Al ser consultado sobre si los mapas ampliamente divulgados de los descubrimientos arqueológicos pudieran alertar a los saqueadores sobre su ubicación, Estrada-Belli indica que no aparecen referencias exactas de donde están localizados los sitios. “Además, estos lugares son desconocidos para el arqueólogo y el resto de la población. Los saqueadores son personas locales y los conocen muy bien desde hace tiempo”, añade.
Saqueos de tesoros
“Desafortunadamente, el saqueo es algo que nos precede en muchos lugares desde hace décadas. Nosotros fuimos cautelosos en no mostrar —en los mapas— detalles precisos para evitar que cualquier persona pueda llegar”, refiere el arqueólogo Marcello Canuto. “La información no es mala, es mejor saber dónde están los sitios, que quedarnos sin saber de su existencia, porque ahora hay que protegerlos”, añade. “En 90 por ciento de los casos, los saqueadores han llegado a ellos, de todos modos. Lo que corresponde, ahora, es una exploración científica”, dice. Por ejemplo, el sitio La Corona, durante las décadas de 1960 y 1970, no fue saqueado por dos o tres personas, sino por cuadrillas enteras de personas por semanas o, quizás, meses.
“Las áreas de Petén están saqueadas. En el sitio El Tintal, se han registrado 2 mil túneles de saqueo. Durante la década de 1980, la excavación ilegal fue sistemática”, explica Marianne Hernández, presidenta de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Pacunam, que auspició el proyecto de investigación con la tecnología LiDAR.
“Con este estudio se identificaron 180 sitios arqueológicos, en los cuales se pudo registrar 14 mil eventos de saqueo sistemático”, agrega. “Hay muchos mapas ampliamente disponibles, pero lo que propicia la depredación es la falta de control”, aclara.
Según el Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, en el 2016 y 2017, se presentaron al Ministerio Público 16 denuncias de depredación de bienes culturales en lugares como Naachtún y San Benito, Petén, detectados por guardias durante las rondas de los sitios.
“No podemos darle valor a lo que no conocemos, la mejor manera de proteger es garantizar su control constante con presencia de varias instituciones, como sucede en Tikal”, expone Hernández. “Incrementar el turismo es clave para asegurar que haya presencia del Estado y que estos recursos no sean destruidos por actividades ilícitas”, agrega Estrada-Belli.
La viceministra del Patrimonio Cultural y Natural, Gladys Palala, indica que se está coordinando con instituciones públicas y Pacunam un convenio marco y cartas de entendimiento para un plan de manejo de las nuevas áreas. “No tendríamos la infraestructura ni los recursos económicos para dar cobertura a 2 mil 100 km cuadrados de selva. Es un trabajo institucional público y privado con una plataforma legal”, añade.
Acceso a los lugares selváticos
El proceso de excavación de los nuevos lugares será muy cuidadoso y, por tanto, prolongado. El mayor reto que enfrentarán los expertos es el aislamiento de los sitios, así como la falta de confianza de la gente local que no distingue entre arqueólogos legítimos y saqueadores, expone Estrada-Belli.
“Con las nuevas imágenes se ha demostrado que no solo es importante conservar las áreas ceremoniales de los sitios arqueológicos —plazas con templos, palacios y estelas—, sino las áreas periféricas donde se encuentran los campos agrícolas, fuentes de agua y las viviendas de la gente común, puesto que esos datos nos permiten explicar la forma en que se alimentaban y organizaban estas grandes poblaciones”, dice el arqueólogo Tomás Barrientos.
“La arqueología de excavación representa gran cantidad de dinero y personal. Nosotros —con Barrientos— hemos estudiado La Corona por 12 años, y no logramos avanzar por falta de presupuesto científico”, añade Canutto.
“Será una labor muy grande y se va a necesitar mucha ayuda nacional e internacional para acceder a estos lugares selváticos”, refiere Palala. También se coordinará con el Conap para que la apertura de caminos y carreteras no afecten la flora y fauna de la Biosfera Maya.
Castigos por apropiación ilícita
Según el artículo 332 B, Hurto y Robo de Bienes Arqueológicos, del Código Penal, se impondrá prisión de 2 a 15 años a quien se apropie de productos de excavaciones arqueológicas, regulares o clandestinas, o de descubrimientos.
También, de ornamentos o partes de monumentos arqueológicos, pinturas, grabados o estelas.
Según el artículo 332 C, Tráfico de Tesoros Nacionales, del Código Penal, se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de Q5 mil a Q10 mil a quien comercialice, exporte o transfiera la propiedad o tenencia de bienes patrimoniales.
La misma pena tendrá quien compre estos objetos hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad.
¿Cómo legalizar piezas?
La Constitución prohíbe la enajenación de bienes culturales, por pertenecer estos al Estado. Por ende, nadie puede comprarlos y solo quedan en resguardo de colecciones privadas y públicas.
Para que las piezas arqueológicas que las personas tengan en su poder sean lícitas, deben registrarlas en el Departamento de Registro de Bienes Culturales, 12 avenida 11-11, zona 1. Se debe presentar DPI, fotografías del objeto y declaración jurada de que la pieza no se obtuvo mediante compraventa. Para denunciar la venta de estos bienes, escribir al correo traficoilicito@gmail.com
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