Además, el hermano de la entonces vicepresidenta habría sostenido comunicación de manera frecuente con otras personas con acceso a información de primera mano de Amsa, según relató al Tribunal Héctor Antonio Blanco, testigo de la Cicig, quien explicó que Mario Baldetti también envió correos a Sandra García, Lisbeth Alonso y Édgar Estuardo Ríos.
La fiscalía busca probar que Mario Baldetti tenía control sobre el proceso de licitación que terminó beneficiando a la empresa israelí M. Tarcic con una supuesta fórmula para limpiar el Lago de Amatitlán.
En un correo enviado el lunes 14 de julio de 2014, Sanchinelli le informa a Mario Baldetti que, gracias a la intervención de Roxana Baldetti, el Ministerio de Finanzas incrementó el techo presupuestario para AMSA para atender el proyecto.
El testigo de la Cicig también explicó que el 5 de febrero de 2015, Lisbeth Alonso, le envió un correo electrónico a Sandra García, jefa administrativa de AMSA, donde adjuntaba un documento con las bases de licitación para la aplicación del producto que se vertería en el lago y se lee que lo envía “por instrucciones de Black”, apodo que era utilizado para referirse a Juan Carlos Monzón.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti lideró una estructura criminal, que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.
De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones.
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