Había cinco artículos que todavía mantenían la aplicación de la pena de muerte. El objetivo fue estar a la vanguardia del Derecho Penal a nivel mundial y latinoamericano, sobre todo siendo respetuosos de las garantías fundamentales.
¿Sobre qué base se presenta la acción?
Se planteó porque la pena de muerte se incorporó en una reforma posterior a la ratificación a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Una vez ratificada la convención, el Estado de Guatemala se comprometió a no incorporar dentro del ordenamiento jurídico la pena capital. Y posterior a ello se hicieron reformas e incorporaron la pena de muerte, inobservando la obligación internacional.
Con esta resolución, ¿qué falta para que se elimine la pena de muerte?
Con esta resolución, la Corte de Constitucionalidad expulsa la figura de la pena capital. Prácticamente inexistente en el ordenamiento dentro de los delitos para ser aplicable. Esto le abre la puerta al Congreso para hacer una manifestación política para abolir la pena de muerte.
¿Se puede legislar de nuevo sobre la pena de muerte?
Hoy, desde el punto de vista judicial, Guatemala se suma a los países que ya no regulan la pena de muerte y no podría ser aplicable en un futuro, sobre todo con este precedente constitucional. Prácticamente lo sucedido es una abolición judicial de la pena capital.
¿Tienen algún interés particular que los llevó a accionar?
Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Integridad. Somos un grupo de personas de varias profesiones con la idea de crear una organización que apoye a la ciudadanía para hacer auditoría social.
