Las comisiones de postulación, que retomarán labores el 6 de enero, deben exhibir coherencia ética y tener una fuerte exigencia, a fin de depurar con cautela las listas finales.

La investigación contra dos gerentes del Instituto Nacional de Electrificación por presuntamente impulsar concursos dudosos y otras acciones que podrían llegar a ser objeto de sanción, constituye una reacción acertada de la directiva de la entidad, pese a que demoró mucho en llegar.

El conflicto de interés constituye uno de los conceptos políticos y jurídicos cuya comprensión parece llevar más trabajo a funcionarios y figuras públicas, pues constantemente ocurren situaciones en las cuales una persona que se desempeña en un cargo estatal se encuentra ante la disyuntiva de servir a sus propias conveniencias o atender los intereses nacionales.

La reconstrucción institucional del país requiere de un ordenamiento jurídico alineado con una visión incluyente, sin prejuicios ni privilegios, con pertinencia cultural y eficiencia funcional.

Esa situación de anomia penitenciaria se prolonga a causa de la falta de reformas reales en esa institución dependiente del Ministerio de Gobernación, entidad que no ha sido capaz de implementar programas de detención domiciliar bajo control electrónico.

La nobleza de los guatemaltecos salta a la vista en estas semanas del ocaso del año y su proverbial alegría se comparte en espacios de reducidas oportunidades.

A todas luces es sensible el decaimiento de la funcionalidad de la PNC a raíz del desmantelamiento de su cúpula, ejecutado a comienzos del 2018 por el ministro Enrique Degenhart con el pretexto de “oxigenar” a la institución.

Debe tomarse en cuenta que buena parte del progreso regional se basa en la agilización del comercio, la unión aduanera, el intercambio de bienes industriales y el crecimiento del turismo interregional, lo cual no debería ser entorpecido por restricciones formales que solo perjudicarían a los ciudadanos y no harían mella en los grupos criminales.

Los decomisos efectuados durante el reciente estado de Sitio, declarado en 22 municipios del nororiente guatemalteco, dejaron al descubierto las intentonas por cultivar y procesar la planta de coca en el territorio nacional, como una reacción estratégica a la creciente dificultad para acarrear la droga desde el sur.

Los ahorrantes siempre deben estar protegidos, pues para eso están las autoridades monetarias y los procesos de monitoreo técnico.