El Xicay, un castigo comunitario que divide opiniones en Santa Cruz del Quiché

Los azotes son parte del castigo comunitario establecido por autoridades indígenas del lugar, quienes lo denomina el “Sagrado Xicay”. El encargado de aplicarlo es el alcalde indígena, Juan Zapeta, un personaje admirado por unos y odiado por otros.

Zapeta ha sido el responsable de azotar a hombres, mujeres y adolescentes que han sido señalados de robo de animales o violaciones.

El líder comunitario asegura que, gracias a la aplicación de ese castigo, en el pueblo se mantiene el orden y la tranquilidad. 
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“Nuestros abuelos nos enseñaron que el Sagrado Xicay -rama de durazno o membrillo con las que se dan los azotes- sirve para corregir y no para castigar, por eso nos oponemos al concepto de castigo maya, simplemente tratamos de reencauzar al delincuente”, señaló.

Par muchos ese tipo de castigo es una práctica cruel, pero según Zapeta, nunca se le aplica una carga superior a la que la personas señalada pueda soportar. Dijo que son de 10 a 40 azotes, dependiendo si es reincidente o no; además, se aplica una especie de expulsión del municipio cuando ya no se puede corregir.
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“No podemos permitir que los delincuentes tomen el control de nuestras comunidades como lo hicieron en Guatemala -la capital-, Chimaltenango y otros departamentos que están de rodillas ante los mareros, extorsionadores, secuestradores y toda clase de delincuentes”, dijo Zapeta.

Evolucionan

Desde que se empezó a aplicar el castigo comunitario esa práctica ha ido evolucionando. Se inició con los azotes con ramas de algún árbol, y desde el año pasado, se aplica el Xuculem, cuando el señalado debe caminar de rodillas por la plaza, así como la expulsión del municipio.

También se ha obligado a resarcir a las víctimas; por ejemplo, unos hombres acusados de haber robado un microbús fueron obligados a pagar el vehículo. Otro caso es el de un hombre que aceptó haber violado a una mujer, y fue obligado a comprar una propiedad y a pagar la manutención de los hijos de la víctima hasta que cumplieran la mayoría de edad; además fue azotado.

Zapeta manifestó que es la implementación de las correcciones que tenían “nuestros abuelos”. legalmente nos amparamos en el convenio 169 de la OIT y el artículo 66 de la Constitución, que establece que se debe respetar las costumbres y tradiciones de un pueblo”, comentó.
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A todos por igual

Zapeta asegura que la aplicación de la corrección es para todos, sin importar que se ostente un cargo público.

“Siempre hemos manifestado que si nos hubieran dado el caso de Otto Pérez Molina ya lo hubiéramos resuelto, se le obligaría a devolver todo lo que se robó, y si no, queda comprometido a trabajar comunitariamente hasta que pague lo que se llevó, creo que ameritaría 40 azotes y el Xuculem”, puntualizó.

Oposición

Lucas Argueta, guía espiritual de Santa Cruz del Quiché, dijo que respeta las decisiones de la Alcaldía Indígena, pero no las comparte.

No hay una sola base histórica que demuestre que nuestros antepasados aplicaban castigos como azotes o moverse sobre sus rodillas.  “Nuestros abuelos decían póngalos a trabajar, porque a través del trabajo el hombre o la mujer recapacitan sobre sus malas acciones”, señaló.

Flavio Ruíz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Quiché, expresó su desacuerdo a esa práctica.
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“Esto es una violación a los derechos fundamentales de una persona, he tenido varias reuniones con otras autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché que no están de acuerdo con este tipo de castigo”, dijo el funcionario.

Denuncia

En octubre del año pasado, un grupo de vecinos detuvo a un adolescente y dos niños acusados de haber robado en una tienda en Santa Cruz del Quiché.  Los menores fueron llevados al parque, donde dos de ellos fueron azotados, lo que provocó que la PDH y a la PGN presentaran una denuncia en contra de Zapeta, por maltrato a menores de edad.

El alcalde indígena dijo en esa oportunidad que los niños tenían que ser corregidos, porque de lo contrario crecerían como delincuentes.
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Juana Tzoc, auxiliar interina de la PDH de Santa Cruz del Quiché, manifestó que el derecho indígena tiene sus particularidades, pero los azotes no garantizan que el niño no vuelva a delinquir.

“Este es un problema más profundo, de falta de oportunidades, pobreza y desintegración familiar, que los golpes no solucionan”, puntualizó.

Leticia Medrano, vecina de Xesic Primero, Santa Cruz del Quiché, dijo que apoya que se castigue a los delincuentes y que sea la Alcaldía Indígena quien lo haga.

“Yo tengo más confianza en las autoridades indígenas que en las estatales”, mencionó.
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Carlos López vecino de la zona 2 de Santa Cruz del Quiché, dijo que él no es indígena, pero a pesar de eso tiene más confianza en las autoridades comunitarias que en los tribunales y la PNC.

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