Por aparte, la fiscal general, María Consuelo Porras, instó al Gobierno de Guatemala y a la Organización de Naciones Unidas, para que se haga efectivo lo convenido en el acuerdo en mención respecto de la solución de controversias.
Además expresa que el principio de legalidad fundamenta el debido proceso respecto a las normas, por lo que el pueblo de Guatemala puede tener la plena certeza que nuestro actuar siempre se regirá bajo un irrestricto apego y obediencia a la Ley.
Varios grupos de la sociedad civil rechazaron las medidas del Ejecutivo, las cuales califican de obstrucción de la justicia y buscan frenar los casos iniciados por los investigadores del ente de las Naciones Unidas.
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La CSJ informó que no se conocieron los diferentes amparos presentados esté miércoles y que el procedimiento establecido es que se les dio trámite, por lo que se fijaron 48 horas para que las partes denunciadas entreguen un informe circunstanciado.
Mientras que el vocero de la CC, Santiago Palomo, indicó que desde la semana pasada quedó establecido que se iba a realizar el pleno, sin embargo, las acciones presentadas no estaban agendadas.
Las acciones están dirigidas en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el director de Protocolo y Ceremonial Diplomático, del cual se desconoce quién es, así como del director del Instituto Guatemalteco de Migración, Carlos Emilio Morales, por la revocatoria de visas de ocho investigadores de la Cicig y tres de sus familiares.
En la CC se presentaron tres acciones. Acción Ciudadana pide que se determine si procede o no la destitución de Jovel por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia, por haber dejado sin efecto las visas y credenciales de los investigadores de la Cicig.
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El abogado Alfonso Carrillo, por su parte, presentó una apelación de auto de amparo, también en la CC, en la que pide se otorgue el amparo provisional que no le fue otorgado por la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en octubre pasado, y una ejecutoria de amparo.
Mientras que investigadores de la Cicig apelaron como terceros interesados el amparo rechazo a Carrillo.
En la CSJ se presentaron cuatro acciones, la primera por la Fundación Myrna Mack, contra Jovel. Eleonora Muralles de la Fundación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) accionó contra el jefe de Control Migratorio
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), también accionó contra los mismos funcionarios, y un grupo de Autoridades Ancestrales se sumaron como terceros interesados en la acción planteada por la PDH.
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