Ahora la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) intenta erradicar el “arrastre”, que a la fecha suma Q118 millones 846 mil 534 pendientes de pago por las obras en mención.
A esas construcciones se suman 735 presupuestadas para este año, las cuales en el 2016 no fueron concluidas y comprometen Q218 millones en su ejecución.
Uno de los inconvenientes con los proyectos anteriores al 2016 es que no fueron incluidos en el presupuesto general del año pasado ni en el actual, ni 2018, por lo que la deuda se sigue acumulando.
“Se han hecho muchas obras por intereses políticos y de diputados. Habrá que establecer si es una deuda que el Estado adquiere o una obra de arrastre”, enfatizó el jefe de la SCEP, Jorge Arreaga.
Los departamentos con más proyectos acumulados son Guatemala, El Progreso, Santa Rosa, Quiché y Sacatepéquez.
“Uno de los focos de corrupción ha sido a través de la supervisión, donde establecen que el avance físico es total, para que el financiero esté igual y la realidad es otra. Hemos tratado de erradicar eso”, explicó Arreaga, quien añade que actualmente ocho personas son las encargadas de inspeccionar a escala nacional.
“Nuestra obligación es no caer en deuda. La idea de la Secretaría es terminar con esto y que el presupuesto sea específico para el año que corresponde. Quizá el año pasado lo mirábamos como un sueño, pero ahora no tanto”, dijo el secretario.
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La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia solo cuenta con ocho personas para la supervisión de las obras de arrastre en ejecución y los proyectos del año en curso.
En 2016, el presupuesto fue de Q2 mil 101 millones, pero solo fueron ejecutados Q1 mil 219 millones. Para el periodo actual hay una asignación de Q2 mil 112 millones y dos mil 170 obras programadas.
Para finales de este mes la entidad espera haber completado la inspección de 560 trabajos de arrastre de los 735 reprogramados.
El año pasado la ejecución de los Consejos de Desarrollo llegó a un 81 por ciento.
En 2017, del presupuesto para las obras nuevas solo han sido trasladados por el Ministerio de Finanzas Q391 millones, un desembolso de 18.52 por ciento. Además, los ejecutores han firmado más de mil 700 convenios.
Esa práctica no será utilizada con proyectos del 2017 que no se concluyan, porque esta vez no fue solicitado, aunque la SCEP cree que era opción para “erradicar el arrastre”.
Según Arreaga, no hay ninguna obra que no tenga avance físico o financiero. La Contraloría General de Cuentas ha acompañado el proceso, refirió.
“Lo que encontramos es que sí existen las obras, que sí tienen avance físico y financiero. Me atrevo a decir que no hay irregularidades”, enfatizó.
Los departamentos con la ejecución más baja el año pasado fueron Izabal, Sacatepéquez, Jalapa, Totonicapán y Zacapa.
Los trabajos estaban enfocados en agua y saneamiento, educación, salud y asistencia social y agropecuaria.
Clientelares
El experto en transparencia de Acción Ciudadana Edi Cux García considera que las obras tienen un trasfondo político desde que son presupuestadas y se empiezan a ejecutar. En esa situación contribuyen los cambios de gobierno y que el presupuesto no alcanza para que se mantengan.
“Al final se mantienen, sin llegar a los beneficiarios finales. Los avances físicos y financieros no son congruentes y también tiene mucho que ver la forma como tradicionalmente se ha manejado de manera opaca, que no permite verificar por parte de los vecinos el verdadero avance de las obras”, afirmó el experto.
Cux García le apuesta a que el Ejecutivo trabaje en una planificación que evite que haya obras nuevas sobre otras que no han sido concluidas.
“El sistema de Consejos de Desarrollo no responde a las necesidades de las personas y es por eso que muchas obras no llegan. Hay carreteras que no han sido terminadas desde hace años. El presupuesto no existe”, puntualizó.
