La mañana de este martes, varios músicos e integrantes de distintas asociaciones nacionales asistieron a una vista pública en la Corte de Constitucionalidad para pedir que se declare sin lugar las acciones de inconstitucionalidad parcial presentadas por la cámara.
Según los músicos y artistas, entre los que se encuentran el cantante Francisco Páez y el productor Giacomo Buonafina, persiste una intención de negocios y comercios por evitar el pago del uso de la música en espacios públicos.
“El problema es que algunos usuarios de la música no quieren pagar la licencia”, explicó Páez, quien es también de presidente de Musicartes, que es la Sociedad de Artistas de la música y obras audiovisuales.
Los artistas llevaron pancartas con frases como “La música es propiedad privada” y “El artista tiene derecho a una vida digna”, con las que exigieron se mantengan vigentes los artículos 115, 123 y 126 del decreto 33-98 del Congreso de la República, los cuales fueron los que la cámara pretende cuestionar a través de las acciones de inconstitucionalidad.
“Nunca he visto que una cámara de comercio quiera modificar la ley para no pagar licencias. Fuimos a la Corte para defender a los músicos que estamos representando”, agregó el vocalista. “Las canciones son un bien de propiedad privada y la mayoría de negocios no pagan por reproducir las canciones”.
Denuncian arbitrariedad en los cobros
En respuesta, la Cámara de Comercio publicó un comunicado en el asegura que “reconoce el derecho de autor” y que las acciones de inconstitucionalidad parcial fueron presentadas porque “muchos de nuestros asociados se han visto afectados por cobros excesivos y arbitrarios por parte de las Sociedades de Gestión Colectiva que no son razonables a su actividad comercial”.
Comunicado a la opinión pública respecto a la "Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos" pic.twitter.com/40X6RqSmGs
— CCG (@NEGOCIOSENGUATE) February 5, 2019
“El problema es que cada asociación tiene una tarifa diferente y actúan de manera distinta”, comentó Cristian Mayorga, director ejecutivo de la cámara. “Cuando hemos exigido ver los derechos que cada uno representa, no hemos tenido acceso a esa información”.
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“Las asociaciones tienen exigencias y cobros diferentes. Además, obviamente la tarifa no podría ser la misma para un negocio como, un espectáculo público o una tienda de electrodomésticos”, complementó. Para esa institución, no existen parámetros claros en la fijación de tarifas.
Buscan el respeto al artista y productores
Esas asociaciones a las que hace referencia Mayorga son tres: AEI (Sociedad de Gestión Colectiva), AGINPRO (Sociedad de Gestión Colectiva administradora de los derechos de los productores de fonogramas) y Musicartes. En ese orden, velan por los derechos de autores, productores y conexos, e intérpretes y ejecutantes.
Según Páez, las que cobran únicamente son la AEI por las retribuciones a los autores y AGINPRO, por los conexos. Esa representatividad es la que se busca esté retribuida en los cobros y, según su criterio, no existe ambigüedad en ello.
“Como autor, tenemos derecho sobre nuestra música porque vale un montón; como intérprete, temenos derechos conexos y los productores también”, contó el músico. “Es preocupante que por quere evitar el pago de las licencias quieran meterle mano a nuestra constitución”.
Por su parte, desde la Cámara de Comercio, aclaran que “estamos de acuerdo que tienen que cobrar con la música. Entonces hagamos las reglas claras, los procesos y a quiénes pagar”, dijo Mayorga.
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