Falta mejorar cobertura de pacientes con enfermedades crónicas

El Programa Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Cáncer, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), refiere que el 70% de las muertes en Guatemala son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles (Ecnt), siendo las principales diabetes, afecciones cardiovasculares, cáncer e insuficiencia renal crónica.

Entre los principales problemas para cumplir con los tratamientos de las Ecnt es que estas son asintomáticas, por lo que la mitad de pacientes no saben que están enfermos y no reciben medicamentos, que son de por vida y de alto costo. Así mismo, son incurables y afectan cada vez a personas más jóvenes, por lo que se dificulta la adherencia, lo cual favorece las complicaciones. Además, en los servicios de atención primaria no siempre hay equipo de diagnóstico y no hay programa de chequeo preventivo. Los más afectados son personas de escasos recursos. “Desde el punto de vista político, no se les da importancia a las Ecnt, pues no se les asigna recursos”, expone dicho programa.

El costo total anual del tratamiento para pacientes de diabetes e hipertensión en Guatemala para el 2018, según estudio realizado por diversas instituciones, era de US$3 mil 500 millones, equivalente a Q28 mil millones, cifra cuatro veces mayor que el presupuesto del Mspas, y 30% del presupuesto general del Estado para dicho año.

El médico Joaquin Barnoya, director de Investigación de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala e Integra Cancer Institute, expone que las Ecnt son silenciosas y al estar el sistema público de salud “fracasado”, saturado y fragmentado aún más por la pandemia del covid-19, disminuyó la cobertura, pues las personas tienen temor de ser atendidos en los hospitales, para evitar contagiarse. Esta circunstancia se convierte en “la tormenta perfecta” para que aumente el número de pacientes que no son diagnosticados con estas afecciones de manera temprana. Así mismo, quienes están en tratamiento van a descontinuarlo por la misma situación, afirma.

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El principal problema de los pacientes para cumplir los tratamientos, dice Barnoya, es el costo. Sin embargo, dice, “los medicamentos sin cambio de estilo de vida, son ineficaces”.

“El éxito del tratamiento de las Ecnt es contar con recursos económicos para la detección temprana, compra de medicamentos y seguimiento adecuado de los pacientes”, expone Barnoya, quien agrega que es difícil para muchos llegar a sus citas regulares a los hospitales, por razones de distancia, costo y comodidad. Por ello, se necesitan servicios de salud más cercanos a las comunidades, pues la mayoría de diagnósticos son tardíos. “Las mamografías, colonoscopías o pruebas de colesterol y triglicéridos son exámenes que disminuyen la mortalidad y brindan mejores probabilidades de tratamiento a bajo costo”, agrega Barnoya.

Es fundamental, también, implementar campañas que insten a reducir los factores de riesgo, así como aumentar los impuestos al tabaco y publicidad de la “comida chatarra” y bebidas carbonatadas, señala.

Rosalina Samayoa Tintí, de 76 años y quien padece de diabetes desde hace 22, y de hipertensión arterial, desde diciembre del año pasado. indica que desde que comenzó la pandemia no va a consulta médica al Hospital General San Juan de Dios, pues dejaron de atender de manera externa. Por ello, decidió continuar por su cuenta con el tratamiento establecido por su médico, quien en su clínica privada cobra Q450 de consulta, una suma que Samayoa no puede pagar. El tratamiento mensual de sus enfermedades asciende a unos Q2 mil, que ha podido cubrir, gracias a que lo adquiere su hija.

El endocrinólogo Víctor Román, miembro de la Asociación Guatemalteca de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, explica que, según el Instituto Nacional de Estadística, el principal problema para tratar la diabetes es la falta de acceso a consulta médica y a estudios de detección, y cuando son diagnosticados, los pacientes no tienen disponibilidad de adquirir medicamentos de calidad, pues, a diferencia de países vecinos, son de alto costo. “El principal reto es que se reconozca a nivel superior de toma de decisiones el alto costo de las complicaciones crónicas de la diabetes y se establezcan políticas de prevención a nivel escolar y laboral”, dice Román,

Según la médica, cirujana y epidemióloga, Isabel Orozco, médico titular del Registro Hospitalario del Instituto de Cancerología, el 56% de los pacientes son atendidos en el sistema público por algún tipo de molestias y un 44%, no consultan, debido a que prefieren tratarse en casa o porque deben recorrer largas distancias hasta los servicios de salud, donde hay carencia de infraestructura, medicamento y personal médico insuficiente.

“Las ventajas de hacer un diagnóstico temprano es darle una mejor calidad de vida al paciente, generar un menor costo en el tratamiento para ellos y para las instituciones públicas y reducir muertes prematuras”, dice Orozco. A algunos se les da el diagnóstico temprano pero al no poder costear su tratamiento, regresan con el cáncer ya avanzado, puntualiza.

Trastornos de salud mental desatendidos

Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, fundada en 1952, refiere que el tema de salud mental en Guatemala está absolutamente marginado y no hay políticas públicas para abordarlo. “Aquí, el único enfoque de salud mental se refiere al 1% del presupuesto del Mspas, destinado al Hospital Psiquiátrico Federico Mora. Tampoco hay recursos ni metodología para atender de manera preventiva el tema de salud mental. Desde el sistema público, no hay atención a esta problemática”, expone Garavito, quien asevera que no se ha hecho un estudio serio para entender los trastornos mentales en el país.

En Guatemala, es común que muchas personas manifiesten rasgos paranoicos, por las altas tasas de violencia —16.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, registrados del 1 al 31 de julio del 2020—, pero si continúan su vida cotidiana, no es enfermedad sino trastorno, indica Garavito.

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A consecuencia de la pandemia, la referida liga continuó con la atención de pacientes vía telefónica, que sumaron 800 entre marzo y noviembre del año pasado, de manera gratuita. Casi la mitad de ellos vivían en la provincia, donde no hay psicólogos cercanos. “Eso demostró que mucha gente sí entiende la necesidad de la atención psicológica pero ni el sistema público ni privado, por ser este último de alto costo, se las ofrece”, indica. Las Unidades de Psicología en los hospitales son precarias y en los centros de salud no hay psicólogos, asevera.

Entre los trastornos más comunes de consulta está la depresión y ansiedad, pues los guatemaltecos se frustran con facilidad. La mayoría de casos de trastornos mentales se registran en centros urbanos y la capital, pues en las comunidades las relaciones son sanas, refiere.

“Pasé muchos años sin ser diagnosticada, debido al desconocimiento de mis enfermedades: trastorno bipolar y episodios psicóticos, por parte de los médicos. Padecí por mucho tiempo los síntomas que son sumamente molestos, ya sea depresivos o eufóricos, más los psicóticos”, indica una paciente, de 60 años, que pidió no revelar su nombre, quien comenzó a manifestar insomnio, depresión y miedo, a los 5 años de edad. La paciente, que heredó estas condiciones, debe tomar tratamiento medicamentoso de por vida, el cual le es proveído por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), que aunque es gratuito, vale Q2 mil al mes.

“La familia de un paciente con problemas mentales también necesita apoyo terapéutico para soportar la situación porque equivale a tener un paciente alcohólico o drogadicto”, indica el psicólogo Antonio Rivera, coordinador del Grupo de Psicólogos, Consejeros y Motivadores de Guatemala.

Faltan datos

El primer y único reporte epidemiológico referencial de salud mental en el país es una tesis elaborada en el 2009 por 155 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Usac, cuyos resultados arrojan que uno de cada cuatro guatemaltecos ha padecido, al menos, un trastorno de salud mental en su vida y, de los cuales, solo el 2.3% busca atención profesional.

Las mujeres son las más afectadas y el trastorno de estrés postraumático es el más prevalente en la población. La frecuencia de los trastornos de salud mental fue de 32% en el área urbana, y de 15%, en la rural. “En Guatemala la salud mental, a pesar de formar parte de los programas del Mspas, aún no constituye una prioridad dentro de ellos, al ubicarse de manera dispersa en la legislación del país”, se lee en dicho documento.

Para Rivera, se debe ampliar la cobertura a nivel nacional de los servicios psicológicos, que actualmente se concentran en las áreas urbanas, y actualizar los datos sobre salud mental en la población para poder diseñar políticas públicas adecuadas para atención primaria-preventiva y tratamientos. “El tratamiento es extenso y darle seguimiento y velar porque se cumpla es complicado. En el sector público de salud no hay esa continuidad ni trato personalizado y en el privado, tiene alto costo, en fármacos y terapia”, señala Rivera.

La depresión ocupa la principal posición entre los trastornos mentales, y es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, expone el Mspas. El gasto público promedio en salud mental en la región, añade, es apenas de un 2% del presupuesto de salud, y más del 60%, se destina a hospitales psiquiátricos.

“No hay psiquiatras u otros profesionales de la salud mental suficientemente entrenados para atender el número de individuos afectados en situaciones de emergencia; por otro lado, no parece conveniente ni necesario que la mayoría de los problemas de salud mental reciban atención medicamentosa”, añade la cartera, por lo que resulta estratégico la transferencia de conocimientos al especialista para que actúe como multiplicador.

“En Guatemala, por lo general, hay una estructura de los servicios de salud mental que no corresponde con las necesidades. Se dispone de un hospital psiquiátrico que funciona con un modelo tradicional o manicomial, ubicado en la capital, y que concentra una buena parte de los recursos humanos. La participación de la atención primaria de salud en la oferta de servicios de salud mental y la disponibilidad de recursos especializados en este nivel son muy limitadas”, dice la cartera.

Atención de VIH

Onusida Guatemala indica que 36 mil personas viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el país, y entre los principales retos    de atención está implementar estrategias para entregarle a los pacientes medicamento antierretroviral suficiente para un período de tres a seis meses, pues las clínicas, muchas veces están lejanas a su lugar de residencia.

También, se debe ampliar la oferta de profilaxis preexposición, para prevenir la infección por VIH con medicamentos antirretrovirales e incrementar alternativas para hacer llegar a los pacientes su medicamentos.

Así mismo, lograr la desconcentración y descentralización de servicios que permitan a las personas con VIH acceder a su tratamiento, pruebas de control clínico y cuidados de atención primaria cercanas a su comunidad, fortalecer estrategias de grupos de autoapoyo para evitar abandonos en el tratamiento, así como eliminar la violencia, estigma y discriminación asociados al VIH en los servicios de salud y entorno social.

Onusida destaca que el covid-19 ha impactado en las caídas en números de casos diagnosticados mensuales y de nuevos inicios de tratamiento antirretroviral.

Actualmente, el tratamiento antirretroviral en Guatemala es proporcionado a las personas con VIH, de manera gratuita, por el Mspas, en tanto que el Igss ofrece este tratamiento a sus derechohabientes. Cabe precisar que el 98% del gasto nacional en tratamiento antirretroviral en el país es financiado por fuentes públicas. Onusida refiere que, según datos de dicha cartera y del Igss, el país tiene suficiencia y disponibilidad de estos fármacos.

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Gloria Girón, coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/Sida, expone que un reto para lograr cubrir la atención de pacientes es la distancia entre comunidades rurales, donde habita casi la mitad de la población. Hay 10 Unidades de Atención Integral en VIH en la provincia, pero están ubicadas en zonas urbanas. Además, habitantes en áreas rurales tienen menor acceso a información relacionada con la transmisión, prevención y tratamiento de VIH, por lo que hay que difundir mensajes educativos a todos los grupos étnicos y hacerlo en su idioma.

Se necesita, además, dice Girón, lograr mayor financiamiento público para el tema de VIH, mejorar la infraestructura de salud, aumentar el recurso humano, ampliar los horarios de atención y procurar el abastecimiento de insumos y medicamentos.

Según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos, en el 2019 se presentaron 25 denuncias por falta de atención médica, falta de medicamentos y trato inadecuado de personas con VIH/sida. En el 2020, fueron solo tres las denuncias por falta de medicamento.

César Galindo, director de CAS, clínica de atención para hombres gais, coincide en que la descentralización de servicios de salud es uno de los retos principales, pues hay departamentos que no tienen Unidades de Atención Integral en VIH y solo atienden por las mañanas. “En el 2020 el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/Sida reportó 1 mil 915 abandonos, lo que expone a las personas al deterioro de su salud y a la transmisión del VIH a sus parejas, pues su carga viral vuelve a elevarse”, dice.

“En muchos servicios no se hace diferenciación hacia las personas con VIH con orientación sexual o identidad de género diferente, lo que amplia las desigualdades y provoca que no acudan a consulta”, refiere Galindo. “Se debe reconocer el esfuerzo del Estado por proveer tratamiento a las personas con VIH”, destaca.

Lucha contra alcoholismo

Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con el mayor índice de consumo de alcohol y con las tasas más altas de mortalidad por causas atribuidas a este, refiere el Mspas, sin precisar cifras.

Enrique Macz, presidente de Alcohólicos Anónimos Guatemala (AA), afirma que las políticas públicas deben enfocarse más en el alcoholismo, “ya que es un grave problema social que ocasiona serias consecuencias al país como accidentes, violencia intrafamiliar, desintegración social y familiar, enfermedades y abandono de empleos”. AA tampoco tiene estadísticas de incidencia de alcoholismo pero afirma que su efecto “ha sido grande”.

Jaime L., de 60 años y que comenzó a beber a los 16, está sobrio desde hace 36, gracias a la ayuda moral y sugerencias prácticas y sencillas que le brindaron en AA. “Para los gobiernos, no tiene ninguna importancia luchar contra el alcoholismo, porque no les deja ningún beneficio”, indica L, a quien la falta de recursos le impidió buscar ayuda profesional. Macz recuerda que el alcoholismo es una enfermedad. Afecta a todas las personas, sin importar su etnia, edad, género, nivel educativo o condición social. “Visión y aceptación es el camino del éxito para dejar de beber”, añade.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid) expone que la persona con alcoholismo niega tener problemas, por lo que trabajan varias etapas en el proceso de tratamiento de rehabilitación de los pacientes, que atienden de forma gratuita en el Centro de Tratamiento Ambulatorio.

Según la conducta de la persona, elaboran un plan de atención adecuado con equipo multidisciplinario. Para muchas personas con problemas de alcohol, los medicamentos forman un elemento importante del tratamiento, especialmente cuando se combinan con intervención psicosocial.

Entre las estrategias de las políticas públicas que podrían implementarse para disminuir el consumo irresponsable del alcohol, dice el Mspas, está regular la venta de alcohol, en particular a menores de edad, controlar y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas, reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y sensibilizar sobre este problema mediante mensajes televisivos o redes sociales.

Apoyo de fácil acceso

• Desde enero pasado, se comenzó a atender a pacientes en la Liga de Higiene Mental, de manera presencial, con medidas de bioseguridad.
• La sesión tiene un costo de Q120, pero también continúan con las consultas telefónicas por el 2232-6269 y 2238-3739.
• En Seccatid, se brinda ayuda gratuita a la persona que desea dejar de beber, donde también hay terapia en familia.
• Su teléfono es 2476-8010 y 3673-8194, página web y redes sociales.