¿Cuál es el balance del proceso electoral y sus implicaciones para la democracia? Analistas coinciden en que este proceso se caracterizó por una serie de debilidades y amenazas que no se dieron en anteriores elecciones y que debilitaron la democracia, aunque destacan fortalezas y oportunidades como la participación del voluntariado, de la ciudadanía y la observación electoral. Además del aumento en el número de partidos políticos inscritos y binomios presidenciales, el proceso se caracterizó por el rechazo de varias candidaturas.
Por primera vez se inscribieron 29 agrupaciones políticas y 22 binomios presidenciales, de los cuales cuatro quedaron fuera, entre estos el de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, candidato favorito en la primera vuelta. Esto sucedió luego de que una sala amparó al partido Cambio, de Manuel Baldizón, sobre la legalidad de la segunda asamblea nacional de aquella agrupación política. También generó varias reacciones y protestas el rechazo de la candidatura de Jordán Rodas, quien, junto a Thelma Cabrera, formaba el binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
La razón fue que existía una denuncia en la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC) contra él. También fue anulada la candidatura de Roberto Arzú, del partido Podemos, luego de ser declarado con lugar un recurso de nulidad presentado por FCN Nación por haber incurrido en campaña anticipada. Seguidamente se sumó a la lista de rechazados Óscar Castañeda, del partido Poder, por presuntos errores en sus asambleas. De igual manera fueron rechazadas más de cuatro mil candidaturas a diferentes cargos, entre las cuales destacaron las de Manuel Baldizón, Alfonso Portillo, Aldo Dávila y José Armando Ubico, como candidatos a diputados. También las de varios aspirantes a alcalde como Víctor Alvarizaes, en Santa Catarina Pinula, y Juan Francisco Solórzano Foppa, en la municipalidad capitalina.
Una de las mayores sorpresas del proceso fue el hecho de que un candidato presidencial que no figuraba en las principales posiciones de las encuestas y en las tendencias de redes sociales resultara electo en el balotaje, con más de 800 mil votos de diferencia con su contendiente. El 20 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo oficial el triunfo del binomio presidencial del Movimiento Semilla y comenzaron a publicarse mensajes de felicitaciones para Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta electos. Entre esos mensajes resaltaron los de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; de México, Andrés Manuel López Obrador; del gobierno español, Pedro Sánchez; y de El Salvador, Nayib Bukele.
También hubo publicaciones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego, en el marco de la oficialización de resultados, el Registro de Ciudadanos del TSE anunció la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, para acatar una orden del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, mientras que el presidente Alejandro Giammattei confirmaba el inicio de la transición con el gobernante electo, Bernardo Arévalo. Los pronunciamientos continúan a escalas nacional e internacional.
Amenazas al proceso
A decir de Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), las debilidades y amenazas se observaron antes del inicio del proceso electoral. “Desde la elección de los magistrados del TSE hubo mucha controversia, así como por la compra de software y contratación de personal”, dice, e indica que las anulaciones y rechazo de varias candidaturas en instancias judiciales, así como la falta de certeza, también afectaron la elección. “El tema más insigne fue que el excandidato favorito Carlos Pineda no pudiera competir, algo resuelto en tribunales, mientras se denunciaron muchas arbitrariedades y campaña anticipada”.
Atípico se considera el que hayan participado 22 binomios presidenciales. “Es la primera vez que se da este fenómeno y también afectó mucho al desarrollo de la primera vuelta”, afirma.
Para el analista del Cien, también es interesante cómo un candidato que no había sido considerado en las encuestas logra posicionarse. “Esto causó sorpresa y empezaron los señalamientos contra el partido ganador, por el riesgo para quienes no querían que participara”, añade. Ante la continuidad de las impugnaciones y amparos, se judicializó un proceso electoral que debía desarrollarse en las urnas, opina. “El proceso ha sido bastante judicializado con muchas connotaciones internacionales”.
Por ello, destaca como una amenaza la contradicción en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp). “Las últimas reformas a la Lepp generaron una ley muy ambigua que promueve un sistema perverso, de mucha rigidez contra algunos candidatos y pocos controles hacia otros. Ello es una amenaza para futuros comicios”, analiza. Como otra amenaza para futuros procesos resalta el proceso de elección de los magistrados del TSE y de los jueces y magistrados de las cortes. “Prácticamente se politizó la justicia y la política se judicializó, hablando peyorativamente, es importante que las instituciones analicen su rol y se revise la ley para futuros procesos”, recomienda Quezada.
Una fortaleza
Entre las fortalezas del proceso, Quezada destaca la participación del voluntariado, así como de las juntas receptoras de votos, las juntas electorales y las juntas electorales municipales. “Su trabajo fue muy valioso, pese a los ataques de algunas agrupaciones políticas en su contra”, asegura. “Es de destacar que las juntas garantizaron un proceso democrático y transparente en el conteo y resguardo de los votos”, agrega. A su juicio, los resultados en segunda vuelta demostraron que hubo participación ciudadana y fueron bastante precisos, aunque lamenta que siempre se dieron impugnaciones. En ese sentido sostiene que, “aunque el proceso pasó de las urnas a las instancias judiciales y la mediatización, lo valioso es cómo el voluntariado se convirtió en custodio del voto y generó la confiabilidad que hizo falta en las instituciones”.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), cons idera que el proceso electoral “legal y formalmente termina el 31 de octubre, y a la fecha, el balance general sobre el proceso es muy positivo”. Expresa, que, si bien hubo serias irregularidades en el proceso de aceptación y rechazo de candidaturas como las de Carlos Pineda, Jordán Rodas y Roberto Arzú, y el TSE fue objeto de críticas en los comicios del 25 de junio, estas quedaron superadas con una elección general limpia, transparente y democrática, que contó con la participación de la ciudadanía que acudió a las urnas.
Enfatiza que “el resultado es contundente, con Bernardo Arévalo como presidente y Karin Herrera como vicepresidenta electos”. Señala que la oficialización de datos del TSE es clara, con más del 60% de votos a favor del partido Movimiento Semilla. Como una fortaleza también resalta que esta ha sido la elección más observada de la historia, con el mayor número de misiones nacionales e internacionales., y enfatiza que el “Icefi participó como integrante de la Misión de Observación de Guatemala (MOE-Gt) y da fe de los resultados y de un proceso electoral positivo”.
El MP y su papel
Barrientos cree que la falla más grave ha sido la actuación del Ministerio Público (MP): “La mancha en el lienzo blanco del proceso democrático y electoral de Guatemala, el pelo en la sopa, es la actuación del MP, en función de no cumplir su mandato legal y constitucional”. Según Barrientos, pareciera que “el MP está al servicio de un grupo reducido de radicales de la ideología de ultraderecha, que no pertenecen a la derecha convencional, sino de fanáticos religiosos y megaiglesias con intereses económicos; funcionarios vinculados a la corrupción, actores del crimen organizado, narcotraficantes, exmilitares y la Fundación Contra el Terrorismo”.
Lamenta que el trabajo de algunas de las fiscalías del MP, como la que está a cargo de Rafael Curruchiche, actúen como estructuras antidemocráticas que atentan contra un proceso electoral que está por concluir y que se ha desarrollado de manera correcta. “El sector privado empresarial, la sociedad civil organizada, las iglesias, la comunidad internacional y otros sectores han calificado el proceso electoral como transparente; y como una amenaza, la actuación del MP”, dice Barrientos.
Sin embargo, le parece un riesgo el hecho de que el Congreso haya avalado el desconocimiento del partido Movimiento Semilla, lo cual califica de espurio y grave, pues el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado ya se entregó al Legislativo y se deja a los diputados de esa organización política sin poder integrar comisiones y así participar en la discusión. Según su lectura del proceso, “la principal amenaza es la judicialización excesiva y espuria, conducida principalmente por el MP, y una persecución penal fabricada y artificial en contra del partido Semilla y del TSE”.
Por otra parte, el director Ejecutivo del Icefi indica que la gran oportunidad la marca el presidente Alejandro Giammattei, quien ha reconocido que Bernardo Arévalo y Karin Herrera son los ganadores de la elección y anunció que comenzará el proceso de transición mañana y que entregará el poder el 14 de enero. Barrientos resalta que, “más allá de las triquiñuelas y argucias impulsadas desde un MP corrupto, antidemocrático e ilegítimo, la gran oportunidad es el proceso de transición, que el presidente Giammattei honre su palabra y el nuevo gobierno pueda arrancar adecuadamente y cumplir con lo ofrecido a la ciudadanía”.
Riesgos
Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), recalca que el proceso electoral ha sido distinto a los anteriores, por la incertidumbre ocasionada desde el inicio, con la calificación de candidatos a distintos cargos y que por una u otra razón, no fueron inscritos. “A diferencia de otros años, no solo se dejó fuera a candidatos que habían tenido una condena, que había sido lo usual. Esta vez se rechazó a contendientes de diferentes corrientes por otras razones”, señala el analista.
“Debido a estos vaivenes políticos, falta de transparencia y del gasto público que permita cerrar las brechas de infraestructura, Guatemala perdió atractivo y competitividad, una grave amenaza para la estabilidad económica y social del país”, advierte. Coyoy confía en la transición como una oportunidad. “Con el anuncio de la transición y la oficialización de resultados, ojalá pueda darse un proceso ordenado y también señales de certeza y estabilidad política en el país”, enfatiza.
Por otra parte, coincide en que “el involucramiento activo de la ciudadanía a través de las Juntas y el voluntariado es una fortaleza del sistema democrático. Son más de cien mil ciudadanos comprometidos, sin ningún interés político, más que el de garantizar el voto de los guatemaltecos”. Por ello, indica, una oportunidad que abre el actual proceso es que se puedan superar los factores adversos y dar más certeza a la ciudadanía sobre las candidaturas y su validez.
“Este tema fue tan nebuloso y agitado que afectó la democracia de un país que sigue rezagado en comparación con otros de la región”, dice Coyoy, y agrega que recientemente tuvo acceso a una publicación en la que países como Perú, Chile y Colombia fueron catalogados como los más atractivos para inversión, aunque afrontan problemas muy parecidos a los de Guatemala, pero en estos la agitación política no alcanza los niveles que se han vivido en el actual proceso electoral.
Oportunidades
“Es la primera vez que el proceso electoral se ve amenazado y se llegó a la duda de si iba a darse una segunda vuelta. Si no se revierte pronto esta situación, puede incidir en la estabilidad económica y social, lo cual es grave”, comenta. El analista coincide en que esta es una oportunidad para revisar las reformas a la Lepp y que los partidos políticos activos puedan asumir un compromiso nacional de respeto hacia la democracia, para que sea más robusta y menos vulnerable a los factores que la amenazaron en el proceso actual. “De no fortalecer esa estabilidad democrática, correríamos el riesgo de un estancamiento económico y social como ocurre en Nicaragua”, advierte Coyoy.
Por aparte, Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), indica que una de las fortalezas del proceso electoral es que la Leep siga manteniendo su rango constitucional. Asevera que, de lo contrario, “el proceso electoral sería más manipulado de lo que está y sería un caos terrible, ya que cualquier juez o persona querría transformar la ley”. Además resalta la resiliencia de la ciudadanía, ya que, a pesar de la desinformación en redes sociales, las contradicciones de los magistrados del TSE y los diversos llamados a no asistir a las urnas, acudió con ilusión y de manera disciplinada, tanto el 25 de junio como el 20 de agosto.
Desde su punto de vista, entre las fortalezas está el trabajo de las juntas electorales, municipales, departamentales y receptoras de votos. “Es importante resaltar el esfuerzo de ciudadanos preocupados en sostener la democracia”, afirma. Destaca también el trabajo y experiencia del TSE en la logística y organización del proceso a nivel nacional, particularmente de la directora electoral, Gloria López. Según Hidalgo, una de las principales amenazas y a la vez oportunidad es la inscripción de candidatos. “El proceso de inscripción pareciera un parto de elefante, muy doloroso y largo; esto debe mejorar”, sugiere.
Por otra parte, considera una debilidad la falta de claridad entre los conceptos de proselitismo y campaña política, lo cual deja fuera a varios candidatos, por campaña anticipada. Además, la falta de control por parte del TSE sobre el financiamiento de los partidos políticos, tomando en cuenta el lavado de dinero, crimen organizado, narcotráfico y corrupción, lo cual considera que debe mejorarse. Para Hidalgo también es una debilidad la mala capacitación a los fiscales de los partidos políticos, lo cual es causa de un mal desempeño en la mesa de votos y puede constituir una amenaza. “Es importante trabajar en levantar su perfil y también el de los integrantes de las juntas receptoras de votos, para evitar errores sencillos en sumas y actas, por ejemplo”, dice.
Partidos débiles
A criterio del director del Incep, “en cada proceso electoral salta nuevamente la debilidad de los partidos políticos y la falta de una democracia interna, ya que no tienen penetración y descansan sobre caudillos que logran casi mercantilizar el apoyo electoral”. El analista pone en relieve que los partidos políticos son el factor fundamental del proceso electoral y subraya que es importante que las agrupaciones tengan una mejor capacidad para renovar sus liderazgos.
“Los partidos más antiguos cada cuatro años postulan a sus líderes reciclados y reencauchados. Seguimos viendo, por ejemplo, a una Sandra Torres en segunda vuelta”, expone. Además, apunta a la necesidad de que los partidos mejoren sus propuestas de trabajo y planes de gobierno, por lo que, insiste, hace falta un desarrollo a lo interno de las organizaciones políticas, así como a nivel territorial. De igual manera, los procesos de constitución de los partidos políticos, en cuanto a sus asambleas, recolección de firmas e integración, ya que, según Hidalgo, son procesos en los que se observa la ausencia de un órgano de control como el TSE.
“La instrumentalización de la justicia para obstaculizar el proceso electoral es una amenaza grave y que seguiremos viviendo de aquí al 14 de enero”, subraya.
Hidalgo remarca el hecho de que la ciudadanía no se ve representada en sus diputados y autoridades, lo cual sucede en cada proceso electoral, una amenaza que puede convertirse en oportunidad para los próximos comicios.
