A los cinco miembros de la Junta de Licitación que otorgaron el contrato de servicios médicos para pacientes renales a la empresa mexicana Pisa, la fiscalía solicitó 10 años por el delito de fraude con el agravante de que se trató de operaciones asistencialistas y de apoyo social.
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A Otto Fernando Molina Stalling, exasesor del IGSS e hijo de la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, el MP pidió una condena de 15 años por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones y una multa de Q300 mil.
En este sentido, a Herbert Rodolfo García-Granados Reyes, Ramiro Armando Lorenzana Ortíz, exdirector general de la Droguería Pisa; y Edgar René de la Peña Archila, exgerente de ventas de la Droguería Pisa, se pidió una sentencia de 15 años de prisión y Q100 mil por los delitos de cohecho activo y asociación ilícita.
Para Arturo Adolfo Castellanos Poou, exmédico del IGSS, el MP solicitó una condena de 7 años por asociación Ilícita.
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En el caso de Jorge Mario López Pellecer, exdirector de la Clínica del IGSS de Chiquimula, se pidieron 16 años en total por asociación ilícita y fraude agravado.
A Francisco Cortez Bocaleti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, se solicitaron 28 años por asociación ilícita y fraude de forma continuada con el agravante de ser un funcionario público.
A Salvador Rolando Álvarez Mérida se le solicitaron 23 años por asociación ilícita y fraude con el agravante de tratarse de operaciones asistencialistas y de apoyo social.
Para Walter Omar Linares Pacheco, exdirector médico hospitalario de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS, la fiscalía solicitó seis años por el incumplimiento de deberes.
Para Lester Otto Daniel Ortíz Lima pidieron 16 años por asociación ilícita y fraude, y finalmente a Alma Judit Méndez Blanco, por testaferato, un total de cinco años.
Contrato criminal
La Fiscalía y la Cicig reveló en 2015 que Pisa accedió a dar 16 por ciento de Q116 millones en concepto de sobornos para que el seguro social le diera el contrato para servicios de diálisis peritoneal de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.
Durante el debate se supo que hubo querellantes que aceptaron una indemnización de Pisa para desligarse del caso, pero la Fiscalía continuó la acusación.
Se estima que en el país se suman cada año mil 500 casos de insuficiencia renal.
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