El sistema penitenciario reportó que por lo menos en un 52 por ciento de casos el tiempo promedio que pasa una persona privada de libertad en prisión preventiva es de 10 meses, y el 31 por ciento de los casos supera los 2 años.
A eso se agrega que hay un alto número de personas que cumplieron su condena en prisión o podrían gozar de redención de pena, pero no consiguen recuperar su libertad en el tiempo oportuno, debido al registro inadecuado del Estado.
La responsabilidad queda en los acusados o sus defensores de mantener el récord procesal, acción que desfavorece a los acusados que no cuentan con un abogado particular.
Lo anterior tiene como consecuencia hacinamiento en los centros de detención. En el ámbito nacional se registra un 219 por ciento mayor a la capacidad de las cárceles, pero hay centros de privación en el que ese porcentaje es mayor.
El estudio fue elaborado por la Defensoría del Debido Proceso en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH).
Centros con más hacinamiento
- El Boquerón: 599%
- Centro de Orientación Femenina: 411%
- Centro de Detención Los Jocotes: Zacapa 405%
- Centro de Rehabilitación Puerto Barrios: 381%
- Granja Canadá, Escuintla: 378%
- Centro de Detención para mujeres Santa Teresa: 303%
El documento señala que al 20 de julio del presente año habían 20 mil 707 personas privadas de libertad en Guatemala.
Según el Sistema Penitenciario, las personas que aún no han resuelto su situación sumaban 9 mil 585, es decir el 46.2 por ciento del total de los privados de los reclusos, de los cuales el 10 por ciento son mujeres.
El estudio señala que durante los últimos cinco años esa población se ha mantenido arriba del 48 por ciento y que en 2012 y 2014 la población sin resolver su situación superó el 50 por ciento.
Esta situación sucede pese a que el marco legal en Guatemala establece que la prisión preventiva debe ser excepcional y proporcional al delito acusado y que las normas que la regulan tienen que interpretarse restrictivamente a favor de la libertad.
Muertes aumentan
Otra conclusión del estudio es que en 2015 hubo un incremento exponencial de muertes violentas en los centros de detención, ese año se registraron 54 casos, mientras que entre 2010 y 2014 fueron 23.
Las estadistas de este son igual de alarmantes ya que de enero a agosto de 2016 se contabilizaron 90 muertes de personas privadas de libertad dentro de los centros penales, de las cuales 40 son muertes violentas.
La OACNUDH y la PDH consideran importante que una atención específica a la situación de la prisión preventiva puede contribuir a reducir de manera efectiva la problemática de hacinamiento y otros problemas conexos.
