Desde el destape de la línea en 2015, los ojos de la ciudadanía guatemalteca están puestos en la Superintendencia de Administración Tributaria, y han estado exigiendo cambios en la institución. La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) considera “que es una institución bicéfala, ya que su estructura tiene, por un lado, al Directorio, integrado supuestamente por expertos dedicados a tiempo completo y presidido por el ministro de Finanzas Públicas y, por el otro, el superintendente, como autoridad administrativa, cuyo nombramiento y remoción está en manos del presidente de la República; en este arreglo el superintendente no responde al Directorio y este, a su vez, se acomoda a una parálisis de decisiones ante el poder político de su supuesto subalterno”.

Ha habido muchas propuestas para solucionar el problema. La que está en camino a aprobarse es la iniciativa 5056, que plantea reformas a la ley orgánica de la SAT. En ella, el superintendente será nombrado por el Directorio, mediante un proceso de oposición, lo que aparentemente ordena la cadena de mando de la institución, pero plantea un gran problema de fondo, la iniciativa propone reducir el Directorio a tres miembros: el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y el presidente del Banco de Guatemala, lo que es un verdadero retroceso para la institucionalidad de la SAT y elimina la idea original de una entidad descentralizada y especializada. Recordemos que los ministros en este país son nombrados directamente por el presidente, por lo que la subordinación quedaría totalmente en manos del Ejecutivo. Esto prácticamente anularía la “independencia de la SAT”. La decisión comprometería al Banco de Guatemala, cuyo presidente ya de por sí tiene día a día grandes problemas por solucionar y otorgaría mayoría a dos subordinados del presidente.

Muchos aspectos de la iniciativa son vistos con buenos ojos por varios sectores relacionados con el tema, pero la conformación del Directorio es un tema crucial, que significa un verdadero retroceso de la institución. Por lo que conviene dejar el Directorio con su integración actual, pero cambiando el sistema de nombramiento de los independientes.

Sin embargo, debe tomarse más tiempo para un mejor análisis de la iniciativa y realizar una propuesta más radical. Buena parte de la problemática son los procesos, los procedimientos, que son obsoletos. Urge una verdadera reingeniería que toque los problemas de fondo. Los procesos deben ser automatizados, para eliminar la discrecionalidad de las autoridades. La tecnología debe utilizarse para garantizar el control de los trabajadores y funcionarios. Es necesario garantizar un efectivo control de la institución por parte de la Controlaría General de la Nación y por medio de auditorías internas y externas. El trabajo del Directorio y del superintendente debe ser escrutado. Pero ante todo, deben ponerse sanciones más severas para quien “ose tocar el dinero del Estado”, tal y como sucede en otros países del mundo, especialmente los orientales, donde este tipo de delito es castigado con la pena de muerte.

Lo que se necesita realmente es blindar la institución tanto a lo interno como a lo externo, de tal manera que las estructuras políticas, privadas y del crimen organizado encuentren una institución fuerte y no vulnerable, con trabajadores decididos a procurar el abastecimiento económico del Estado y no el de sus bolsillos.

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