Registros oficiales dan cuenta que más de 30 mil niños dejan de estudiar en el nivel primario cada año, es decir, de 2015 al 2017 la cobertura educativa ha dejado fuera alrededor de 100 mil niños.
El nivel básico tiene cifras igual de pesimistas. En el 2015 había una matrícula de estudiantes en el sector público, municipal y cooperativa de poco más de 521 mil jóvenes, mientras que para el 2017 solo se contaba con 502 mil 624; una reducción de más de 18 mil 500 estudiantes.
Incrementar la cobertura educativa es, incluso, más urgente que mejorar la calidad, al menos en el corto plazo. El desafío es grande y, por ahora, los candidatos a la presidencia no han presentado un proyecto integral para revertir el problema en los próximos cuatro años, mucho menos, una propuesta de políticas públicas sostenible en la próxima década.
Más que intenciones
Para captar a los niños y retenerlos en las aulas se necesita más que buenas intenciones. De acuerdo al análisis de Verónica Spross de Rivera, experta en educación del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hay que buscar modalidades novedosas para que los niños y jóvenes lleguen a estudiar.
“Hay que ser creativos, tener modalidades flexibles, innovadoras, novedosas”, dice Spross de Rivera, quien asegura que se debe ofrecer competencias que les sirvan a los jóvenes para, a futuro, incorporarse al mercado laboral, de acuerdo a las regiones que habitan.
“Hay que motivar, teniendo un currículo relevante, que sea de interés y que le vean utilidad a la vida y al mundo laboral, que les sirva lo que estudiaron”, señala la académica.
En el 2010 la cobertura educativa del nivel primario rebasaba el 98%, durante el gobierno de Álvaro Colom. El plan de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza que impulsa la presidenciable Sandra Torres retoma esos números y entre sus planes para recuperar la cobertura ofrece remesas condicionadas, un subsidio que se implementó en el 2008. La construcción de 100 establecimientos educativos y carreras técnicas.
El partido Vamos, del candidato Alejandro Giammattei, también reconoce como prioridad en el área educativa la cobertura y en su propuesta de trabajo ofrece la construcción de más escuelas -sin precisar cuántas- y también condiciona programas sociales a cambio de la permanencia de los estudiantes en los centros educativos.
Estos son los dos candidatos que, de acuerdo a las encuestas de opinión, incluida la de Prensa Libre, encabezan ahora la intención de voto. El partido Unionista es el tercero en la preferencia, pero no es público en su portal electrónico el plan de gobierno y el Partido Humanista, en su plan denominado GPS ofrecen conexión de internet en el 60% de las escuelas en cuatro años, para mejorar la calidad y retener la permanencia en las aulas.
Hasta el 2017 había 16 mil 357 establecimientos oficiales de nivel primario, dos mil 903 colegios y 62 municipales, siempre para el mismo nivel. Mientras que infraestructura para nivel básico, en el mismo año de registro era de poco más de 4 mil 200 en el sector público y 3 mil 857 colegios.
¿Una actualización educativa?
Ninguno de los candidatos con más opción de competir por la presidencia propone una reforma curricular, un cambio en el que coinciden distintos círculos educativos como necesario para mejorar la calidad educativa.
“Para mejorar es importante hacer un cambio radical en el currículo (…) ahora, en un momento dado se enfocan todos los candidatos y partidos políticos en la capacitación para jóvenes y puedan optar a un trabajo, pero no es tan simple, si no han tenido el desarrollo previo suficiente de sus destrezas para que pueda optar a ser un buen técnico”, reflexiona Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados.
La reforma educativa es necesaria, pero debe empezar por la profesionalización docente, agrega Spross de Rivera. Un cambio que va desde la contratación de los docentes, la formación y capacitación continua y alinear los incentivos al resultado del aprendizaje.
Actualmente hay más de 160 mil empleados en el Ministerio de Educación. Sin embargo, según un análisis del CIEN es necesaria la gestión ministerial y la administración del recurso humano, por ejemplo, impulsando capacitaciones de expertos de otros países que han demostrado modelos de éxito, como Perú, Chile, Colombia y España. “Que nos ayuden, es un tema muy importante que tenemos que seguir capacitando a los profesores de profesores”, dice Spross de Rivera.
La última actualización educativa profunda se hizo en el 2012, cuando se elevó la profesionalización docente al nivel universitario, suprimiendo la carrera de Magisterio y abriendo el Profesorado en Educación Primaria. Sin embargo, a largo plazo se necesita seguir mejorando esa formación e incluir “metodologías nuevas para impartir y guiar el aprendizaje, porque los jóvenes de hoy en día esperan un nuevo sistema de enseñanza, los antiguos -métodos- ya no son productivos”, dice Brown.
De manera permanente se revisa el Currículo Nacional Base (CNB) y a finales del 2017 se hizo la última reforma que reorganizó el nivel básico con otros cursos de productividad. El año pasado, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Ministerio de Educación, definieron un proyecto de educación con pertinencia cultural, el cual se está trabajando actualmente, sin tener todavía resultados concretos.
El seguimiento
Todo cambio que se implemente en la educación debe ser a largo plazo, coinciden expertos. En cuatro años no se notarán cambios, pero sí se puede perfilar el camino hacia una mejora de la cobertura y la calidad. Por eso, es necesario darles continuidad a proyectos. Por ejemplo, el fortalecimiento de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), la refacción escolar y el suministro de recursos para programas de apoyo a los docentes, así como el sistema de acompañamiento escolar, un método que busca supervisar y garantizar la prestación de servicios educativos de manera óptima que se implementó en la administración del actual ministro Óscar Hugo López, pero que aún no se extiende a todo el país.
Por último, los expertos también recomiendan revisar los procesos de contratación a través de los jurados de oposición, de manera que se apeguen a lineamientos específicos y procesos de reclutamiento integrales y no discrecionales, para evitar que sean controlados por grupos sindicales. La contratación no debe ser en base a un expediente, opina Spross de Rivera, sino se debe incluir una clase modelo, como ya se implementa en el proceso de contratación de docentes en Perú o Republica Dominicana, de manera que los candidatos demuestren sus destrezas antes de ocupar una plaza en la que pueden estar por 30 años.
