El defensor señaló que, contrario a lo que dice la investigación del Ministerio Publico y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Suárez Guerra no conocía al resto de implicados en el caso, con la excepción de los otros miembros de Junta Directiva, presidida por Juan de Dios Rodríguez, también implicado en el caso.
“No pudo existir la concertación requerida para que se cometiera el delito pues mi cliente no conoció a ninguno de los otros implicados. No existen pruebas que demuestren que él se comunicó con alguien para acordar algo”, dijo García Pimentel.
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El abogado le aseguró al tribunal que su patrocinado no se benefició económicamente por la aprobación del contrato de diálisis con la Droguería Pisa.
“Según indica el MP, Suárez Guerra debió ser un defraudador como Robin Hood porque él hizo esto a pesar que no recibió ningún beneficio. Para que exista fraude debió existir un beneficio”, finalizó.
Suárez Guerra perteneció a la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) como vicepresidente designado por Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
Es acusado del delito de fraude y el MP solicitó que fuera condenado a 15 años de prisión debido a que se le aplicó el agravante de que el delito lo cometió siendo un funcionario público.
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El pasado 1 de agosto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un comunicado oficial pidiendo una “resolución justa” para Suárez Guerra.
“Al igual que Julio Suárez, presidente del Banguat, su participación en la Junta Directiva del IGSS le ha costado un injustificado proceso penal que ya lleva más de tres años. En 2015 el MP le acusó de defraudar al Estado por su supuesta conspiración para la contratación de la empresa PISA, cosa que la fiscalía no ha probado”, dice el comunicado.
Contrato criminal
La Fiscalía y la Cicig revelaron en 2015 que Pisa accedió a dar 16 por ciento de Q116 millones en concepto de sobornos para que el IGSS le diera el contrato para servicios de diálisis peritoneal de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico.
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Durante el debate se supo que hubo querellantes que aceptaron una indemnización de Pisa para desligarse del caso, pero la Fiscalía continuó la acusación.
Se estima que en el país se suman cada año mil 500 casos de insuficiencia renal.
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