“Lo que la Corte Suprema ha determinado es que si una persona entra a una casa, ese hecho no se puede calificar como un delito de violencia”, precisó. “Es decir, los agentes de inmigración del Gobierno no pueden decidir la deportación de una persona que cometió un robo y proceder a su expulsión basado en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia”.“La duda que me queda”, indicó Velásquez, “es que en algunas sentencias de un año de cárcel por otros delitos se califican como felonías y en esos casos no existe ningún tipo de remedio para el inmigrante”.
“Es extremadamente importante porque los agentes de ICE se verán limitados cuando busquen alguna manera o razón para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante negándoles el derecho a un perdón”, recalcó Velásquez.
Golpe para el gobierno
La decisión es un golpe para el gobierno del presidente Donald Trump que, al igual que el de su predecesor Barack Obama, había defendido la ley ante la Corte Suprema.
Este revés, sin embargo, ocurre en momentos en que Trump está poniendo el tema de la inmigración en el centro del temario nacional.
El caso examinado por el tribunal se centra en James Dimaya, un inmigrante de Filipinas que vino a Estados Unidos cuando tenía 13 años en 1992. Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California. Tras ser acusado de robo en California, el Gobierno inició trámites para deportarlo, argumentando que se trató de delitos violentos.
El caso fue debatido inicialmente en enero del 2017, cuando a la Corte Suprema le faltaba un juez, pues había fallecido Antonin Scalia y no había sido reemplazado. No hubo decisión, posiblemente porque hubo un empate de 4-4. Una vez que se incorporó el magistrado Neil Gorsuch, el asunto fue debatido nuevamente.
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