La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informaron que el proyecto “Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica” terminó.

Este proyecto en el Triángulo Norte de Centroamérica tenía el objetivo de reducir la migración.

En una reunión en Comayagua, Honduras, autoridades de la UE y la FAO junto a representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG SICA) dieron a conocer que la iniciativa diseñada para mejorar la calidad de vida de más de 4 mil 300 personas en El Salvador, Guatemala y Honduras recibió una inversión de US$ 7.8 millones.

La FAO explicó el proyecto comenzó en 2021 como parte de una respuesta global de la UE al covid-19 en 45 municipios de los seis departamentos de intervención del proyecto, beneficiando a más de 4 mil 300 personas, de las cuales el 53 % eran mujeres y el 50 % población indígena.

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“Más de 4 mil 300 personas de los hogares participantes mejoraron sus competencias y ampliaron su saber mediante programas de capacitación en agricultura sostenible adaptada al clima y ciclo productivo, y más de 2 mil 700 fortalecieron sus destrezas en desarrollo de negocios“, señaló la FAO en un pronunciamiento.

Vida más estable en las comunidades

El coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci, afirmó que el proyecto ha contribuido a mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria la población en el Triángulo Norte de Centroamérica, al ofrecer una alternativa económica viable y generar expectativas de vida más estables en las comunidades.

Sanchez sostuvo que la UE y la FAO tienen un compromiso mutuo para poner fin al hambre y la malnutrición. Además, destacó que se implementan herramientas y productos innovadores para apoyar a poblaciones vulnerables.

La iniciativa regional promovió prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima, inclusión financiera, vinculación al mercado y desarrollo de negocios, y brindó acciones de capacitación y asistencia técnica para mejorar la sostenibilidad de la productividad agrícola, la diversificación y transformación, la inclusión en agro-cadenas de valor y la creación de empleo no agrícola.

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La jefa de cooperación de la UE en Honduras, Cristina Marín, comentó que el proyecto es una muestra del compromiso de Europa por la modernización del Acuerdo Global UE-México, que incluye la cooperación regional y triangular.

Además, es un “ejemplo del pilar cooperación del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica que ha entrado en vigor el 1 de mayo de 2024”, enfatizó Marín.

Las autoridades de la UE, la FAO y Centroamérica destacaron que el acceso a un trabajo pleno, productivo y decente contribuye a reducir el riesgo de la migración forzada, y señalaron que muchas de las familias beneficiadas mejoraron su seguridad alimentaria y nutricional.

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En la lista también figuran diputados de la presente legislatura, como Boris España y Estuardo Vargas, así como Juan Carlos Godínez, integrante del Consejo Superior Universitario (CSU) y quien buscó una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) en las pasadas elecciones en esa casa de estudios.

Aunque la lista destaca a personajes que el Departamento de Estado califica de corruptos o de apoyar la corrupción, funcionarios del sistema judicial guatemalteco también integran la nómina. Manuel Duarte, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Néster Vásquez, quien ocupa una magistratura titular en la Corte de Constitucionalidad fueron sancionados.

“Hay acusaciones creíbles o preocupaciones serias de que están trabajando de una forma que no es consecuente con sus requisitos como servidores públicos; eso también mina la confianza de los ciudadanos. Para Estados Unidos, como socio, es importante tener socios confiables”, destacó Zúñiga al referirse a los actuales funcionarios guatemaltecos citados en la lista.

El delegado de los EE. UU. para la región resaltó que hay otras herramientas legales que su gobierno podría utilizar en su empeño por acabar con la corrupción.

“Es una lista que cada nombre que está en ella es de personas que tenemos buena información que han participado en actos señalados por esta ley”, comentó Zúñiga.

Sobre la desclasificación de la lista también se pronunció el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, quien en un mensaje de Twitter hizo énfasis en la lucha contra la corrupción a través de esos mecanismos.

“Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, escribió Blinken.

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Silencio, sorpresa y agrado

La lista sanciona con la cancelación de visa o calificar de no elegibles para visitar EE. UU. a quienes la integran, pero aunque las amonestaciones se puedan limitar en la regulación migratoria, el peso moral que recae sobre cada uno de los que ahí figuran y en las instituciones que representan es mayor, dicen analistas consultados.

Hasta ayer ni el Congreso ni la Universidad de San Carlos, Organismo Judicial o la Corte de Constitucionalidad habían emitido alguna postura sobre la designación de sus integrantes. De manera individual, sí hubo algunas reacciones.

Juan Carlos Godínez, integrante del CSU, vía telefónica, dijo desconocer los detalles sobre la designación de EE. UU., y se reconoció sorprendido.

“Primero lo tengo que leer para enterarme de que es. Ahorita, la verdad, me sorprendió y hasta risa me dio. Voy a tratar de leer —el documento—, porque la verdad no tenía la menor idea; ando aquí trabajando”, dijo a Prensa Libre.

Los diputados Felipe Alejos, del bloque Todos, y Estuardo Vargas, de la facción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) afín a Sandra Torres, no respondieron a las llamadas telefónicas y mensajes enviados a sus teléfonos personales.
Por su parte, Boris España, del bloque Todos y también en la lista, manifestó que buscaría la forma de defenderse legalmente de esos señalamientos.

“Hay que conocer los detalles del por qué. Eso es reciente y se desconoce. Es necesario conocer las argumentaciones y los procedimientos para el desvanecimiento de esa sanción moral”, dijo España, que ya había sido sancionado por EE. UU. también por vínculos con corrupción.

En el caso de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, también incluido en la lista, afirmó que ya esperaban una nominación de ese tipo, que en vez de verla con indignación la toman como un reconocimiento público a su trabajo.

“Para nosotros es una condecoración este señalamiento que nos hace el Departamento de Estado. El hecho que se nos señale por defender a nuestros veteranos de guerra no es para nosotros otra cosa que un enorme honor; que se nos critique por ejercer nuestro derecho constitucional de denuncia y petición, en cuanto a los señalamientos que hechos a funcionarios corruptos del Ministerio Público y el Organismo Judicial, no es más que una condecoración a nuestra labor”, dijo Méndez Ruiz.

Raúl Falla, otro de los integrantes de la Fundación contra el Terrorismo e incluido en la lista, expresó que seguirá trabajando en el país, donde no hay ningún proceso abierto en su contra.

“Nadie se muere por ir a Estados Unidos y a nadie le interesa una lista. En Guatemala no tengo ningún proceso penal abierto”, afirmó Falla.

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Vulnera la presunción de inocencia

No todas las opiniones respaldan la lista Engel, por el contrario, hay quienes estiman que emitir señalamientos serios de corrupción sin que exista una sola sentencia condenatoria en el Organismo Judicial es una seria violación a la presunción de inocencia.

Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que incluir en la lista a actores de la Fundación contra el Terrorismo, que tan solo emite postura y fija opinión en los medios, es un serio precedente para la libertad de expresión.

“No se está hablando de personas que hayan sido condenadas, citadas, oídas y vencidas en un juicio; son presunciones. Bajo el aspecto migratorio, es la libertad de cada país abrir o cerrar sus puertas, pero bajo el aspecto de endilgarle a alguien la comisión de acciones delictivas, cuando no han sido condenados, sí resulta una vulneración a principios fundamentales de derechos humanos”, comentó el experto.
EE. UU. señala cooptación judicial

Los nombres de los guatemaltecos señalados por corrupción podrían quedar en segundo plano, según Édgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, ya que la nómina muestra a actores clave que trabajaron para conseguir la cooptación del sistema judicial.

El experto identifica ese patrón en las personas tachadas, quienes han representado un papel clave en la integración de la nueva CC y quienes aún buscan incidir en la tardía renovación de la Corte Suprema de Justicia.

“Creo que, en general, la mayoría de personas mencionadas, de alguna u otra forma, ya figuraban en listas anteriores en casos de corrupción; no es tan novedosa la lista. El valor de la lista, más que la novedad de los nombres, es que de todo el universo de corruptos que conocemos en Guatemala, la lista recorre un hilo conductor, y ese hilo conductor se llama ‘captura del sistema de justicia’. Ellos identifican que los nombres más importantes en términos de actos de corrupción están enfocados justamente en la influencia indebida del sistema de justicia”, manifestó Ortiz.

Para José Echeverría, integrante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es difícil calificar si la lista está completa o si dejó a actores fuera, pero considera que la sociedad debe utilizar esa herramienta para reorientar el curso del país.

“El poder definir claramente una hoja de ruta de cuáles son esas deficiencias que tenemos, porque esas listas no van a solucionar el problema que hay en Guatemala, pero sí puede ser un llamado de atención, para que nosotros, los guatemaltecos, podamos ponernos de acuerdo y así hacer más eficientes nuestras instituciones para solucionar estos problemas”, puntualizó.

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“Junto con otras iniciativas del gobierno estadounidense, el reinicio del programa CAM es un paso importante hacia la ampliación de las vías legales para la protección humanitaria y las oportunidades en Estados Unidos”, comunicó el Departamento de Estado.

Desde el inicio del programa se reunificaron cerca de cinco mil menores de forma segura, pero fue suspendido en 2017 durante la administración de Donald Trump.

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Cómo funcionará
El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional han iniciado la primera fase del proceso de restablecimiento y mejora del programa CAM para que los menores de El Salvador, Guatemala y Honduras que reúnen los requisitos puedan reencontrarse con su progenitor o progenitores que estén legalmente presentes en Estados Unidos.

Para Washington, este programa “ofrece una alternativa segura, legal y ordenada a los riesgos que se asumen al intentar migrar a Estados Unidos en forma irregular” y enfatizó que la frontera sur con México está cerrada y las personas corren grandes peligros al intentar ingresar indocumentados por esa vía.

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La Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM en inglés) del Departamento de Estado está trabajando en estrecha colaboración con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para reabrir el programa en dos fases:

1. Se procesarán las solicitudes elegibles que se cerraron cuando se canceló el programa en 2017.
2. Comenzarán a aceptarse nuevas solicitudes. Las autoridades darán más detalles próximamente.

La oficina de PRM y el USCIS ya han identificado todos los casos suspendidos que reúnen los requisitos para la reapertura y trabajarán en coordinación con los organismos de reasentamiento nacionales para ponerse en contacto con los progenitores elegibles, a fin de verificar que aún tengan presencia legal en Estados Unidos y desean reabrir el caso de sus hijos.

Una vez que sea haya realizado esta constatación, la PRM dará instrucciones a su Centro de Asistencia para el Reasentamiento, con sede en El Salvador, para que se ponga en contacto con los menores y los familiares en El Salvador, Guatemala y Honduras para comenzar el trámite del caso.

Estados Unidos prevé que los primeros contactos con los padres comenzarán a partir del 15 de marzo.

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El plan contempla acciones en el gobierno federal y también con aliados regionales, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, entre los cuales menciona a Centroamérica, y el envío de una propuesta al Congreso que establece una vía para la obtención de la ciudadanía para los casi 11 millones de indocumentados.

Para la Casa Blanca, las acciones descritas a continuación servirán para “reconstruir y fortalecer nuestro sistema inmigratorio”, y que se basan en las primeras acciones adoptadas por Biden a favor de los “dreamers”, terminar la prohibición relativa a personas musulmanas y africanas, detener la construcción del muro y proteger a ciudadanos liberianos que viven y trabajan en ese país. Además, agrega, el envío al Capitolio de la ley sobre ciudadanía de Estados Unidos (United States Citizenship Act), “que procura modernizar nuestro sistema inmigratorio y gestionar de manera inteligente nuestras fronteras, a la vez que se abordan las causas fundamentales de la inmigración”.

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Creación del grupo especial de reunificación de familias

Este grupo trabajará en todas las áreas del gobierno estadounidense, con actores clave y representantes de las familias afectadas, como así también con socios en todo el hemisferio, para encontrar a padres e hijos que fueron separados por el gobierno de Trump. El grupo especial formulará recomendaciones al presidente y a organismos federales con respecto a los pasos que pueden dar para reunificar a las familias. Asimismo, el grupo especial presentará informes periódicos al presidente y recomendará medidas orientadas a evitar que esas tragedias vuelvan a ocurrir. Esta orden también revoca la orden de Trump por el cual se procuró justificar la separación de los hijos de sus padres.

Formular una estrategia para abordar la migración irregular en la frontera sur y crear un sistema de asilo compasivo

La nueva administración sostiene que las políticas de Trump en la frontera han provocado una situación de caos, crueldad y confusión que socavan la seguridad de las comunidades, penalizan a los solicitantes de asilo que huyen de contextos de violencia y desestabilizado la seguridad en el hemisferio occidental.

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Causas de la migración y enfoque a Centroamérica

Derivado del punto anterior, la administración trabajará sobre tres ejes “para lograr una migración segura, lícita y ordenada en la región”.

1. El Gobierno analizará las causas que subyacen a la migración a través de una estrategia para confrontar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente impulsan a los migrantes a irse de su país.
2. El Gobierno se propone colaborar con socios regionales, incluidos gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro para reforzar la capacidad de otros países de brindar protección y oportunidades a los solicitantes de asilo y a los migrantes en puntos más próximos a su lugar de origen.
3. El Gobierno se cerciorará de que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales hacia Estados Unidos. El Secretario de Seguridad Nacional también ha asumido la tarea de revisar el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (PPM).

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Biden cree que los inmigrantes son una parte esencial de quienes somos como nación y resultan críticos para las aspiraciones que albergamos con respecto al futuro. Hoja informativa de la Casa Blanca sobre las acciones presidenciales en migración.

“La situación en la frontera no se transformará de un momento a otro, en gran parte debido al daño que se causó en los últimos cuatro años. Sin embargo, el presidente está decidido a adoptar un enfoque que mantenga la seguridad, fortaleza y prosperidad de nuestro país, y que también sea acorde con nuestros valores”, dice la declaración. A través de esta Orden Ejecutiva, también se instruyen una serie de acciones para restablecer el sistema de asilo de EE.UU., entre otras cosas, al rescindir y ordenar que se revisen institucionalmente una variedad de proclamaciones, normas y documentos de orientación del gobierno de Trump que han significado, en la práctica, el cierre de la frontera de EE.UU. a los solicitantes de asilo.

La nueva administración reflexiona que “restablecer la fe en nuestro sistema de inmigración legal y promover la integración de los nuevos estadounidenses” y critica que Trump promulgó “cientos de políticas que contravienen nuestra historia y socavan el espíritu estadounidense como tierra de oportunidades, que está abierta y recibe con beneplácito a todas las personas que vienen aquí en busca de protección y oportunidades”.

No obstante, la orden ejecutiva asigna un rol más preponderante a la Casa Blanca en la coordinación de la estrategia del gobierno federal para promover la integración e inclusión de los inmigrantes, que comprende el restablecimiento de un Grupo Especial sobre Nuevos Estadounidenses, y medidas orientadas a que el sistema para la inmigración legal funcione de manera justa y eficiente.

Para el cumplimiento de esa orden ejecutiva se exigirá que los organismos “realicen un análisis descendiente de las reglamentaciones, políticas y orientaciones recientes que han interpuesto obstáculos a nuestro sistema de inmigración legal”. Por otra parte, deja sin efecto el memorándum de Trump que exigió que los patrocinantes familiares devuelvan los fondos al gobierno si sus familiares reciben beneficios públicos, ordena a los organismos que revisen la norma sobre carga pública y otras políticas conexas, y optimiza el proceso de naturalización.

Autoridades de El Salvador y Guatemala detuvieron este jueves a poco más de 600 personas, en su mayoría pandilleros señalados de diversos delitos, como parte de un operativo regional que también incluyó a Honduras, informaron fuentes oficiales.

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Se trata de la operación “Escudo Regional”, mediante la cual Estados Unidos brinda apoyo a las tres naciones centroamericanas y propicia la coordinación e intercambio de información para el combate de las pandillas y delitos como el tráfico de migrantes indocumentados.

De acuerdo con el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, la operación “se está llevando a cabo simultáneamente en Honduras, Guatemala y El Salvador”, que conforman el denominado Triángulo Norte de Centroamérica.

Melara explicó que la fiscalía salvadoreña ha ordenado la detención de 1 mil 152 personas, en su mayoría miembros de pandillas en todo el país.

Un portavoz de la fiscalía salvadoreña señaló que se contabilizaban 572 personas detenidas y esa cifra “podría ser mayor conforme se vayan concretando otras detenciones”.

En tanto, en Guatemala el Ministerio Público (fiscalía) anunció que, como parte de la misma operación en varios puntos del país se han detenido a 36 personas acusadas de extorsión.

En Guatemala las autoridades efectuaron al menos 80 allanamientos en los departamentos de Guatemala, centro, donde está la capital, Petén, en el norte, Quetzaltenango al oeste, Jutiapa y Escuintla, ambos al sur.

“Estamos dándole respuesta a una gran cantidad de delitos que se han cometido, como homicidios y tráfico de personas. Este es un esfuerzo de la fiscalía para sacar a los pandilleros y a los criminales de las calles”, sostuvo Melara, quien dirigió personalmente parte del operativo en San Salvador la madrugada de este jueves.

De acuerdo con la policía, entre los detenidos en El Salvador figuran cuatro cabecillas de pandillas.

Con 6,6 millones de habitantes, El Salvador fue en 2019 uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.

En El Salvador, las pandillas tienen unos 70 mil miembros, más de 17 mil de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales.

Tráfico de migrantes

En el marco de la operación Honduras participó para desbaratar una amplia estructura dedicada al tráfico de personas indocumentadas que buscan llegar a Estados Unidos.

El Ministerio Público de Honduras explicó en un comunicado que lanzó este jueves “una acción sin precedentes” en siete ciudades del país en busca de detener a por lo menos 20 personas.

En una operación denominada “Chakal”, la fiscalía y policía hondureñas anunciaron la incautación de casas y vehículos a presuntos miembros de la estructura de traficantes de migrantes indocumentados en las ciudades de Tegucigalpa, Puerto Cortez, Nacaome, Tocoa, San Juan Pueblo y Olancho.

Investigaciones de las autoridades hondureñas indican que esa red habría trasladado al menos 100 personas semanalmente a Estados Unidos.

Las personas migrantes habrían pagado a miembros de esa red de traficantes entre 8 mil y 12 mil dólares para que los llevaran en forma indocumentada a Estados Unidos. Entre las víctimas de la red de traficantes figuran personas de Honduras, Nicaragua, Cuba, India y africanos, de acuerdo a la fiscalía hondureña.

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El número de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos sumó casi un millón de personas en el año fiscal 2019, terminado en septiembre.

Esta cifra casi duplicó la cantidad del ejercicio fiscal anterior y generó fuertes tensiones entre Washington y países del sur, que terminaron firmando acuerdos forzados para reducir el flujo.

Con la llegada de migrantes en caravanas, muchos de familias centroamericanas en busca de asilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció una “invasión”.

En mayo, la cantidad de detenidos tras cruzar la frontera estadounidense alcanzó un pico de 144 mil personas, tras lo cual el gobierno de Trump instó a México y a Honduras, El Salvador y Guatemala a firmar bajo amenazas acuerdos para recibir a los migrantes.

Con México, Estados Unidos selló los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), que determinan que los demandantes de asilo que lleguen a la frontera común deben esperar en ese país a que se tramite su caso.

Los pactos con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica determinan que quienes aspiran a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por estas naciones deberán hacer allí su solicitud y aguardar.

Tras sellar los acuerdos, la administración de Trump reanudó la asistencia financiera suspendida en marzo hasta que se tomaran medidas para frenar la migración.

En la frontera, después de que en mayo Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó miles de agentes.

Desde entonces, la cifra de migrantes detenidos o aprehendidos en Estados Unidos se redujo más de tres veces, a 45.000 en octubre y 42.000 en noviembre.

“Políticas como la de permanecer en México y los acuerdos con países no seguros establecen un proceso que es una farsa dirigida a que los demandantes de asilo ni siquiera tengan una oportunidad de hacer su solicitud”, dijo a la AFP Daniella Burgi-Palomino, experta de la ONG Latin American Working Group.

Así, después son “deportados sin más hacia el peligro”, agregó.

Los acuerdos con los países centroamericanos, publicados en el Registro Federal el 19 de noviembre, están en fase de implementación.

En esa publicación, las autoridades estadounidenses señalaron que hay 474 mil 327 solicitudes de asilo pendientes, la mitad de personas procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Temblando de frío

El jefe interino del Departamento de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, dijo la semana pasada que a “medida que se implementa el acuerdo” migratorio con Guatemala, la Casa Blanca está considerando enviar a ese país a los solicitantes de “todas las poblaciones, incluyendo a los ciudadanos mexicanos”.

La Liga de Congresistas Latinos de Estados Unidos (CHC) condenó el martes esta posibilidad.

“Esto pondrá en peligro a las mismas familias que llegan a la frontera buscando protección”, indicó el presidente de esta Liga, el demócrata Joaquín Castro.

Esta iniciativa, evaluó, sumada a la política para que los migrantes extranjeros permanezcan en México, “bloquearía virtualmente a todos los demandantes de asilo de poder buscar refugio” en Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no respondió una solicitud de la AFP sobre la implementación de los acuerdos.

El sistema de asilo de Estados Unidos está “siendo desmantelado”, dijo Burgi-Palomino.

“Hay familias que están pasando las Fiestas temblando de frío en campos de refugiados improvisados en el lado mexicano de la frontera. Son secuestrados, asesinados y torturados frente a sus propios hijos porque se los obliga a esperar”, dijo la experta.

Un fracaso

Randy Capps, experto del Migration Policy Institute, definió esta situación como “un fracaso del sistema de asilo de Estados Unidos”.

El experto se preguntó cuánto tiempo el gobierno de México puede contener a decenas de miles de migrantes en la frontera, con un despliegue de miles de agentes.

Según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, donde se tramitan las solicitudes de protección ante ese país, hubo 26 mil pedidos entre enero y noviembre de 2018, y 66 mil en el mismo periodo de este año.

“Si hay demasiados demandantes de asilo [a Estados Unidos] que quedan bloqueados en México y la situación se vuelve muy inestable, el gobierno mexicano podría verse obligado a cambiar rumbo”, planteó Capps.

Ese escenario, sin embargo, solo se daría ante un deterioro “dramático” de la situación que llevara al gobierno mexicano a correr el riesgo de “enfadar” a Estados Unidos.

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Ambos funcionarios coincidieron en una reunión de ministros y secretarios de Seguridad del Triángulo Norte y Sur de Centroamérica y Estados Unidos “con el objetivo de abordar temas de seguridad en la región”, informó una nota del Ministerio de Gobernación de Guatemala.

“Entre los temas que se analizan están la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos, delitos transnacionales, tráfico ilegal de personas, pandillas, tráfico ilegal de armas y narcotráfico”, añadió la información oficial.

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El objetivo de la reunión es fortalecer el trabajo de seguridad conjunto, para reforzar las fronteras de los países participantes y así evitar delitos transnacionales.

“Trabajé con nuestros socios internacionales de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, así como con Colombia, que se unió por primera vez, para analizar formas en que podemos promover nuestra seguridad mutua, eliminar organizaciones que impulsan el crimen, e incrementar la prosperidad y la paz”, dijo McAleenan en Twitter.

I worked with our int’l partners from Panama, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, and Honduras– as well as Colombia, who joined for the first time—to discuss ways we can promote our mutual security, eliminate organizations that drive crime, and increase prosperity & peace. pic.twitter.com/YBTwpONAN8

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) 23 de agosto de 2019

“Nuestra colaboración ya ha dado resultados alentadores, pero queremos continuar construyendo sobre los éxitos que hemos visto. La seguridad y la prosperidad de la región, así como la de sus poblaciones más vulnerables, era la máxima prioridad de la Conferencia Ministerial”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según las autoridades guatemaltecas, se trabaja también en cómo enfrentar el tráfico ilegal de armas, implementación de mejoras en fronteras, puertos y aeropuertos con el objetivo concreto de fortalecer y reforzar las coordinaciones de seguridad en las aduanas de los países participantes y así evitar delitos transnacionales.

Degenhart y McAleenan han suscrito otros convenios. En mayo último, relativo al combate del narcotráfico, coyotaje y trata de personas, y en julio, el polémico acuerdo migratorio para que Guatemala reciba a hondureños y salvadoreños solicitantes de asilo en Estados Unidos.

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Esa cooperación de México a El Salvador tendrá una inversión de US$100 millones sin condicionamientos para el segundo país.

Los cultivos que serán parte del plan son maíz, café, cacao y especies forestales.

Sin bien México oficializó su apoyo, Guatemala y Honduras no estuvieron presentes en el acto celebrado en Tapachula. De hecho, la canciller guatemalteca Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la esposa del presidente Jimmy Morales, Patricia Marroquín de Morales, estuvieron hoy en Texas junto al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, para “definir acciones a tomar en materia migratoria”.

La cooperación para el Triángulo Norte Centroamericano se desprende de un plan mexicano más grande que pretende alcanzar 400 mil hectáreas en Chiapas, Campeche y Tabasco, que contempla echar mano de familias mexicanas y de migrantes centroamericanos.

En un discurso, López Obrador habló de los programas sociales de México, comenzando por Sembrando vida, el que busca imitar en el Triángulo Norte Centroamericano, y cubre 200 mil hectáreas de especies maderables; pensión a ocho millones de adultos mayores, becas a jóvenes, empleos y capacitación para los “ninis” (ni trabaja ni estudia), que llegará al millón el próximo año.

“Tenemos la confianza de que saldremos adelante y queremos hacerlo junto a nuestros hermanos centroamericanos”, dijo López Obrador.

También compartió que ha buscado persuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el camino es atender las causas de la migración.

“Él ha ido entendiendo. Al principio a lo mejor no la veía como opción, alternativa. Ha costado trabajo esta labor de convencimiento, de persuadir, pero ya está en el acuerdo. Aceptó esta propuesta, que no es nada más el uso de la fuerza, no es solo medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones, lo que origina la migración. Esto se logró en el acuerdo”.

El acuerdo que mencionaba López Obrador es el que ambos países asumieron el 7 de junio para frenar la migración indocumentada, que consiste en atender en México a solicitantes de asilo, combatir a las bandas de tráfico de migrantes, cooperación en investigaciones, vigilancia a través de seis mil agentes de la Guardia Nacional, entre otros.

López Obrador cerró su discurso confiado en que México, Guatemala, Honduras y El Salvador sean “una región que va a dar el ejemplo de cómo llevar a la práctica la fraternidad universal porque por encima de las fronteras está la justicia y la fraternidad entre los pueblos”.

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“Vamos a trabajar con los países centroamericanos”, dijo el jefe de la diplomacia, quien informó que esta semana vendrán equipos estadounidense a Centroamérica “para lograr acuerdos con esos países para poner la responsabilidad donde corresponde para asegurarse de que sus ciudadanos no sean los que están transitando a través de México a los Estados Unidos”.

Pero el secretario aclaró que su país no ha comprometido dinero para Centroamérica.

En respuesta a una periodista, Pompeo dijo: “Creo que has combinado la prosperidad económica con los dólares estadounidenses que van a esos lugares -Centroamérica-. No pienso en ellos de manera tan remota. Esas economías necesitan crecer. Necesitan desarrollar el estado de Derecho. Necesitan desarrollar sistemas y hacer crecer sus economías”, precisó.

“Los Estados Unidos están preparados para hacer las cosas que debemos hacer, pero no hemos realizado compromisos de recursos asociados con este acuerdo. No ofrecimos ninguna asistencia de recursos al gobierno mexicano para lograr estos resultados. Tampoco lo hemos hecho en América Central”, añadió, en referencia al denominado “Plan Marshall” de diciembre de 2018 para el sur de México y el Triángulo Norte para generar países prósperos y seguros cuyos habitantes no estén obligados a migrar. Cabe destacar sobre esto que México animaba a Estados Unidos a aportar US$4 mil 800 millones.

“Cuando lo encontremos en nuestro interés proporcionar recursos en el Triángulo del Norte o en México que tengan sentido para proteger al pueblo estadounidense, lo haremos. Pero en primera instancia, estas naciones tienen la responsabilidad de atender estos problemas de inmigración en su país de origen”, afirmó.

Sobre el acuerdo del 7 de junio para que México se comprometa a vigilar su territorio a fin de capturar migrantes y de darle albergue a quienes solicitan asilo a Estados Unidos, Pompeo señaló que se trata de un acuerdo que será revisado “cada día” y que está la mesa la aplicación de los aranceles si lo resultados no son los deseados.

Asimismo mencionó que sobre la marcha se podrán tomar “medidas adicionales” que México acordó en las conversaciones, las cuales no precisó.

“El acuerdo continúa con el compromiso de la administración de Trump, el más fuerte de cualquier administración en la historia, de enfrentar la marea de la inmigración ilegal y muchos otros problemas a lo largo de nuestra frontera sur, incluidos los problemas de tráfico de drogas que transitan allí”, dijo el funcionario.

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Barr apuntó que los “programas con las policías” continuarán y “no está afectado por las declaraciones” del mandatario norteamericano, sin precisar un monto.

Añadió que actualmente se mantienen “discusiones” sobre el resto de la ayuda que Estados Unidos entrega a esta región de Centroamérica.

“Hoy hemos hablado de una expansión de los esfuerzos tan exitosos que hemos tenido en contra de las pandillas violentas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, e incrementar el enfoque en las áreas de corrupción, delitos financieros e intensificar nuestros esfuerzos en contra de la trata y tráfico de personas”, dijo Barr.

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A criterio de Barr, la reducción de la inseguridad en Guatemala, Honduras y El Salvador ayudará a evitar la migración ilegal. “Creo que mejorar la seguridad en nuestros países será importante para reducir la migración forzada”, insistió Barr.

También acordó expandir esa lucha a la trata de personas.

El funcionario firmó con los fiscales de Guatemala, María Porras; de El Salvador, Raúl Melara; y de Honduras, Óscar Chinchilla, un acuerdo para ampliar la cooperación para la llamada Operación Escudo Regional, que propicia la coordinación e intercambio de información para el combate de las pandillas.

Dicha operación, según datos de la Embajada de Estados Unidos, ha permitido desde 2017 la imputación de cargos a unos siete mil pandilleros solo en El Salvador. Un caso destacado fue en noviembre de 2018 cuando las autoridades salvadoreñas detuvieron al pandillero de la Mara Salvatrucha, Armando Eliu Melgar, señalado de dirigir desde El Salvador actividades delictivas en la costa este de Estados Unidos.

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Datos de la ONU de 2016 revelan que el Triángulo Norte concentra el 11 por ciento de los homicidios de América Latina, siendo la mitad de las víctimas jóvenes entre 15 y 29 años.

Su anuncio se produce poco después de que Trump pidió cortar la ayuda a los tres países centroamericanos por considerar que no hacían suficiente para frenar la ola de migrantes hacia Estados Unidos.

A fines de 2018, miles de centroamericanos del Triángulo Norte formaron caravanas para migrar en forma indocumentada a Estados Unidos, huyendo de la violencia y de las amenaza de las pandillas.

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Los migrantes llegaron desde hace varias semanas a la frontera entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Tecún Umán, Guatemala.

Son parte de la más reciente caravana de personas que salió de Honduras el pasado 15 de enero.

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Ahora se encuentran en campamentos improvisados en la frontera e inclusive cientos de ellos duermen en el puente que cruza el río Suchiate y que une a los dos países.

Existen, además, condiciones de hacinamiento en algunos casos, afirman organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

El problema puede agravarse aún más. Los activistas de la organización fueron informados que a mediados de febrero partirá una nueva caravana desde San Pedro Sula, Honduras.

“Violencia xenófoba”

El Instituto Nacional de Migración (INM) registró en Ciudad Hidalgo a 12.574 migrantes. De éstos poco más de 2.000 emprendió una caravana hacia Ciudad de México.

De los registrados la mayoría, 9.069, son de Honduras. Otra gran parte proviene de El Salvador y Guatemala.

Pero en este grupo también hay personas de Belice, Cuba, Haití, Nicaragua y Angola.

La mayoría llegó con la caravana más reciente, pero a diferencia de las realizadas en octubre y noviembre ahora la reacción de las autoridades fue distinta.

El año pasado el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto desplegó a cientos de policías federales para tratar de controlar el flujo de migrantes.

Esa vez hubo enfrentamientos, inclusive se utilizaron gases lacrimógenos. Decenas de niños y mujeres resultaron afectadas.

Ahora el INM ofreció gestionar tarjetas de estancia temporal, a partir de visas humanitarias, siempre y cuando los solicitantes accedieran a registrarse y mostrar documentos de identificación.

El programa cerró el pasado 28 de enero, pero la medida, que organizaciones civiles consideran positiva, provocó algunos problemas.

“Se quedaron varadas en Tecún Umán miles de personas a la espera de gestionar el trámite”, le dice a BBC Mundo Salva La Cruz, del centro Fray Matías de Córdova.

“Eran muchas más personas de las que se podían atender, además el trámite no se resuelve pronto, lo solicitas y esperas varios días”.

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Eso generó aglomeraciones en ambos lados de la frontera, y también incidentes de violencia.

El 27 de enero en Tecún Umán cientos de personas hicieron una marcha que terminó en agresiones a los migrantes que permanecían en la plaza central.

Más de dos mil centroamericanos se refugiaron en el albergue municipal para escapar de la violencia, dice Salva La Cruz. Cientos más cruzaron el río Suchiate hacia México.

La situación es como una bomba de tiempo que puede derivar en mayores problemas, coinciden especialistas.

“Ha generado muchos problemas como ésta concentración que terminó en violencia xenófoba”, explica el activista. “Es una situación muy compleja que se ha ido alargando al paso de los días”.

“Hay empleos en México”

La decisión de entregar tarjetas de estancia temporal y visas humanitarias a la caravana más reciente fue como un impulso para otros migrantes centroamericanos, dicen especialistas.

Según el INM no está contemplado repetir de nuevo la estrategia. En cambio el Instituto pidió a los migrantes que realicen el trámite en los consulados mexicanos en sus países de origen.

Es lo que debe hacer la caravana que se espera para mediados de febrero, insiste el INM.

Sin embargo esta ruta legal no ha funcionado, insiste Salva La Cruz. Las oficinas consulares en Centroamérica no tienen capacidad de atender una mayor demanda de visas humanitarias.

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Y además, desde hace décadas, el gobierno mexicano entrega muy pocos de estos documentos.

De hecho los viajeros del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) suelen tener dificultades para obtener una visa mexicana, según denuncian organizaciones civiles.

En este escenario, los migrantes centroamericanos se verán obligados a utilizar alguno de los 700 sitios de cruce irregular que existen en la frontera sur de México.

“Se han quedado en la peor de las situaciones”, dice el activista. “realmente no pueden acogerse a un ingreso con este procedimiento”.

Un elemento adicional es la razón por la que decidieron emigrar. La oficina en México de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) realizó una encuesta entre los migrantes varados en Ciudad Hidalgo.

De los entrevistados el 63% dijo que habían sido víctima de la violencia. El 70%, además, confesó que volver a sus países era un riesgo para su vida.

Según la ACNUR ésta es la misma condición que enfrentan los migrantes que todos los días llegan a la frontera sur mexicana.

Es el caso de la caravana que se espera a mediados de febrero. Hasta ahora no clara cuál sería la reacción de las autoridades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en buscar una migración ordenada. “Ya lo hemos planteado. En nuestro país ahora hay oferta de empleos” dijo este martes en su conferencia de prensa matutina.

“Estamos entregando, inclusive, visas de trabajo a centroamericanos. De esa manera estamos resolviendo el problema, al mismo tiempo que se está dando protección humanitaria a los migrantes”.

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“Pero ya abandonamos la idea de un muro de concreto sólido hace tiempo en esta administración, cuando preguntamos a las personas qué necesitaban y dónde lo necesitaban”, agregó.

Kelly, exgeneral de la marina que dirigió el comando militar responsable de América Latina, fue secretario de Seguridad Nacional de Trump antes de convertirse en jefe de gabinete de la Casa Blanca en julio de 2017.

Pero su relación con el presidente se deterioró y se espera que sea pronto reemplazado por Mick Mulvaney, actual director de presupuesto.

Trump pide al Congreso que apruebe una partida de US$5 mil millones para la construcción de un muro, que la oposición demócrata rechaza. Además de culparlos por la parálisis, el mandatario responsabilizó el sábado a sus detractores por la muerte de dos niños migrantes en custodia de las autoridades estadounidenses.

“Los inmigrantes ilegales no son malas personas… No siento más que compasión por ellos, por los niños pequeños”, dijo Kelly, quien agregó que muchos son manipulados por traficantes de personas.

Asumiendo una posición distinta a la de Trump, que denominó a la ola de migrantes una “invasión” de “muchos miembros de pandillas y malas personas”, Kelly dijo que la forma de superar el problema de la inmigración ilegal es “terminar con la demanda de drogas en Estados Unidos, y expandir las oportunidades económicas” en Centroamérica.

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Termina su trabajo

“John Kelly se irá hacia finales de año”, dijo Trump en la Casa Blanca el 8 de diciembre, en una declaración en la que elogió a su antigua mano derecha como “un gran tipo” y subrayó que aprecia “mucho su servicio” durante el último año y medio al frente de la oficina presidencial de la Casa Blanca.

Como jefe de gabinete, el trabajo de Kelly consistía en ejercer de “guardián” del Ala Oeste, manejando la agenda y reuniones de Trump, dirigiendo negociaciones legislativas y asegurándose de que sus medidas se ajustaban a sus objetivos políticos.

En enero último, la relación de Kelly con Trump se tensó, después de que él dijera a un grupo de legisladores que el presidente no estaba “completamente informado” sobre inmigración cuando hizo sus promesas de campaña relativas al muro con México.

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Peleas

Según varios medios, Trump se puso “furioso” cuando se enteró de esas declaraciones de Kelly, y las peleas entre ambos se volvieron frecuentes, pero el obstinado general siguió firme y hace unos meses se comprometió con el presidente a seguir en su cargo hasta 2020.

Pero Trump, cada vez más preocupado por la campaña de reelección en la que tendrá que embarcarse dentro de un año, comenzó a decir a sus confidentes que Kelly no tenía un enfoque lo suficientemente “político”, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Un posible sustituto de Kelly puede ser Nick Ayers, el jefe de gabinete del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, aunque ese funcionario de 36 años solo se ha comprometido de momento a ejercer el cargo hasta la próxima primavera boreal, cuando quiere regresar al estado de Georgia con su familia, según The New York Times.

Otros posibles candidatos al cargo son el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin; el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, indica el rotativo neoyorquino.

La salida de Kelly podría poner en peligro el cargo de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, protegida por el general y criticada por Trump, quien no la considera lo suficientemente dura en materia de inmigración.

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En la medida en que un país tiene reglas que son claras y fáciles de cumplir, las personas pueden crear empresas capaces de generar valor para la sociedad. En los últimos años el Banco Mundial ha publicado el informe Haciendo Negocios —Doing Business—, para evaluar la capacidad de los gobiernos de mantener un ecosistema que haga que generar empresas en un país sea fácil, rápido y eficiente para todos los involucrados. En la medida en que las pequeñas y medianas empresas tienen reglas que son fáciles de cumplir, pueden generan empleos más productivos y enfocan sus energías en desarrollar escalas para competir a escala global.

Aquellos países donde hacer negocios es más fácil, entre los 190 evaluados, según la última publicación del Informe Doing Business que se dio a conocer la semana pasada, son: Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Hong Kong y Corea del Sur. En el caso de América Latina sobresalen México, 54 de 190 países; Chile, 56; Colombia, 65; Costa Rica, 67; y Perú, 68.

En el caso de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador —está en la posición 85 de 190 países—, Guatemala, 98 y Honduras, 121. Si bien hay esfuerzos importantes para mejorar, todavía existen muchos cuellos de botella en diversas instituciones gubernamentales que hace que mantener una empresa sea algo complicado y tortuoso.

Dentro de la evaluación resalta, por ejemplo, que en los tres países existe poca protección y mínimas garantías para los inversionistas minoritarios, lo que deja claro la falta de buenas prácticas de gobierno corporativo dentro de los Códigos de Comercio de cada país. Además, existen demasiados trámites y procesos engorrosos para sacar una licencia de construcción y hacer cumplir un contrato, cuando existen disputas comerciales puede ser muy oneroso y tomar mucho tiempo —hasta 1402 días en Guatemala, 920 en Honduras y 816 en El Salvador—.

Esto demuestra que existe mucho conocimiento y probablemente los organismos responsables dentro del Ejecutivo de los tres países a través de sus Ministerios de Economía están trabajando en generar mejoras, pero en la práctica hay poca coordinación entre los diferentes poderes del Estado. En el caso de Guatemala, por ejemplo, sería interesante que el Organismo Judicial pueda establecer un cronograma de reformas necesarias para reducir el tiempo que toma resolver una disputa comercial, creando juzgados especializados en materia mercantil o generar junto con el Congreso una propuesta de reforma al Código Procesal, Civil y Mercantil.

Un mejor abordaje de la agenda para reducir la migración hacia los Estados Unidos por parte de los programas de cooperación, sería enfocarse en los cambios a la legislación y los procesos administrativos que se tienen que hacer para que abrir y operar una empresa sea más fácil. Esto no solo tendría un impacto positivo en la agenda de atracción de inversión, sino que sería una oportunidad para lograr cambios que incidan positivamente en lograr aumentar el número de empleos en los tres países.

@jczapata_s

Incluso aquí, localmente, hay quienes dicen que los tres países en mención son iguales. Y aunque podrán existir problemas comunes y su proximidad geográfica abre paso a similitudes naturales, es evidente que Guatemala es un país único en su carácter heterogéneo, y por tanto, distinto a los demás. Científicos sociales se han pasado décadas intentando descifrar este pequeño territorio, que aglomera muchas “naciones” étnicas, con sus propias culturas y subculturas, aposentadas sobre territorios geográficamente distintos, y receptores de climas y microclimas incomparables. Cualquiera que haya hecho el corto viaje entre —digamos— el tropical Mazatenango, la fría Xela y la maya cuenca de Atitlán, queda abrumado por tan enormes diferencias, en perímetros tan minúsculos. Si a esto sumamos una fragmentación real de la población, en lo que un día el doctor Carlos Gehlert Mata identificó como más de 19 mil micropoblados, cada uno con su distinta organización local, gobernanza comunal, y legislación, entendemos que el país —realmente— poco tiene en común con sus vecinos del triángulo artificial. Esto, salvo quizás, los departamentos orientales, que están más integrados a la Centroamérica ladina.

Esta semana, el tema cobró relevancia, pues el Washington Post publicó una nota en la que un alto oficial de seguridad estadounidense declaró que “es el hambre el principal expulsor de la migración guatemalteca”, contradiciendo las voces que piden amnistía para quienes dicen ir huyendo de la violencia centroamericana. Y aunque es positivo que los mismos amigos del norte vayan invalidando la imposición ficticia llamada Triángulo Norte Centroamericano, sería valioso que todos fuéramos un paso más allá, y reconociéramos que, dada la heterogeneidad guatemalteca, las causas por las que se emigra desde aquí también son múltiples, y que es barato encapsularlas en una respuesta única y superficial.

Pareciera que somos fáciles para aceptar explicaciones rápidas a problemas que son complejos. “El hambre” se asoma como la nueva respuesta al porqué se emigra, cohibiendo el estudio de problemas serios, como la inestabilidad política, la falta de propósito, el cambio climático, la violencia y tantos otros, convivientes todos con un Estado corrupto, dedicado al latrocinio. Nuestra academia, la sociedad, la prensa y una larga lista de diplomacias, se han limitado a ser cajas de resonancia de los conceptos que vienen del norte, sin hacer propuesta propia. Homogeneizar nuestro país hace olvidar las palabras del recientemente fallecido Richard Adams, quien al responder qué es para él Guatemala dijo: Es un microcosmos del problema mundial.

@pepsol

Corrupción, crimen y subdesarrollo castigan a una de las regiones más prometedoras del planeta, y pese al obtuso criterio y al abuso de una anquilosada clase política, estos países están predestinados a salir adelante, porque nunca como hoy su posición geoestratégica se ha vuelto tan determinante.

Dos realidades han contribuido de manera decisiva a perfilar la ruta por donde se encarrilará el futuro desarrollo. Por un lado está la triste realidad de los países más desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, donde el exceso de placer ha llevado a grandes conglomerados a convertirse en paradigma de un triste hedonismo, en el cual el consumo de opiáceos alcanza indicadores de pandemia.

Del otro lado están países como los nuestros, en los cuales la inmoralidad y la voracidad por la riqueza fácil hizo presa de numerosos funcionarios, sumado al desborde de criminalidad, con el narcotráfico por delante, cuyos carteles convirtieron estos territorios en feudos del crimen y en la mejor ruta para llegar al mayor mercado de consumo de estupefacientes.

La mezcla de corrupción y crimen agravó esta situación, lo cual dio pasó a otras expresiones delincuenciales, lo que degeneró en mayor inseguridad y esta, a su vez, se convirtió en la mayor amenaza para miles de centroamericanos, quienes empezaron a emigrar hacia Estados Unidos porque la historia reciente registraba que allá se podía tener una vida más digna y con menores riesgos que en Centroamérica.

Ese desborde de indocumentados incluso tomó por sorpresa a las autoridades estadounidenses, quienes fueron incapaces de ver el creciente drama de miles de centroamericanos que escapaban del infierno para buscar el paraíso, hasta que las fronteras del averno se volvieron demasiado elásticas.

Hoy, la desdichada historia preocupa a las más altas autoridades de Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala, con la crisis nicaragüense de fondo, quienes buscan las claves para establecer mecanismos que les ayuden a detener la migración irregular, el narcotráfico, la criminalidad y la corrupción, quizá el tema más relevante, porque es el fondo sobre el cual se proyectan las demás lacras.

La palabra recurrente que ahora surge como bálsamo para esa pesadilla es prosperidad y, ciertamente, podría ser la puerta que se abra hacia un nuevo horizonte, pero una crisis que duró décadas en madurar tampoco será fácil de resolver, aunque ahora, con la nueva visión geoestratégica de Washington, las cosas pueden empezar a cambiar y para ello solo se requiere empezar por desbaratar las estructuras de corrupción, porque el derrumbe de esos falsos liderazgos puede allanar la ruta hacia el desarrollo.

Es tardía porque ahora este Gobierno atraviesa por una de sus peores crisis, acentuada por señalamientos de corrupción contra el mandatario, algunos de sus más cercanos colaboradores y gente que maquilló una agrupación electorera para hacerse con el poder y conformar una estructura clientelar nociva para los guatemaltecos.

Morales debió haber hecho ese planteamiento al inicio de su mandato, cuando todavía contaba con alguna credibilidad y eran insospechados los casos de corrupción que posteriormente se le atribuyeron, en algunos de los cuales incluso están involucrados cercanos parientes suyos, como su hermano y uno de sus hijos.

No solo desperdició esa oportunidad, sino que demasiado rápido agravó su situación, con inconcebibles muestras de estulticia, como la de intentar expulsar a la única pieza efectiva en el combate a la impunidad y la corrupción, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un fracaso que no debe ser visto con ligereza, porque también pudo constituirse incluso en la tabla de salvación de él mismo, pues es probable que si hubiera logrado su objetivo tampoco estaría en el Gobierno.

Por si eso no hubiera sido muestra suficiente de inmadurez y de inexperiencia en las lides diplomáticas, posteriormente volvió a cometer otro garrafal yerro político, al intentar la remoción del embajador de Suecia, Anders Kompass, siendo ese país uno de los referentes en indicadores de desarrollo humano y, por supuesto, uno de los mayores financistas de la Cicig, lo cual difícilmente comprenderá un equipo como el que encabeza Morales. La bochornosa conducción de la Cancillería es una muestra patética del vergonzoso momento por el que pasa la diplomacia guatemalteca.

Este día, Morales, junto a los presidentes de Honduras y El Salvador, sostendrá una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con quien tocarán el espinoso tema de los imparables flujos migratorios de pobladores de estos países, principalmente de niños, y el dato concreto es que esas cifras no han dejado de crecer y se han agravado con quienes hoy conducen los destinos de estas naciones, al punto de crear una caótica situación en el sistema de justicia estadounidense, por culpa de otras realidades.

Aunque de acuerdo a versiones periodísticas, basadas en comunicados oficiales, se dice que Pence sostendrá una reunión de aproximadamente una hora con los presidentes de los países del Triángulo Norte. También existe la posibilidad que dedique unos minutos a solas con el presidente Morales para hacerle ver el papel que juega la corrupción en esos flujos migratorios y los enormes riesgos y costos que eso conlleva, situación que puede deteriorarse si acaso se busca erosionar una de las más efectivas inversiones de Estados Unidos en el combate de la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Guatemala no se quedará atrás; tenemos las cruciales elecciones de Fiscal General de la Nación y de Contralor General de Cuentas, que enfrentan el terrible desafío de estar en manos de la actual legislatura, de sus oscuros aliados y del propio presidente que han convergido en el “Pacto de Corruptos”. De hecho, con las opciones que se perfilan para presidir el Congreso de Guatemala, encarnadas en las candidaturas de Chinchilla (cuya reelección parece ser la jugada más probable) y de Conde Orellana principalmente, es difícil para la ciudadanía distinguir entre lo peor y lo mucho peor. En ambos casos, el Pacto de Corruptos no perdería el poder sobre la agenda legislativa y sobre los procesos cruciales ya señalados y las etapas intermedias que conlleva (Comisiones de Postulación).

Tristemente, ya vimos que la alianza de seis diputados que se han distanciado de las prácticas corruptas no solo no logró convocar otros adherentes, sino optaron por no dar la batalla por la Junta Directiva de la legislatura 2018, asunto que, independientemente de su viabilidad política real, pudo haber dado a la ciudadanía una voz simbólica vital dentro del Legislativo para hacer contrapeso al Pacto de Corruptos y, a las fuerzas que buscan la depuración, algunos operadores internos con algo de credibilidad.

El otro aspecto crítico en la coyuntura de inicio de año es la profundización del déficit y del deterioro de la institucionalidad del Organismo Ejecutivo que se ha dado durante estos últimos años. Pienso que es una variable que aplica igualmente a Honduras y El Salvador, aunque con distinta intensidad, pero que en el caso de Guatemala es indiscutible. Una de las apuestas estratégicas contempladas en la visión geopolítica para el Triángulo Norte, era que los Estados fortalecieran su institucionalidad para dinamizar la economía y ofrecer oportunidades locales, y dar mejor respuesta a la demanda de servicios públicos esenciales.

Nada de eso ha pasado, sino todo lo contrario. Al menos en Guatemala. La inoperancia del Ejecutivo se ha visto en prácticamente todos los ámbitos, exceptuando quizá a Gobernación, y eso solo porque juega un papel clave en la política de seguridad regional y, por ende, opera con otras claves y lineamientos. De allí, son instancias autónomas como el Ministerio Público y la SAT que han destacado. Más allá, hay un casi total silencio de logro, más aún si se buscan cambios sustantivos que este gobierno debió ser llamado a impulsar y nunca le interesó a menos, claro, que sea para favorecer intereses privados.

Por ende, sin entrar a describir otros factores sin duda presentes en cada país, lo que se anticipa es un escenario regional de tensión intensa, con toda la potencialidad de desatar ingobernabilidad e inestabilidad en la región, a un alto costo social. A ello hay que sumarle las elecciones generales en México, que también son en 2018.

karin.slowing@gmail.com

Siempre es bienvenido cualquier esfuerzo para llevar alivio a quienes se encuentran ante la posibilidad de vivir una pesadilla que, de ocurrir, tendría efectos catastróficos en Guatemala. Por ello, la diplomacia regional se ha puesto manos a la obra para anticiparse a cualquier riesgo. Son acciones obligadas en nuestro caso, por el enorme aporte de los migrantes a la economía guatemalteca.

Es lo menos que cabe esperar, pero las autoridades deben recordar que la diplomacia no puede obrar milagros, y entonces deben hacer muchos otros esfuerzos para no acrecentar un drama que año con año amenaza con desatar una crisis de proporciones insospechadas, en especial si se concretan las promesas de Donald Trump en su campaña.

Una primera toma de conciencia, responsable y franca, debe empezar por reconocer que las actuales condiciones de vida en el país constituyen la principal causa de ese flujo de guatemaltecos hacia Estados Unidos, sobre todo porque en los últimos años los protagonistas han sido niños no acompañados que buscan reunirse con sus parientes, pero también huyen de la pesadilla de su vida aquí.

Dicho flujo migratorio provocó que Estados Unidos presione a las autoridades centroamericanas por frenar el éxodo y ser parte de un plan que contribuya a crear condiciones de desarrollo para disuadir a los miles de pobladores de estos países que se arriesgan a ingresar de manera ilegal en territorio estadounidense.

Es un reto difícil. En los últimos años tal flujo ha ido en crecimiento, y de 15 mil niños guatemaltecos que ingresaron en aquel país en el 2014 la cifra rebasó los 18 mil en el 2015, lo cual demuestra el fracaso de cualquier medida establecida por los gobiernos del Istmo.

Guatemala tiene la enorme posibilidad de hacer algo por miles de migrantes y dar muestras convincentes a Washington de que aquí se lucha contra la corrupción y el crimen, y también se trabaja por cambiar realidades lacerantes, que empujan a millones de personas a buscar otro modelo de vida.

Si somos capaces de demostrar que aquí las cosas están cambiando y hay un compromiso de largo plazo, podría solicitarse el estatuto de protección temporal para los miles de guatemaltecos que cumplen con los requisitos para acogerse a ese beneficio y también tienen la ventaja de no haber ingresado ilegalmente o de no haber incurrido en delitos.

No debería de ser tan difícil que las cancillerías mencionadas se comprometan a mediano y largo plazos por cambios de fondo en temas fundamentales que estarán en la agenda de Washington, sobre los que habrá insistencia. No actuar en consecuencia debe ser visto como una bofetada para quienes son parte de la columna vertebral de la economía guatemalteca.

María Dolores Agüero, canciller de Honduras, apuntó que la idea es buscar acercamientos y armonía con el nuevo presidente estadounidense.

Añadió que los mandatarios del Triángulo Norte han instruido a los cancilleres para “analizar el tema migratorio y realizar acciones conjuntas frente a las nuevas autoridades”.

Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, formuló 12 acciones concretas y ocho prioridades que ya se implementan, dirigidas a tener acercamiento político con alcaldes y gobernadores por medio de los cónsules, y brindar protección a los connacionales.

La estrategia aborda mejorar las relaciones con las agencias estadounidenses, el Departamento de Estado, Justicia, Salud y la oficina de Reasentamiento de Refugiados.

También con Inmigración y Control de Aduanas, Servicio de Inmigración y Ciudadanía, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“He instruido a los cónsules para tener buenas relaciones, principalmente con los alcaldes. Es importante tener alianzas estratégicas que permitan actuar en defensa de los migrantes de ser necesario”, destacó el canciller Carlos Raúl Morales.

Apoyo local

El país también busca unir a organizaciones de migrantes, defensoras de derechos humanos, civiles y grupos religiosos, así como abogados que dan servicios legales gratuitos.

El Gobierno planea incrementar los controles en los consulados, albergues, hospitales, centros de detención, cárceles y establecimientos escolares.

El ministro indicó que están en alerta ante lo que pueda ocurrir desde enero, pero la prioridad del gobierno electo —en EE. UU.— son las personas con historial criminal. Enfatizó en que la única forma de proteger a la comunidad es por medio de las 15 delegaciones instaladas en ese país.

Identificación

El plan guatemalteco incluye al Registro Nacional de las Personas (Renap), que emite documentos de identificación y registros en las oficinas consulares de EE. UU., pero el ministro reconoció que han tenido complicaciones por los retrasos que tiene esa entidad para emitir las credenciales en el país.

Adicionalmente brindará asesoría a los migrantes sobre la importancia de estar documentados y motivarlos a tramitar su papelería.

Asimismo, prevendrá a las personas para que no sean engañadas por grupos delictivos que aprovechen la situación irregular para lucrar.

Se espera que la acción conjunta de los cuatro gobiernos genere un mayor impacto político en el gobierno de Estados Unidos.

Tecnológica

Para monitoreo, desde hoy funcionará la aplicación móvil MiGuate, disponible en las plataformas de descarga. Servirá para dar información sobre asuntos consulares y migratorios.

Desde abril, la cancillería tiene habilitado un centro de llamadas para atender migrantes por medio de un número gratuito en EE. UU. Desde que comenzó a funcionar se atendía un promedio de mil 500 comunicaciones al día, en las últimas semanas se reciben hasta cuatro mil.

Gobernador de Nueva York ofrece refugio

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció medidas para proteger a migrantes y combatir el aumento de crímenes de odio registrado durante la campaña electoral y tras la victoria de Donald Trump.

“Nunca permitiremos que el miedo y la intolerancia rompan el tejido de lo que somos”, dijo el demócrata  Cuomo, al hacer el anuncio. “Con estas acciones decimos a la gente de todos los orígenes y creencias: Nueva York es su hogar y refugio, y haremos todo lo necesario para mantenerlos a salvo”, añadió.

La iniciativa  creará un fondo público privado para ofrecer asistencia jurídica a migrantes y una unidad policial de investigación especializada en crímenes de odio que, según la Policía, han aumentado un 31% con respecto del 2015.

“Si hay un movimiento para deportar inmigrantes, entonces digo que empiecen por mí. Yo soy hijo de inmigrantes”, señaló Cuomo, de  ascendencia italiana.

Información de EFE

En un comunicado, el Gobierno dijo que “pese a conocer que las discusiones están en una fase preliminar en el Subcomité de Apropiaciones del Senado”, da la bienvenida al avance de los procesos y que espera que al final los representantes de pueblo de EE. UU. “autoricen la cooperación al Triángulo Norte Centroamericano”.

“Honduras saluda los avances al incorporarse al proyecto el apartado de desarrollo y apoyo económico a la Alianza para la Prosperidad, elevando la asignación a US$673.5 millones en relación a los US$297 millones que propone la Cámara de Representantes y que son destinados al capítulo de seguridad”, añade la nota oficial.

Además, el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández reitero que “está preparado para mostrar los adelantos sustanciales en todos los renglones que son condicionantes para la ayuda”.

“Incitamos a que las discusiones para la aprobación de los recursos que fortalecerán a la región y particularmente a Honduras lleguen lo más temprano posible a fin de fortalecer la lucha por la institucionalidad, la transparencia y las libertades”, agregó.

El Gobierno de Hernández también señaló que “el compromiso de los legisladores de los Estados Unidos con el bienestar de Centroamérica es tan profundo que desoyeron llamados de quienes en Honduras claman por boicotear esta asistencia que tiene como beneficiario final al pueblo hondureño”.

“Reafirmamos que los vínculos entre Honduras y los Estados Unidos están más fuertes que nunca”, concluye la nota oficial.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama ha solicitado mil millones de dólares para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.

Pero según trascendió el pasado sábdo en Tegucigalpa, dos días después de la visita de Thomas Shannon, quien se reunió con el presidente Hernández, el Senado solamente habría aprobado US$675 millones de los mil millones solicitados por Obama.