Guatemala

Más eficiencia, más encarcelados: Luces y sombras en la Ley de Aceptación de Cargos

La Ley de Aceptación de Cargos (LAC), de ser aprobada en el Congreso de la República, podría incrementar la eficiencia del Organismo Judicial (OJ) sensiblemente. No obstante, existe la posibilidad que agrave la saturación en el sistema penitenciario.

La sobrepoblación carcelaria es uno de los mayores problemas del Sistema Penitenciario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La sobrepoblación carcelaria es uno de los mayores problemas del Sistema Penitenciario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Bajo el supuesto que el 15% de los procesados del 2017 se hubieran acogido a la LAC, el OJ podría haber logrado resultados en 26 de cada 100 casos procesados, lo que representaría un aumento en su eficiencia de 7 puntos porcentuales, señaló  un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).


Francisco Quesada, quien dirigió el estudio, explicó que durante el 2017 el OJ logró una eficiencia del 18.7% de los casos que ingresaron al sistema de justicia, es decir, aproximadamente en dos de cada 10 tuvieron un resultado.

Bajo la LAC las personas podrían aceptar cargos que el Ministerio Publico formule a cambio de obtener una rebaja en la pena, la cual debe ser acogida por el juez. Luego, quedará a disposición de la justicia para colaborar como testigo y resarcir a la víctima. El individuo seria sentenciado a ciertos años de prisión inconmutables.

El Cien estimó que por cada 5% de procesados que se acoja a la LAC, el OJ podría incrementar su eficiencia en 2.3 puntos porcentuales.

Quesada calificó la propuesta de muy innovadora y aseguró que tiene potencial para ser una herramienta que descongestione el sistema judicial y se reduzca la mora.

En 2017, un total de 67 mil 600 personas fueron vinculadas a proceso penal. De estas, 34 mil 109 de los casos fueron egresados y 14 mil 335 quedaron pendientes. Los procesos que quedaron sin resolverse se sumaron a la mora judicial que se ubicó en 134 mil 218 casos.

Saturación en presidios

Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), reconoce que la LAC ayudaría mucho a la institución que dirige, pues daría flexibilidad al proceso y la posibilidad de una ruta más expedita para que los interesados diluciden su  situación legal.  

No obstante, Arévalo señala que se requiere más análisis en los efectos a corto y mediano plazo que podrían provocar su aplicación.

La directora señala que la LAC podría agravar la situación de hacinamiento que experimentan las cárceles del país, pues toda la población que se beneficie con esta ley deberá cumplir una sentencia en prisión.

“Como está redactada la iniciativa, solo puede existir una resolución condenatoria y esta terminaría en prisión”, comentó.

La opinión de Arévalo  es respaldada por Gerardo Villamar, titular de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

“Nuestro sistema penitenciario no está preparado para recibir a todos los privados de libertad que vendrían de la aplicación de la LAC. Estamos hablando que actualmente hay casi 25 mil privados de libertad, la mitad guardando prisión preventiva y el sistema de presidios fue diseñado para acoger 9 mil”, confirmó el defensor.

Villamar aseguró que el sistema de presidios ha sido abandonado y su capacidad excedida por mucho desde hace décadas. 

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