primeras hidroeléctricas
La presa, una enorme mole de 110 metros de alto, casi dos veces la altura del edificio de Finanzas y del largo del puente del Incienso, forma un lago artificial que es alimentado a través de un túnel de 26 kilómetros de largo, uno de los más grandes del mundo, según su diámetro (5.95 metros), se conecta con una tubería de un kilómetro de largo y 3.65 metros de diámetro, por lo cual se aprovecharía una caída bruta de 500 metros, que permitiría accionar cinco turbinas pelton que mueven cinco generadores de 60 megavatios cada uno, es decir que su potencia sería de 300 MW.
La energía producida es traída a la capital por medio de una transmisión de 120 kilómetros.
El objetivo de la construcción de ésta obra era para disminuir el consumo de combustible para la generación de energía.
La construcción del complejo inició el 21 de abril de 1977 durante la administración de Kjell Laugerud García, con un costo inicial de Q360 millones, siendo su costo final de Q850 millones, aumentando debido a la inflación de esos años y el cambio de algunas especificaciones a raíz del terremoto de 1976.
El 16 de diciembre de 1985 fue inaugurado el complejo hidroléctrico de Chixoy por el jefe de Estado de facto, Óscar Mejía Víctores, entrando en operaciones en esa fecha. Su vida útil está calculada para 50 años.
Conflictos
Durante el régimen del general Fernando Romeo Lucas García se declaró el sector donde se construiría la hidroeléctrica en zona de emergencia, por la inminente obra.
El gobierno ofreció trasladar a los habitantes de las diferentes aldeas aledañas y que serían perjudicadas a otros asentamientos. Sin embargo muchos de los habitantes estaban en desacuerdo con las disposiciones gubernamentales y fueron acusados de subversivos y de pertenecer a la guerrilla.
Uno de estos casos más emblemáticos fue el de la aldea Río Negro, la cual fue arrasada por la acción contrainsurgente del gobierno militar.
El 30 de octubre de 1993 sale a la luz la barbarie: 177 osamentas fueron halladas en un cementerio clandestino, los restos pertenecían a los habitantes de Río Negro cuyos sobrevivientes acusaron a los Patrulleros de Autodefensa Civil y al Ejército de haber cometido la masacre.
El total de personas asesinadas por el régimen militar por negarse a abandonar sus tierras entre 1981 y 1983 asciende a unas 434 personas.
Durante el conflicto armado interno, en su fase final en la primera década de los años noventa varias torres de transmisión de energía fueron derribadas por las acciones de la insurgencia lo cual provocó apagones de varias horas en la capital, principal beneficiaria de Chixoy.
Otras crisis obligaron al gobierno a hacer racionamientos de energía, suspender el servicio en varios sectores, como pasó en 1991 cuando el nivel del embalse se encontraba tres metros y medio sobre su nivel mínimo debido a la poca caída de lluvia en dicho periodo.
Resarcimiento
La lucha de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica, por una indemnización justa continúa, aunque han habido momentos de tensión, como ocurriera en septiembre de 2004 cuando la hidroeléctrica fue ocupada por unos dos mil campesinos.
En septiembre de 2006 se firmó un convenio entre el Gobierno y 23 comunidades para buscar solución a las demandas de los afectados. A pesar de los acercamientos los avances son pocos.
Cuatro años después, en 2010 una comisión presidencial acordó con las comunidades un plan de reaparación de daños por Q1 mil 200 millones, que incluía tierras, viviendas, proyectos de desarrollo y de servicios básicos.
El Estado de Guatemala fue condenado en 2012 por las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Río Negro, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo en 2014 el Gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno guatemalteco para que cumpliera con el resarcimiento de las víctimas de Chixoy como una de las condiciones para continuar con la ayuda económica, según la Ley de Asignaciones Consolidadas aprobada por el Congreso de dicho país.
En esa época Prensa Libre acudió a verificar la situación de los residentes en Pacux, zona donde fueron trasladados los habitantes de la cuenca de Chixoy tras la construcción de la hidroeléctrica, corroborando las condiciones precarias en las que vivían, ya que manifestaron que no recibieron ninguna compensación económica, ni las facilidades habitacionales ni de servicios básicos, según ofrecieron las autoridades militares en su momento.
El gobierno, entre 2015 y 2016 ha indemnizado a 858 familias y faltan mil 416 a Julio de 2016. Se espera que en 2017 se finalice la indemnización y se continúen con los proyectos de desarrollo en la comunidad.
