El abogado del Estado manifestó que dentro de las facultades otorgadas al Presidente de la República está cumplir y hacer cumplir la Ley, y la plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general. “De esta cuenta el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional”, refirió el procurador.
Donado también señaló que los funcionarios y empleados públicos no son superiores a la Ley, pero sí están sujetos a ella y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se delega.
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Resoluciones ilegales
Sobre la posición de la PGN, el abogado Raúl Falla, de la organización Guatemala Inmortal, manifestó que no es una noticia nueva, por lo que es necesario tomar conciencia de que la CC y los cinco magistrados titulares han cometido una serie de actos ilegales al otorgar varias acciones de amparo, en perjuicio de la soberanía y de la institucionalidad del país.
“También han dejado de actuar en otros casos como el de la Minera Sa Rafael y de otras empresas que tienen procesos de amparo en la propia corte. El procurador de la Nación, en su calidad de abogado del Estado, hizo referencia a los cinco magistrados y como abogado está tomando las acciones debidas para promover en días futuros alguna acción judicial en contra de ellos, además, que las actuaciones sesgadas han venido desde que tomó posesión esta Corte”, refirió Falla.
El profesional añadió: “Hay cinco magistrados que están sindicados de una serie de hechos delictivos; la Cicig y el procurador de Derechos Humanos, sabiendo el pasado oscuro que tiene los magistrados con sus resoluciones ilegales, lo han aprovechado para señalarlos y exigirles que emitan resoluciones de tal forma, de lo contrario, los denuncian”.
Todo lo contrario
El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas indicó que la actual Corte de Constitucionalidad ha estado pegada a Derecho.
“Las declaraciones de PGN son bastante a la ligera y sin ningún fundamento, y si así fuese el caso tendría él la obligación de poner una denuncia por algún ilícito que ellos hayan cometido en el ejercicio de su función. Porque lo único que se logra con este tipo de declaraciones es desacreditar las instituciones y eso debilita el estado de Derecho”, refirió Rodas.
El magistrado de conciencia agregó que el procurador general de la Nación aduce que están en ilegalidad porque hay votos razonados, la CC es un órgano colegiado y sus resoluciones son por unanimidad o por mayoría. “No por haber votos disidentes significa que sea ilegal, simplemente los criterios son distintos y prevaleció el que tuvo más votos”.
Consecuencias del desacato
El secretario general de la CC, Martín Guzmán, señaló que las resoluciones que se han emitido con apego al Derecho y es facultad de la Corte generar la defensa del orden constitucional.
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“Yo no encuentro ninguna norma que pueda dar la facultad de desacatar una orden de la Corte, porque precisamente hay una normativa que señala que hay una obligación de funcionarios públicos y de aquellos que se vean involucrados en una resolución de la Corte a que deben acatar la orden. Hasta aquí hay una reducción de responsabilidades penales y civiles y la Corte en una ocasión, y no quiero decir que se pueda aplicar en este caso, pero ya ordenó la destitución de un ministro de Educación, también ocurrió con miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que no cumplieron una orden de la CC”, afirmó Guzmán.
El secretario de la CC en el tema de funcionarios que son electos popularmente se limitó a decir que se debe de referir a lo estipulado en la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en la misma dice que se deberá certificar lo conducente al organismo o tribunal que corresponda.
Piden informes
La CC conoció ayer las ejecutorias solicitadas por Alfonso Carrillo, Álvaro Montenegro, Elvyn Díaz y el PDH, Jordán Rodas, acciones que buscan que se permita el ingreso de Iván Velásquez al país. No obstante, la Corte solo pidió informes circunstanciados a las instituciones denunciadas como a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Guatemalteco Migración entre otros.
Guzmán indicó que se ordenó que los informes deben entregarlos en 48 horas y sobre los amparos las 48 horas otorgadas para que entreguen informes circunstanciados finalizan este viernes.
Un grupo de manifestantes llegaron a la CC con carteles donde mostraban su apoyo al presidente y su decisión de no dejar entrar al jefe de la Cicig, Iván Velásquez. Pero también llegaron otros a favor que encendieron veladoras.
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