuatro horas, no cumple con las normas establecidas en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que considera ilegítima la destitución de Stalling.

La situación se origina por “el litigio malicioso de Stalling y también podría deberse al poder que ella mantiene dentro del OJ, o al temor de algunos funcionarios de cumplir con su trabajo”, explicó la activista Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack.

Algo similar sucedió en el 2013, después de la anulación del juicio por genocidio en el Triángulo Ixil, Quiché, más de cien magistrados suplentes se excusaron de conocer la solicitud que el general José Efraín Ríos Montt hizo para que se le concediera la amnistía contemplada en el decreto 8-86. Por varios meses el caso estuvo pendiente de resolución en la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal.

El Consejo de la Carrera Judicial estimó que ocurría lo señalado en el artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio, sobre que un funcionario pierde su calidad cuando un juez lo envía a prisión preventiva.

Stalling es señalada por el Ministerio Público (MP) de haber tratado de influir en el trabajo del juez Carlos Ruano, nombrado como suplente en el Tribunal Noveno para conocer el juicio por los casos de corrupción IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula, en el cual figura Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la exfuncionaria.

Ruano denunció a Stalling y la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieron que se le retirara el derecho de antejuicio, con lo que quedó sin inmunidad.

Argumentos

Los magistrados titulares evitaron conocer lo solicitado por Stalling con el argumento de que es válida la excusa de un funcionario judicial en casos en los que pueda dudarse de su imparcialidad, tanto por amistad o parentesco, como señala la Ley del Organismo Judicial.

En tanto, los 13 magistrados suplentes, quienes laboran como presidentes de salas de Corte de Apelaciones, se excusaron por otros motivos, los cuales constan en un acta firmada por ellos.

Fuentes afirmaron que la Secretaría de la CSJ convocó a los magistrados de Apelaciones para integrar pleno, pero no se informó qué caso o situación conocerían.

Los magistrados fueron informados del proceso en el salón de sesiones, pero no se encontraba allí el expediente.

La fuente agregó que no fue sino hasta que se solicitó el documento, cuando se trasladaban los archiveros que contienen la papelería, y que fueron llevados uno por uno.

En el acta, los magistrados suplentes indicaron que ninguno conocería el caso por esos hechos.

Ausencia

La Ley del Organismo Judicial estipula que cuando un magistrado de la CSJ se excusa de conocer un proceso se convocará como suplente a los presidentes de las salas de Apelaciones, y si ninguno acepta, se llamará a los vocales.

En el artículo 78 de la normativa se señala la integración total de la CSJ por magistrados suplentes, y se indica que en una sesión se definirá quién fungirá como presidente solo para tramitar el caso respectivo, y no como presidente del OJ.

La activista también calificó de irregular que se llame a suplentes para integrar la CSJ sin que se les haya informado que conocerían el caso de Stalling y su salida del OJ.

“Se ha visto que muchas veces los suplentes toman decisiones por temor o por el pago de favores a personas que en algún momento tuvieron relación con ellos”, destacó.

El fallo de la Sala se originó por una apelación de Stalling, quien se opone a la prisión preventiva a la que fue enviada por Rodríguez, y su efecto es de anular esa decisión.

La Sala dio al juez plazo de cinco días para que celebre una audiencia y emita una nueva resolución, en la cual se explique detalladamente por qué la magistrada debe permanecer en prisión.

El plazo comienza a contar un día después de que todas las personas que forman parte del proceso hayan sido notificadas y si no se presenta ninguna acción o recurso legal que impida su vigencia.

Hechos

Stalling fue capturada el 8 de febrero pasado, señalada de tráfico de influencias. Las pesquisas preliminares indican que habría llamado al juez Carlos Ruano para que acudiera a su despacho en el Palacio de Justicia, y allí le habló del caso IGSS-Pisa y de una solicitud de algunos procesados para recuperar su libertad.

Entre los sindicados que buscaban ese beneficio se encontraba Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada.
El juez denunció a la magistrada en el Ministerio Público, que junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidió a la CSJ retirarle la inmunidad a la magistrada para que sea investigada.

Otro caso

Stalling también es vinculada con una investigación por resistencia al arresto, pues supuestamente habría amenazado con balear a los agentes captores.

Ese caso también es conocido por Rodríguez, y la funcionaria planteó una acción legal con la cual pretende que el juez sea separado del proceso.

Fundamenta su petición en la amistad que Rodríguez sostiene con uno de sus abogados y manifiesta que busca evitar señalamientos que puedan indicar que se le otorga un beneficio por ese extremo.

Por ahora el juez está impedido para tramitar cualquier solicitud que no sea de urgencia en el caso por resistencia al arresto, mientras la Sala Tercera Penal, que conoce las impugnaciones a fallos del Juzgado, resuelve si lo separa del caso.

El titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, tras la audiencia de primera declaración celebrada este jueves, entendió que había suficientes motivos para encausar a la magistrada, que decidió no prestar declaración ante el juez.
Stalling, que fue detenida ayer –miércoles– en la zona 9 capitalina, está acusada de aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

El juez Rodríguez atendió a la petición de la Fiscalía para dictar el auto de prisión preventiva, que cumplirá la jurista en la Brigada Militar Mariscal Zavala, y le otorgó al Ministerio Público  (MP) un plazo de tres meses para concluir la investigación.
A la salida de la audiencia, Stalling fue cuestionada por esta resolución judicial y dijo respetar “las decisiones de los jueces”, y aunque pueda haber diferencias de criterios, sostuvo que es necesario “litigar donde se tiene que litigar”, en los Juzgados.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía está un audio grabado por el juez Ruano, quien la denunció, en el que se escucha a Stalling pedirle que favorezca con una resolución a su hijo, procesado en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social conocido como “IGSS-Pisa”.
Según la investigación, la vocal VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), capturada ayer, utilizó su alto cargo para presionar al juez, quien salió del país presuntamente por amenazas en su contra.
Stalling, pasó la noche en la prisión militar Mariscal Zavala, fue detenida el miércoles con un arma de fuego y una peluca que utilizaba para evadir su detención.

Peluca de Blanca Stalling no aparece! pic.twitter.com/cS7cwTBE5e

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) February 9, 2017

La jueza  Sexta Penal, Silvia de León, le concedió una fianza de Q25 mil, los cuales tendrá que depositar en la Tesorería del Organismo Judicial para acceder a la libertad, además de otras medidas sustitutivas.

Yanes figura en la investigación que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarrollan por una denuncia del exministro de Desarrollo Social, Édgar Rodríguez, para que contratara de manera irregular a personas afines al diputado.

El procesado fue capturado el pasado 30 de enero en la Torre de Tribunales, cuando llegó a una citación.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), señala a los exdiputados de Líbertad Democrática Renovada (Líder) de tráfico de influencias, por supuestamente haber solicitado plazas en el Ministerio de Desarrollo Social.

En el Juzgado Segundo de Instancia Penal fueron ligados a proceso ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas un audio y video, testimonios, y documentos que fueron prueba suficiente para enviarlos a la próxima etapa procesal.

Arreaga Meza y Chávez Pérez quedaron con arresto domiciliario y arraigo, mientras dura la investigación hasta la etapa intermedia del proceso.

De acuerdo a las investigaciones, los diputados citaron en varias ocasiones al entonces ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, con quien negociaron plazas y proyectos para personas cercanas a los congresistas.

Rodríguez logró grabar y documentar una de las reuniones, y denunció el caso meses después, situación que abrió la investigación.

Las peticiones

La primera conversación transcrita evidencia la reunión de los diputados Luis Chávez y Mirza Arreaga, ambos diputados por el departamento de Huehuetenango, quienes solicitaban que les permitieran asignar la empresa encargada de realizar dos obras de infraestructura gris, a cambio de algún ingreso en efectivo.

Diputado Luis Chávez: Nosotros ahorita… yo, por lo menos ya bajé perfil; ahorita no, porque p… estar echándole p… a los ministros y la gran p…, yo creo que ya hice lo que tenía que hacer en dos años. Me posicioné en la bancada, estoy como subjefe de bancada, me mantengo de subjefe, estoy en el grupo de estrategia con el doctor y punto, ahí está papá.

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En otra parte de la grabación se escucha a la diputada Mirza Arreaga: Y por supuesto, sí podemos tener alguna. Algún ingresito por ahí, digamos que podamos…

Diputado Mario Yanes: El tema, le dije, mire, tratamos de conseguir algunas plazas, yo le voy a dar a usted una para que se apoye porque yo sé que usted está mal. Plazas eh… “plazas liberadas”, verdad; un contrato 029 podría ser, verdad. Y  que me pudiera apoyar a mí con unas tres más para poder apoyarme con algunos operadores que tengo. Yo sé que para usted es difícil allá por el tema político.

Los magistrados determinaron que existen hechos que deben ser aclarados, pues podrían constituir acciones delictivas que el Ministerio Público puede investigar.

Se nombró como juez pesquisidor a Carlos Patricio Rodríguez Meza, magistrado vocal segundo de la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal.

Rodríguez Meza tiene un plazo de 60 días hábiles para desarrollar una pesquisa respecto de los hechos por los cuales se señala a la parlamentaria, y deberá elaborar un informe en el cual recomiende si procede o no retirar el derecho de inmunidad a Hernández.

El gobernador huehueteco, Hiram Martínez, denunció a la funcionaria por supuestamente haber ejercido presiones en su contra para que pague obras públicas inconclusas o inexistentes.

El 21 de septiembre último, Wálter Félix,  de la Comisión de Probidad, explicó que el gobernador fue citado días antes para informar sobre la ejecución de recursos,  y denunció que había sido presionado para pagar obras inconclusas y otras que podrían considerarse fantasma.

Félix afirmó que se habrían pagado cerca de Q45 millones en trabajos que carecen de auditoría.

Hernández, diputada por Huehuetenango de Alianza Ciudadana —la misma bancada de Luis Rabbé—,  se defendió y calificó la denuncia de política, y negó haberse comunicado con el gobernador.

Fue electa en el 2012 por el Partido Patriota y se reeligió con Libertad Democrática Renovada en el 2016.

La mañana de este viernes la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) llegó a las instalaciones de Puerto Quetzal, Escuintla, para realizar “una inspección”, confirmó el jefe de esa dependencia del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval.

Las diligencias están vinculadas al caso Redes, afirmó Sandoval. Este proceso consta de tres casos: el primero en el que supone un pago de favores entre un juez y uno de los sindicados; el segundo es el tráfico de influencias entre Jaguar Energy y el gobierno para obtener beneficios de la construcción de una planta eléctrica ,y el tercero es el relacionado con la empresa Z Gas.

En julio del 2015 Gustavo Martínez, exsecretario general de la presidencia, el exintendente de aduanas Filadelfo Reyes Cáceres y el empresario César Medina Farfán fueron ligados a proceso junto con Karen Cancinos Muñoz, Edwin Rodas Solares, el exsuperintendente  Carlos Muñoz y Lidia Roca Morales por existir indicios de su presunta participación en una red de tráfico de influencias para obtener beneficios particulares.

Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los extrabajadores de Zeta Gas – varios prófugos-, son señalados de utilizar una póliza para un depósito aduanero de US$5 millones, por la que pagaron Q5 millones. Para este fin se modificaron documentos legales con ayuda de Muñoz y Farfán.

Una pena de 13 años y cuatro meses de prisión inconmutable impuso este viernes el Tribunal Quinto de Sentencia Penal al exdiputado patriotista Gudy Rivera.

A Rivera se le impuso una multa de Q50 mil y se ordenó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años.

Rivera permanece en prisión desde el 9 de marzo pasado, después de haber sido capturado por las autoridades en su residencia.

La sentencia fue emitida por la jueza Bélgica Deras, quien conoció el debate en modalidad de tribunal unipersonal.

Deras también condenó al abogado Vernon González, ex asesor jurídico en el Registro General de la Propiedad, a una pena de cinco años de prisión conmutable por cohecho activo.

González permanecerá en libertad, derivado de las medidas sustitutivas que se dictaron en su favor, hasta que el fallo cobre firmeza.

El MP demostró a la jueza que Rivera, por medio de González, intentó influir en la magistrada Claudia Escobar en el 2014, cuando integraba la Sala Quinta de Apelaciones del ramo Civil.

Veredicto

Deras explicó en su fallo que las pruebas presentadas por el MP le hacían creer que Rivera presionó a Escobar, por lo cual sí incurrió en tráfico de influencias.

La pena por ese delito fue de cinco años, pero como Rivera cometió esa acción en su calidad de funcionario, se
aumentó al doble.

Además, se impuso una sanción de tres años y cuatro meses de prisión por cohecho activo, por haber ofrecido a Escobar la reelección como magistrada.

Rivera calificó el fallo de linchamiento político en su contra.

Antecedentes

La referida sala conocía un amparo solicitado por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, quien fue suspendida por el Tribunal Supremo Electoral como secretaria general del Partido Patriota.

Baldetti pretendía que quedara sin efecto la decisión de la autoridad electoral que la quitó de la cabeza de la referida agrupación política. Escobar denunció a Rivera ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual trasladó un informe al órgano investigador.

Según Escobar, Rivera le ofreció ser reelecta por el Congreso como magistrada de Apelaciones, a cambio de beneficiar a Baldetti.

El entonces presidente del Congreso se aprovechó de la amistad que González tenía con Escobar para fijar una reunión.

La conversación que sostuvieron quedó registrada en una grabación de audio efectuada por la entonces magistrada, la cual fue acompañada a la denuncia.

Esos señalamientos formaron la acusación del MP, los cuales, acompañados con la grabación, dieron a la jueza la certeza de los hechos.

El 17 de octubre del 2014, las autoridades solicitaron que se retirara la inmunidad a Rivera para formalizar una investigación en su contra, lo cual fue negado por la Corte Suprema de Justicia, pero por orden de la Corte de Constitucionalidad la petición fue analizada por segunda vez y resolvió a favor de la Fiscalía.

Delitos cometidos

Gudy Rivera

Tráfico de influencias es un delito que comete quien por sí mismo o por medio de otra persona influye en el desarrollo de las obligaciones de un funcionario, para obtener beneficio.

El cohecho activo consiste en dar u ofrecer beneficios o bienes materiales a un funcionario para que obvie cumplir con sus obligaciones.

Vernon González

Fue condenado por cohecho activo, por haber participado en los ofrecimientos que el entonces presidente del Congreso Gudy Rivera hizo a la magistrada Claudia Escobar.

Utilizó su amistad con la funcionaria para concertar una reunión en la que estuvieron presentes él, Escobar y Rivera, y le ofrecieron ser reelecta como magistrada de sala de Apelaciones.

Otros, en cambio, la consideran un castigo ejemplar, por las posibilidades de depuración para el sistema que conllevan esas sentencias, porque más allá de los cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, también dictaminada por el juzgador, queda una sanción condenatoria que, a juzgar por lo ocurrido en las últimas elecciones, le dificultará cualquier posibilidad al excandidato vicepresidencial del partido Líder.

Puede calificarse entonces como un castigo leve por las implicaciones en el abuso de poder para trasladar información privilegiada a una persona sobre la que también pesan serios cargos criminales, entre ellos lavado de dinero, si se toma en cuenta que eso ocurrió cuando el condenado ocupaba la presidencia del Banguat, lo cual se traduce en tráfico de influencias.

Desde otro punto de vista se puede ver como un triunfo de la justicia, porque este es uno de los casos más relevantes del año anterior, cuando altas figuras de la administración pública fueron señaladas de actos de corrupción, por lo que esta es la primera resolución condenatoria que se obtiene en un hecho que involucra a funcionarios de relevancia.

Lo que debe preocupar es que estas medidas pueden repetirse, porque otras figuras de conductas igualmente repudiables enfrentan procesos y podrían acogerse al mismo procedimiento, lo cual generalizaría la idea de que la vergüenza pasa pero los beneficios de las inmoralidades quedan.

Por eso es que se justifican las críticas a esos fallos, pues se trata de figuras de gran influencia en la administración pública y cabe recordar que Barquín incluso estuvo entre los punteros para hacer gobierno junto a Manuel Baldizón, lo cual oportunamente logró detenerse, precisamente por su procesamiento.

Si bien en la batalla contra la impunidad esta condena constituye un triunfo, también lo es que este tipo de medidas despiertan suspicacia. Cuesta mucho comprender que se aplique la pena mínima contemplada por la ley, que esta sea inconmutable y el culpable vaya directamente de regreso a su casa, con la amonestación de no incurrir en ningún acto reñido con la ley durante los próximos cinco años, para que el beneficio se mantenga.

Sin duda, en países con una legislación más avanzada esto puede ser mucho más razonable, sobre todo cuando los acusados no tienen antecedentes de criminalidad, como es el caso comentado hoy. Pero en un país como Guatemala, donde el abuso en los cargos públicos es una práctica común, resulta menos comprensible que no se aplique la ley con riguroso celo, a fin de que pueda servir como disuasivo a los funcionarios. No se debe correr el riesgo de que el mensaje implícito sea que el crimen sí paga.

El juicio por tráfico de influencias, el primero en juzgarse en el país, se tenía programado a las 9.30, pero el abogado de Rivera, César Calderón, también debía presentarse a la jornada 29 de la audiencia de primera declaración del caso Cooptación del Estado, donde defiende al expresidente Otto Pérez Molina.

El expresidente del Congreso no se opuso a que se suspendiera, por segunda vez, el comienzo del juicio. “Voy a cumplir cinco meses ya de estar detenido, creo que tres días o una semana más no me podría afectar, si con eso colaboro con las otras personas que ellos están defendiendo en otro caso”, dijo Rivera.
El exdiputado y cercano colaborador del Partido Patriota, enfrenta también cargos por cohecho activo, según la resolución del Juzgado Séptimo Penal.

Rivera, que el pasado 14 de enero entregó su curul en el Congreso, había enfrentado un proceso de antejuicio por tráfico de influencias y cohecho, acusado por la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Escobar, de haber influido en la elección de magistrados de la Sala de Apelaciones.

Junto al exdiputado también es señalado Vernón González, abogado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría sido intermediario entre Rivera y Escobar.

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Rivera no pudo aspirar a una curul por un impedimento del Tribunal Supremo Electoral al tener un proceso judicial abierto, sin embargo el Congreso lo eligió como representante titular ante la Junta Monetaria, cargo que desempeñaba hasta su detención.

En su momento la Cicig y el MP analizaron un audio que presentó Escobar cuando era magistrada, como prueba de la conversación que sostuvo con el diputado Gudy Rivera, donde el parlamentario supuestamente la presiona para favorecer a Roxana Baldetti.

El 17 de octubre de 2014 la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó el antejuicio contra Rivera después de analizar los audios presentados por Escobar y considerar que había indicios suficientes de posibles delitos cometidos por el ahora exdiputado.

Rivera gestionaba con Escobar luego que el Tribunal Supremo Electoral suspendió al Partido Patriota (PP) y canceló a Roxana Baldetti como secretaria del partido por haber efectuado una concentración para presentar a Alejandro Sinibaldi como precandidato, por lo que esa agrupación, presentó al menos dos amparos en los tribunales, para revertir la decisión.

Un día antes de la elección de magistrados de Apelaciones, la Sala Quinta de Apelaciones amparó a Baldetti, con el voto razonado de Escobar, y dejó en suspenso la sanción del TSE. Escobar fue elegida, pero renunció una semana después y denunció vicios en el proceso.