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Maduro ofreció petróleo y otros recursos a EE. UU. para evitar un conflicto

Con la esperanza de poner fin al enfrentamiento de su país con Estados Unidos, varios funcionarios venezolanos le ofrecieron al gobierno de Donald Trump una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela.

The New York Times Company

11 de octubre de 2025 | 00:05h

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Las fuerzas armadas de Venezuela están en estado de alerta ante los ataques a embarcaciones en el mar Caribe de parte de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre : AFP)

Esa oferta de gran alcance permaneció sobre la mesa mientras el gobierno de Trump calificaba al   del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de “cartel narcoterrorista”, reunía buques de guerra en el Caribe  y empezaba a hacer estallar embarcaciones que, según funcionarios estadounidenses, transportaban drogas desde el país sudamericano. En virtud de un acuerdo discutido entre un funcionario estadounidense de alto rango y los principales ayudantes de Maduro, el líder autocrático de Venezuela ofreció abrir todos los proyectos petrolíferos y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, conceder contratos preferenciales a empresas estadounidenses, invertir el flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China a Estados Unidos y reducir drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas.

El gobierno de Trump acabó rechazando las concesiones económicas de Maduro y suspendió la diplomacia con Venezuela, la semana pasada. Esta medida acabó con el acuerdo, al menos por ahora, dijeron las mencionadas fuentes. Aunque Estados Unidos ha estado atacando lo que denomina embarcaciones que transportan drogas, el corte de la diplomacia, la concentración militar cerca de Venezuela y las amenazas cada vez más estridentes contra Maduro por parte de funcionarios del gobierno de Trump han llevado a muchos, en ambos países, a pensar que el verdadero objetivo  es la destitución del gobernante venezolano.

Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, ha sido la voz principal en la presión del Gobierno para derrocar a Maduro. Lo ha calificado  de líder ilegítimo,   un “fugitivo de la justicia estadounidense”, y se ha mostrado escéptico ante el enfoque diplomático mostrado por un enviado especial estadounidense, Richard Grenell. Los partidarios de la diplomacia reconocen que el enfoque de línea dura de Rubio ha prevalecido por ahora. Pero creen que los esfuerzos diplomáticos podrían acabar dando frutos, y señalaron los repentinos reveses de Trump en otras cuestiones importantes de política exterior, como la guerra de Ucrania, el comercio con China o el programa nuclear iraní.

Este artículo se basa en entrevistas con más de una decena de representantes estadounidenses y venezolanos de facciones dispares que abogan por la diplomacia con Maduro, quienes describieron sus conversaciones bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente. Públicamente, el gobierno venezolano ha respondido a la escalada militar de Trump con una actitud desafiante y promesas de defender lo que denomina una revolución socialista iniciada en la década de 1990 por el difunto predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez. Al mismo tiempo, el mandatario venezolano ha dicho que sigue abierto a las negociaciones y que su gobierno continúa aceptando vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos.

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Sin embargo, tras bastidores, algunos funcionarios venezolanos de alto rango, con la bendición de Maduro, le ofrecieron a Washington concesiones de gran alcance que, en esencia, eliminarían los vestigios del nacionalismo de recursos, que constituye el núcleo del movimiento de Chávez. Aunque Grenell y los funcionarios venezolanos avanzaron en cuestiones económicas, no lograron ponerse de acuerdo sobre el futuro político de Maduro, según fuentes próximas a las negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo en una entrevista, el mes pasado, que Maduro no negociaría su salida.

Maduro ha reprimido repetidamente los desafíos democráticos a su gobierno tras haber asumido la presidencia, en 2013. El año pasado se aferró al poder después de perder unas elecciones presidenciales, amañando los resultados y reprimiendo brutalmente las protestas. Grenell declinó hacer comentarios para este artículo. El Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Gobierno de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios. En Washington, los funcionarios estadounidenses ofrecen distintas valoraciones de las conversaciones. Uno de ellos dijo que los informes de las negociaciones sobre el levantamiento de las sanciones y el acceso al mercado venezolano “no eran una evaluación exacta de lo que ocurrió”.

Sin embargo, otros    dijeron que funcionarios estadounidenses y venezolanos mantuvieron repetidas conversaciones respecto de cómo sería la normalización económica, incluido el acceso de empresas de Estados Unidos a los mercados energéticos venezolanos y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Mientras Grenell y los enviados de Maduro negociaban un acuerdo, la líder del principal movimiento de oposición de Venezuela, María Corina Machado, presentaba su propia propuesta económica en Washington, con el argumento de que a las empresas estadounidenses en Venezuela les esperaba una riqueza económica aún mayor —US$1.7 billones  en 15 años— si su movimiento lideraba una transición política.

Su asesora económica, Sary Levy, dijo que la bonanza inversora ofrecida por Maduro nunca se materializaría sin democracia, Estado de derecho y libertades individuales. “Lo que Maduro ofrece a los inversores no es estabilidad, es control, un control mantenido mediante el terror”, dijo Levy. “El gobierno de Trump ha mostrado una clara intención de no caer en estas ofertas de soluciones fáciles”. Venezuela produce actualmente alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, frente a los cerca de tres millones que producía cuando Chávez asumió el poder. La mayor parte de las exportaciones de petróleo de Venezuela se destinan a China, excepto unos cien mil  barriles diarios que el gigante energético estadounidense Chevron le vende a Estados Unidos. La mayoría de los expertos coinciden en que Venezuela podría aumentar rápidamente la producción de petróleo con una importante inyección de capital extranjero aunque difieren sobre si esto es factible bajo el gobierno actual.

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“Nuestro mensaje a las compañías petroleras es: las queremos aquí, desde luego”, les dijo Machado a los representantes de las empresas estadounidenses en junio. “Las queremos aquí no produciendo migajas de un par de cientos de miles de barriles diarios. Las queremos aquí produciendo millones de barriles diarios”. Machado declinó hacer comentarios para este artículo. En el pasado, Estados Unidos enmarcó su apoyo a un nuevo gobierno en Venezuela como un imperativo de los derechos humanos. En cambio, los puntos económicos discutidos por los enviados de Maduro con Grenell se hacían eco de una visión mercantilista del mundo que Trump ha promovido en otros lugares.

Trump ha exigido acceso a los minerales ucranianos como pago por el apoyo estadounidense al esfuerzo bélico de Kiev. Con frecuencia se ha lamentado de que Estados Unidos no obtuviera petróleo iraquí tras la invasión de 2003. Aceptó mantener soldados estadounidenses en Siria en 2019 a condición de que Estados Unidos “se quedara con el petróleo”.El acuerdo discutido entre Grenell y los funcionarios venezolanos fue particularmente amplio, y representaba posiblemente el intento más ambicioso de diplomacia de recursos durante el segundo mandato del presidente.

Normalizar el comercio y permitir que las empresas estadounidenses vuelvan a entrar en Venezuela podría resultar tentador para algunos funcionarios estadounidenses debido a las reservas de petróleo del país, las mayores del mundo, así como a los importantes yacimientos de gas natural, oro, hierro, bauxita y coltán, una mezcla mineral utilizada en baterías eléctricas. El acercamiento económico de Maduro a Estados Unidos también se ha extendido al sector privado, en un intento de fortalecer su influencia en Washington. La petrolera estatal venezolana le ha dado a Chevron, la mayor empresa estadounidense que opera en Venezuela, el control total de sus proyectos petrolíferos conjuntos, y ambas entidades han discutido la posibilidad de darle a Chevron una participación en otro importante yacimiento petrolífero.

Las autoridades venezolanas han hecho esfuerzos para reparar las relaciones con otro gigante petrolero estadounidense, ConocoPhillips, que abandonó Venezuela en 2007 después de que el gobierno confiscara sus operaciones. El gobierno de Maduro y Conoco han estado negociando un acuerdo de comercio de petróleo este mismo año, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. Chevron dijo que sus negocios en Venezuela cumplen todas las leyes venezolanas y estadounidenses aplicables. Conoco no respondió a una solicitud de comentarios. El acercamiento por parte de los funcionarios y empresarios venezolanos estuvo lo más próximo a lograr un avance diplomático en mayo, según las personas informadas de las conversaciones.

Como muestra de buena voluntad, ese mes Grenell orquestó el regreso de una niña venezolana varada en Estados Unidos tras la deportación de sus padres, lo que supuso una victoria política interna para Maduro. El gobierno de Venezuela correspondió poco después liberando a un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense encarcelado en el país y entregándoselo a Grenell. Maduro llegó a apoyar la mayoría de los términos económicos de la propuesta discutida con Grenell. Una persona familiarizada con las negociaciones dijo que Maduro vaciló inicialmente ante la exigencia estadounidense de limitar los vínculos económicos de Venezuela con China, Rusia e Irán.

Pero finalmente vio que aflojar esas alianzas era un precio inevitable para evitar la intervención militar estadounidense, dijo la persona. Para maximizar los ingresos ante la presión estadounidense, Venezuela también ha dejado de enviar petróleo a Cuba, lo que ha agravado la grave escasez de electricidad en la nación aliada. Las negociaciones económicas de Grenell con los enviados de Maduro se enfrentaron a la fuerte oposición de Rubio, un cubano-estadounidense y exsenador que desde hace tiempo considera la caída de Maduro como un paso crucial para acabar con la dictadura comunista en la isla.

Los partidarios de las relaciones económicas con Maduro han conseguido pequeñas victorias. Chevron consiguió que se le restituyera en julio la licencia del Tesoro estadounidense para operar en Venezuela, según el gobierno venezolano. La empresa consiguió anular la prohibición impuesta por Trump meses antes  después de un esfuerzo concertado de presión en Washington, según personas familiarizadas con el acuerdo. El Departamento del Tesoro emitió otra licencia que, en efecto, le permite a Shell, la mayor empresa energética de Europa, reanudar sus trabajos en Venezuela. Con el nuevo permiso, Shell podría empezar a producir gas de un enorme yacimiento venezolano en alta mar tan pronto como el año próximo, según una persona familiarizada con el acuerdo.

El gas del yacimiento, conocido como Dragón, se procesará y venderá desde la vecina Trinidad. Shell dirigió las preguntas al titular de la licencia, el gobierno de Trinidad y Tobago, cuyos funcionarios no respondieron a una solicitud de comentarios. Rubio dijo el mes pasado que Estados Unidos se aseguraría de que el proyecto Dragón “no proporcionara beneficios significativos al régimen de Maduro”. Maduro ha firmado una estipulación para que Shell invierta en proyectos sociales en Venezuela en lugar de pagar a su gobierno. Para el gobierno de Maduro, el principal beneficio es demostrar que Venezuela sigue abierta a los negocios.

“El régimen de Maduro no es democrático”: Arévalo rechaza resultados electorales de Venezuela

Tras la ratificación de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, Bernardo Arévalo expresó su rechazo a tal decisión.

Hedy Quino

22 de agosto de 2024 | 18:07h

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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certifica la reelección del presidente Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: Federico PARRA / AFP)

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela certificara la reelección de Nicolás Maduro como presidente, el gobernante guatemalteco Bernardo Arévalo se pronunció al respecto.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Bernardo Arévalo escribió: “La crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude”.

Agregó que los pueblos de todo “nuestro continente debemos demandar una salida pacífica, que garantice la voluntad del pueblo y que recupere el país para todos los venezolanos”.

“Nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela, que lucha por su libertad y democracia”, indicó Arévalo.

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Certifican reelección de Maduro

La agencia de noticias AFP reportó que el TSJ de Venezuela certificó la reelección de Maduro para su tercer mandato de seis años, a pesar de las denuncias de fraude presentadas por la oposición, que consideró “nula” la decisión de este tribunal por la independencia judicial cuestionada.

Consignó que Maduro pidió al TSJ “certificar” el resultado de las elecciones del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52 % de los votos. Mientras tanto, la oposición aseguró haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.

Publicó que la presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031″.

Rodríguez citó un informe técnico que concluyó que “los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación” y “mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización“. Por tanto, el fallo es inapelable.

La crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude.

Los pueblos de todo nuestro continente debemos demandar una salida…

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 22, 2024

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), anunció en su momento que, el motivo de modificar el estatus migratorio para los venezolanos fue en atención a la homologación que se tiene, con relación al visado con Centroamérica, en donde todos los países exigen este documento para el ingreso de venezolanos.

Venezuela atraviesa una crisis económica que ha obligado a muchos de sus ciudadanos a dejar el país, por lo que las regulaciones migratorias de los países vecinos y de tránsito hacia Estados Unidos, específicamente, han cambiado a ser más rigurosas.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) más de tres millones de personas han tomado la decisión de dejar Venezuela, en los últimos años, la mayoría con dirección a otros países de la región.

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El caso de Guatemala, exige a los venezolanos una visa consultada categoría C, para ingresar al país. Esta categoría de visado es la expedida a extranjeros, previa autorización de la Dirección General de Migración correspondiente.

De acuerdo con el Minex, para este tipo de visa es necesario contar con un garante en Guatemala, este es quien debe solicitar la visa en el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Si el interesado posee visa estadounidense, canadiense o Schengen vigente (permiso de corta duración o temporal, de entrada al país), pasa a categoría B o visa consular, ya no es necesario el garante y la persona puede dirigirse a cualquier Consulado o Embajada Guatemalteca, para solicitar la visa.

En cuanto a costos:

• Una visa simple y visa de turista o viajero cuesta US$50
• Una visa múltiple de turista o viajero US$150, esta permite múltiples entradas con vigencia de 90 días
• Visa de invitado especial US$50, por múltiples entradas y con vigencia de 180 días.

#Información | Las personas de nacionalidad venezolana deben de presentar visa vigente, para ingresar a territorio guatemalteco. Compartimos el enlace con el detalle de los requisitos y proceso a seguir. https://t.co/VmUgqegNR2 pic.twitter.com/vFX8r4hTC1

— Migración Guatemala (@MigracionGuate) January 5, 2023

Requisitos

1. Formulario de solicitud de visa de turista o viajero para países categoría C.
2. Pasaporte válido y vigente en original y copia legalizada; cuando no presente pasaporte deberá adjuntar certificación del pasaporte emitida por autoridad competente, apostillada o de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, según sea el caso.
3. Certificación de validez y vigencia del pasaporte emitida por Embajada o Consulado de su país acreditado en Guatemala. Si Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con el país de origen, presentar certificación de nacimiento original con apostillado o de conformidad con la Ley del Organismo Judicial, según sea el caso.
4. Constancia original de carencia de antecedentes penales y policiacos emitidos en el o los países donde ha residido legalmente los últimos 5 años de forma continua, emitidos con seis meses de anterioridad, salvo que en el propio documento se establezca una vigencia distinta con apostilla o de conformidad con lo regulado por la Ley del Organismo Judicial, según sea el caso. Si el o los países donde ha tenido su domicilio por los últimos cinco años no emite alguno de los anteriores, la nominación de dicho documento es distinta o emiten un único documento de ambos registros, se deberá presentar documento emitido por autoridad competente del país en cuestión, indicando la negativa de emisión de los antecedentes penales o policiales, según sea el caso, o pronunciamiento oficial que informe y aclare lo relativo a dichos documentos. En caso el extranjero presente constancias de países distintos al del país de origen, deberá probar documentalmente la residencia legal en el país donde ha permanecido.
5. Capacidad económica demostrada a través de constancia reciente de ingresos, acompañando estados de cuenta bancarios de los últimos tres meses que reflejen ingresos percibidos equivalentes a tres salarios mínimos vigentes en Guatemala, documentos con apostilla o de conformidad con lo regulado por la Ley del Organismo Judicial, según corresponda.
6. Boleto de transporte, el cual deberá ser ida y vuelta
7. Garante guatemalteco presentando para el efecto acta notarial de constitución de garante guatemalteco bajo declaración jurada y constancia actualizada de registro de garante guatemalteco. En el caso que sea una solicitud de visa de turista o viajero por actividades de consulta o asesoría remunerada, deberá ser garante la entidad pública o privada que requiera los servicios del solicitante de visa.
8. Acreditar documentalmente reservación de hotel, paquetes turísticos, boletos de traslado interno, etcétera, presentando para el efecto factura emitida por la empresa que preste el servicio, dicho extremo en todos los lugares que visitará en Guatemala, lo anterior acorde a su capacidad económica. En caso visite a persona guatemalteca o extranjero residente, deberá adjuntar carta de invitación.
9. Si trabaja en relación de dependencia en su país de origen, deberá presentar constancia de trabajo que acredite sus ingresos mensuales y tiempo de servicio, si prestare servicios profesionales, adjuntar constancia profesional o su equivalente con apostilla o de conformidad con lo regulado por la Ley del Organismo Judicial, según corresponda.
10. Carta Original de requerimiento de servicios, extendida por la institución pública o privada que solicita al extranjero en Guatemala por razón de sus conocimientos. Este requisito es aplicable únicamente para visa de turista o viajero por actividades de consulta o asesoría remunerada.
11. Si viaja con viáticos o gastos pagados, indicar dicho extremo y probarlo documentalmente. Este requisito es aplicable únicamente para visa de turista o viajero por actividades de consulta o asesoría remunerada.
12. Comprobante de pago.

Si el solicitante es menor de edad o persona declarada en estado de interdicción, además de lo anterior, deberá adjuntar a su solicitud los requisitos siguientes:

1. Certificación de nacimiento con apostilla o de conformidad con lo regulado por la Ley del Organismo Judicial, según corresponda. En caso de los declarados en estado de interdicción, adjuntar los documentos que lo acrediten.
2. Copia completa y legalizada del documento de identificación de los padres en ejercicio de la patria potestad o la representación legal.
3. En caso que sea únicamente uno de los padres del menor de edad o un tercero quien realice el trámite, deberá presentar autorización por escrito firmada por el otro padre o por ambos, según sea el caso; o por quien ejerza la representación legal del menor, según corresponda.
4. Presentar capacidad económica de los padres o de quien ejerza la patria potestad para respaldar los gastos del menor.

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Según estima Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, otra de las firmas que se dedican a analizar el comportamiento de la economía venezolana, “el dólar compra hoy 10 veces menos que hace solo un año”.

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Venezuela vive hoy una grave decadencia económica y muchos aspectos claves de la economía del país —lo que los economistas llaman variables macroeconómicas— sufren graves desequilibrios.

El más destacado es la hiperinflación. Las autoridades llevan tiempo sin publicar las estadísticas de la evolución de los precios, pero a pie de calle se siente una constante y vertiginosa subida de los mismos. El Fondo Monetario Internacional prevé que llegará a un estratosférico 10.000.000.000% el incremento interanual cuando termine 2018.

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La hiperinflación está deteriorando el poder adquisitivo de los venezolanos y, en consecuencia, sus condiciones de vida.

En el contexto de la hiperinflación la moneda local, el bolívar, sufre una imparable pérdida de valor y, pese a los intentos del gobierno, cada vez menos personas y empresas confían en él.

El presidente Nicolás Maduro y su equipo económico culpan de los problemas del bolívar a una “guerra económica” orquestada por especuladores internacionales enemigos de la llamada revolución bolivariana.

Para Maduro, las sanciones contra Venezuela impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, son “ilegales” y una prueba de esa campaña hostil.

Sea como sea, el dólar es mucho más apreciado que el bolívar como única forma de ahorro seguro y, cada vez más, también como medio de pago, especialmente de los bienes y servicios a los que solo pueden acceder las minorías más pudientes, como billetes de avión, restaurantes o suscripciones a gimnasios y centros de belleza.

Por eso cómo evolucione es tan importante para muchos en Venezuela.

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Por qué el dólar está perdiendo poder de compra

Pero si el bolívar pierde valor y cada vez pesa más el dólar, ¿por qué la divisa estadounidense cada vez compra menos?

Hay un culpable: la hiperinflación.

No es que el dólar esté bajando, sino que los precios suben a un ritmo tan vertiginoso que han superado incluso el ritmo al que el dólar gana valor frente al bolívar.

O sea, los precios ya suben más que el dólar, con lo que el billete verde pierde poder de compra.

Guillermo Arcay, experto de Ecoanalítica y coautor del informe “El dólar en el ojo del huracán cambiario”, señala que esta tendencia comenzó hace un año, “en noviembre de 2017, cuando Venezuela entra en hiperinflación y se ve ya un choque”.

Ahí empezó el proceso que los economistas conocen como la apreciación del tipo de cambio real. Significa, en palabras de Arcay, que “la vida en dólares se encarece”.

Según Arcay, “en los últimos tiempos los precios aumentaban un 25% semanal, mientras que el dólar lo hacía un 8%”.

Son varias las razones que le están restando poder al dólar.

Henkel García detecta que “los actores económicos están ajustando más rápido los precios y trasladando los cambios en el mercado paralelo”, el de referencia en el país pese a su clandestinidad.

Ahora cuando sube el dólar, eso se refleja mucho más rápido en los precios.

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Otras causas son resultado del empobrecimiento general.

“La demanda de dólares para el ahorro está cayendo porque la gente no tiene cómo ahorrar”, señala Arcay.

No solo se ahorra menos.

“El consumidor está muy empobrecido y sujeto a fuertes restricciones presupuestarias, por lo que consume mucho menos, lo que lleva también a una caída de las importaciones”.

Como nadie fuera de Venezuela acepta pagos en bolívares, las importaciones se han de pagar en dólares.

Al reducirse lo que Venezuela importa, lo hace también la demanda de dólares para pagarlo. Y cuando cae la demanda de algo, cae también su valor.

¿Es normal lo que está pasando?

Los expertos encuentran difícil hablar de normalidad en la economía venezolana.

Pero que el dólar vea rebajado su enorme poder de compra es, de alguna manera, normal.

“Lo que habíamos vivido entre 2015 y 2017, cuando compró mucho más de lo que históricamente había venido comprando, es lo que podemos considerar una locura. Aquello era lo anormal”, indica García.

En los tiempos de esa “locura” uno podía cenar en el mejor restaurante de Caracas con apenas US$2 o pasar un mes de vacaciones en el país por apenas US$100.

La fiebre del dólar, coinciden los analistas, empezó a gestarse a finales de 2012.

Según García, crítico con el gobierno, “por razones fundamentalmente políticas, empezaron entonces a deteriorarse todas las variables macroeconómicas”.

“El chavismo hizo todo lo posible porque pareciera que tenía una economía normal y agotó sus reservas internacionales”.

En aquel año, un Hugo Chávez enfermo le ganó sus últimas elecciones presidenciales a Henrique Capriles.

Ya antes de fallecer el presidente en 2013, los problemas latentes se hicieron evidentes.

Las webs que “distorsionan”

Para Pasqualina Curcio, economista de la Universidad Simón Bolívar y cercana a las ideas del gobierno, empezó antes y tuvo otras causas:

“A partir de 2006 comenzaron a posicionarse una serie de páginas web que establecían a diario una supuesta cotización del bolívar con respecto al dólar, pero esa cotización no tenía ninguna correspondencia con las condiciones de la economía ni real, ni monetaria, ni financiera”.

Según Curcio, sitios como Dólar Today buscaban” distorsionar la economía y los mercados en el marco de la guerra económica contra el pueblo venezolano”.

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Ella cree que se trató de una ataque deliberado contra el bolívar lanzado por razones políticas desde los países capitalistas enemigos de la revolución bolivariana.

Arcay, en cambio, sostiene que todo se debió a que el gobierno se quedó sin dólares.

En Venezuela “el mercado cambiario siempre ha estado regulado y antes el gobierno hacía política cambiaria ofertando y demandando dólares en el mercado formal e informal”.

“Cuando el gobierno dejó de tener suficientes para cubrir la cantidad que tradicionalmente venía aportando, se dio una escasez de divisas en el mercado paralelo y el dólar se disparó”.

Como resultado de aquel colapso, afirma García, hubo una gran cantidad de operaciones de permuta de divisas que ya habían sido aprobadas y que nunca se cancelaron.

“Compañías aéreas, farmacéuticas, telefónicas, etc. se quedaron con su dinero atrapado en Venezuela”.

Muchas decidieron marcharse.

Con ellas, también los dólares que aportaban, agravando la escasez de la divisa.

Y el petróleo cayó

En 2014 empezó a caer también el precio del petróleo, cuya exportación supone la principal fuente de ingreso de dólares a Venezuela.

Fruto de todo ello, el dólar subía como la espuma, alcanzando en el verano de 2015 sus niveles máximos.

Arcay asegura que entonces “quienes tenían dólares para cambiar en el mercado paralelo tenían un poder de compra absurdamente alto”.

Pero aquel era, cree Arcay, “un país de mentira” y la burbuja del dólar, “la consecuencia directa de una distorsión” provocada por la política cambiaria del gobierno.

García dice que es ahora cuando “se tiende de nuevo a la normalidad”.

¿Qué pasará en el futuro?

Arcay prevé un fuerte repunte de la capacidad del dólar en los últimos meses del año.

Pero será un fenómeno estacional vinculado al pago de bonos a empleados y otras prácticas habituales de la Navidad.

La tendencia a medio y largo plazo es a que el dólar se estabilice.

García pronostica: “No debemos esperar más brincos como los de los últimos años”.

El analista cree que los distintos actores se están adaptando a la nueva realidad de la economía venezolana, mucho más pequeña y con menos actividad, y que en ese nuevo contexto el dólar tendrá un comportamiento más estable.

En los Estados fallidos, el desastre socioeconómico y el desmoronamiento de las instituciones del Estado provocan la ruptura de la “ley y el orden”, la descomposición de los servicios básicos, como el agua y la electricidad, brotes de epidemias y la propagación de enfermedades. Generalmente, en mayor o menor medida, sobrevienen el caos, la anarquía y la guerra civil entre clanes, facciones, mafias, guerrillas, “señores de la guerra”, grupos étnicos, sociales y religiosos, creando a veces las condiciones para la desintegración de la unidad territorial. Ejemplos evidentes de Estados fallidos son Afganistán, Somalia, Zaire y Haití. En el pasado, un Estado con mucho poder era considerado una peligrosa amenaza para la estabilidad del sistema internacional, hoy es más peligroso un Estado sin poder, un Estado fallido. El Estado fallido es también el “caldo de cultivo” más apropiado para la criminalidad organizada y el terrorismo. Los grupos criminales y terroristas se aprovechan de la descomposición y la anarquía de los Estados fallidos para ubicar sus bases de operación y comunicación y, en los casos más extremos, para “posesionarse” del mismo Estado, convirtiéndose en Estados mafiosos o terroristas. El reciente enfrentamiento armado entre una mafia del contrabando de oro y la guerrilla colombiana del ELN, por control del territorio, en el Estado Bolívar, más cerca de Guyana y Brasil que de Colombia, da la idea de la pérdida del control físico sobre el territorio y del monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado venezolano. La sabiduría china diría que vivimos años demasiado “interesantes”.

@sadiocaracas

Castro derrocó en 1959 la dictadura militar “troglodita” de Baptista, con el apoyo unánime de la comunidad democrática mundial. Cuando posteriormente demostró su intención de instaurar una dictadura comunista, obtuvo el absoluto respaldo de la superpotencia soviética, que en plena Guerra Fría obtenía una muy importante “cabeza de puente” militar y política, en el hemisferio occidental, a apenas 90 millas de Miami. En efecto, la “crisis de los misiles” de octubre de 1962, que estuvo a punto de desencadenar una tercera guerra mundial, terminó con el acuerdo Kennedy-Kruscev, que, entre otras cosas, implicaba el retiro de los cohetes soviéticos a cambio de la promesa norteamericana de no invadir a Cuba. La URSS mantuvo hasta su desintegración en 1991 un subsidio a Cuba de más de US$5000 millones anuales. Con la pérdida del subsidio soviético Cuba entró en una grave crisis socioeconómica, el llamado “período especial”, que solo terminó con el inicio del subsidio venezolano, que también se calcula alrededor de US$5000 millones anuales. Hay que recordar también que el marxismo-leninismo y la propia revolución cubana, particularmente en los años ’60 y ’70 mantenía las simpatías de gran parte de los intelectuales más relevantes en América Latina y Europa, buena parte de la opinión pública mundial y también de muchos gobiernos y partidos democráticos. Además, la población cubana nunca vivió una experiencia democrática como la que conoció Venezuela en los 40 años de la República Civil (1958-1999). Su relativamente pequeña clase media, dados los privilegios inmigratorios concedidos por EE. UU., optó por la emigración masiva.

Venezuela, en cambio, no es una isla, la desastrosa crisis socioeconómica y humanitaria ya está afectando a sus vecinos con una ola creciente de refugiados. Con la caída del “muro de Berlín” y la implosión de la URSS y su imperio, el comunismo ha perdido la mayor parte de su atractivo ideológico. Con el final de la Guerra Fría, los intereses de Rusia y China en Venezuela son fundamentalmente económicos, financieros y comerciales. El rechazo del régimen de Maduro en el hemisferio y en la comunidad democrática internacional es contundente. El esencial apoyo popular se desvaneció junto con el carisma del extinto caudillo. El aislamiento y las sanciones tienen cada día más efectos financieros efectivos y crecientes. Las deserciones en el Gobierno y en la Fuerza Armada son síntomas del resquebrajamiento del régimen. La ya deteriorada gobernabilidad se hace más precaria.

En Venezuela hay un Estado depredador y forajido. Pero además se trata de un “totalitarismo fallido”, un régimen que tiene vocación y objetivos totalitarios, pero le falta la capacidad y la eficiencia para concretarlos, el resultado, nos recuerda el politólogo Michael Waltzer, “es alguna forma de tiranía chapada a la antigua, pero disfrazada con un ropaje fascista o comunista”.

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Por tanto, todo intento por colocar una camisa de hierro, a fuerza de balas, a un pueblo del Continente está fuera de sus principios rectores.

Estos días, sin embargo, con el fin de derrocar al Gobierno de Venezuela, está siendo promovida una intervención militar extranjera dirigida a terminar con el sistema político de ese país y destruir toda la organización política y militar que le sirve de apoyo.

Y el Gobierno de Guatemala, queriéndolo o sin querer, ha sumado su voto en instancias de la OEA, y fuera de ellas, a los propósitos intervencionistas. Pero, la intención del voto de Guatemala y el de once países más ha quedado, por de pronto, sepultada por una reacción mundial y de algunos miembros de la OEA, contraria a la guerra.

El Gobierno de Chile, que sigue respaldando con entusiasmo los reclamos de la oposición venezolana, reaccionó inmediatamente después de estallar la amenaza de sustituir la diplomacia y la política por el uso de las armas de fuego. “El Gobierno de Chile rechaza toda amenaza de una intervención en Venezuela”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz. Es la actitud que corresponde a Guatemala si el Gobierno no se olvida de la intervención militar sufrida en 1954.

Guatemala firmó la Declaración de Lima, en la que 12 cancilleres americanos declaran que Venezuela ya no es una democracia y que no son legítimos los actos que emanen de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Además, condena “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”. Declaración que tiene dos defectos, uno es que los Estados miembros de la OEA son 35 y de consiguiente, 12 cancilleres no representan bien a la OEA ni a los pueblos americanos. El otro es que los partidos venezolanos de oposición, favorecidos con la Declaración, especialmente con eso de “la falta de elecciones libres” resolvieron participar en las elecciones regionales que el oficialismo ha programado para el 17 de octubre próximo, y en las que serán electos 23 gobernadores. Esos partidos de oposición son: Alianza Bravo Pueblo, Copei, Fuerza Liberal, Gente Emergente, Izquierda Democrática, Moverse, Movimiento Republicano, Progreso Social, Proyecto Carabobo, Proyecto Venezuela, Unidos Para Venezuela, Unidad Noe, Unidad Visión Venezuela, Va Palante, Vente Venezuela, y Voluntad Popular, integrados en la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), triunfadora en diciembre de 2015. ¿Cómo quedan entonces los 12 cancilleres?

Se trata de los partidos que hace veinte meses ganaron abrumadoramente las elecciones de diputados, y convirtieron la Asamblea en un baluarte de la oposición y lo flaco de la Declaración es que hasta algunos destacados líderes de la oposición venezolana están entusiasmados con las próximas elecciones “sin supervisión internacional”. El diputado Henry Ramos Allup, por ejemplo, pronostica que la MUD ganará con un fenomenal torrente de votos, las 23 gobernaciones, y el oficialismo no ganará ni una. Algo difícil de creer; pero, lo que fue posible en 2015, ¿por qué no sería posible ahora?

Y para Venezuela, en todo caso, es mejor un torrente de votos, como dice Ramos, y no un torrente de muertos, como ocurriría con una intervención armada extranjera.

El régimen madurista está dirigido por un directorio feudalizado integrado por un grupo de stalinistas con ceguera ideológica y militares activos y retirados que son los beneficiarios de un sistema “non santo” de privilegios y negocios y que, por tanto, temen abandonar el poder. Estos militares pretorianos deshonran su uniforme y violan su juramento de defender la Constitución. Deberían recordar que las gloriosas legiones romanas despreciaban a los palaciegos pretorianos, por corruptos, nepotistas, cobardes, golpistas e ineficientes.

Con el fraude de una “constituyente” corporativa y comunal, copiada de los soviets de la fenecida Unión Soviética y del Congreso de las Corporaciones fascistas de Mussolini, la dictadura queda desnuda frente a la comunidad democrática internacional.

En otras ocasiones he recordado que todas las transiciones no violentas de un gobierno autoritario a uno democrático en el último medio siglo, como España, Polonia, Chile, Suráfrica, Nicaragua, Brasil, entre otras, se han dado por una combinación eficiente, una verdadera “pinza” de presiones nacionales e internacionales, que incluyen también garantías personales y familiares para los miembros más “expuestos” del régimen.

Esta “pinza” de presiones y las garantías tienden a provocar un resquebrajamiento de la unidad del régimen en su voluntad de permanecer en el poder a cualquier costo. En este mismo sentido, mis buenos amigos Andrés y Andrei Serbin, en un excelente artículo —http://www.perfil.com/internacional/venezuela-los-de-afuera-no-son-de-palo.phtml— afirman que las presiones y sanciones internacionales unilaterales son insuficientes y contraproducentes, lo que se necesita en lo internacional es un coordinado y concertado “accionar multilateral y multidimensional de la comunidad internacional” para “incrementar los costos percibidos por la elite político-militar para disuadirlos de continuar en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y la profundización de un régimen inconstitucional y represivo”.

También la presión nacional debe ser multidimensional, pacífica y no violenta, pero desafortunadamente habrá quienes frente a la profundización de la dictadura y el cierre de los espacios democráticos estén pensando en la experiencia guerrillera de la “Contra” en la Nicaragua de los años 90’. El régimen, con un apoyo popular de entre 15% y 20%, mantenido básicamente con mecanismos clientelísticos, jugó la carta desesperada del fraude, prometiendo que con la constituyente se acabarán la “guerra económica”, la escasez, la inflación y retornarán la prosperidad y la paz. Por tanto, el desastre socioeconómico provocado por la ineficiencia, la corrupción y las “ideas muertas” del régimen pronto resquebrajará la residual credibilidad del gobierno entre sus propios seguidores.

El fortalecimiento y profundización de las presiones nacionales e internacionales, el fracaso socioeconómico, la continuada caída en el ya escaso apoyo popular terminarán de socavar la ya precaria gobernabilidad.

Hago constar que con ingenuos e ignorantes no me refiero al estereotipo de gente pobre y sin educación. Nada que ver, ellos tienen algo más importante: sentido común. Me refiero, lamentablemente, a gente que supuestamente se ha educado, tiene “mundo”, ha viajado, se ha codeado con otros “intelectuales” y/o “poderosos” pero hasta la fecha no se explican cómo un país con tantos recursos como los que tiene Venezuela —supuestamente tiene las reservas petroleras más grandes— pueden vivir en tan grande miseria. No se explican cómo, siguiendo procesos democráticos, han podido llegar a una tiranía.

Era de esperar desde que Hugo Chávez llegó al poder y se alió con los Castro que su intención era quedarse en el poder hasta su muerte —cosa que logró—. Desde el principio estuvieron claras sus intenciones, a las cuales intentó darles alguna apariencia de legitimidad, pero la ruta estaba clara: toma de control de todas las instituciones, cambio de la Constitución para “legitimar” muchos de sus cambios, acabar con la iniciativa privada, controlar la actividad económica.

Con lo astuto que era Chávez y a sabiendas de que las cosas ya no eran como durante el siglo XX, trató de darle la apariencia de legitimidad, pero mientras tanto fue implantando un sistema de control gracias a sus aliados cubanos. Lo que no pudo —ni los asesores cubanos porque para eso sí son completamente incompetentes— es lograr que la “economía socialista” funcionara. Así, mientras iba haciéndose cada vez de más poder, la economía de los venezolanos iba de mal en peor. Para lo que sí son expertos los cubanos es para echarle la culpa de sus fracasos a otros y eso fue exactamente lo que hizo Chávez: no eran fracasos del socialismo, eran ataques del imperio y de sus aliados.

A Chávez lo salvó la muerte —aunque algunos dicen que iba disfrazada de los Castro— de tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Lamentablemente, la pesadilla para los venezolanos no terminó con su muerte. Todo lo contrario, empeoró con Maduro y con quienes manejan los hilos del poder detrás de él.

Ya está comprobado hasta la saciedad: el socialismo —el estatismo en general— tarde o temprano llevan hacia la miseria y el autoritarismo. No puede mantenerse sin pasar por sobre la libertad, la voluntad y los derechos de las personas —de allí el autoritarismo— y por definición, no son un sistema creador sino expoliador —aparte de corrupto— por lo que el único resultado natural es la miseria de todos, menos de los corruptos que detentan el poder.

El caso de Venezuela no podía ser distinto. De nada le sirvieron sus vastos recursos naturales, porque el problema es del sistema. Y no solo es el socialismo, sino el sistema “democrático”, en donde no hay una verdadera república con pesos y contrapesos que eviten que cualquier persona o grupo de personas puedan tomar el poder total.

Es triste y desgarradora la situación en Venezuela, pero a nadie le debería sorprender, repito, el desenlace natural del socialismo es la miseria y el autoritarismo.

Fb/jjliber

La economía venezolana atraviesa su peor momento, con una inflación que el FMI proyecta en 720 por ciento al cierre de este año, una escasez generalizada de productos, con las cúpulas criminales enquistadas en el Estado, coludidas en el tráfico de artículos de primera necesidad o drogas y con un grupo de militares y políticos corruptos, tratando de aferrarse a un poder que se les va de las manos ante la presión de la comunidad internacional.

Al acorralado gobierno solo lo defienden los regímenes que reciben dádivas petroleras y los merolicos que suspiran por la revolución bolivariana, lo cual ya no ocurrirá y es más probable que los principales impulsores de esa farsa terminen enfrentando a la justicia internacional por los crímenes y las atrocidades de los últimos años.

Son ya más de cuatro meses desde que empezaron las manifestaciones de resistencia a la tiranía y la situación empeora, como lo muestran las escenas de la captura de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que recuerdan los atropellos de las dictaduras más sanguinarias de Latinoamérica, que con excesiva represión y el encarcelamiento de los principales opositores trataron de acallar las voces que se alzaban contra los abusos, aunque al final la historia los relegó a un triste lugar y muchos de esos abusadores hoy enfrentan a la justicia.

El temor por el endurecimiento de la represión ha provocado que desde el pasado domingo sumen cuatro magistradas del Tribunal Supremo de Justicia en busca de refugio en la Embajada de Chile en Caracas, en otra clara muestra de la desconfianza en ese proceso y en la escabrosa ruta que el madurismo se obstina en recorrer, de espaldas a la civilización.

Otro hecho que le resta credibilidad a la pantomima dominical es que la esposa y el hijo de Maduro, y a saber cuántos parientes más de la cúpula gobernante, están entre quienes, como nuevos constituyentes, deberán redactar una nueva constitución y anular cualquier rastro de oposición, lo cual desvirtúa cualquier posibilidad de enmienda.

En la medida en que crecen los abusos de la tiranía madurista aumentan también las voces de condena contra la intención de instaurar una nueva asamblea y a la vez el clamor unánime de las democracias más representativas porque se detenga el fraude, ya que no reconocerán ninguna de las medidas que emanen de ese engendro.

A Maduro se le terminaron las opciones para encontrar la salida de su propia trampa y solo le queda recibir más reveses de la comunidad internacional, que hasta ahora solo ha empleado un duro lenguaje diplomático para mostrar su rechazo, pero todavía cuenta con poderosos argumentos económicos que podrían ser catastróficos para una economía quebrada.

El problema no está en la convocatoria en sí, sino que los venezolanos se enfrentan a un caso de auténtico fraude constitucional, porque el presidente tomó una decisión fundada en la Constitución, pero en la práctica dicha decisión tiene dos objetivos contrarios a la misma: desconocer a la asamblea legislativa —en su mayoría opositora— e integrar una asamblea con dados cargados porque la oposición está reprimida y hasta en la cárcel.

Una democracia es sana si tiene un sistema electoral sano. Entendemos por sistema electoral el procedimiento por el cual los votos se convierten en cargos de elección popular. Por ejemplo, para escoger presidente en nuestro país tenemos el sistema de mayoría absoluta a dos vueltas, por eso votamos dos veces hasta que se consigue más de la mitad de votos válidos; para escoger diputados y concejales de corporaciones municipales tenemos el sistema de representación de minorías, por eso partidos con pocos votos obtienen escaños en el Congreso y los concejos, mientras que para escoger alcaldes y síndicos basta la mayoría relativa; es decir, un voto de diferencia es suficiente para triunfar.

Los grandes fraudes ya no se hacen cambiando votos en las urnas como lo hacía Arana y Laugerud en Guatemala, o Somoza en Nicaragua. Ahora los fraudes se tejen desde las leyes electorales. Por eso Daniel Ortega gana en Nicaragua. Se bajó el porcentaje de votos requerido para triunfar en primera vuelta y, listo, el voto duro sandinista logró lo que hoy tienen por allá, un 35% fue suficiente.

En Venezuela se convocó a una asamblea integrada por 545 representantes, su composición es lo importante. 364 serían representantes territoriales —división territorial—, pero hay 173 sectoriales, y ¿qué es esto?, pues hay inspiración en el “Corporativismo” (fascismo) y así la asamblea tendrá representantes de distintas “corporaciones” o “sectores”, de la siguiente forma: 79 trabajadores, ocho pescadores y campesinos; cinco empresarios; 28 pensionados; cinco personas con discapacidad; 24 estudiantes y, por último, 24 representantes de consejos comunales y comunas. Cada quien debe registrarse en un sector establecido desde el poder.

Es claro que el oficialismo —suponiendo que la oposición hubiera participado— habría tenido gran mayoría en los “sectores”. Don Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, señala que “para la teoría corporativa la sociedad no es una agregación de individuos, sino la yuxtaposición de corporaciones, y los derechos políticos corresponden a las corporaciones controladas por el poder, y no a las personas individualmente consideradas”.

Una asamblea constituyente, solo con base en este punto, ya tiene pecado de legitimidad. ¿Quién decide qué sector tiene tantos representantes y por qué?

En Venezuela, un tirano de izquierda funciona con impunidad porque su sistema de justicia lo avala y no pone alto, ahora sí hagamos el paralelismo con Guatemala, donde llama la atención que algunos recuerden con tanto fervor a Ubico o a Ríos Montt, cuando ambos en su contexto histórico fueron tiranos que quisieron pasar sobre la institucionalidad republicana y democrática. Sus mandatos deberían tenerse siempre por perversos.

Mientras no entendamos que tiranía es tiranía y que debemos rechazar el abuso del poder, sin importar si es de izquierda o de derecha, jamás podremos construir una sociedad en paz. Además, tampoco vale autodenominarse republicano y democrático cuando se justifican tiranías “porque pusieron orden” o “porque garantizaron la paz”.

La crisis venezolana nos preocupa a muchos guatemaltecos. Es sumamente doloroso observar los desmanes, el horror sistemático, perpetrados por Nicolás Maduro contra un pueblo que se opone valerosamente a su dictadura. Este domingo será crucial porque la nueva Constituyente, que puede regir en Venezuela, otorgará súper poderes al oficialismo. Recientemente conversé con un joven profesional venezolano que radica en Guatemala. Sus padres y hermana aún permanecen allá. Por su seguridad utilizo un pseudónimo. “Salí de Venezuela hace 18 meses. No podía seguir allá si quería construirme un futuro”, expresó Rafael, quien trabaja como gerente de ventas en una empresa que instala sistemas de seguridad. “Imagínate a un lorito en una jaula. Así está el pueblo venezolano. Maduro le cortó las alas y le da de comer lo que quiere. Su interés es un pueblo dependiente, sin iniciativa. Las cosas han llegado a tal extremo que el día a día se ha convertido en buscar los insumos básicos para sobrevivir. El salario mínimo, por la devaluación del bolívar, es US$20 mensuales. Cuando vine a Guatemala estábamos a mil bolívares por un quetzal. Los sueños son alcanzables, pero ¿también, en cuánto tiempo te lleva lograrlos? Por ejemplo, cuando tu salario es de US$20 y un pasaje aéreo te cuesta mil dólares, ¡tendrías que ahorrar tu salario durante cuatro años y unos meses para comprarlo! Imposible plantearte una meta al corto plazo. Si antes era difícil, ahora es ocho veces más difícil porque el cambio está a ¡8,900 bolívares por un dólar! No obstante, la oposición venezolana no pierde la esperanza, porque si el imperio romano cayó, el gobierno de Nicolás Maduro caerá”.

Rafael tiene 31 años. Se graduó de ingeniero eléctrico. Su esposa es licenciada en Terapia Ocupacional, con una especialidad en niños con síndrome de Down. Ella llegó a Guatemala cinco meses antes que él. “Vine a este país con mis sueños y todo lo que tenía en dos maletas. Tengo casa propia en Venezuela pero para comprar mi pasaje vendí todo el menaje de la casa”. ¿La dejaste alquilada?, pregunté. “Es complejo alquilar, porque si la alquilo es muy posible que el inquilino al poco tiempo se queje de que no tiene dónde vivir y lo más seguro es que el Gobierno lo ampare y luego no hay poder humano que lo saque de ella. Y con eso de la Constituyente de Maduro, ¡habrá más cambios! Por ejemplo, si el Gobierno llega a confirmar que te encuentras en otro país y que tienes un empleo, lo más seguro es que te expropien la casa. Si la encuentran vacía también te la quitarán. En mi caso, unos familiares se quedaron viviendo en ella. No quise venderla. Uno siempre quiere tener una raíz en su país”.

Para Rafael ha sido extraño el ideal del sueño americano que existe en la sociedad guatemalteca. Comenta: “En Venezuela no nos educaron para salir de nuestro país para hacer tu vida. Salir para estudiar o sacar una maestría sí, pero siempre pensabas en regresar. Porque, ¿por qué irse a dar las ideas a otras naciones cuando puedes hacerlo mejor en tu tierra? Ustedes en Guatemala tienen todo el potencial para lograr lo que se propongan. Aquí sí existe la oportunidad. Claro, como todo, exige esfuerzo. ¿Por qué no fomentar lo guatemalteco? Yo estoy muy agradecido con Guatemala. Aquí salir adelante es posible”. ¿Cómo ves tu futuro? “En el corto tiempo que hemos estado aquí con mi esposa ya nos hemos estabilizado. Ya vivimos en un apartamento más grande y ayudamos económicamente a nuestros padres que permanecen en Venezuela. No sé si volveré a mi país a disfrutar de sus playas y montañas, como dice la canción, (sonríe) pero tengo la convicción de que mis hijos o mis nietos sí volverán”.

Esos atropellos tuvieron otra no menos grotesca escena, el pasado miércoles, cuando un grupo de choque chavista-madurista invadió la Asamblea Nacional de Venezuela, en un acto vandálico acentuado por la indiferencia y el apoyo de algunos integrantes de la guardia militarizada fiel al Gobierno, lo cual solo refuerza el criterio de la insostenibilidad del mismo.

Se cumplen cien días de protestas contra Nicolás Maduro, quien lejos de atender las demandas de buena parte de la población, ha recrudecido la represión y pretende seguir adelante con una aberración llamada “constituyente” con la que intenta legitimar una gestión ya totalmente erosionada.

Esos abusos son intolerables y más bien se le debe exigir al régimen un mínimo de cordura, de respeto a la institucionalidad y el sometimiento a la justicia de quienes han convertido a las calles de Caracas en escenario de terror para los opositores, ante el abuso y los ataques de las hordas maduristas que han encontrado en la represión la única vía para aferrarse al poder con el apoyo de militares corruptos.

La situación en Venezuela se ha hecho insostenible: las protestas no dan tregua al régimen y lo más apremiante es la crisis económica en la que está sumido el país, que Maduro pretende corregir con medidas inútiles como un nuevo aumento al salario mínimo, que lejos de ser un alivio para la población se va a convertir en una nueva escalada de precios y de aumento al desempleo.

El tiempo se acorta para los bandos en disputa, pues la oposición promete redoblar las protestas y en los planes de Maduro se mantiene la fecha del 30 de julio para elegir a quienes redactarán una nueva constitución. Este próximo fin de semana la oposición realizará un referendo, para que la población se pronuncie sobre la nueva intentona de Maduro.

Toda la esperanza del madurismo está depositada en un proceso fraudulento, porque es difícil que pueda salir airoso en las urnas, si se respeta el veredicto de la población que ya le dio un revés con la elección de una mayoría opositora en el poder Legislativo hace 18 meses.

La liberación del líder opositor Leopoldo López, bajo arresto domiciliario, es otro gesto desesperado del agonizante régimen y lejos de verse como algo humanitario fortalece a la oposición, que suma adeptos contra el generalizado abuso.

La convulsión social en Venezuela se ha convertido en una tragedia latinoamericana que debe terminar, porque mantener un régimen abiertamente impopular solo puede traducirse en muerte y mayor represión. Los verdaderos culpables son los países que, como Estados Unidos y las minirepúblicas caribeñas, se opusieron o no votaron en la OEA en contra de la dictadura madurista.

En el caso venezolano, dado el violento enfrentamiento actual, cualquier posible transición pacífica implica necesariamente la participación de la comunidad internacional. En las exitosas transiciones centroamericanas, que acabaron con terribles guerras civiles, fue esencial la formación de los Grupos de Amigos, integrados por un número limitado de gobiernos americanos y extrahemisféricos, aceptables para ambas partes, aunque algunos podían tener mayores “simpatías” con una de ellas. Los integrantes de un Grupo de Amigos deben ser, preferiblemente, países con “peso específico” y “auctoritas” relevantes, y por tanto con capacidad de influencia sobre las partes. Maduro ha invitado a los gobiernos de El Salvador, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua y Uruguay para activar una mediación que contribuya a una salida pacífica a la crisis venezolana. Uruguay ha declarado estar dispuesto a participar siempre y cuando se amplíe el Grupo con otros gobiernos que tengan la aceptación de la oposición democrática venezolana. El presidente del Perú ha propuesto un Grupo integrado por dos gobiernos cercanos al gobierno de Maduro, dos a la oposición y un quinto seleccionado por los cuatro anteriores. Considero que el Gobierno de Uruguay y la S. Sede, que mantienen comunicación positiva con ambas partes del conflicto, deberían asumir un rol más activo para la formación del Grupo de Amigos, recordemos que los Grupos en Centroamérica se formaron solo por la voluntad de sus miembros y la aceptación de las partes, sin necesidad de la intervención de la OEA.

La tragedia venezolana se está acelerando en una carrera hacia una especie de totalitarismo fallido, donde se combina la vocación totalitaria del gobierno con su incapacidad de evitar el caos y la anarquía. La Iglesia Católica, tanto como actor con “auctoritas” en Venezuela y como miembro de la comunidad internacional, tiene un papel fundamental para facilitar las comunicaciones necesarias y evitar un desastre humanitario mayor.

Recientemente, en una parada militar cuya coreografía parecía una caricatura tropical de un desfile en la satrapía de Kim Jong Un, Maduro anunció que iba a entregar 500 mil fusiles a las milicias populares, compuestas por civiles de todas las edades partidarios del Gobierno.

Las milicias no dependen del Ministerio de la Defensa, sino están a las órdenes directas de Maduro; no existen en la Constitución. Se trata, por tanto, de una ilegal guardia pretoriana, que recuerda claramente las milicias del jerarca fascista Farinacci en Italia, las S.A., de Ernst Röhm en la Alemania Nazi y los “Batallones de la Dignidad” del dictador narcotraficante Manuel Noriega en Panamá.

En Chile, al final del gobierno de Allende, se intentó organizar unas milicias populares, igual que ahora en Venezuela, con la asistencia técnica de la Cuba castrista. También en la Guatemala de Jacobo Árbenz, en 1954, se impulsó la creación de unas milicias populares, fuera del control del Ejército.

Tanto en Chile como en Guatemala, el intento de organizar estas milicias creó un intenso malestar en las Fuerzas Armadas, que perdían así su monopolio de la violencia legítima. En los países democráticos no hay milicias populares, solo Fuerzas Armadas profesionales y sobretodo apolíticas, porque tienen en custodia las armas de la totalidad de la Nación, son el brazo armado del Estado, por tanto no deben intervenir en la lucha política, porque se convertirían en un partido armado que usurpa el poder de autodeterminación del pueblo, al utilizar, ilegítimamente, la fuerza de las armas.

Además de las milicias, turbas violentas y armadas, mal llamadas “colectivos”, han sido organizadas por el partido de gobierno para hostigar y agredir las manifestaciones pacíficas de la oposición. Estos paramilitares, parecidos a los salvajes “tonton macoutes” del dictador haitiano “Papa Doc” Duvalier, han sido los causantes de la mayoría de los asesinatos de manifestantes pacíficos en las recientes protestas contra el golpe de Estado.

El régimen, para mantenerse en el poder, ha decidido apoyarse en esta especie de pretorianismo militar.

Las gloriosas legiones romanas, que conquistaron el más grande imperio de la antigüedad, despreciaban a los pretorianos, generalmente comandados por “lamebotas” del emperador de turno, por nepotistas, golpistas, corruptos, ineficientes y cobardes.

Edward Gibbon, en su clásica obra The Decline and Fall of The Roman Empire, afirma que “la intervención de la Guardia Pretoriana en la política imperial fue el primer síntoma y causa de la decadencia del Imperio Romano”.

Los militares venezolanos deberían recordar que las fuerzas armadas, subordinadas al poder civil democrático, son las fuerzas armadas profesionales y eficientes de los países avanzados, respetadas y amadas por sus pueblos.

En cambio, el pretorianismo militar y las milicias son características típicas de países atrasados con fuerzas armadas de opereta, ineficientes y mayoritariamente corruptas.

La derecha paraguaya, apoyada por una facción del tradicional Partido Colorado y los seguidores del expresidente Lugo, que enarbolan las banderas de izquierda, pretenden reformar la Constitución para que así Lugo, el expresidente expulsado hace unos años, compita con Cartes, el actual mandamás.

Moraleja: si es por intereses personales, los senados se allanan a los abusos y poco importa la Constitución y la ideología.

En Venezuela, la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió que debido a que la Asamblea Nacional —Congreso— se encontraba en desacato al cumplimiento de una orden expresa para desaforar a tres diputados que, de acuerdo con los órganos competentes de aquel país, habían “ganado” su elección por fraude, ese tribunal asumiría las funciones legislativas. Poco importa que La Asamblea no había dado cumplimiento a una orden judicial porque esos tres representantes son cruciales para mantener una mayoría opositora, la sentencia es jurídica y políticamente una estupidez, y evidenció que la Sala Constitucional quiere quedar bien con el presidente Maduro. Pero la cosa sigue, como el bochorno era evidente, el Tribunal, en un hecho sin precedentes, mutiló su propia sentencia y señaló que “ya no asumiría funciones legislativas”.

En Paraguay y Venezuela el descontento es manifiesto y los abusos, evidentes.

En Honduras, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentenció hace un tiempo, al igual que la nicaragüense unos años antes, “inconstitucional” su propia constitución, y así se declaró “inaplicable” la prohibición a la reelección presidencial. Esta horrorosa sentencia habilitó al presidente Juan Orlando Hernández para lanzarse de nuevo al ruedo, y como tiene apoyo popular es la opción fuerte para otros cuatro años. Honduras tiene a los partidos políticos más longevos y fuertes de la región, las maquinarias partidistas con esta luz verde son poderosos aparatos para lograr una cosa: lo que sea.

Don Juan Orlando, un hombre de derecha, rompe con maniobras ideadas por rábulas su constitución.

Daniel Ortega y el Frente Sandinista han logrado con un esfuerzo “barrio adentro” llegar con beneficios sociales a los rincones más apartados de la bella Nicaragua, existen alianzas con el capital nacional e internacional y, a la fecha, basta darse una vueltecita por Google para conocer las maravillas turísticas construidas para el jet set mundial. Nicaragua registra inversión y estabilidad; además, en la última “elección” Daniel colocó como vice a su “compañera” y con eso se cerró el círculo del poder. Ortega ha podido ser reelecto porque su Corte Suprema tropicalizó la “inconstitucionalidad de la constitución” antes que la hondureña, y con ello es inaplicable la prohibición de reelección presidencial. Los sandinistas ganan elecciones con un discurso de izquierda y sin recato rompieron su constitución con ayuda de güizaches con toga. En Venezuela, Honduras y Nicaragua el rompimiento constitucional provino de sus tribunales constitucionales, se inauguró una nueva modalidad de “golpes” y demuestra la crisis de la Defensa Constitucional en América Latina, una región donde la corrupción echa raíces y todos sabemos que es el gran origen de nuestros males.

Frente a la tragedia socioeconómica que vive el país y la caída brutal en el apoyo popular al régimen, el Gobierno ha aumentado la represión y la intimidación de los disidentes. En Venezuela no hay lucha de poderes, como afirman superficialmente algunos medios, el gobierno ha asumido arbitrariamente todos los poderes, confiscando y usurpando todas las atribuciones y funciones de un Parlamento, donde la oposición democrática tiene una mayoría de dos tercios.

Un Tribunal Supremo de Justicia, electo inconstitucionalmente por la Asamblea Nacional (AN) anterior en los estertores de su mandato, sin respetar los tiempos, procedimientos y requisitos para los cargos de magistrado, ha declarado ridículamente inconstitucionales todas las leyes que la Asamblea ha aprobado. El Ejecutivo ha gobernado arbitrariamente desde el inicio del 2016, basándose en un estado de Excepción y de emergencia económica ilimitado, decretado unilateralmente, desacatando el voto negativo de la AN, el órgano que debía aprobarlo.

Para colmo, el Ejecutivo no ha transferido los fondos para el mantenimiento de la Asamblea y los sueldos de los diputados. A todo esto se le suma la negación del fundamental derecho al voto, concretada con la suspensión arbitraria del derecho constitucional al referéndum revocatorio y con la postergación indefinida de las elecciones regionales que constitucionalmente debían ser organizadas en el 2016.

Al perder el apoyo popular, en el medio de un pavoroso desastre socioeconómico, el gobierno está dependiendo cada vez más del soporte de una cúpula militar, que está siendo cooptada con privilegios económicos y políticos. Por este motivo, la imagen de la Fuerza Armada se ha deteriorado sustancialmente.

Es evidente que en Venezuela ha habido una clara ruptura del orden constitucional, del sistema democrático y del Estado de derecho. La recuperación de la democracia pasa por la anunciada reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, alrededor de la cual la alternativa democrática venezolana debe reactivar la presión de calle. También debe fomentarse la reactivación de la presión internacional.

En la OEA, en particular, dado el fracaso del proceso de “diálogo”, básicamente por incumplimiento del gobierno y el deterioro de la situación política y económica, el Consejo Permanente debería solicitar a los intermediarios un informe de su gestión y decidir el camino a seguir de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana. La formación de un Grupo de Amigos, integrado por gobiernos de la región, siguiendo el exitoso ejemplo de la pacificación centroamericana en las últimas décadas del siglo pasado, podría ser una opción interesante.

El gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en seguir con el proceso de los Buenos Oficios, que no es otra cosa que una negociación bilateral asistida, en cambio la entonces canciller guyanesa Carolyn Rodríguez, ya a fines del 2014 manifestaba que habían pasado más de dos décadas, y dado que los Buenos Oficios no habían dado ningún resultado había que explorar otras opciones, mencionando la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El nuevo gobierno del presidente David Granger, a partir del 2015 inició una activa y decidida estrategia diplomática para convencer al Secretario General que la Corte era el medio de solución adecuado para resolver de una vez la controversia. Al mismo tiempo empezó a prepararse para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ya ha contratado expertos juristas internacionales. Mientras tanto, ¿qué hacía el Gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El Acuerdo de Ginebra de 1966 es el tratado que rige la reclamación venezolana sobre el Esequibo y en su artículo I se lee que hay que buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito. Guyana afirma que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras Venezuela, por su parte, sostiene que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra establece que el Secretario General, si las partes no llegan a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art. 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La decisión de Ban es obvia y absolutamente favorable a Guyana. Lo único que debe hacer Guyana es dejar pasar un año más sin acordar ningún arreglo y logrará su objetivo. Hay juristas nacionales que afirman que estamos obligados por el Acuerdo a someter el caso a la Corte, otros que sostienen que someterse a la jurisdicción de la CIJ, para Venezuela, siempre es voluntaria. De todas maneras, no respetar la decisión del Secretario General tendría costos políticos para Venezuela, que sería acusada, con razón o sin razón, de violar un tratado internacional. El gobierno guyanés debería también entender que una solución definitiva de la controversia, sostenible en el tiempo, difícilmente pasará por una decisión suma-cero, totalmente favorable a una de las partes.

@sadiocaracas

Hay que entender que la oposición democrática (MUD) aceptó negociar con el gobierno porque así se lo solicitó toda la comunidad internacional, incluyendo la Santa Sede, los EE. UU., la Unión Europea, todos los gobiernos latinoamericanos, la ONU, la OEA, etc. Fue la MUD que pidió formalmente a la S. Sede incorporarse al proceso. Por tanto, no podía rehusar participar una vez que el Vaticano aceptó involucrarse. Rechazar negociar le hubiese permitido al gobierno denunciar que la MUD se oponía a una solución pacífica y democrática de la crisis y que su objetivo real era la violencia golpista. Ahora bien, la falta de cumplimiento, por parte del gobierno de los acuerdos iniciales, les ha dejado claro a los intermediarios y a la comunidad internacional que el gobierno es el que se opone a una solución pacífica y negociada de la crisis. La carta del secretario de Estado de la S. Sede, monseñor Parolín, lo prueba ampliamente. Frente a esta situación, la MUD debe mantener y fortalecer la Unidad. Dado el evidente recrudecimiento de la crisis socioeconómica, debe reactivar inteligentemente la presión de calle a través de la movilización social, conjuntamente con la sociedad civil. En el campo internacional, los intermediarios en la mesa de diálogo deben presentar su informe en la OEA. Tomando en cuenta el fracaso del proceso de negociación y el agravamiento de la situación política y socioeconómica, el Consejo Permanente tendrá que decidir el camino a seguir. La MUD también deberá analizar la factibilidad e implementación de otros posibles mecanismos de presión sobre el gobierno. Ojalá que la ruptura del orden constitucional no implique también la ruptura de la paz social en Venezuela.

Cuando perdía una elección, como la Alcaldía de Caracas, o una gobernación relevante, el Gobierno le quitaba la mayor parte del presupuesto y de sus atribuciones. Se trataba de contiendas electorales que mostraban un ventajismo abusivo por parte del Gobierno, pero que, básicamente, reflejaban la voluntad mayoritaria de la población. Ahora, según todas las encuestas serias, más del 80% de los ciudadanos desea un cambio de gobierno y apoya la celebración del referéndum revocatorio instituido por el mismo Chávez.

El gobierno, a través de su control del Consejo Nacional Electoral (CNE), no solo está tramposamente postergando el proceso, sino que, consciente de que una presencia muy relevante de electores firmando la solicitud del referéndum se transformaría políticamente en un revocatorio anticipado, ha producido un reglamento que limita el número de máquinas electorales, fija horarios ridículos, centros de votación en lugares totalmente sesgados a favor del oficialismo y obliga a recolectar el 20% de electores por estado y no a nivel nacional, como prescribe la Constitución.

Si el referéndum se hace después del 10 de enero del 2017, ya no tendría como consecuencia unas elecciones presidenciales anticipadas sino que el vicepresidente terminaría el mandato de Maduro. El Gobierno ha decidido, a través del CNE, postergar también sine die las elecciones de gobernadores de Estado, que constitucionalmente deberían celebrarse este año.

El secuestro del presupuesto y el desconocimiento de las funciones y poderes del Parlamento, la violación sistemática y evidente de la Constitución, la militarización creciente del Estado y de la sociedad, el aumento de la represión violenta, la intimidación y el encarcelamiento arbitrario de los dirigentes opositores y el creciente acoso a los pocos medios de comunicación independientes colocan al régimen venezolano clara y evidentemente fuera del sistema democrático y del Estado de Derecho.

Mientras escribo estas líneas, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) está debatiendo y consultando con la sociedad civil la estrategia a seguir frente a la conducta del régimen. Una decisión muy acertada si tomamos en cuenta los numerosos partidos, gremios, movimientos y ONG que integran la oposición.

Es fundamental entender que la unidad y la disciplina son indispensables para enfrentar un régimen sin muchos escrúpulos y que no respeta las reglas del juego democrático. El Gobierno está cada vez más aislado en el campo internacional; por tanto, además de la necesaria estrategia nacional, hay que coordinar acciones con la comunidad democrática internacional. La OEA, en el marco de la activada Carta Democrática Interamericana, debe solicitar al trío Zapatero-Torrijos-Fernández que informe sobre las gestiones diplomáticas que se le encomendaron. Dependiendo del informe, se podría nombrar un Grupo de Amigos o de Apoyo, como propuso el presidente del Perú, e iniciar una nueva e intensa gestión diplomática para evitar que la situación venezolana degenere en la violencia y en una crisis humanitaria que afecte a la región. Vigilia pretium libertatis.