Junta Disciplinaria del OJ recomienda destitución de dos jueces, uno por beber alcohol y otro por tener a una menor de edad en juzgado

Dos jueces podrían ser destituidos y otros dos fueron sancionados administrativamente, luego de que la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial determinara que incurrieron en faltas graves y conductas indebidas en tribunales de Alta Verapaz.

Carlos Gómez

18 de junio de 2025 | 09:24h

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Cuatro jueces de Alta Verapaz durante una audiencia de Junta Disciplinaria por supuestamente organizar reuniones con licor y en hora laboral en un juzgado local. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

La Junta Disciplinaria del Organismo Judicial resolvió las sanciones para cuatro jueces de Alta Verapaz, quienes fueron investigados y llevados ante dicha instancia por la comisión de varias faltas en el ejercicio de sus labores en esa localidad.

Los jueces José Alfredo Quiñónez, presidente del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz; Luis Paniagua y William Arturo Chen, también de dicho tribunal, fueron señalados de cometer faltas en el desempeño de sus funciones, ya que, según la Junta Disciplinaria, se comprobó que consumieron bebidas alcohólicas en horario laboral dentro de las instalaciones judiciales.

En cuanto al juez Walter Fabricio Rosales, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fue investigado debido a que se estableció que sostuvo una relación con una menor de edad, quien, según las averiguaciones, fue encontrada en varias ocasiones en su oficina dentro del juzgado.

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Recomiendan destituciones e imponen sanciones

Por los hechos que se les atribuyen, la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial consideró que efectivamente los jueces José Alfredo Quiñónez y Luis Paniagua ingirieron bebidas alcohólicas en la sede judicial durante el horario laboral. En el caso del juez William Chen, la Junta concluyó que no consumió dichas bebidas, pero consintió el uso de su oficina para tal fin.

Por esa razón, la Junta de Disciplina recomendó la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en el Organismo Judicial del juez José Alfredo Quiñónez. En cuanto al juez Luis Alejandro Paniagua, se le impuso una sanción de 20 días sin goce de salario por la falta cometida. Al juez William Chen se le aplicó una amonestación escrita, ya que se consideró que incurrió en una falta leve.

En el caso del juez Walter Fabricio Rosales, la Junta Disciplinaria recomendó su destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo judicial, ya que se comprobó que incurrió en una falta grave al tener, sin justificación alguna, a una menor de edad dentro de las instalaciones del juzgado a su cargo.

La resolución será enviada al Consejo de la Carrera Judicial para que la traslade a la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá decidir si procede o no la destitución de los jueces señalados por faltas graves.

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Niegan acusaciones

Los jueces sancionados negaron en las audiencias realizadas los hechos que se les atribuyen. En su defensa aseguraron que, en ningún momento, han incurrido en faltas ni causado retrasos en los procesos judiciales bajo su cargo en Alta Verapaz, por lo que han solicitaron a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que dictara una resolución justa y apegada a derecho.

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La defensa de tres de los cuatro abogados señalados dijo a periodistas que respetan la resolución de la Junta Disciplinaria del OJ, pero no la comparte. Añadió que esperarán a tener la sentencia íntegra para analizarla para ver si se presenta algún recurso legal.

Los hechos

Los hechos por los cuales se sindica a los jueces datan de octubre de 2023, afirmó la abogada Sindie García, quien comentó que se recibió información de la sociedad civil organizada de Alta Verapaz, en la cual se hizo conocimiento de esta situación.

La abogada calificó como “lamentable” este comportamiento, al indicar que hay jueces y magistrados en ese departamento vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor. Asimismo, señaló que conviven con menores de edad e incluso mantienen relaciones sentimentales con personal auxiliar judicial que labora en la judicatura.

Según la investigación contra el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, hay declaraciones testimoniales en las que se indica que él llevaba a una menor de edad en su vehículo, aprovechando que este no era registrado al ingresar a la sede judicial.

También se menciona que la menor fue vista en reiteradas ocasiones dentro del despacho del juez. Uno de los testigos afirmó que la joven preguntaba en varias ocasiones por “Fabricio”, en referencia al juez Rosales Hernández. Varios testigos también indicaron haber visto a la joven, en múltiples ocasiones, dentro del despacho del juzgador, en horario laboral.

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Inspección General de Tribunales solicita destitución de cuatro jueces de Alta Verapaz a quienes se les vincula con cometer actos deshonestos dentro de los juzgados.

Carlos Gómez

28 de mayo de 2025 | 19:22h

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Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan proceso disciplinario ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por un aparente uso indebido de instalaciones, además, uno de ellos por el aparente hallazgo de una menor de edad en el despacho.

Los jueces que enfrentan el proceso disciplinario son William Arturo Chen, José Alfredo Quiñónez, Luis Alejandro Paniagua y Walter Fabricio Rosales Hernández; todos señalados de consumo de bebidas alcohólicas, protagonizar escándalos en las judicaturas.

Rosales Hernández, también es señalado de mantener en su despacho a una menor de 16 años, quien, según la abogada Sindie García, de la Inspección General de Tribunales, no tiene ninguna relación laboral, familiar o de otra índole con el juzgador, lo que podría constituirse en trata de personas y abuso de menores.

Durante una audiencia el 27 de mayo, la abogada García expuso los hechos que se les señala y con los cuales solicitó a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que los jueces sean destituidos de sus cargos.

La inspección señala que los jueces pudieron estar vinculados en trata de personas menores de edad, consumo de bebidas alcohólicas en horario laboral, así como incitar a los trabajadores de sus respectivas judicaturas a realizar estas acciones. Además, asistir a reuniones en negocios expendedores de bebidas alcohólicas.

Se señalaba que estas actividades habrían sido hechas a diario por los cuatro jueces de Alta Verapaz, señalados de cometer faltas a la ética y de realizar acciones no acordes con sus funciones.

Debido a esta conducta, se solicitó la destitución de los cuatro jueces señalados, al asegurar que estos no cumplen con las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñar sus funciones en el Tribunal Primero y Tribunal Segundo de Sentencia, ambos en Alta Verapaz.

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Los hechos

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La abogada García calificó como “lamentable” este comportamiento, al indicar que hay jueces y magistrados en ese departamento vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor. Asimismo, señaló que conviven con menores de edad e incluso mantienen relaciones sentimentales con personal auxiliar judicial que labora en la judicatura.

Según la investigación contra el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, hay declaraciones testimoniales en las que se indica que él llevaba a una menor de edad en su vehículo, aprovechando que este no era registrado al ingresar a la sede judicial.

También se menciona que la menor fue vista en reiteradas ocasiones dentro del despacho del juez. Uno de los testigos afirmó que la joven preguntaba en varias ocasiones por “Fabricio”, en referencia al juez Rosales Hernández. Varios testigos también indicaron haber visto a la joven, en múltiples ocasiones, dentro del despacho del juzgador, en horario laboral.

La abogada Sindie García indicó que el personal de la Inspección General de Tribunales abordó a la joven, en el parqueo del edificio en donde funciona el Tribunal Primero de Sentencia, y ella les aseguró que tenía 16 años.

La menor también expresó que no es estudiante de ninguna universidad de Alta Verapaz, ni realiza pasantías en el tribunal, pero que sí era amiga de “Fabricio”, como ella misma llamó al juez Rosales.

Fue de esa cuenta que no se encontró ningún motivo para que la menor estuviera en las instalaciones del juzgado. Además se confirmo que la misma menor fue vista en un negocio en el que se expenden bebidas alcohólicas y que es frecuentado por el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, señala la investigación.

En cuanto a los jueces José Alfredo Quiñónez Lemus, Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen, se les señala de presentarse en aparente estado de ebriedad a sus labores, además de ingerir bebidas alcohólicas en el juzgado y de incitar al personal a realizar estas acciones. También son acusados de amenazar al personal para evitar que dieran declaraciones en su contra.

Ante estas acciones, la Supervisión General de Tribunales solicitó la destitución del cargo de jueces de primera instancia de Walter Fabricio Rosales Hernández, José Alfredo Quiñónez Lemus, Luis Alejandro Paniagua Herrera y William Arturo Chen.

La audiencia en contra de los señalados continuará el 17 de junio.

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Denuncias contra jueces no avanzan

Según datos de la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, hasta mayo se han presentado un total de 736 denuncias contra jueces y magistrados de todo el país. Las faltas más comunes son incumplimiento de deberes, retardo malicioso en los procesos o atrasos en el trámite de expedientes judiciales.

Del total de denuncias presentadas, 16 han derivado en sanciones, mientras que otras 300 no fueron admitidas para su trámite. El resto continúa en proceso o en evaluación.

Faltas y sanciones

La Ley del Servicio Civil del Organismo judicial establece que los jueces y trabajadores judiciales pueden ser sancionados por faltas disciplinarias calificadas como leves, graves o gravísimas.

Faltas leves:

• La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada.
• La falta de respeto debido hacia los funcionarios judiciales, público en general, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal y Abogados.
• La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del Organismo Judicial.
• La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, establecidos en esta ley.

Faltas graves:

• Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo.
• Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos.
• No guardar discreción debida en los asuntos que conoce por razón de su cargo.
• La conducta y los tratos manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo.
• La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Presidencia del Organismo Judicial.
• Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública.
• Ausencia injustificada a sus labores por un día.
• Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga.
• La tercera falta leve que se cometa dentro de un período de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

Faltas gravísimas:

• Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas a las partes, a sus abogados o a sus procuradores.
• Desempeñar simultáneamente empleos o cargos públicos remunerados, ejercer cualquier otro empleo incompatible con su horario de trabajo y ejercer o desempeñar cargos directivos en entidades políticas.
• Interferir en el ejercicio de las funciones de los otros organismos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona en el Organismo Judicial.
• Ocultar información que implique prohibición para el desempeño del cargo
• abstenerse de informar una causal sobreviniente.
• Faltar injustificadamente al trabajo sin permiso de la autoridad correspondiente o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario.
• Portar armas durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de sus funciones salvo los casos especiales autorizados, por la autoridad administrativa del Organismo Judicial.
• Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia de la autoridad correspondiente.
• Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos de índole sexual o laboral.
• La tercera falta grave que se cometa dentro del lapso de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

Sanciones:

Las faltas cometidas por los empleados y funcionarios judiciales se sancionarán en la forma siguiente:

• Faltas leves: amonestación verbal o escrita.
• Faltas graves: suspensión hasta por 20 días, sin goce de salario.
• Faltas gravísimas: suspensión hasta por 45 días, sin goce de salario o
• destitución.

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Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por una denuncia que señala supuestos usos indebidos de instalaciones e irregularidades.

Elmer Vargas y Pavel Arellano

27 de mayo de 2025 | 19:04h

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Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentaron un proceso disciplinario debido a una denuncia que los acusa de usar instalaciones de manera inadecuada. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Este 27 de mayo cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentaron un proceso disciplinario por un aparente uso indebido de instalaciones, además del aparente hallazgo de una menor en el despacho de uno de los jueces.

En la audiencia, la abogada Sindie García, de la Supervisión General de Tribunales, expuso los hechos que se les señala y con los cuales solicitó a la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial que sean destituidos de sus cargos.

Según investigación, los jueces William Arturo Chen, José Alfredo Quiñónez, Luis Alejandro Paniagua y Wálter Fabricio Rosales Hernández habrían incurrido en diferentes faltas.

Los jueces presuntamente utilizaron las instalaciones del Organismo Judicial en Alta Verapaz para el consumo de bebidas alcohólicas, protagonizar escándalos y el hallazgo de una menor de 15 años en el despacho del juez Rosales Hernández.

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Durante las conclusiones la abogada García expuso los hechos que se le atribuyen a cada juzgador.

“Los hechos que han sido acreditados en contra de los funcionarios judiciales son declarables y habilitan plenamente la solicitud de su destitución y separación al cargo de jueces de primera instancia que han detentado hasta el día de hoy”, dijo la abogada García.

La abogada citó el artículo 113 de la Constitución, y afirmó que “los empleados y funcionarios públicos deben ser personas honorables en el ejercicio de las funciones“, y asevera que los cuatro jueces “adolecen y carecen de la honorabilidad para continuar en el cargo.

Cuatro jueces de Alta Verapaz enfrentan un proceso disciplinario por uso indebido de instalaciones donde una denuncia señala ingesta de licor con personas ajenas a los tribunales y el hallazgo de una menor en el despacho de uno de los jueces.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/cRhRYXLrSl

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) May 27, 2025

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Origen de la denuncia

El origen del caso, según García, se remonta a septiembre de 2023, cuando el vocal sexto y presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, dio a conocer que recibió denuncias de la sociedad civil de Alta Verapaz contra personal judicial.

En ellas, se indicaba que jueces y magistrados que prestaban su servicio en ese departamento, estarían vinculados con establecimientos dedicados a la trata de personas y al consumo de licor, y que tenían como convivientes a personas menores de edad

Además, algunos sostenían relaciones de carácter sentimental con personal auxiliar judicial de sus judicaturas, como secretarias. 

Lo informado causó una inspección e investigación preliminar de la Supervisión General de Tribunales, para dar cumplimiento a la Ley de la Carrera Judicial.

Investigación de autoridades judiciales

García detalló que, durante las diligencias que la Supervisión General de Tribunales efectuó, se detectaron anomalías como la presencia de una adolescente en la oficina del juez Walter Fabricio Rosales Hernández, por quien no se tuvo una explicación, pues no era ni trabajadora, ni estudiante, ni familiar de empleados.

La abogada añadió que también se constató la existencia de un establecimiento comercial en el que se vendía comida y bebidas alcohólicas, en donde fue encontrado personal judicial y la menor hallada en las oficinas del juez al que se hizo referencia.

Continuación del caso

Luego de la participación de la abogada de la Supervisión General de Tribunales, la audiencia continuará el 17 de junio.

Defensa señala deficiencias

Waldemar Figueroa, defensor del juez Walter Fabricio Rosales, indicó que a su criterio no hay indicios racionales suficientes para un fallo de carácter condenatorio, como lo pidió la parte acusadora.

Figueroa aseveró que existieron deficiencias en la identificación de testigos de la persona que estaba en las instalaciones judiciales y que supuestamente era menor de edad.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP) solicitó en la audiencia que se les brindara atención psicológica a los hijos de Ajú Hernández y a su mamá, a quienes consideraron como víctimas colaterales del violento crimen que ocurrió en un sector de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

El Tribunal Noveno concedió la solicitud, pero además, dictó medidas de indemnización a los tres sentenciados, André Ibrahim Pinto Lima, César Augusto Monzón Miranda y Alma Guadalupe Alvarado Mejía.

Los delitos por los que fueron condenadas las tres personas fue por plagio o secuestro, violación con agravación de la pena y asesinato.

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Los tres, además de cumplir la pena de 61 años, deberán pagar como reparación digna Q175 mil cada uno. Esos fondos deberán ser entregados a los familiares.

El MP había solicitado también que se le brindara atención psicológica a los sentenciados por parte del Sistema Penitenciario como garantía de no repetición de hechos de esta naturaleza.

Otra petición que hicieron a los jueces fue que “el Ministerio de Educación les brindara becas de estudio a los hijos de Ajú Hernández. Ella procreó dos. El mayor tiene 15 años y el menor 3 años. Ahora viven con la abuela, madre de la víctima mortal.

Otra de las peticiones fue que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) incluyera a las víctimas colaterales en programas sociales.

La víctima en este caso es Yajaira Marina de Guadalupe Ajú Hernández, una madre soltera que nació el 12 de diciembre de 1990. Residía en Chinautla junto con sus dos hijos y su madre.

A los 17 años tuvo a su primer hijo, y el segundo a los 29. Trabajaba para sostenerlos.

Zamora Marroquín, de 67 años, se encuentra recluido en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.

El próximo 3 de mayo, iniciará el debate contra el periodista por una acusación de supuesto lavado de dinero presentada por el Ministerio Público (MP) de Guatemala.

El periodista se defenderá a sí mismo en el juicio ya que sus últimos dos abogados, Juan Solorzano Foppa y Justino Brito, renunciaron señalando anomalías en el proceso. Posteriormente, ambos fueron detenidos por la Fiscalía por una supuesta “obstrucción a la acción penal”.

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Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de un informe, advirtió de que la libertad de expresión en Guatemala ha sido “degradada” por las acciones emprendidas por la Fiscalía en el caso de Zamora Marroquín y su derecho a defenderse de las acusaciones.

El comunicador, con más de 30 años de trayectoria periodística, fue detenido en su hogar el año pasado, tan solo cinco días después de publicar fuertes críticas contra el presidente Giammattei por actos irregulares de su administración.

La familia de Zamora Marroquín asegura que su medio de comunicación, elPeriódico, había publicado más de 145 investigaciones sobre actos de corrupción del gobierno de Giammattei previo a su detención.

Durante los 9 meses de su detención, el matutino fundado y presidido por Zamora Marroquín se vio obligado a descontinuar su versión física. Además, entró en una crisis financiera y despidió a más del 50% de su personal periodístico y administrativo.

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El Periódico, fundado por Zamora Marroquín en la década de 1990, recibió el galardón al “Medio Destacado de Iberoamérica” en 2021, entregado de manos del rey Felipe VI de España al periodista guatemalteco.

El Congreso informó en su cuenta de Twitter que con la aprobación del referido decreto es una reforma en materia de familia con el propósito de modernizar la normativa y fortalecer la capacitación del recurso humano para métodos alternativos que agilicen la resolución de conflictos en procesos judiciales.

Resaltó que estas reformas aprobadas responden a la situación actual en los tribuales de familia y ayudarán a evitar la acumulación de casos, pues se pretende agilizar la resolución de estos.

Según el Congreso, se pretende garantizar a los integrantes de una familia el goce y protección de sus derechos humanos y velar por el cumplimiento del derecho de identidad.

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También con las reformas se pretende la mediación y conciliación en conflictos en tema de familia a través de “soluciones razonables y justas”.

El decreto

El decreto en el Diario Oficial resalta que “en los procesos de paternidad y filiación, el juez competente puede ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que realice la prueba del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), aplicando exoneración total de la tarifa establecida en el arancel respectivo y en el tiempo que se le fije para el efecto”.

Agrega que en casos de urgencia debidamente justificados, el juez ordenará que se designe un delegado de la Procuraduría General de la Nación para que actúe en representación y protección de los derechos e interés superior de las niñas, niños y adolescentes, mientras se nombre un tutor, para que exija o defienda sus derechos.

“En la diligencia de conciliación será obligatorio utilizar un lenguaje sencillo, claro y de fácil entendimiento para las partes, evitando el lenguaje confrontativo, obligación que alcanza además del juez a los abogados. El juez estará facultado para adoptar toda medida para asegurar que las partes mantengan una conducta respetuosa y adecuada”, resalta el decreto.

Además, en los casos en que proceda la mediación, esta vía podrá agotarse en los lugares donde exista un centro de mediación, o bien, ante el juez de paz del lugar, estando obligados estos a extender constancia sobre el resultado.

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¿Qué beneficios tiene el Decreto 47-2022, en los procesos judiciales en materia de familia?

Un #CongresoDinámico que legisla en favor de los guatemaltecos.

#CongresoDinámico pic.twitter.com/GHKp1a876O

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 22, 2022

Para la resuelto se aceptó la denuncia de la jueza Érika Aifán contra Guzmán por el retraso en el traslado de expedientes.

Se señala que los atrasos en los que incurrió la denunciada en el trámite del expediente se acreditaron con los memoriales mediante los cuales se presentan recursos de apelación.

En cuanto a lo solicitado por Aifán de declarar rebelde a Guzmán, se hará la declaración respectiva por lo antes considerado en esta resolución.

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El 4 de febrero 2021, Silvia Patricia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, anuló la sanción impuesta por el Régimen Disciplinario contra Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, exoficial del Juzgado de Mayor Riesgo D que fue denunciada por Aifán de haber filtrado información.

El 6 de octubre de 2019, un juez de Paz Penal y Faltas de turno dio falta de mérito a Guzmán, señalada de supuestamente sustraer documentos de casos judiciales.

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El 5 del mismo mes, Guzmán fue capturada y tenía activada la alerta de desaparición Isabel-Claudina.

La jueza Aifán reveló en esa ocasión que a pesar de que la capturada tenía pocos meses de trabajar en el juzgado, se habían registrado varios incidentes, la mayoría por llegadas tarde de hasta tres horas.

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Hace un año tanto los tribunales como los juzgados suspendieron los términos y plazos en los procesos, pero fueron retomadas durante el año por medio de turnos y bajo lineamientos establecidos por el OJ. En esta ocasión, la circulación POJ- 04/2021 establece que la incorporación del personal a sus labores deberá cumplirse bajo el Protocolo de Prevención covid-19, el cual fue autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En cuanto a las medidas de protección e higiene a excepción del uso de pediluvio en las entradas de las instalaciones y la práctica de llevar registro de las visitas. Los jefes inmediatos son los responsables de velar por el cumplimiento de dicho protocolo y en caso el mismo no sea observado por el personal a su cargo deberá iniciar las acciones disciplinarias correspondientes”, se lee en el documento.

Además, establecen que serán los secretarios de los órganos jurisdiccionales quienes deben velar por el cumplimiento del aforo en las salas de audiencias. Tampoco recomiendan la autorización del ingreso de los pasantes a las sedes judiciales y dependencias administrativas, salvo que se cumpla con el distanciamiento social.

Hasta ahora el personal administrativo y de los instancias judiciales trabajan algunos por turnos y bajo esta medida todos deberán regresar a la normalidad y hacer sus turnos de forma presencial.

Carlos Giovanni Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, explica que, esta disposición les preocupa a varios jueces y magistrados porque aún no se sabe que consecuencias podría traer.

En el caso de las Torre de Tribunales, dice Ruano, no todos los ascensores funcionan y lo abordan cuatro personas por lo que podría complicarse para hacer cumplir las medidas sanitarias como el distanciamiento social.

Además, el juez señala que esta medida es preocupante para otros colegas porque estarán  bajo su propio riesgo yendo a laborar de forma presencial, pese a que se ha anunciado que el país atraviesa por una tercera ola de contagios covid-19.

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Las judicaturas son: Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala, Tribunal de Sentencia Penal de Quetzaltenango, Tribunal de Sentencia de Delitos de Femicidio, otras de violencia contra la mujer y violencia sexual de Suchitepéquez, Tribunal de Sentencia Penal de Zacapa, el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos de Trata de Personas, el Juzgado de Instancia Penal Especializado en Delitos de Trata de Personas (ambos de Guatemala), el Juzgado de Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala, y el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “E”.

La misma medida también fue adoptada por los magistrados que integran la Cámara Penal de la Suprema Corte, quienes realizaron la primera diligencia virtual el pasado 22 de junio para conocer la solicitud de traslado de proceso de mayor riesgo. Los sujetos procesales participaron en línea y también de forma presencial, según informó el Organismo Judicial (OJ) en sus redes sociales.

#OJGuatemala | Magistrados que conforman la #CámaraPenal realizan Audiencia Virtual, para conocer solicitud de traslado de Proceso de Mayor Riesgo. Los sujetos procesales participan de forma virtual y presencial participan abogados defensores y el @MPguatemala. pic.twitter.com/loaY7EtyS6

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) June 22, 2020

Hasta el pasado 24 de junio, Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial (OJ), confirmó que, en total suman 42 trabajadores de la institución infectados por covid-19 en todo el país y cuatro de los cuales están recuperados. Además, explicó que al menos tres tribunales ya programaron y realizaron audiencias y juicios virtuales.

No obstante, el sistema judicial está compuesto por 714 órganos jurisdiccionales –salas de apelaciones, juzgados y tribunales—a nivel nacional, pero el protocolo de audiencias virtuales es exclusivo para ocho judicaturas del ramo penal, indicó Siekavizza.

¿Cómo se realizan las audiencias y juicios en línea? Siekavizza explicó que los jueces utilizan el equipo que ya era usado para realizar las videoconferencias, solo que ahora están conectadas todas las partes procesales involucradas en el expediente judicial.

#OJGuatemala | Hoy se realizó la Audiencia Virtual de debate que estuvo a cargo del Juez Axel Rodas del Tribunal de Sentencia de Femicidio de Suchitepequez. Participaron representantes del @INACIFGT de forma virtual.#AudienciasVirtualesOJ #FortalecimientoDeLaJusticia pic.twitter.com/Pyf79uFUtJ

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) June 24, 2020

Por pandemia de la covid-19 los procesos penales en el Organismo Judicial (OJ) han sido suspendidos, agendados de nuevo, y algunos podrían tener fecha de inicio de debate hasta 2024, como la situación del Tribunal C de Mayor Riesgo que conoce expedientes en los cuales hay hasta 208 procesados.

Juzgados de Niñez y Adolescencia

Marisol Alonzo, coordinadora del área del Organismo Judicial (OJ) del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), explicó que donaron 30 licencias en la plataforma zoom para que el personal jurisdiccional las utilicen y así conozcan los procesos de niños y adolescentes.

Alonzo resaltó que, aunque los Juzgados de Niñez y Adolescencia no han suspendido laborales durante la pandemia, evidenciaron que las audiencias de protección a los niños y adolescentes no se estaban realizando por todas las medidas de contención para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Entonces, para evitar que los menores se presentaran a la judicatura y correr el riesgo de contagiarse de la covid-19, donaron las licencias de la plataforma por medio de la alianza que mantiene la organización con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que es auspiciada por la embajada de Suecia.

“Decidimos ayudar a los Juzgados de Niñez y Adolescencia y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal con 30 licencias, con el objetivo de que cada juzgado pueda tener audiencias de forma virtual para que evitar los contagios y para que no se retrasen los procesos”, agregó Alonzo.

La plataforma es compatible con la herramienta que utiliza el OJ conocida como “videoconferencias”, administrada por los jueces y toda la audiencia queda grabada en el servidor de la institución, indicó Alonzo. Además, añadió que es segura y solo tienen acceso las partes interesadas.

¿Cómo funciona y quiénes tienen acceso a las audiencias? “El juez convoca a la audiencia a los sujetos procesales; entonces, por ejemplo, se va a conectar la Procuraduría General de la Nación y si es un albergue de la SBS también se van a poder conectar por la plataforma con un código que se les comparta”, afirmó.

En algunos casos de adolescentes en conflicto con la Ley ya han sido escuchados por los juzgadores por medio de esta plataforma, agregó Alonzo. Asimismo, indicó que el protocolo para su uso está siendo aún ratificado por la CSJ, mientras que los jueces, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales reciben capacitaciones hasta el próximo 6 de julio para saber cómo abordar a los menores de forma virtual.

Juzgados móviles

El OJ informó que van inaugurando dos juzgados móviles, uno en el Preventivo para Varones de la zona 18 capitalina y el otro en el complejo carcelario de Fraijanes para continuar con las audiencias judiciales y los procesos penales en contra de los reos que están recluidos en dichos centros carcelarios.

Las judicaturas funcionarán en un autobús que fue modificado y en el cual está armado para que se realicen videoconferencias, primeras diligencias y exhibiciones personales.

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El órgano judicial fue constituido para conocer delitos contenidos en la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal y en otras leyes de la materia, para que los demás juzgados de Instancia Penal que los conocen queden excluidos, según se lee en el Acuerdo 22-2020 publicado el pasado 25 de junio en el Diario Oficial.

“Asimismo se excluye de la competencia por razón de la materia penal a los demás Juzgados de Primera Instancia en materia penal, del territorio nacional, para que ya no conozcan de los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su cargo a partir de la vigencia del presente acuerdo”, señala el documento.

Los magistrados también designaron a los Tribunales de Sentencia Penal de la ciudad de Guatemala y también a los Tribunales de Sentencia Penal de Mayor Riesgo para conocer los debates de dichos delitos.

El pleno también asignó la competencia de segunda instancia a las Salas de la Corte de Apelaciones del departamento de Guatemala, para que conozcan las impugnaciones en contra de las resoluciones de la judicatura y de los tribunales.

Mientras que órganos judiciales que conocían los procesos de corrupción y delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos seguirán estando a su cargo hasta la fase intermedia o preparatoria, de igual forma pasará con los Tribunales de Sentencia Penal y las Salas de Apelaciones. Asimismo, el Juzgado Duodécimo deberá culminar los procesos que ahora conoce.

Rolando Barrera, presidente del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), informó que por el momento un Juez de Primera Instancia Suplente está a cargo del Juzgado Duodécimo, pero no confirmó su nombre.

Inconstitucional

Para Alejandro Rodríguez, analista jurídico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), explicó que esta decisión es inconstitucional porque se creó un órgano para conocer un tipo de casos. Además, indicó que ve con mucha preocupación la designación de la judicatura porque ya es un órgano preconstituido.

“Nosotros no quisiéramos pensar que lo que se busca es precisamente querer manipular políticamente los casos. Pero la idea que, en la Constitución, en el artículo 12 indica que los tribunales tienen que ser preestablecidos y tienen que tener una competencia general es porque no se quiere que venga un órgano como la Corte Suprema o cualquier funcionario y designe adrede quien va a conocer los casos”, señaló.

Rodríguez se cuestionó de cómo se eligió a ese órgano y por qué a ese juez, ya que, no hubo ningún concurso público, por lo tanto, es totalmente inválido en materia constitucional y bajo los estándares internacionales en materia de independencia judicial.

Además, desde el punto de vista de política judicial analizó que no es apta esta designación porque ya existe mora judicial y cada vez se congestionan más los juzgados.

“Lo vemos no apto, en virtud de que ya existe una mora judicial actual y que cada vez se congestionan más los tribunales y se establece como único órgano jurisdiccional para conocer todo esto, es (comprender) que los procesos se desarrollen durante años”, advirtió.

Rodríguez recordó también que la actual CSJ ya terminó prácticamente su mandato, por lo tanto tendrían que ser competencia de los nuevos magistrados.

Descongestionamiento de juzgados

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), comprende que la designación realizada por la CSJ al juzgado duodécimo fue realizada para descongestionar Juzgados de Primera Instancia Penal y que solo una judicatura esté a cargo de dichos expedientes.

Además, aclaró que esta asignación no afecta los casos de la FECI que ya son conocidos en Tribunales o Juzgados de Mayor Riesgo, porque fue la CSJ la que designó estos órganos acatando un decreto del Congreso.

“Están relacionados (los casos) con organizaciones criminales, es decir los delitos que se conocen es porque se relacionan con otros delitos graves o de mayor riesgo, delitos de delincuencia organizada, delitos contra la Ley de Lavado de Dinero y otros activos, y en ese sentido el propio Código Penal establece que los delitos de mayor gravedad los determina la competencia”, señaló.

Sandoval recalcó que, espera “que el juez nombrado y la intención del juez nombrado responda a criterios de especializar la justicia (…) y no a un conflicto de interés”.

Para Juan José Recinos, abogado penalista y notario, la designación de este juzgado facilitará el acceso a la justicia a los funcionarios y empleados públicos. “Así como hay quienes que se dedican a actos de corrupción, hay funcionarios públicos muy probos y solamente porque el opositor no quedo se dedican a denunciarlo con todo lo que pueda para causarle daño político, mediático y judicial”, puntualizó.

La suspensión de audiencias en el Organismo Judicial son recurrentes en medio de la pandemia y han llevado a retrasar procesos hasta 2024, una mora judicial que representa un problema para el sistema nacional.

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Jueces de Paz suplentes temen contagios de coronavirus por escasa protección

Desde la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj) hasta jueces de Mayor Impacto reconocen que para cumplir con las medidas de distanciamiento y evitar la propagación del coronavirus se están reprogramando audiencias, lo cual ocasionará una significativa dilación en la labor judicial.

Audiencias de primera declaración con el detenido ubicado a una distancia prudencial de los juzgadores y fiscales son algunas de las prácticas que ahora hay que cumplir.

Mientras laboran, los jueces siguen temiendo una infección entre su personal o entre ellos mismos, porque consideran que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no les ha brindado suficiente equipo y material de protección para enfrentar el coronavirus, explicó Bélgica Deras, presidenta de la Ajmoj.

“Ha afectado en ambas vías. Hay un poco de temor por parte de los jueces de ir a laborar, porque algunos consideran que no hay preparación institucional para proteger nuestra salud y cubrir todas las emergencias. Ya hay un caso positivo en lo Civil, los juzgados que acaban de regresar a laborar”, refirió Deras.

La CSJ suspendió el 17 de marzo todas las labores que no fueran urgentes, como juzgados de Paz y de Instancia Penal; sin embargo, a partir del 20 de abril jugados como el Décimo Quinto de Trabajo, a cargo de Marlon López, fueron abiertos, así como otros civiles a partir del 28 de abril, labores que se desarrollan a medias, para cumplir con los protocolos de prevención sanitaria.

Una modalidad adoptada en el último mes ha sido el teletrabajo, pero el juez ve esta práctica “difícil”, porque para resolver los casos deben tener a la vista los expedientes. “Llevamos entre 180 y 190 audiencias suspendidas, desde que se suspendieron las labores el 17 de marzo, y nos vemos en la necesidad de reprogramar”, reconoció López.

Asimismo, el juez explicó que la reprogramación de las audiencias se debe a que solo están facultados a conocer diligencias urgentes, y con la suspensión de labores su agenda podría llegar hasta marzo del 2022.

#Allanamientos#MPcontraLaCorrupción
MP/Fiscalía contra la Corrupción continúa desarrollando en coordinación con la PNC, diligencias de allanamiento en diferentes municipios del departamento de Guatemala. pic.twitter.com/2SU2GLnBBq

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 22, 2020

Pablo Xitumul, presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, dijo que debido a la pandemia ha llegado a su sede judicial por lo menos una vez por semana, para analizar las piezas de prueba de los juicios que conocen, y durante estos dos meses la labor ha sido complicada y lo será aún más cuando regresen, porque conocerán casos en los cuales hay más de 200 personas procesadas.

“No he descansado desde que ya no estuvimos llegando. El análisis de mi parte prosiguió, porque hay que presentar la resolución en cuanto regresemos”, expuso.

Xitumul hizo ver que el tribunal podría extender su agenda hasta 2024, porque entre los casos que conocen tiene tres muy complejos, en uno de los cuales están procesadas 208 personas por delitos relacionados con extorsiones.

“En el caso Rescate del Sur ahí hay 208 personas. Solo con ese expediente podríamos abarcar un año. En algunos casos tal vez seguiríamos mediante videoconferencia, pero parcial. Por ejemplo, con los líderes que están recluidos en distintos lugares. Es muy compleja la situación”, recalcó.

A ello se suman otros dos expedientes, en los cuales están señaladas 89 y 68 personas, respectivamente, lo que lleva a suponer que el proceso podría implicar hasta cuatro años. La crisis del coronavirus generó mayor carga y mora judicial de la que ya existía, porque los tiempos se extenderán de manera considerable, por los protocolos sanitarios.

Problemas para todos

Los problemas alcanzan al Ministerio Público. Alexander Colop, jefe de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, precisó que durante la crisis por la pandemia se han suspendido audiencias de inicio a juicio, porque en los casos hay hasta nueve personas procesadas, lo cual implica nueve abogados, más querellantes, representante de la Procuraduría General de la Nación y fiscales en una misma sala.

Añadió que otro factor es que los expedientes judiciales dependen de la movilización de muchas personas, lo cual genera problemas logísticos con el traslado de testigos, peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), entre otros, ahora que está suspendido el transporte público.

Sonia Montes, fiscal adjunta de la Fiscalía de Derechos Humanos, expresó que, aunque en los tribunales y juzgados capitalinos han ido solucionando los problemas de espacios y distanciamiento social, no será la misma realidad en las sedes judiciales del interior del país, más reducidas.

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“No se nos ha proveído de todos los insumos necesarios para estar en la primera línea e impartir justicia en este estado de Calamidad. La justicia no se no puede interrumpir, entonces la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nos debe proveer de los insumos para salvaguardar nuestra integridad”, denunció uno de los jueces suplentes que pidió anonimato por temor a repercusiones laborales.

El juzgador además afirmó que han asignado dinero de sus ingresos personales para comprar insumos higiénicos como gel antibacterial, alcohol, cloro, entre otros para mantener las medidas sanitarias y evitar el contagio del virus.

Los jueces suplentes son quienes relevan a los jueces titulares de Paz cuando piden licencias por enfermedades crónicas, permisos laborales, vacaciones o también apoyan durante emergencias nacionales como la del nuevo virus.

Dichos juzgadores tienen competencia mixta como desde conocer faltas hasta juicios civiles de determinadas cuantías, además realizan exhibiciones personales y las videoconferencias en las cárceles. Los juzgados de Paz están abiertos al público los 365 días del año y las 24 horas.

La Asociación de Jueces y Magistrados advirtió el pasado 24 de abril que, el sistema judicial ya enfrenta el primer caso de exposición directa “bastante probable” del covid-19 en un juez y su personal auxiliar, por lo que está en cuarentena la jueza Diana María Escobar González y su equipo de trabajo.

Asimismo, el juzgador agregó que otro juez que realizó una exhibición personal a un paciente del Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, también está aislado y en cuarentena por prevención, ya que al siguiente día que realizó la diligencia en el lugar, fueron confirmados los casos de contagio en el centro hospitalario.

No obstante, Mario Siekavizza, portavoz del OJ, afirmó que solo la jueza y su equipo jurisdiccional están en cuarentena y no hay ningún otro juez. Además, añadió que, a los juzgadores los han dotado de insumos como alcohol, cloro, mascarillas, guantes y sanitizados sus lugares de trabajo para evitar la propagación del coronavirus y que trabajen en un lugar seguro.

Preocupaciones

Belgica Deras, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, explicó que tanto los jueces de Paz suplentes como los jueces han expuesto sus preocupaciones, ya que sienten que los dejan desprotegidos. Además, añadió que, debido a la emergencia, la demanda de juzgadores se agravó aún más y no existe la capacidad para atender todos las solicitudes.

“Cuando se solicita juez de Paz para ejecutar las videoconferencias en las cárceles, tenemos que esperar para que termine de cubrir la diligencia en otro tribunal o juzgado. La escasez de juzgadores es fuerte para cubrir las emergencias”, indicó Deras.

Además, explicó que, aunque el OJ ha procurado enviar insumos higiénicos a todos los jueces y juzgados, pero no cuentan con toda la capacidad ya que los juzgadores se han quejado ante la Asociación por la falta de insumos.

Los magistrados de la CSJ acordaron que los juzgados Civiles, de Trabajo y Previsión Social debían retomar sus labores a partir del pasado 28 de abril por turnos y para conocer asuntos constitucionales y de carácter urgente, luego que fueron suspendidas por la pandemia.  Además, también promovieron que los juzgadores el teletrabajo, cuando puedan evitar llegar a trabajar a las judicaturas.

Esta decisión fue considerada por la Asociación de Jueces y Magistrados como “contraprudecente” porque no solo están expuestos los equipos jurisdiccionales, sino también los usuarios al contagio del nuevo coronavirus. “En tal sentido, les patentizamos desde ya nuestro apoyo incondicional y muestras de solidaridad, clamando a Dios para que su salud no se vea afectada”, expresó la asociación en un comunicado.

No se dan abasto

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia, explicó que por medio de conversaciones que ha sostenido con jueces, sabe que los juzgadores suplentes no tienen la capacidad para atender toda la demanda de diligencias que existen, además que no pueden tomar sus vacaciones o licencias porque no hay nadie en ese momento que los releve.

“Según nos enteramos, hay un número bastante limitado de jueces suplentes que no alcanzan para llenar las necesidades que requieren una población total de jueces”, advirtió Ibarra.

Además, resaltó que por procesos administrativos en los nombramientos de jueces suplentes se ocasionan retrasos en la administración de justicia, ya que al faltar jueces hay lentitud en el engranaje del sector justicia.

“Hay un retraso en los diferentes juzgados, esto no solo son los de Paz o de Primera Instancia o en los de Turno, porque sino hay un adecuado número de personal los procesos se retrasan”, añadió.

Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), explicó que en total de jueces suplentes de Paz hay 24 y durante la emergencia están priorizando las solicitudes para atenderlas todas.

“Ellos están para cubrir desde videoconferencias hasta diligencias en juzgados y no tenemos un banco para cubrir a 500 jueces, se hace lo que ha disponibilidad alcance”, indicó Guerra, quien será relevado de su cargo por Elia Perdomo, jueza del Tribunal  B de Mayor Riesgo, este 29 de abril.

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Al principio se reportó que en un confuso caso una mujer que había sido reportada como desaparecida fue capturada por supuestamente estar involucrada en la sustracción de documentos de un juzgado.

Sin embargo, Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, confirmó que la detención se efectuó este 5 de octubre.

Añadió que se trata de Tatiana Elizabeth Guzmán que fungía como oficial en el Juzgado de Mayor Riesgo D, y que ahora está señalada de sustraer información de esa judicatura. La capturada tenía activada la alerta de desaparición Isabel-Claudina.

La Jueza Ericka Aifán explicó recientemente que desde hace varias semanas notó que Guzmán ingresaba a su despacho con su celular, por lo que empezó a sospechar que la oficial la estuviera grabando, para salir de dudas y evitar un problema mayor se comunicó el 4 de octubre con el jefe de seguridad del Organismo Judicial y decidieron pedirle a Guzmán que mostrara su celular.

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La joven se negaba a que revisaran su celular, por lo que la jueza procedió a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, para que con una orden se pudiera revisar el aparato móvil.

Guzmán accedió a la revisión y en el aparato se encontraron siete archivos, en algunos de ellos se escuchaba la voz de la jueza.

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Guzmán laboraba como oficial en la judicatura a cargo de la jueza Erika Aifán, de donde presuntamente sustrajo información de varios casos, motivo por el que fue capturada.

El viernes la oficial había sido reportada desaparecida a través de la Alerta Isabel-Claudina, pero horas después se supo que se encontraba en la carceleta a la espera de que un juez de tuno conociera su caso.

Aifán reveló que Guzmán tenía pocos meses de trabajar en el juzgado, y que durante ese tiempo se dieron varios incidentes, la mayoría por llegar hasta tres horas tarde al trabajo.

La jueza indicó que la mujer ingresó varias veces a su despacho con un celular, por lo que empezó a sospechar que la oficial la estuviera grabando. Para salir de dudas y evitar un problema mayor se comunicó el 4 de octubre con el jefe de seguridad del Organismo Judicial y pidieron a Guzmán que mostrara su teléfono móvil.

La joven se negó a que revisaran su teléfono, por lo que la juzgadora presentó la denuncia ante el Ministerio Público, para que con una orden se pudiera revisar el celular, donde se hallaron siete archivos, en algunos se escuchaba la voz de Aifán.

En la bolsa de Guzmán también se encontró un fólder con varios documentos del juzgado.

Además de este incidente, Aifán también denunció que del caso Fénix que conoce la oficial, uno de los documentos se extravió.

Mientras estuvo en la carceleta, Guzmán dio su versión de los hechos. Aseguró que todo se trataba de un conflicto laboral con la jueza Aifán y que prueba de ello es que denunció a la juzgadora en agosto de este año. Narró que intentó defender a otro compañero del juzgado quien también habría tenido un problema laboral, lo que provocó que la juzgadora se enojara.

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Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, confirmó que la detención se efectuó este 5 de octubre. El juzgado de paz de turno conocerá su caso, mientras espera en la carceleta de Torre de Tribunales.

Se trata de Tatiana Elizabeth Guzmán que fungía como oficial en el Juzgado de Mayor Riesgo D, y que ahora está señalada de sustraer información de esa judicatura. La capturada tenía activada la alerta de desaparición Isabel-Claudina.

La Jueza Ericka Aifán reveló que a pesar de que la capturada tiene pocos meses de trabajar en el juzgado, se han registrado varios incidentes, la mayoría por llegadas tarde de hasta tres horas.

Explicó que desde hace varias semanas notó que Tatiana Guzmán ingresaba a su despacho con su celular, por lo que empezó a sospechar que la oficial la estuviera grabando, para salir de dudas y evitar un problema mayor se comunicó el 4 de octubre con el jefe de seguridad del Organismo Judicial y decidieron pedirle a Guzmán que mostrara su celular.

Luego de una larga jornada en la que la joven se negó a que revisaran su móvil, la jueza procedió a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, para que con una orden se pudiera revisar el aparato móvil. Tatiana accedió a la revisión en donde se encontraron siete archivos, en algunos de ellos se escuchaba la voz de la jueza.

También se revisó la bolsa de Tatiana debido a que no se encontraba el celular y fue cuando detectaron un fólder con varios documentos del juzgado, no solo copias sino también en original. Ante estos hechos la jueza sospecha que Guzmán en otras ocasiones había sustraído información oficial del juzgado. Además denunció que en en el caso Fénix que conoce la oficial, uno de los documentos se extravió.

Aifán también sospecha que Tatiana colabora con Pedro Hernández, otro trabajador del juzgado denunciado por filtrar información.

La joven sigue en la carceleta de la torre de tribunales, donde dio su versión de los hechos. Asegura que todo se trata de un conflicto laboral con la jueza Aifán y que prueba de ello es que denunció a la juzgadora en agosto de este año. Narró que intentó defender a otro compañero del juzgado quien también habría tenido un problema laboral, lo que provocó que la juzgadora se enojara.

Tatiana Elizabeth Guzmán da su versión sobre lo ocurrido en el Juzgado de Mayor Riesgo D. pic.twitter.com/3Xs5yeTl4q

— Guatevisión (@Guatevision_tv) October 5, 2019

La jueza Érica Aifán ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto entre ellos: Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y el reciente caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

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Thelma Aldana señala que el “Pacto de Corruptos, encabezado por Jimmy Morales”, corrió para impedir su inscripción

Una orden de captura fue girada en contra de Aldana el 18 de marzo, según un documento que se confirmó por el Organismo Judicial.

A la exfiscal se le señalan los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.

El documento fue firmado por Víctor Manuel Cruz Rivera, juez Décimo de Primera Instancia Penal quien también había declarado la reserva en la investigación.

La noticia se supo a eso de las 15 horas del martes, un día después de que se giró la orden.

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Poco tiempo después también se hizo oficial que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la inscripción de Aldana como candidata presidencial.

La Ley Electoral establece que, desde el momento en que quedan inscritos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos ni procesados a menos que se les declare que ha lugar una formación de causa en su contra.

Los candidatos que obtienen inmunidad de manera inmediata son los que aspiran a la Presidencia y Vicepresidencia, diputados al Congreso y alcaldes. Por otro lado, síndicos y concejales no tienen derecho a esta prerrogativa.

Sin credencial

Pese a gozar de inmunidad, Aldana podría ser capturada, pues existe una orden vigente y, además, la candidata no tiene la credencial que confirme su inmunidad, explicó el abogado David Pineda.

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Pineda indicó que la credencial es la que puede hacer valer la oposición de la exfiscal General a una eventual captura, pero recordó que la Corte de Constitucionalidad creó jurisprudencia al indicar en varios casos que cualquier ciudadano debe presentarse ante el juez para hacer valer sus derechos.

Por si no lo vio

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“Es probable que -Aldana- sea detenida y puesta a disposición del juez y una vez frente a él ejerza su derecho a la defensa y luego haga valer el derecho de antejuicio con el que goza”, indica el abogado.

Pineda también señala que debido a que la orden de captura ya fue emitida, será muy difícil que la candidata presidencial se presente por sus propios medios ante los tribunales y serán los agentes de la Policía Nacional Civil quienes la conduzcan.

El abogado Omar Barrios coincide en que mientras Aldana no tenga su credencial de candidata ella debe presentarse ante los tribunales.

Alejandro Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, tiene una opinión diferente.

Asegura que Thelma Aldana ya goza de su derecho de antejuicio y no la pueden detener.

Según Rodríguez, el artículo 217 de la Ley Electoral y Partidos Políticos señala que desde el momento de la inscripción, Aldana goza del derecho de antejuicio, lo cual implica dos derechos: no ser detenido ni ser procesado.

En cuanto a que algunos abogados opinan que este derecho se adquiere hasta que tenga las credenciales, Rodríguez dice que el artículo 217 es muy claro pues cita que desde el momento de la inscripción el candidato goza del derecho de antejuicio y una interpretación contraria sería una interpretación en contra de los derechos políticos de participación de Aldana.

A criterio de Rodríguez una persecución política se vería muy mal a nivel internacional.

Rodríguez consideró que los abogados de Aldana deben hacer valer la resolución de inscripción ante el juez Cruz y plantear un recurso de reposición para que él revoque la orden de captura, decline su competencia y mande el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que allí se dilucida el derecho de antejuicio.

El caso

Aldana es investigada por la supuesta plaza irregular que se le otorgó al actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Gustavo Bonilla, quien cobró Q20 mil mensuales por cursos de capacitación a personal del MP pero que, según las pesquisas, no se presentó a laborar.

El abogado percibía un salario de Q20 mil mensuales, desde diciembre del 2014 hasta diciembre del 2015.

El caso está bajo reserva, desde este martes, hasta el jueves 28 de marzo, por lo que no se pueden tener detalles del caso y las audiencias que se desarrollen en ese periodo de tiempo.

Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y quien lleva la investigación del caso, indicó que la reserva de un caso se emite cuándo existen riesgos en la investigación y otras cuestiones que podrían entorpecerla.

El lunes, Cruz Rivera, decidió reservar el caso.

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Según Medina, aunque la Ley determina que los 10 días de reserva se cuentan de lunes a viernes -días hábiles-, en este caso se tomará en cuenta el sábado y domingo, para no exceder el plazo y cometer alguna ilegalidad.

Regreso incierto

Samuel Pérez, secretario general del partido Semilla, se presentó al TSE horas después de conocer sobre la inscripción de Aldana.

En ese lugar indicó que fueron notificados sobre la acción a las 15 horas y que la candidata regresará en los próximos días pues se encuentra fuera del país debido a que tenía varias reuniones programadas con su equipo de trabajo.

“Ella está entusiasmada con la notificación -de la inscripción- y está lista para comenzar ya con el proceso electoral con todo lo de Ley”, señaló el representante de Semilla.

Pérez además indicó que, debido a que el caso de investigación está bajo reserva el partido tiene dudas sobre la veracidad de la orden de captura e indicó que “la persona que haya filtrado este documento incurriría en delitos penales”.

El representante de Semilla también envió un mensaje a los seguidores del partido e indicó que se trata de una estrategia de grupos asociados a la corrupción y partidos políticos tradicionales.

“Toda esta estrategia queda en evidencia que no tenían ningún sustento, la inscripción va a quedar en firme y estamos preparados para empezar la campaña con mucha fuerza”.

Pérez resaltó que la inscripción le da inmunidad a Aldana.

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Otras denuncias contra Aldana

En contra de la exfiscal general, Thelma Aldana, hay otros dos señalamientos, aunque ninguno ha prosperado judicialmente.

El primero es por supuestas anomalías en la compra en el 2017 de un edificio para el MP que costó Q35 millones y que estaría sobrevalorado. La denuncia fue hecha por diputados oficialistas, pero esta no prosperó.

Otro caso fue presentado por la Contraloría General de Cuentas y se trata de la existencia de una supuesta plaza fantasma que se le adjudicó a José Carlos Marroquín, quien cobró Q1 millón pese a estar asilado en EE. UU.

Esta denuncia también incluye a Rottman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP y quien ahora es uno de sus colaboradores en la campaña política.

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Este viernes, el abogado de Bitkov, Rolando Alvarado, pronunció las conclusiones de la defensa, en donde afirmó que las autoridades son las responsables de emitir documentos falsos.

Anteriormente, el MP solicitó una sentencia de 14 años en contra del sindicado, pues señaló que el ruso utilizó su capacidad económica para corromper a las instituciones del Estado.

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La fiscalía también se pidió que Bitkov sea expulsado del país una vez que haya cumplido con su condena.

En repetidas ocasiones, el acusado ha afirmado que él y su familia fueron víctimas de una red de falsificadores del Registro nacional de las Personas (Renap) y de la Dirección General de Migración.

Además, señala que empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, usurparon sus bienes.

Sin embargo, autoridades rusas aseguran que Bitkov y su familia defraudaron a accionistas de una empresa papelera que poseían en Rusia y que huyeron a Guatemala.

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Otro juicio

El ciudadano ruso ya había sido condenado a 14 años de prisión y cinco años conmutables, durante un juicio que concluyó el 5 de enero de este año; sin embargo, es juzgado de nuevo porque la Corte de Constitucionalidad ordenó que el caso regresara a la etapa intermedia y dejó sin efecto esta sentencia.

La familia rusa fue capturada en enero del 2015, cuando el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sacaron a luz el caso Migración.

En las diligencias de este caso fueron capturados otras 40 personas, entre migrantes y funcionarios del Renap y Migración.

En la vivienda de los Bitkov, los fiscales localizaron grandes sumas de dinero en efectivo.

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Prensa Libre identificó al menos 16 factores, en cuatro áreas,  que provocan que la frase “administrar pronta y cumplida justicia”, contenida en el artículo 207 constitucional,  quede como una aspiración.

Un buen ejemplo lo constituye  el caso IGSS-Pisa, por fraude en la adquisición de servicio de diálisis, en el cual la recusación ha sido el tema principal. El juicio debía haber empezado el 3 de mayo del 2016 en el Tribunal Octavo de Sentencia, pero 800 días después, es decir, ayer, se logró en el Tribunal Undécimo llegar a las conclusiones y el Ministerio Público (MP) pidió entre cinco y 28 años de prisión para los 21 acusados en el caso.

Acciones y recursos

Factores externos de los auxiliares de la administración de justicia y del Organismo Judicial son los que prevalecen  en la mora judicial.

El primero se refiere a las acciones que usan los sindicados o la defensa para atrasar los procesos. Acá se incluyen las recusaciones a los jueces de Primera Instancia o jueces que integran tribunales de Sentencia, y la renuncia o separación del abogado defensor, lo que conlleva tiempo para conocer el proceso.

Incluso, los sindicados no asisten a las audiencias por reportarse enfermos.

Aunque las acciones presentadas por la defensa o los sindicados son legales, suele ocurrir que se utilice esa excusa  para retrasar los procesos.

Los sindicados en otros  casos judiciales como La Línea, Cooptación del Estado, Manipulación de Justicia, Negociantes de la Salud y Agua Mágica han intentado, al igual que en IGSS-Pisa, por medio de la recusación separar al juez del proceso.

Al momento  de plantear la recusación, independientemente de que se acepte o rechace, la acción debe ser elevada a una sala de Apelaciones para que defina el futuro del juez, lo cual implica tiempo.

Por ejemplo, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti han recusado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para que ya no continúe el proceso en su contra, acciones que han sido rechazadas y las salas de Apelaciones han respaldado el actuar del juzgador.

En el caso Agua Mágica, Baldetti se negó a asistir a la segunda audiencia del juicio bajo el argumento de problemas de salud.

A pesar de eso, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) dijo que su condición no ameritaba permanecer en un hospital, y se vio  obligada  a acudir al juzgado; no obstante ello implicó tiempo perdido.

Otro caso se dio durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas en La Línea, cuando su abogado defensor renunció, por lo que ahora la representa una profesional de la Defensa Pública Penal. No se descarta que para frenar el proceso Baldetti nombre un abogado de su confianza.

Otro caso con similares síntomas, literalmente, es el de Negociantes de la Salud. En este, Gustavo Alejos es quien más ha pedido permiso para ir a chequeo médico a los centros asistenciales. Ese proceso lo llevaba el Juzgado Sexto, pero por una recusación fue trasladado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal. Alejos solicitó varias veces arresto domiciliario, el cual obtuvo por un amparo.

incumplimientos

Sobre las entidades auxiliares en la administración de justicia, los reclamos se dan por la falta de traslado de reos por parte del Sistema Penitenciario, entrega tarde de informes médicos a los jueces por parte del Inacif, e incluso la sustitución de fiscales por parte del MP en casos de alto impacto.

El vocero el Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, informó que son siete las veces que no han trasladado a reos a Torre de Tribunales, y que no han sido por mala fe, sino por motivos  de seguridad.

“Se han enviado informes al Organismo Judicial, para excusarnos. Son excusas de fuerza mayor y en ningún momento se ha buscado generar daños colaterales a los sindicados”, refirió Esquivel.

Algunos jueces, sin especificar fechas, se han quejado por la entrega tarde de informes del Inacif. Eso ha causado que no se efectúen audiencias.

“Por lo general, se evalúa a la persona, y entre hoy y mañana se emite el dictamen, para entregarlo inmediatamente. No hay atraso significativo en el proceso. Muy esporádicamente, sí tenemos algunos casos delicados como el de Otto Pérez Molina, por su  historial clínico de miles de hojas”, refirió García.

Un ejemplo fue  la etapa de ofrecimiento de prueba en el caso La Línea. El juez Gálvez apercibió a la fiscal general, María Consuelo Porras, para que sea solo un fiscal quien lleve el proceso, pues a veces algunos no van bien preparados. El MP presentó una acción para revertir eso.

Situaciones en el OJ

Otro factor  se refiere a la administración de justicia, en el que se incluye que los jueces programan a una hora la audiencia y empieza hora y media después.

En el Tribunal Undécimo de Sentencia, que lleva el juicio IGSS-Pisa-Chiquimula, las audiencias empiezan a las 10.30 y  finalizan a las 13.30 horas, con períodos de receso para que los sujetos procesales puedan ir al baño.

También se dan errores en resoluciones, que han sido enmendados en otras audiencias y que luego son atacados por la defensa.

La jueza Silvia de León, quien era titular del Juzgado Sexto, en una resolución se le olvidó incluir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación como querellantes. Lo enmendó con otra resolución, pero la defensa de los sindicados en el proceso Negociantes de la Salud la impugnó, por lo que al final el proceso penal se trasladó al Juzgado Séptimo.

La Sala Tercera de Apelaciones ha emitido varios fallos que han beneficiado a los sindicados en varios procesos, acciones que han sido impugnadas por el MP y que luego de un tiempo la Corte de Constitucionalidad le da la razón al MP.
A veces el atraso es por la falta de salas para audiencias grandes, fallas en el audio de dichas salas o problemas con internet han provocado que también  las audiencias por videoconferencia  se suspendan.

Abuso de recursos

Para el analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Lizandro Acuña, la principal herramienta que se ha utilizado para dilatar los procesos penales es el amparo, debido a que no hay etapa procesal que no sea susceptible de amparo y ello a veces afecta a otros sindicados que no lo han pedido.

“Se está utilizando la recusación donde sin argumentos sustentables quieren separar al juez, señalan que hay enemistad, que emitió opinión y la reprogramación; aunado a la mora judicial hace que estas audiencias se aplacen. Otra estrategia que utilizan los sindicados en declararse enfermo, en lo que el juzgador emite la orden para que el Inacif lo evalué, logra la suspensión del proceso”, dijo Acuña.

El analista manifestó que en el país hay un sistema de justicia lento y que se le atribuye a la mora judicial, por lo que hay varias iniciativas de ley, como la aceptación de cargos, más allá de ser de  fondo, hay otros intereses por los cuales la persona quiere pasar más tiempo en prisión preventiva.

“En Guatemala hay cárceles VIP, donde los controles son débiles y donde los presos tienen otros tratos y que de alguna manera eso lo hace tener otro tipo de comodidades”, dijo el experto.

El abogado penalista Juan Rodolfo Pérez Trabanino señaló que el gran problema en la administración de justicia es su dilación. El proceso civil tarda siete años, una reclamación laboral cinco años, que el proceso penal dure de 3 a 4 años es lo mejor que puede tener el país.

El experto considera que ya es necesario  oralizar los procesos no penales en el sistema civil y laboral, y mencionó que la Corte Suprema de Justicia tiene dos proyectos al respecto.

Además, dijo que hay una mala gestión en tribunales. “Está mal diseñado. Los tiempos para impartir justicia son imposibles de cumplir”, refirió.

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¿Por qué los vecinos de San Miguel Siguilá exigen a su alcalde que sea transparente?

El oficio MP113-2017-9303, al que tuvo acceso Prensa Libre, refiere que el MP no está de acuerdo con que Román Vásquez Jiménez, de 41 años; Mauricio Aguilar García, 49, y Fredy Estuardo Camacho Aguilar, 37, concejales segundo, tercero y cuarto, respectivamente, no enfrenten un juicio por los delitos por los que fueron señalados.

El documento señala que el ente investigador no está de acuerdo con la resolución del pasado 1 de marzo y por ende presentaron la apelación con el fin de que las autoridades ediles sean enjuiciadas.

Consultado un fiscal del MP, que pidió anonimato, informó que se debe esperar lo que resuelvan los magistrados de la Sala Quinta de Apelaciones.

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“Si la resolución es favorable para el MP el proceso deberá seguir. Lo que ahora hacen los magistrados es analizar la resolución del juez, ya que resolvió aduciendo que los medios de prueba presentados por el MP no son suficientes como para llevar a juicio a los sindicados”, dijo.

“Si confirman la resolución del juez el caso se archivaría, o bien, se puede hacer una clausura provisional, pero hay que esperar”, añadió.

Los hechos

El miércoles 8 de noviembre del 2017, los tres concejales fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil y sindicados por el MP de instigación para delinquir, coacción y abuso de autoridad, ya que supuestamente provocaron que la población de San Miguel Siguilá tomaran la comuna por 10 día, supuestamente, porque el alcalde Santos Escobar no había ejecutado obras para el municipio.

El edificio fue ocupado por los vecinos desde el 17 de junio y señalaban al jefe edil de tener interés para beneficiar a empresas de sus amigos. Además, los pobladores exigieron la renuncia del alcalde, al que señalan de ser un mal administrador. A su criterio, Escobar ha demostrado poca experiencia para gestionar obras.

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