De acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), la principal responsabilidad de estas organizaciones es intermediar entre los ciudadanos y el Gobierno, lo cual significa que deben vincularse con los pobladores para escuchar sus diversas necesidades, unificarlas en políticas públicas y buscar implementarlas desde el Ejecutivo.
Sin embargo, en Guatemala, el vínculo entre ciudadanos y partidos se encuentra roto, quizás porque la población siente rechazo y desconfianza por esas organizaciones. En consecuencia, han perdido legitimidad, ya que no logran ser intermediarios que escuchan y dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Según el excongresista Roberto Alejos, la aversión que existe hacia la clase política es por la corrupción, lo cual está generando apatía entre la población para asistir a votar por un partido político el 16 de junio. “La gente no quiere saber nada de política, porque todos los días escucha de estos casos. Hay un divorcio entre la población y la política”.
Frágil a la corrupción
Según el informe Acercando a los partidos políticos con los ciudadanos de la Asociación de Investigaciones Sociales y Económicas (Asíes) la distancia entre partidos y ciudadanos se debe a que la Lepp “es sumamente permisiva y los partidos no han asumido con responsabilidad la libertad que la Ley les concede para organizarse”.
Según el mismo documento, gran parte del problema radica en que la Lepp permite que pequeños grupos, como los Comités Ejecutivos Nacionales (con sede en la capital), formados por seis o siete personas tomen las grandes decisiones en nombre de todo el partido. “Los quórums necesarios para tomar decisiones son pequeños y quienes los conforman pueden autoelegirse como candidatos y autoridades del partido a la vez”, afirma.
Dentro de lo más grave que destaca el informe de Asíes es que esta pequeña dirigencia nacional tiene la autoridad legal de designar candidatos donde el partido no tiene organización legal inscrita, “lo que puede significar hasta el 85 por ciento de los candidatos. “En consecuencia, el 99 por ciento de los afiliados del partido, o más, son meros espectadores”, afirma.
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Alejos, quien formó parte de la Constituyente de 1984, dice que el gran error de la Lepp es que no exige a los partidos políticos tener organización partidaria en todos los distritos (solo pide en 50 municipios de 12 departamentos), pero permite que donde no se tenga organización legal (10 departamentos y 290 municipios), el Comité Ejecutivo “nombre a dedo a los candidatos a diputados y las alcaldías, y es aquí donde aparecen las negociaciones”.
Luego solo los candidatos a diputados vienen a la capital a la Asamblea Nacional de Proclamación y los “eligen” sin mayor oposición por la asamblea, que normalmente no tiene ni voz ni voto. A raíz de esto se ha solicitado que en las reformas a la Lepp que los partidos no deberían proponer candidatos donde no tengan organización partidaria, ni diputados alcaldes, afirma el analista político Franco Martínez Mont.
Es, en esta ventana de 10 departamentos y 290 municipios es donde se abre la puerta para que cientos de candidatos o financistas “compren una candidatura a diputado o corporación municipal, porque en esos lugares no hay organización partidaria que se oponga por lo que el Comité Ejecutivo, y muchas veces solo el Secretario General, decidan o negocien con los posibles candidatos, agrega Martínez Mont.
“Lo perverso de esas asignaciones a dedo es que, a cambio de un pago o financiamiento al partido, después se debe devolver con favores, como el paso del narcotráfico, contratos de obras, parar o empujar leyes en el Congreso de la República. Después se desquita todo con hechos de corrupción”, indica Alejos.
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Según el analista de Asíes, José Carlos Sanabria, las cúpulas de los partidos ven como una gran ventaja el hecho de que entre menos municipios organizados tiene menos asambleas departamentales o municipales van definir a sus candidatos. “Entre menos organización partidaria existe más capacidad de decisión tiene la dirigencia nacional”, afirma.
“Entre menos organización legal, mayor control de las candidaturas a nivel nacional, y entre más organizaciones en el país, menos control; por eso las dirigencias nacionales optan por tener menos organizació partidaria”, agrega Sanabaria
El clientelismo
A raiz de esto, muchos candidatos son impuestos y por eso resultan desconocidos en los departamentos donde son proclamados como diputados. Por lo anterior es frecuente que parlamentarios de otros departamentos resulten como representantes de otros distritos ante el Congreso de la República.
El investigador de Asíes, opina que esta falencia de la Lepp genera condiciones para que se ejecuten estas prácticas de clientelismo, donde los postulados no representan o no son parte de los distritos donde participan, por lo que las bases no los conocen o nunca fueron tomados en cuenta para tomar las decisiones porque son impuestos.
Sanabria dice que se han identificado casos donde venden las candidaturas y que el precio de la casilla depende de las posibilidades que se manejen de llegar a ganar la diputación. “Si un partido tiene altas posibilidades de ganar en el distrito, la primera casilla se va a cotizar a precios muy importantes”.
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El informe Acercando a los partidos políticos con los ciudadanos de Asíes considera que para reducir la brecha entre los partidos y los ciudadanos se de debe limitar la discrecionalidad con la que trabajan estas organizaciones, lo cual implica que los partidos adopten y cumplan reglas adecuadas. “En concreto, los partidos deben regirse por reglas que eviten la exclusión de los afiliados, el clientelismo y la influencia indebida de financistas.
Sanabria, por su parte, dice que los partidos no se caracterizan por ser instituciones democráticas que pongan en práctica definir, a nivel de partido, las candidaturas, al contrario, se caracterizan por ser instituciones altamente centralizadas, bastantes excluyentes y poco institucionales.
En conclusión, y a manera de ejemplo, un partido que va a postular en los 340 municipios y la dirigencia tiene organización en 60 municipios va a poder decidir de manera centralizada las candidaturas de 280 alcaldes de país, solo en 60 va a recaer en las asambleas municipales. Hay una desproporción descomunal, pues 3 0 6 personas van a tener la decisión de nombrar a quienes son los alcaldes en los 280, cita el informe de Asíes.
Soluciones para evitar el clientelismo
El informe Acercando a los partidos políticos con los ciudadanos de Asíes propone algunas reformas para evitar estos vicios
1) El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe publicar de oficio los estatutos de cada partido vigente y el número de afiliados que tiene en cada municipio y departamento inscrito. Esto permitirá que los afiliados exijan sus derechos y no sean excluidos.
2) Se debe eliminar la facultad que tiene la dirigencia nacional de los partidos para postular candidatos en circunscripciones donde el partido no cuenta con organización inscrita. Esto reducirá la influencia indebida de financistas que quieran comprar candidaturas.
3) Las decisiones tomadas por cualquier órgano de un partido deben contar con el aval de al menos la mayoría de sus miembros, no solo del quórum mínimo. Esto reducirá la exclusión de los afiliados y la influencia indebida de financistas.
4) La designación de todos los candidatos y autoridades de un partido debe realizarse por medio de voto libre y secreto. Además, en los casos donde la designación se haga por medio de una lista, la misma deberá integrarse utilizando el sistema de representación proporcional de minorías. Esto reducirá la exclusión de los afiliados y la influencia indebida de financistas.
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