El militar retirado compareció al Juzgado Quinto Penal poco después de las 8 horas de este lunes 4 de febrero y esperó por más de una hora. Uno de sus abogados entregó un informe médico que provocó que la audiencia de apertura a juicio fuera suspendida hasta el 2 de mayo próximo.

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Los detalles que justifican el supuesto padecimiento médico del exministro de la Defensa Nacional, Williams Agberto Mansilla Fernández, se desconocen debido a que solo se informó acerca de la reprogramación de la audiencia.

El militar retirado está procesado por abuso de autoridad y peculado por sustracción. La jueza Judith Secaida lo benefició con libertad condicional desde el 26 de enero del 2018 cuando fue detenido y señalado por el Ministerio Público (MP) de haber avalado un bono de responsabilidad por Q50 mil a favor del presidente Jimmy Morales.

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Ese día Secaida avaló la petición de Mansilla Fernández que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

En el Juzgado Quinto Penal, a cargo de Judith Secaida, comparece Williams Agberto Mansilla Fernández, exministro de la Defensa.
Se prevé la audiencia de apertura. Está procesado por abuso de autoridad y peculado por sustracción por un bono militar que otorgó a @jimmymoralesgt pic.twitter.com/QGIOa2J5Oj

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 4, 2019

El bono

La investigación se derivó de una alerta del 31 de agosto del 2017 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que identificó una transacción sospechosa correspondiente al pago del bono de responsabilidad al presidente Morales.

La Fiscalía de Delitos Administrativos y Financieros determinó que Mansilla fue quien creó el Acuerdo Administrativo Interno 10-2016 en el cual se incluía al presidente entre los beneficiados con el bono, sin hacer un análisis jurídico ni dictamen financiero.

En septiembre de 2017 se reveló que el Ministerio de la Defensa aprobó mediante un acuerdo administrativo interno, de enero del 2016, un bono extraordinario para su personal, con un presupuesto por Q471.8 millones.

El mandatario Morales recibió Q450 mil en nueve meses, los cuales fueron devueltos luego de presiones y críticas de varios sectores de la sociedad civil a la legalidad del beneficio.

• Los beneficiados con el bono

Comandante General del Ejército: Q50 mil
Ministro de la Defensa: Q45 mil
Jefe del Estado Mayor de la Defensa: Q40 mil
Viceministro de la Defensa: Q35 mil
Viceministro de Política de Defensa y Planificación: Q35 mil
Viceministro de Marina: Q35 mil

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Las magistradas Beyla Estrada, Edith Pérez y Sonia de la Paz Santizo ratificaron la resolución de la jueza Judith Secaida, jueza Quinto de Primera Instancia Penal, que el 11 de junio ordenó la clausura del proceso en contra de Mansilla por existir incongruencias en la investigación del Ministerio Público (MP).

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La juzgadora otorgó en esa resolución a la fiscalía tres meses para profundizar en la investigación y presentar una nueva acusación.

Mansilla fue capturado el pasado 26 de enero en su residencia por los pagos mensuales al presidente Jimmy Morales en concepto de “bono de responsabilidad”.   

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Fue ligado a proceso penal por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. No obstante, fue beneficiado con una medida sustitutiva. Se le decretó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de acercarse al Ministerio de la Defensa y obligación de presentarse cada 15 días al Ministerio Público (MP) para firmar el libro de asistencia.

Luego de que se hizo pública la existencia del bono, Mansilla se vio obligado a confirmar que el presidente Jimmy Morales lo empezó a recibirlo en diciembre de 2016 y que se le llegaron a desembolsar nueve pagos de Q50 mil, sumando un total de Q450 mil.

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Contraloría General de Cuentas determinó que Morales devolvió el dinero, luego de revisar la legalidad del bono.

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La acción va contra lo resuelto por la juez Quinto de Primera Instancia Penal, Judith Secaida, quien dio tres meses más al ente investigador para que amplíe los indicios en contra del exfuncionario.

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No obstante, la jueza determinó que no había indicios suficientes para enviarlo a juicio, por lo que decidió suspender la persecución penal y le dio tres meses al MP para que amplíe su investigación.

El MP considera que los indicios que presentaron reflejan su responsabilidad, al haber sospechas de que Mansilla cayó en una ilegalidad.

La juzgadora ligó a Mansilla por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

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El ente fiscalizador determinó que el documento legal que dio vida al bono debió publicarse en el Diario de Centro América, ya que debía hacerse mediante un acuerdo ministerial.

Devuelve bono

Según el Ministerio de Defensa, el mandatario recibió un bono de responsabilidad por Q50 mil durante nueve meses, lo que hizo un total de Q450 mil. El dinero fue devuelto mediante un cheque.

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En octubre del 2017, Mansilla dejó de ser ministro de la Defensa debido a que pasó a situación de retiro, por haber cumplido 33 años de servicio. Mansilla es parte de la promoción 103 de la Escuela Politécnica.

Mansilla fue ministro de tres presidentes. Fue nombrado por Otto Pérez Molina en agosto del 2015 y se mantuvo en el puesto durante la breve gestión de Alejandro Maldonado Aguirre. Luego Morales lo mantuvo en su cargo.

Antes de ser nombrado ministro en sustitución de Manuel López Ambrosio, procesado por corrupción, Mansilla era comandante de la Guardia Presidencial.

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El último de los eventos más bochornosos lo protagonizó la jueza Claudette Domínguez, quien, tras un galimatías jurídico, benefició al general Érick Fernando Melgar Padilla, al revocarle una orden de captura que ella misma había autorizado días antes, poniéndole pausa a la investigación sobre el grado de involucramiento del militar en la muerte de su padre, asesinado por sicarios.

Este reciente capítulo ha vuelto a poner en la picota a una de las instituciones que más prestigio había tenido a lo largo de los años, el Ejército, que avanza de manera acelerada por una pendiente arriesgada, pues se están sumando casos que obligan al alto mando a tomar cartas en el asunto, porque algunos militares se están prestando al manipuleo, lo cual no debe ser tolerado.

Uno de los más recientes y tristes episodios lo protagonizó el general Williams Mansilla, exministro de la Defensa, quien en un claro abuso de poder le dio vida a un adormecido acuerdo que sirvió para que él y cierta cúpula castrense se beneficiara con recursos públicos y de paso salpicaran al presidente Jimmy Morales, a quien le recetaron un absurdo “bono de riesgo”.

Fue tan burda, abusiva e ilegal la maniobra que el mandatario debió devolver de inmediato 450 mil quetzales cuando la Contraloría General de Cuentas descubrió la irregularidad y planteó una denuncia en el Ministerio Público, pues de lo contrario el abuso pudo haberse prolongado por tiempo indefinido, hasta quizá convertirlo en un pago fijo injustificable. Por ese discutible proceder fue capturado y ligado a proceso Mansilla, aunque quedó bajo arresto domiciliario.

Hace dos semanas también fue capturado el coronel Fernando Godoy Cordón, en activo en el Ejército, junto a otras tres personas, entre ellas dos colombianos, cuando acababan de aterrizar en una pista clandestina en Petén, supuestamente transportando más de 500 kilos de cocaína. El día de su captura el militar estaba de descanso y el Ejército esperará ahora el final del proceso para determinar cómo queda su vinculación con las fuerzas armadas.

Tampoco es la primera vez que elementos castrenses aparecen vinculados con ilícitos y en los cuarteles convertidos en cárceles se puede encontrar una amplia galería de personajes que ha contribuido a desprestigiar a la institución, al punto de que su popularidad ha descendido, precisamente por casos de corrupción y criminalidad común que han escalado hasta los más altos mandos.

En el caso de Melgar Padilla, la institución tampoco queda bien librada, porque hubo demasiada duda para esclarecer el paradero del militar, lo cual abona en el desprestigio de otra institución no solo marcada por su apoliticidad, sino porque era una de las que más aprecio tenía entre la población, y recuperar la credibilidad no solo requerirá de mucho tiempo, sino de acciones convincentes, alejadas de la politiquería y de quienes pretenden instrumentalizarla.

El exministro de la Defensa Williams Mansilla fue capturado ayer y ligado a proceso, acusado de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, aunque su nombre había saltado a la fama por haber gestionado el pago de un bono extraordinario a varias autoridades castrenses y al presidente Jimmy Morales, por 50 mil quetzales al mes, en muestra de servilismo y estulticia.

En un país tan castigado por la pobreza, por la falta de servicios esenciales y donde existen niveles intolerables de desnutrición, resulta ofensivo el reparto de pagos extraordinarios, algunos de ellos ilegales y otros que encajan en el abuso de poder o la irresponsabilidad, como ocurre en numerosas dependencias, donde literalmente se está haciendo chinche con los recursos públicos.

Estos embates de la justicia, sin entrar a considerar la gravedad de las sindicaciones, necesariamente deben tener repercusiones en la conducta de la burocracia. Es indefendible que cada año se busque aumentar el presupuesto de gastos de la Nación y luego haya bolsones de recursos sin asignación específica que terminan siendo una tentación para incurrir en inmoralidades.

Una vez más también se ratifica que nadie es superior a la ley, y aunque sea menos frecuente, también pueden terminar tras las rejas militares del más alto rango, y mucho más tratándose de alguien que ha tenido un largo recorrido en las filas castrenses hasta llegar a ocupar uno de los dos máximos cargos al que pueda aspirar un militar, pero también desde el cual se puede incurrir en incomprensibles muestras de inmadurez.

Todavía está en discusión si el bono es legal, aun para los mismos militares de carrera, pero lo que constituye un absurdo y un posible ilícito es hacer partícipe a un civil que por motivos de gobierno llega a un puesto de esos. Es igualmente incomprensible, por no tener lógica alguna, que las más altas autoridades de un ministerio se receten para sí mismas beneficios económicos superiores a sus ingresos salariales.

Uno de los mayores problemas de las democracias incipientes, abusadas e irrespetadas como la nuestra, es que existe una generalizada cultura de la opacidad y muchos funcionarios ni siquiera tienen conciencia de la obligación de rendir cuentas por los recursos que utilizan, lo cual deberían hacer para reportar cómo y en qué se gastan hasta el último centavo.

De lo que se trata, en última instancia, es de que exista una comprensión mínima de la responsabilidad que conlleva manejar recursos públicos, porque la gobernanza y las buenas costumbres pasan por un mal momento y a ello se debe que los correctivos, ásperos y desagradables, vengan de instancias más independientes, y en ocasiones se debe llegar a extremos de que el pequeño pedazo de institucionalidad que funciona sea el que asuma el costo de apuntalar el estado de Derecho.

El Juzgado Quinto Penal ligó a Mansilla por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

La audiencia se celebró a puerta cerrada porque el caso está en reserva. Mansilla no dio declaraciones a la Prensa al terminar la diligencia.

El general en situación de retiro fue detenido temprano en su casa del km 16 de carretera a El Salvador, Santa Catarina Pinula. 

En esto se puede invertir el bono de responsabilidad que goza el Ejército

Julia Barrera, portavoz del MP, explicó que la investigación se derivó de una alerta del 31 de agosto del año pasado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que identificó una transacción sospechosa, correspondiente al pago del bono de responsabilidad al presidente Morales.

Después de que el caso saliera a luz, el Grupo de Apoyo Mutuo interpuso otra denuncia, a la que finalmente también se sumaría otra de la Contraloría General de Cuentas.

“Se pidieron diversos informes y se estableció que el presidente no es personal permanente del Ministerio de la Defensa Nacional y no aparece en las planillas de esa cartera. Su salario lo recibe de la Saas, donde aparece en la nómina”, dijo Barrera.

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La Fiscalía de Delitos Administrativos y Financieros determinó que fue Mansilla fue quien creó el Acuerdo Administrativo Interno 10-2016 en el cual se incluía al presidente entre los beneficiados con el bono, sin hacer un análisis jurídico ni dictamen financiero.

El MP había solicitado que Mansilla fuera ligado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito porque se comete cuando un funcionario público obtiene dinero ilícito para sí mismo o para cualquier otra persona.

Mansilla era cuestionado por la carencia de sustento legal al implementar el bono para el mandatario y respondió “Sí lo tiene, eso lo voy a aclarar en su momento”.

Mansilla no ha considerado devolver el dinero del bono que también recibió “pues… ¿devolverlo? Si no es ilícito”, enfatizó.

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#CapturaMansilla | Escuche qué responde el exministro Mansilla al ser cuestionado sobre el delito de enriquecimiento ilícito del que es señalado. Video: @Lared1061 ► pic.twitter.com/ZUGgEzxnYY

— Prensa Libre (@prensa_libre) 26 de enero de 2018

El caso

En septiembre último, se reveló que el Ministerio de la Defensa aprobó mediante un acuerdo administrativo interno, de enero del 2016, un bono extraordinario para su personal, con un presupuesto por Q471.8 millones.

De ese monto, el mandatario Jimmy Morales recibió Q450 mil en nueve meses, los cuales fueron devueltos luego de presiones de varios sectores de la sociedad civil. 

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En esa ocasión, Mansilla dijo ante diputados que lo citaron que el bono no es nuevo, ya que durante los últimos 12 años se ha pagado, aunque presidentes anteriores a Jimmy Morales no lo recibieron, en su calidad de comandante general del Ejército, grado que se obtiene por ser electo mandatario.

EN CLAVE DE #FO | Williams Mansilla, Jimmy Morales y el bono de "irresponsabilidad". https://t.co/Hl5nMMbuNQ pic.twitter.com/lQkJH2uwOa

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 27, 2017

Beneficiados con el bono

• Comandante General del Ejército: Q50 mil
• Ministro de la Defensa: Q45 mil
• Jefe del Estado Mayor de la Defensa: Q40 mil
• Viceministro de la Defensa: Q35 mil
• Viceministro de Política de Defensa y Planificación: Q35 mil
• Viceministro de Marina: Q35 mil

Óscar Geovani Pérez Figueroa, director del departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa, dijo en La Red que el Ejército “no tiene ninguna postura oficial”, debido a que el general Mansilla se encuentra en situación de retiro y no está de alta.

“Es una situación que él, como persona, deberá de responder ante los órganos correspondientes. El Ministerio de la Defensa es ajeno a cualquier injerencia que se esté especulando. No hay ninguna postura oficial”, agregó Pérez Figueroa.

Con respecto a si el bono de responsabilidad se continúa pagando a la cúpula del Ejército, Pérez dijo que “el contralor general ha dado declaraciones y dio dictamen en firme. La situación de cómo se mediatizó el bono, no es una situación que esté en discusión actualmente, fue resuelto por la Contraloría General de Cuentas”.

“Es una fuente de financiamiento del renglón 015 que está contemplado en la Ley de Presupuesto, en este caso en el 2017, ahorita no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria; por lo tanto, toda situación financiera que se dé dentro del Ejército estará contemplado dentro de las leyes. No se está cometiendo, ni se cometerán actos reñidos con la ley”, añadió Pérez. 

La petición fue presentada por el Ministerio Público (MP) el 4 de noviembre del 2017 y se conoció este viernes, después de la detención del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, como responsable de la autorización de la entrega de sobresueldos al presidente y la cúpula militar.

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El 27 de septiembre, el MP, luego de la denuncia de una organización humanitaria, presentó una solicitud de antejuicio contra el mandatario por la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

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Esta petición, presentada por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ante Gestión Penal del Organismo Judicial, se realizaba después de un “reporte de transacción sospechosa” de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y de la denuncia presentada por la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Esta solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de octubre, al entender que el tema ya se había resuelto cuando el mandatario devolvió el dinero, algo que no comparte la Fiscalía y que motivó la presentación del recurso ante la CC.

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https://twitter.com/prensa_libre/status/956904649176616961

El presidente Morales, en su calidad de comandante general, recibió mensualmente Q50 mil; el exministro de Defensa, Williams Mansilla Q45 mil; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Erick Servando Cano, Q40 mil; y tres de los viceministros de Defensa, Q35 mil cada uno.
Luego de conocerse, la Contraloría General de Cuentas (CGC) constituyó de inmediato una auditoría para indagar lo sucedido y ordenó al mandatario explicar por qué recibía el bono o, de lo contrario, que devolviera los Q450 mil cobrados desde diciembre de 2016, algo que hizo Morales el pasado día 14 de septiembre.

Mansilla, acusado de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, fue detenido este viernes en su residencia por la aprobación del acuerdo administrativo interno 10-2016, emitido el 1 de enero de 2016 y mediante el cual se aprobaba el pago del bono a Morales.

La denuncia fue presentada este miércoles ante el Ministerio Público (MP), luego de que, ayer, el ministro fuera cuestionado por la bancada Encuentro por Guatemala sobre el pago que también benefició al presidente Jimmy Morales.

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El martes último, el ministro fue cuestionado por los legisladores sobre cómo definió el monto que el bono de responsabilidad podía ser mayor al salario base, cuando solo es un complemento, a lo que el Mansilla respondió: “Los derechos adquiridos son irrenunciables, yo lo que hice fue transparentar. Yo sé que hay molestia, pero hemos dado pasos importantes en la transparencia”.

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¿Usted le preguntó al comandante general del Ejército si le podía dar un bono, si autorizaba y si estaba de acuerdo? Preguntó un diputado al ministro Mansilla, quien puntializó: “Yo le presenté el sustento legal, que estaba en forma transparente y él lo aceptó”.

Autorización de bonos debió ser pública

El 19 del mes en curso, el contralor Carlos Mencos, dijo en una citación con la bancada Encuentro por Guatemala que el documento legal que dio vida al bono debió publicarse en el Diario de Centro América, ya que debía hacerse mediante un acuerdo ministerial.

“Según el criterio primario de los auditores, el Ministerio de la Defensa emitió una disposición, no una ley. Ellos deben emitir acuerdos ministeriales, por lo que podría haber abuso de autoridad”, afirmó Mencos.

Según el Ministerio de Defensa, el mandatario recibió un bono de responsabilidad por Q50 mil durante nueve meses, lo que hizo un total de Q450 mil.

Para Mencos, además del bono, aunque el presidente sea el comandante del Ejército, el puesto no es  administrativo, sino que la función es inherente a su cargo.

Pagos que recibe la cúpula militar

• Comandante General del Ejército: Q50 mil
• Ministro de la Defensa: Q45 mil
• Jefe del Estado Mayor de la Defensa: Q40 mil
• Viceministro de la Defensa: Q35 mil
• Viceministro de Política de Defensa y Planificación: Q35 mil
• Viceministro de Marina: Q35 mil

Williams Agberto Mansilla Fernández fue ministro de tres presidentes. Fue nombrado por Otto Pérez Molina en agosto del 2015 y se mantuvo en el puesto durante la breve gestión de Alejandro Maldonado Aguirre. Luego se convirtió en hombre de confianza de  Jimmy Morales, al punto de que le entregó nueve pagos de Q50 mil como parte de un bono de responsabilidad que al menos  los tres gobernantes anteriores no recibieron.

Ese es el contexto que prevalece en la salida de Mansilla, con la posibilidad de que haya una denuncia contra él, ante las dudas sobre el sustento legal del bono que Morales tuvo que devolver después de que salió a la luz pública.

Antes de ser nombrado ministro, en sustitución de Manuel López Ambrocio, quien también terminó su tiempo de servicio, Mansilla era   comandante de la Guardia Presidencial.

Toda la promoción

Los oficiales de la promoción 103 de Caballeros Cadetes de la Escuela Politécnica también pasan a situación de retiro este 1 de octubre.

A ese grupo pertenecieron dos diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Alsider Antonio Arias Rodríguez y Herberth Armando Melgar Padilla.

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Curiosamente, Arias Rodríguez pidió permiso para ausentarse de manera indefinida  del Congreso, por causas no especificadas, y  su lugar lo ocupó Melgar Padilla,   compañero de promoción, poco después de haberse dado a conocer una investigación en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) sobre supuesto espionaje. Melgar  asesoró de manera “gratuita” a Jimmy Morales en asuntos de seguridad.

Primeras noticias

Durante el mes y dos días en que Mansilla fue ministro de Pérez Molina, quien renunció a la Presidencia, prácticamente pasó inadvertido, pero  a los pocos días de la gestión de Maldonado Aguirre  hizo noticia.

Como jefe del Ministerio de la Defensa pidió, el 17 de septiembre, al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que la exvicepresidenta Roxana Baldetti fuera retirada del Hospital Militar, donde estaba recluida por recomendación de médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El ministro le explicó al juez en una carta  que ese centro asistencial estaba destinado para el servicio de oficiales militares y elementos de tropa, por lo que pidió que Baldetti fuera remitida a un hospital del Ministerio de Salud.

En otra misiva, al entonces presidente del Organismo Judicial, Josué Baquiax, se solicitó que los jueces se abstengan de remitir reclusos al Hospital Militar.

Ofensiva vial

El 15 de enero, día en que las fuerzas armadas le declararon lealtad y respaldo a Morales, comenzó el despliegue para reparar caminos, puentes y carreteras en el área rural, después de que este así lo ordenara, como comandante general del Ejército.

A ese tipo de trabajo se sumó la fabricación de pupitres y sillas de ruedas, acciones que fueron cuestionadas por   varios sectores, por considerar que esas no eran funciones de las fuerzas armadas.

Este año también se adquirió maquinaria para que efectivos del Ejército hicieran trabajo de bacheo en carreteras.

Creompaz e infiltrados

En enero del 2016 se dio una pugna en el alto mando del Ejército, luego de que el presidente relevó al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) Alfredo Sosa Díaz. La abogada de este presentó una solicitud de antejuicio contra Mansilla.

Primero, Sosa Díaz planteó un amparo para eliminar de la Ley de Reconciliación Nacional la responsabilidad penal en delitos de genocidio y desaparición forzada, mientras que su defensora promovió la acción legal contra el ministro, por la entrega de información en el caso del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

El funcionario saliente no descartó, en mayo de este año, la posibilidad de que pandilleros se hayan infiltrado en las filas castrenses.

Prensa Libre buscó una entrevista con Mansilla —para hablar de su gestión— desde el 3 de septiembre recién pasado, cuando se le solicitó por escrito   al Departamento de Prensa del ministerio, y un día después, directamente al ministro, pero no hubo respuesta positiva.

En la carrera militar

Sus estudios militares los comenzó en la Escuela Politécnica.
• Nació el 24 de abril de 1964.
• Pertenece a la promoción 103.
• Durante su ascenso estuvo destacado en el Estado Mayor de la Defensa Nacional  y en el desaparecido Estado Mayor Presidencial.
• Se retirará  como general de División, el máximo grado en la carrera militar.
• Es kaibil, paracaidista, y obtuvo el curso básico de inteligencia, entre otros.
• De acuerdo con su hoja de vida publicada en la web del Ministerio, ha obtenido 26 condecoraciones, entre medallas y distintivos.
• Fue comandante de la Guardia Presidencial.
• Fue nombrado ministro de la Defensa por Otto Pérez Molina, un mes antes de que este renunciara.

El Ministerio de la Defensa ha intentado justificar dicha erogación, aduciendo que es un bono aprobado mediante acuerdo ministerial, lo cual podría ser legal pero es muy discutible y para nada elimina la inmoralidad, porque se intenta explicar que se hace por los “riesgos” corridos por el mandatario como jefe de las fuerzas armadas.

Dicha bonificación, que asciende a 50 mil quetzales mensuales, le ha generado un beneficio al mandatario de 400 mil quetzales durante los últimos ocho meses, sin que exista una razón clara o creíble sobre los motivos que justificaron la acción tomada por el ministro de la Defensa, Williams Mansilla.

Resulta obvio que detrás de esto tiene que existir una perversa intención y un afán de manipular al mandatario, o un tremendo descaro de parte de él para aprovecharse de recursos que claramente son insuficientes para dicho ministerio y ante lo cual han sido reiteradas las acciones del mandatario para asignarle al Ejército tareas ajenas a su función. La última de ellas, ridícula, fue la de enviar a la tropa a bachear carreteras sin que siquiera tuvieran la preparación para dichas labores.

Al mandatario se le ha criticado, justificadamente, por su insistencia en asignar labores extraordinarias al Ejército, porque esto se estaría convirtiendo en una sospechosa e injustificada forma de transferirle recursos, provenientes de otras carteras con tareas específicas, como Gobernación, de donde habrían salido al menos 105 millones de quetzales para Defensa, en detrimento de la lucha contra redes criminales.

Ayer, en un esfuerzo por justificar lo injustificable, el ministro de la Defensa trató de explicar las razones para otorgar dicho bono al mandatario, pero no solo falló en su intento, sino hizo quedar mal a todo el aparato gubernativo, como el hecho de afirmar que una supuesta disponibilidad de recursos permitía ese gasto extraordinario, no recibido por ningún otro gobernante.

Torpes explicaciones, como también lo ha sido una vez más la actitud del presidente Morales de creer que podría tener derecho a un pago adicional por estar en una condición de riesgo, argumento que solo él y los militares que lo aceptaron pudieron haberse creído.

Este nuevo escándalo en torno a la ya debilitada figura presidencial solo abona en un mayor desprestigio, al ser más que vergonzoso que siendo el presidente mejor pagado de Latinoamérica resulte un mayúsculo abuso recibir un sobresueldo.

Mucho menos corresponde al Ejército ni a ningún cuerpo colegiado del Ministerio de la Defensa decidir acerca de sobresueldos para el presidente de la República, quien nunca debió tolerar esa inmoralidad, que en todo caso constituye un abuso de poder y una irresponsabilidad en el manejo de los recursos de los guatemaltecos.

El funcionario habló este lunes después de la reunión del Gabinete General, y aseguró que se trabaja en la implementación de mejores controles.

La semana pasada fue detenido Luis Ángel Sierra Arévalo, de 19 años, soldado de primera que estaba asignado a la Brigada Militar Mariscal Zavala, después de un ataque armado en la zona 3, en el que fueron heridas al menos nueve personas.

De acuerdo a las autoridades, Sierra era un distribuidor de armas de grueso calibre y con fuertes vínculos con líderes de la Pandilla Barrio 18.

“Esto lo aceptamos, es una falta de filtros que tenemos en la captación del personal, eso se está mejorando”, expresó Mansilla.

El Estado Mayor de la Defensa cotiza “equipos modernos” para hacer la filtración de personal, y particularmente en el Mariscal Zavala ya se realizan pruebas “más rigurosas” para evitar que personas del crimen organizado de infiltren en la institución armada, informó el ministro.

“Eso es un hecho real como le puede pasar a cualquier institución, que lleguen individuos no deseados, y eso nos pasó a nosotros, pero estamos haciendo todos los esfuerzos por que no vuelva a ocurrir”, añadió.

Mansilla expuso que se cotiza un sistema que tiene acceso a varios “almacenamientos de datos de gente”, por ejemplo, con antecedentes penales y policíacos o con dados que hayan falsificado.

Si tienen voluntad los aspirantes de hacerlo, también podrán someterse a pruebas de polígrafo, dijo.

Al preguntarles si las pandillas se han infiltrado en el Ejército, el ministro de la Defensa respondió: “De aceptarlo tajantemente no le puedo decir, porque dentro de la captación de más o menos 22 mil o 23 mil hombres, el porcentaje diría yo que hay es mínimo, en asuntos de métodos de captación”, lo que supone un reconocimiento de que sí podrían haber más pandilleros.

En cuanto a Sierra Arévalo, Mansilla resaltó que lo primero que se investigó fue su entorno y los más cercanos, pero aún no se ha encontrado algo suficientemente contundente para presentar una denuncia.

Sierra, como cualquier otro integrante del Ejército que resulte procesado penalmente, solo será dado de baja si recibe una sentencia condenatoria firme.

Nota

• Esta nota fue modificada el 2 de junio de 2017 por las siguientes razones:

 
A la redacción de Prensa Libre se presentó Raúl Estuardo Pacheco, abogado de Marcos Chub Caal, para aclarar que las fotos publicadas en la nota, “Ministro de la Defensa acepta que un pandillero se infiltró en el Ejército”, el pasado 29 de mayo son de él, mas no corresponden al nombre del aludido en la información, Luis Ángel Sierra Arévalo, detenido  por la Policía Nacional Civil con fusiles y en compañía de tres pandilleros.
 
De acuerdo con los documentos que presentó el abogado, su cliente sí prestó servicio en el Ejército de Guatemala, del 1 de febrero de 2014 al 30 de abril de 2016, pero no está involucrado en el caso que involucra a Luis Ángel Sierra Arévalo, quien según el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, es un soldado de alta en la Brigada Militar Mariscal Zavala.
 
Para respaldar la versión de Chub Caal, el abogado presentó en la redacción de Prensa Libre, una certificación de servicio militar firmada por el Teniente Coronel de Infantería, Walter de Jesús Pérez Tomás, el documento certifica que el señor Chub Caal prestó servicio militar en las fechas antes descritas. 
 
Prensa Libre ofrece una disculpa al señor Marcos Chub Caal por el error cometido al incluir en su sitio web  y su edición impresa su fotografía, tomada de redes sociales.

Los funcionarios coincidieron en que se enteraron de los supuestos rumores en el momento en que el mandatario los dio a conocer, durante un acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura, pero tampoco preguntaron ni insistieron mucho en conocer los detalles que sabía el presidente Morales.

El ministro de la Defensa, Williams Mansilla,  reconoció que el viernes pasado estuvo en una reunión con los responsables de la seguridad, pero, a pesar del revuelo que causaron las declaraciones de Morales, esta situación no se abordó en dicho encuentro.

“Por medio del Secretario de Comunicación dijeron que solo el presidente podía hablar del tema, yo no pregunté nada por las instrucción que se habían dado”, manifestó Mansilla.

El jefe castrense dijo a los diputados que había que tomar en cuenta el contexto personal y “emocional” en el que el mandatario había dado las declaraciones.

Los diputados preguntaron desde asuntos como la salud del mandatario hasta supuestas fiestas que se hacen todas las noches en la Casa Presidencial, pero los funcionarios respondieron que desconocían sobre tales situaciones.

El diputado Mauro Guzmán buscó determinar de dónde salieron los rumores y preguntó a Mario Duarte, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, sobre las personas que se reúnen con el presidente. El funcionario respondió que el mandatario tiene encuentros con diputados, personas nacionales e internacionales.

Sin indicios

Otro de los convocados por los diputados fue el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, quien aseguró en varias oportunidades que desconocía los rumores y que no había ni indicios de investigación que indicaran que podría ocurrir un golpe de Estado.

“Esto a mi criterio fue solo un rumor”, manifestó Rivas.

Los congresistas incluso preguntaron si las declaraciones del presidente se trataban de una cortina de humo para desviar la atención luego de que su hijo y su hermano recuperaran la libertad por medio de una fianza, después de un mes de estar en prisión.

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El ministro de la Defensa precisó que después del comentario presidencial se efectuó un sondeo con comandantes y el jefe del Estado Mayor Presidencial para indagar acerca de la información que tenían, pero ninguno conocía del tema.

“El fin de semana no fue preocupante, estamos en lo normal”, dijo.

“Entiendo que les cayó de sorpresa, pero si el comandante en jefe, el presidente de la República, dice que tiene rumores de un golpe de Estado ¿Cómo va a estar todo tan normal?”, cuestionó el congresista Guzmán.

El diputado también preguntó si en este momento existe algún grupo que tenga la capacidad de un golpe de Estado, y todos respondieron que no. “No hay ninguno que tenga la capacidad”, aseguró Rivas.

Según el ministro de Gobernación "no hay ni indicios de un golpe de Estado" como lo refirió el presidente @jimmymoralesgt pic.twitter.com/1E5yE5pmLD

— Jessica Gramajo, PL (@jgramajo_pl) 20 de febrero de 2017

Orlando Blanco, jefe de bancada de la UNE, cuestionó a los funcionarios sobre la existencia de algún grupo no institucional que sea capaz de “hablarle al oído” a Jimmy Morales.

“Pareciera que a ustedes no les tiene confianza. Ninguno sabe nada y ninguno de ustedes le dijo de los rumores, me entra la duda ¿está tomando medicamentos el presidente Morales?”, inquirió Blanco.

A eso, el director de Inteligencia Militar, Oscar Chavarría, respondió que no.

Blanco dijo que la bancada evaluará si presenta un recurso de exhibición personal a favor de Jimmy Morales a fin de que sea evaluado por un médico.

Durante una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el funcionario manifestó que esa institución no es una correccional de menores y que los padres deben educar a sus hijos.

“Es una edad de mucha energía. No somos un correccional de menores. Hay que hablar con los padres para que los eduquen. Nosotros damos formación cívico militar”, dijo Mansilla justificando el incidente.

El ministro agregó que “la niña fue sancionada porque estaba con aliento a licor” y durante su arresto fue ultrajada por un soldado de primera clase, quien tiene siete meses de laborar en la institución armada cumpliendo tareas de limpieza y cocina.

La usuaria Claudia Elena se manifestó en Facebook y mostró su desacuerdo con las declaraciones de Mansilla. “Ojalá nunca le pase a una su hija. Solo entonces va a saber lo que se siente”, escribió.

Pide justicia

Elmer Borrayo comentó que las palabras del ministro dejan mucho que desear. “Espero que el MP haga bien su trabajo y capturen a  todos los responsables”, publicó.

Alexander Figueroa comentó: “Es cierto que los institutos Adolfo V. Hall no son un correccional pero tampoco son una escuela de ladrones”.

Magda Orellana dijo no comprender la excusa de Mancilla. “No entiendo como una persona preparada da ese tipo de declaraciones. El problema no es la institución, es la acción”, señaló.

Claudia Ruiz recordó que “los padres confian sus hijos a una institución de renombre que supuestamente tiene valores y alto nivel educativo. Son responsables de las agresiones que sucedan”.

Irresponsables y evasoras declaraciones de una violación a una menor de edad??? https://t.co/ZUKdXi9yxG

— Viktor (@viktor_gsg) March 11, 2016

Las violaciones en el Adolfo V. Hall quizás sean parte del pénsum, hace algunos días condenaron a algunos veteranos por el mismo delito.

— Tiburcio (@Tinoapp) March 12, 2016

Aaa pero los del Adolfo V. Hall muy machos!!!

— Josh יהושע (@SoyJosueGT) March 12, 2016