Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP), indicó que por seguridad no puede dar a conocer los nombres de las autoridades en centros penales y tampoco brindar detalles sobre traslados.
El vocero aseguró que únicamente podía informar que “hubo una reubicación de la administración de la Granja Penal Cantel” y que “el contrato lo permite”.
“El tema de traslados de autoridades no se maneja de manera pública derivado a aspectos de prevención, la plaza de director no es de un centro en especifico, no están asignados a un solo penal y pueden ser trasladados cuando la autoridad superior lo requiera, no se pueden dar nombres porque se incumpliría el protocolo de seguridad”, indicó Esquivel.
Extraoficialmente se conoció que Sara Dardón, quien estaba a cargo de la cárcel, fue trasladada a otro centro por amenazas de los reos y en su lugar llegaría un nuevo funcionario del que se desconoce el nombre, ante esta situación Esquivel afirmó que “las amenazas son un tema que se aclarará con la investigación del Ministerio Público¨.
El 19 de agosto pasado se registró un disturbio en la granja que dejó cuatro reos muertos y seis heridos, tres fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente y tres fueron atendidos en la cárcel, la fuerzas de seguridad informaron al inicio que Dardón resultó herida, hecho que no fue confirmado por el SP.
Despues del motín, por medio de una requisa, se encontró en la cárcel una pistola. Además, los familiares de uno de los reos muertos, que resultó ser menor de edad, solicitaron que se investigue qué hacía recluido en una cárcel para adultos.
Un factor que contribuye a la inseguridad
De acuerdo con analistas, la Granja Penal Cantel contribuye a la inseguridad en el departamento debido a los ilícitos que en esta se cometen como extorsiones y el ingreso de objetos prohibidos -pistolas, drogas, celulares y otros objetos-.
“Lo sucedido en la granja tiene efectos en la población, demuestra que hay una enorme cantidad de ilícitos que se siguen cometiendo como el ingreso de armas, de aparatos eléctricos, de celulares, de drogas, entre otros”, dijo Dennis Rodas, integrante del Observatorio Ciudadanos Xela ¿Cómo Vamos?, enfocado en seguridad, salud y educación.
De acuerdo con los registros del SP hasta el día de la balacera habían dos mil 171 reos y la capacidad de esta cárcel es para 600 reclusos.
Para Walter Menchú, analista en temas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el descontrol de las cárceles “es enorme e incrementa la migración de pandilleros”.
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“Es un problema grave el tema de las bandas que operan desde la cárcel, uno tiene la esperanza de que los van a capturar, los van a meter a la cárcel y van a dejar de operar, pero siguen operando, es echar agua en un balde roto porque se sale de nuevo”, dijo Menchu.
De acurdo con el analista se debe retomar el control de las cárceles “pero el control no se va retomar con unas cárceles que están hacinadas en 350 por ciento, qué control va haber ahí”, manifestó.
Menchu estima que es necesario construir nueva infraestructura y separar a los privados de libertad por perfiles.
“Hay perfiles que necesitan estar en condiciones de máxima seguridad, incluso que solo tengan una hora de sol al día como ocurre en otros países, aquí todos están libres y no están ocupados, como lo que saben es delinquir empiezan a hacerlo desde adentro, entonces es una pata de la mesa que está coja y que hay que subsanar”, concluyó.
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