La decisión del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, fue calificada de una “sorpresa” por la fiscal general, Thelma Aldana, y el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, mientras que el exministro de esa cartera Francisco Rivas dijo que la situación es lamentable y que constituye “una gran pérdida para la institución y  para el país”.  

Entérese

En este municipio, los vecinos que desean agua entubada deben cumplir con este requisito. ¿Se atreve a cumplirlo?

Sobre los cambios en la PNC, Adela de Torrebiarte, excomisionada para la Reforma Policial y exministra de Gobernación, dijo que técnica y operativamente no hay motivos para la destitución, por lo que no se puede justificar.

“Los resultados están a la vista. Los cambios obedecen más a planes del ministerio que se desconocen”, refirió.

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Exhortación

La fiscal general refirió que el  trabajo entre la PNC y el Ministerio Público siempre fue coordinado y espera que continúe así.
El procurador Rodas recordó a los nuevos funcionarios que la Constitución les permite negarse a cumplir una orden si esta es ilegal.

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pidió a las autoridades de Gobernación y del Ejecutivo explicar con claridad las razones del cambio y que den garantías de que en la PNC se mantendrá “una actitud de profesionalismo en su actuar”.

Las muestras de apoyo al exdirector se evidenciaron también con un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que resalta “los esfuerzos de la PNC para promover el uso racional de la fuerza como ente responsable de la seguridad ciudadana”.

Además, la entidad internacional confía en que las nuevas autoridades continuarán con el mismo compromiso y cooperación en la lucha contra la impunidad y corrupción.

Ciclos

Ante las críticas por el cambio, Degenhart aseguró que la medida se tomó debido a que la cúpula finalizó su ciclo  en la institución. “Aclaremos que no es porque hayan hecho nada malo”, explicó.

El funcionario, quien debe acudir hoy a una citación en el Congreso para explicar la decisión, reiteró que  la destitución es parte de “un proceso normal y natural” y que esta fue consultada con el presidente Jimmy Morales, quien apoyó la medida.

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La reunión se habría efectuado al concluir un acto de entrega de títulos, en Izabal, para graduandos del Programa Académico de Desarrollo Profesional (Paped). En ese acto también estuvieron presentes los funcionarios y el sindicalista.

Durante el encuentro, los tres acordaron un incremento salarial que sería de un 11 por ciento.

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“Porque no está presupuestado y hay que viabilizarlo. Está en proyecto, como solicitud, y no está presupuestado, por lo que hay que buscar los recursos”, indicó Hiemann.

De la reunión entre Morales y Acevedo, el vocero afirmó: “El Ministerio de Educación va a redactar un comunicado explicando los detalles de la reunión”.

El gobernante se habría comprometido con Acevedo a hacer público hoy el incremento a los maestros, durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención del Ministerio de Gobernación, que se llevará a cabo a las 10 horas, en el Palacio Nacional.

Reacciona molesto

Como es su costumbre, Acevedo reaccionó molesto al ser consultado sobre la reunión que sostuvo con Morales.

“Disculpe, pero nosotros tuvimos hoy una actividad de entrega de títulos, nuestra intención es solo mejorar las condiciones del Magisterio”, manifestó el dirigente.

Acevedo se negó a responder si se habló sobre el incremento salarial a los maestros, pero insistió enfadado: “Tengan un poquito de respeto, se inventan tantas cosas. Les pido que no inventen cosas que no han sucedido”.

Contexto

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Más presupuesto

Durante la presentación del Presupuesto Abierto, el mes pasado, al Mineduc se le asignó un techo de Q14 mil 834.7 millones para el ejercicio 2018, lo que representa un incremento de Q1 mil millones al gasto vigente, que es de Q13 mil 937.2 millones.

La cartera educativa deberá definir el destino de esa ampliación de recursos que se le asignaron para el siguiente año.

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A finales del 2012, en el primer año de gestión del Partido Patriota, se firmó el pacto colectivo con el Magisterio que venció en abril del 2016. En este se establecieron privilegios como aumento del 30 por ciento al salario, de manera escalonada, a maestros y trabajadores, y seguro de vida para los empleados equivalente a 15 sueldos.

Luego de que maestros bloquearan las carreteras y fronteras el 11 de agosto de ese año, Morales le autorizó al ministro López instalar una mesa de negociación del Pacto con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), liderado por Acevedo.

En un informe conjunto hecho público este miércoles, los dos organismos de la ONU aseguraron que la creación del comité de crisis es una necesidad “inmediata”  para establecer una respuesta intersinstitucional “adecuada”.

Hasta ahora 40 niñas han muerto y más de una decena está hospitalizada, 9 de ellas en EE.UU., por el siniestro registrado el pasado día 8 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que habría sido iniciado por ellas mismas para protestar por los abusos sexuales y físicos que sufrían.

En el documento de poco más de 10 páginas Unicef y Oacnudh narran, según testimonios de niños, personal del centro, autoridades y familias, el devenir de la tragedia ocurrida cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer.

Teniendo en cuenta las denuncias previas de maltratos, empieza el escrito, el pasado día 7 se produce un “bochinche”  por el que varios menores se intentan fugar, aunque según los chicos las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, a cargo del centro, “abrieron la puerta”  dándoles “la oportunidad de salir”.

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Un informe de la Policía Nacional Civil  (PNC) señala que los dos grupos estaban resguardados por “agentes” , aunque el 8 de marzo por la mañana se produjo un incendio en el aula, donde fallecieron 19 menores y decenas más resultaron heridas, la mayoría de gravedad y que han muerto en los hospitales.

“La Oacnduh pudo constatar durante la evaluación el día 8 de marzo que los 52 niños encerrados en el auditorio permanecieron alrededor de 24 horas. Se observó que los niños no tenían acceso regular a agua ni a aseos, y algunos tuvieron que realizar sus necesidades en el mismo espacio”, narra el informe.

Dada la situación de emergencia a raíz del fuego, las autoridades empezaron a trasladar a los supervivientes a otros centros, pero estos solo se hicieron con el registro del Organismo Judicial y “hubo debilidades en la coordinación interinstitucional”, tanto para la reubicación como para dar información a las familias, sobre todo porque no había un registro de los niños internos en el refugio.

El martes pasado, según los registros de los organismos de la ONU, 35 niños permanecían en las instalaciones, que serán clausuradas momentáneamente por orden del Gobierno, y el pasado sábado seguían bajo llave “por ser considerados de alto riesgo por los encargados del centro”.

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https://twitter.com/Oacnudh_GT/status/842036617942568961

Para paliar todo esto, Oacnduh y Unicef piden crear el “comité de crisis”, que mejorará de forma “inmediata”  a los centros habilitados para albergar temporalmente a los niños y adolescentes trasladados a otros refugios tras la tragedia.

También plantean, entre otras, que el Estado implemente “de manera urgente”  las reformas necesarias para “pasar de un modelo tutelar y de seguridad a un sistema de protección y de derechos humanos de la niñez y de la adolescencia”.

“Esto implica adoptar reformas legales e institucionales”, para lo que “es aconsejable fortalecer los espacios de coordinación y diálogo interinstitucional con participación de la sociedad civil”.

El extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes estaban en esos cargo al momento de la tragedia, fueron detenidos el lunes acusados de homicidio culposo, entre otros delitos.

Los diputados de oposición presentaron el martes una denuncia penal contra el presidente Jimmy Morales, al considerarlo responsable de la tragedia.

La fundación Avina presentó ayer el programa Guate te incluye, para lograr la inclusión laboral y social de migrantes retornados en Guatemala.

La primera fase ha fijado la meta de inserción laboral de 200 migrantes deportados y el desarrollo de 10 emprendimientos, refirió la directora de esa organización, Cynthia Loría, quien expuso que la experiencia da cuenta de que “esta es una ruta válida para la atención de esta población que ha enfrentado deportación o retorno forzado”.

En ese programa también participa el Gobierno, por medio de varios ministerios.

Hay dos vías para la inclusión. La primera es para un empleo formal digno, para el cual el migrante recibe orientación laboral, entre otros procedimientos. La otra es para emprendimiento; es decir, se evalúan las habilidades empresariales, se les brinda asistencia técnica para el diseño e implementación de un plan y también inclusión financiera, entre otras asistencias.

Plazas de trabajo

La fundación Te conecta, organización encargada de promover la atención al migrante por medio de asistencia integral, programas de capacitación y reinserción laboral, fue invitada a ser parte del programa Guate te incluye.

María José Girón, directora de Te conecta, informó que entre enero y febrero del presente año diariamente reciben entre cinco y seis deportados. De ese total logran ubicar en puestos de trabajo formal a unos 15 cada mes.

De hecho, en promedio han logrado ingresar en el mercado laboral a 30 migrantes en los primeros dos meses del 2017.

Escepticismo

Analistas son poco optimistas respecto de la estrategia de atención a migrantes que presentó el Ejecutivo.

“Todo pareció una declaratoria de buenas intenciones, al no haber un documento concreto y socializado con detalles”, afirmó Julia González, coordinadora de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig).

Además, cree que no parece coincidencia que la estrategia se divulgue tan cercana a la visita de altos funcionarios de EE. UU., en referencia a John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, y a William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.

Pedro Solares, abogado especialista en migración, comentó que las visitas de los funcionarios estadounidenses han sido manejadas, por parte del Gobierno guatemalteco, de manera que “hace pensar” que no se revela “la verdad” de esas visitas.

“Del plan presentado, ningún sector tenía conocimiento. Creo que es más una pantomima, que trata de poner en marcha una acción de gobierno ante una situación grave que podría venirse con más deportaciones”, explicó Solares.

Kelly se reunirá con las autoridades del país, mientras conocedores en asuntos migratorios critican las acciones rubricadas que podrían afectar a miles de migrantes guatemaltecos.

Especialistas no descartan que la visita de Kelly sea para conocer de primera mano la capacidad del país para recibir, eventualmente, grandes cantidades de deportados.

“Hay un asunto interesante, que en el poco tiempo que estará acá, el secretario hará una visita al centro de deportados en la Fuerza Aérea. Eso es una indicación, junto con las órdenes ejecutivas que está firmando, de que viene a controlar la capacidad que tiene el Estado posiblemente de recibir una oleada grande de deportados”, señaló Pedro Solares, abogado experto en migración.

De acuerdo con  Solares, las acciones coinciden con las promesas de campaña de Donald Trump, lo cual, lamentó, “no fue leído de manera correcta” por el gobierno guatemalteco, que de alguna forma estaba “esperanzado” en que el discurso de campaña fuera distinto a las acciones ya como presidente.

“Eso nos hizo perder tiempo valioso que debimos haber tomado para establecer una política exterior en beneficio de la población guatemalteca”, añadió.

Preocupación

Asimismo, el diputado Paul Briere, ponente del Código de Migración, calificó de “preocupante” que se abra más el espectro en cuanto a los migrantes indocumentados que serán perseguidos, cuando antes sería solo a quienes tuvieran un pasado criminal.

Briere criticó el hecho de que se persiga a quienes puedan suponer un riesgo para la seguridad a juicio de un agente de inmigración.

“Es negativo porque se debe tratar de evitar la discrecionalidad sino que todo quede plasmado en ley u orden ejecutiva en forma clara”, opinó el funcionario.

No obstante, el legislador calificó la visita como positiva, por considerar que es un mensaje de la nueva administración estadounidense para iniciar un diálogo.

Se espera que Kelly aborde temas migratorios, de seguridad y crimen organizado.

Agenda

John Kelly se reunirá con el presidente Jimmy Morales para abordar la agenda bilateral en materia migratoria y de seguridad.

Posteriormente, tendrá una reunión con el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para abordar temas de seguridad.

Luego será trasladado a la Cancillería donde tratará temas de política exterior con el canciller Carlos Raúl Morales.

Además, tiene previsto realizar una visita a las instalaciones de la Fuerza Área Guatemalteca, en especial al centro de recepción de deportados, para verificar cómo funciona.

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Trabajo conjunto

El canciller Raúl Morales advirtió que Guatemala, considerado un aliado natural de Estados Unidos por su posición geográfica, es consciente de la buena relación que el país debe mantener con las autoridades estadounidenses.
Morales sostuvo que “el tema migratorio es el más importante de la agenda de la política exterior”.

De acuerdo con la Dirección General de Migración (DGM) el registro migratorio se demoró porque de los ocho funcionarios a cargo del chequeo este lunes solo trabajaron cuatro, el resto de personal, según dijo el vocero de migración, Albani Sical a periodistas, dos están de vacaciones y dos más se ausentaron por quebrantos de salud.  

Carlos Velásquez, jefe de la DGAC, indicó que seis vuelos se retrasaron hasta 10 minutos, entre las 4 y 8 de la mañana de hoy.

La falta de personal de migración provocó que seis vuelos salieran retrasados y el controlador aéreo tuviera que reprogramar el aterrizaje y la salida de los aviones.

Velásquez denunció que la escasez de personal provocó molestia en los turistas.

“Se superó la capacidad de recepción porque había bastantes connacionales saliendo. Se procuró atender a la mayoría y ahora patentizamos una disculpa a los usuarios que causamos algún retraso”, manifestó Sical.

Para evitar el problema, la DGM envió a ocho personas a reforzar a atención al público.

Velásquez hizo un llamado a todas las instituciones involucradas con el Aeropuerto La Aurora para mejorar los servicios y funciones.

El director de Aeronáutica Civil advirtió que ese tipo de atrasos por falta de personal podría afectar en las evaluaciones que la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) hace para el país, específicamente en el área de facilitación.

Vuelos retrasados

Fueron seis los vuelos perjudicados con salidas 10 minutos más tarde de lo programado.

• Taca 589
• United Airlines
• Copa 405
• Copa 389
• Avianca 707
• American Airlines 1188

El embajador de Estados Unidos entregó de forma simbólica un cheque por US$7.5 millones –unos Q57 millones 750 mil-para continuar su apoyo al trabajo anticorrupción.

“La corrupción mata, obstaculiza las instituciones y debilita el Estado”, declaró Todd Robinson, embajador de EE. UU., acompañado del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez y Thelma Aldana fiscal general del Ministerio Público (MP).

Robinson afirmó que la corrupción alcanza a todas las personas en un país, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que todos actúen.

De los US$7.5 millones, US$2.5 serán destinados a fortalecer la oficina de la Cicig creada en Quetzaltenango el año pasado.

“Voy a dejar a ustedes interpretar las palabras del presidente Trump. No he recibido instrucciones”, declaró Robinson ante los cuestionamientos de medios de comunicación, por acciones del nuevo Gobierno.

Añadió que la nueva administración debe revisar las medidas con los países de Centroamérica.

Desde el 2008, Estados Unidos ha entregado US$36 millones a la Cicig, que han financiado los trabajos que realiza la entidad de Naciones Unidas.

Velásquez opinó que Guatemala “quiere cambiar y ha dado muestras de ello”. Agregó que está comprometido con el cambio que haya en el país.

El Comisionado aprovechó para referirse a las reformas constitucionales al sector justicia, que impulsó Cicig junto al MP y podrían ser aprobadas en febrero, como ofreció la junta directiva del Congreso.

“No es interés de la Cicig (…) es el país el que pierde. Tiene que reflexionar cómo funciona su sistema de justicia”, manifestó Velásquez.

Hemos contribuido al movimiento reformista que se gestó desde abril 2015 Fiscal General @MPguatemala Thelma Aldana pic.twitter.com/27CevukI23

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) 25 de enero de 2017

La alerta a las autoridades del ministerio llegó por medio de un centro de llamadas hace unas seis semanas. La denuncia indicaba que se estaban transmitiendo imágenes en un canal local.

El espacio pagado como “aviso importante”, pide a los beneficiarios del bono condicionado que otorga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que asistan al banco a cobrar, al final aparece el nombre del diputado Víctor Manuel Cruz Clavería, electo en 2015 con el partido Frente de convergencia Nacionalista (FCN-Nación).

El ministro José Guillermo Moreno indicó que el procedimiento es que el beneficiario vaya al banco y cobre los Q300, sin intermediarios ni avisos de funcionarios.

Mensaje de un canal local de Escuintla por el que denunciaron al diputado de FCN Víctor Cruz Clavería, por promocionarse con el bono escolar pic.twitter.com/j75HsMvCqq

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) 2 de enero de 2017

Moreno indicó que el ministerio transmite los avisos en las radios comunitarias, pero que ningún funcionario tiene que decir que es por ellos.

En el caso del diputado Cruz Clavería, el primero en enterarse de lo ocurrido fue el jefe de la bancada FCN-Nación, Edgar Ovalle, pero no hubo respuesta. En una reunión posterior la denuncia ya estaba planteada. Moreno afirmó que al presidente también le hizo saber lo que ocurría.

“Planteamos la denuncia ante el Ministerio Público porque nos llegaron videos de Escuintla, donde en un aviso importante se anuncia la entrega del bono condicionado y pide que asistan a un banco del sistema”, añadió.

Otros casos

Sin embargo, este no es el primer caso en que el Mides acciona, a principio de 2016 alcaldes, gobernadores y diputados, enviaban cartas al ministro para solicitarle la colocación de personas y darle ayuda en los programas.

“También tuvimos presión de muchos alcaldes y gobernadores para que coloquemos gente, no estamos ayudando, estamos bajo perfiles para que sean efectivos a nivel nacional”, enfatizó.

Añadió: “Tenemos otras denuncias y me imagino que ahora sabrán los alcaldes, gobernadores y diputados que no tienen que valerse de los programas, no pueden decir que es obra de otro gobierno”, manifestó el ministro.

Mencionó a alcaldes de Patulul y Coatepeque que están citando a las personas a su despacho, les dan un “papelito” y van al banco.

Luego de la primera reunión de Gabinete General de este año, que se realizó en Casa Presidencial, los 14 ministros de Estado en conferencia de prensa junto al vocero de Gobierno, informaron que no habrá cambios.

El anuncio fue hecho por el portavoz Heinz Hiemann, ante la ausencia del mandatario Jimmy Morales y del vicepresidente Jafeth Cabrera.

En la primera interrogación a Hiemann dijo que todos los ministros debían presentar su carta de renuncia y el gobernante decidiría a quienes confirmaba en el cargo.

Presidente Jimmy Morales confirma en sus cargos a los 14 ministros, indica el vocero presidencial, Heinz Hiemann. pic.twitter.com/qP15LkNdgF

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) January 2, 2017

El 20 de diciembre del año pasado algunos ministros indicaron luego de una reunión de Gabinete, que por instrucción del Presidente no debían entregar su carta de renuncia.

Esa acción se había convertido en rutina cada fin de año por parte de los ministros de Estado, quienes esperaban las decisiones presidenciales de remoción o permanencia en sus respectivas carteras.

“El  presidente nos instruyó que no es necesario que  los ministros y secretarios pongamos a disposición nuestro cargo, que no presentemos carta de renuncia”, afirmó Hernández Mack en diciembre pasado.

El aún funcionario –entrega el cargo mañana- comentó que desde principios de diciembre había platicado con el mandatario su situación y la posibilidad de hacer una transición para los próximos titulares de esa dependencia.

“Es por razones personales, profesionales y también decisiones familiares, porque también tiene que ver con el tiempo que uno le dedico a estas actividades”, dijo Colmenares.

Precisó que su renuncia la presentó el 23 de este mes y hasta hace poco le fue aceptada, y niega que tenga que ver con algún desacuerdo con el presidente.

Colmenares es un hombre de confianza de Morales desde la campaña del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), ya que fue uno de los coordinadores del equipo de transición del nuevo gobierno.

Como abogado, también tenía un bufete profesional y había trabajado hace algunos años en la Cancillería, pero reconoce que el de secretario Privado ha sido el cargo que más lo ha absorbido profesionalmente.

“Yo soy un hombre muy familiar, y lo más difícil es el tiempo que uno deja de compartir con su familia, y dejé mi bufete prácticamente tirado”, agregó Colmenares.

Se integran al Gabinete

El secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, juramentó este viernes a dos nuevos viceministros que se integran desde enero al Gobierno de Jimmy Morales.

Uno de ellos es Edwing Antonio Pérez Corzo, quien estará a cargo del viceministerio del Deporte y la Recreación, del Ministerio de cultura y Deportes.

Mientras que Víctor Hugo Guillén Ramírez asume como viceministro administrativo financiero del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

De hecho, Guatemala, El Salvador y Honduras enviaron a EE. UU. altas expresiones de felicitación y buenos deseos.
Ante la victoria de Trump en las elecciones del martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, consideró que las relaciones entre ambos países no tendrían por qué cambiar, ya que son políticas de Estado.

“Una cosa es la campaña política de un país, en donde los candidatos se venden según sus intereses, y otra cosa es gobernar y ser presidente. Para cambiar algunos de los acuerdos vigentes, el nuevo presidente necesitará la aprobación del Congreso y del Senado estadounidense, y el Senado aún está en manos demócratas”, explicó Morales.

Además, hizo ver que Trump, al momento de pronunciar su primer discurso como presidente electo, llamó a la unidad y se vio un cambio en el tono, por lo que ahora tendrá que conocer los compromisos que Estados Unidos tiene en materia internacional.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte recibirá, en varios años, US$700 millones de EE. UU., fondos que comenzarán a erogarse a partir de febrero del 2017 en municipios priorizados por cada país, explicó el jefe diplomático guatemalteco.

“El llamado es para mantener la calma, y el Gobierno de El Salvador trabajará con toda su energía por sus derechos”, indicó el funcionario del vecino país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, dirigida por María Dolores Agüero, emitió un comunicado en el que felicita a Trump por haber resultado electo.

Otro panorama

El abogado experto en migración Pedro Solares explicó que si bien será más difícil modificar acuerdos comerciales firmados con otros países, Trump tendrá cierta facilidad para impulsar legislación en cualquiera de las direcciones cuando de migrantes se trate.

“Ya sea para que salgan del país todas las personas que están en una situación irregular o para que exista otra reforma migratoria, que es lo que algunas facciones del Partido Republicano han estado tratando de hacer”, precisó Solares.

“El presidente —electo— Trump está en una situación donde si no realiza acciones para que salgan las personas indocumentadas del país va a estar en un incumplimiento de promesas de campaña, y es una situación política con la que no va a querer lidiar”, analizó el profesional.

Ruta legal en EE. UU.

Cambiar o vetar tratados ya aprobados por el Congreso y el Senado de EE.UU. no es tan sencillo.
Esta es la vía.

Un proyecto de ley es presentado y remitido a un comité, que lo revisa, concede audiencias y emite un informe.

Pasa a un programa de legislación antes de llegar a la Cámara de Representantes: normas especiales, suspensión de las normas o asunto privilegiado

Senado: acuerdos unánimes de consentimiento o mociones para proseguir
Luego hay debate en plenaria y posibles enmiendas para pasar al voto de aprobación final.

Hay una fase de reconciliación de diferencias entre la Casa de Representantes y el Senado y se presentan enmiendas entre ambas cámaras. En caso contrario, negociaciones en el comité de conferencias.

Debate en plenaria sobre el informe de la conferencia

Votación en plenaria sobre el informe de la conferencia y esta versión es presentada al presidente.

El presidente promulga la ley o permite que sea apruebe sin su firma; también puede vetarla.

Si la veta hay una votación en la primera cámara para aceptar o rechazar el veto. Después viene  el voto de aceptación o rechazo del senado.

El proyecto se convierte en ley, a pesar de un veto presidencial,  si 2/3 de los congresistas votan para anular dicho  veto en ambas cámaras.

El proyecto no es promulgado si una de las cámaras no logra anular veto.

El paro de labores que impulsan transportistas desde hace nueve días  en rechazo a la restricción de horarios para transitar en la capital tiene como consecuencia afectar el comercio y el funcionamiento de aduanas, y pone en riesgo de desabastecimiento al país, pero una solución estaría en manos de Ejecutivo, según expertos.

Juristas creen que aunque el origen del conflicto sea una normativa municipal, detener la crisis está en manos del mandatario Jimmy Morales, aunque hasta ayer el gobernante se limitaba a “dialogar” y a evaluar otras soluciones.

Impugnar normativa

El abogado constitucionalista Ovidio Orellana explicó que el gobernante tiene varias opciones para intervenir y solucionar el conflicto que tienen los transportistas con la Municipalidad de Guatemala, debido  a  la restricción del paso por la ciudad.

“En forma  urgente tendría que presentar la inconstitucionalidad —el Organismo Ejecutivo— en contra de la disposición del alcalde —Álvaro Arzú—, para que vean los transportistas que fue una decisión municipal, y pueda hacer que la Corte de Constitucionalidad decrete la suspensión provisional de la norma”, explicó.

“No debe decir que no está en su jurisdicción el paro de labores de los transportistas, porque se afecta la libre locomoción y la libertad del comercio, y ahí se vulneran garantías constitucionales”, señaló el investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala Lizandro Acuña.

El abogado constitucionalista explicó que hay antecedentes en que la Corte de Constitucionalidad pudo suspender decisiones  municipales: “Hubo comunas que confundieron tasas con arbitrios, y fueron suspendidos”.

Leyes y decisión

El Organismo Ejecutivo no solo tiene como opción el interponer acciones de inconstitucionalidad. Acuña explica que la Presidencia también puede acudir a leyes con el objetivo de impedir bloqueos que impulsan los inconformes.

 “La conocida como ley  de túmulos —Ley  para la Circulación por  Carreteras Libres de Cualquier Obstáculo— le da la facultad al Ejecutivo de accionar para liberar rutas bloqueadas”, enfatizó Acuña.

En el artículo 9 de la legislación se detalla que las personas que obstaculicen las carreteras podrían ser sancionadas con Q1 mil a Q5 mil o un año de prisión.

Orellana argumenta que el mandatario puede intervenir en el tema porque así lo manda la Constitución Política de la República.

El artículo 182 constitucional determina que el presidente “representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República”.

Acuña indicó que el Ejecutivo puede actuar porque se vulnera el  artículo 26 de la Constitución Política, el cual  determina la libertad de transitar, y “la huelga del transporte pesado vulnera la garantía”.

“El paro  impide el ingreso de productos del país, y también se transgrede con el paro el artículo 43 constitucional, en el que se establece como garantía la libertad de comercio.

Casos ejemplares

En administraciones anteriores, el Organismo Ejecutivo ha intervenido legalmente en casos similares al que ahora afecta a varios sectores productivos del país, a raíz de medidas de hecho de grupos de pilotos del transporte pesado.

El acuerdo de restricción en aquel año siguió vigente, pero luego de tres días de paros que causaron desabastecimiento de combustibles, con fuertes pérdidas al sector industrial, los pilotos depusieron el paro y se reunieron a negociar los nuevos horarios. En esa ocasión se esperó la llegada del alcalde capitalino Álvaro Arzú, pero al igual que en los diálogos recientes  no asistió y tampoco envió representantes.

En mayo del 2008, el presidente Álvaro Colom decretó un estado de Excepción en todo el territorio nacional y ordenó al Ejército y a la Policía restablecer el servicio de transporte pesado que era afectado por una huelga de pilotos por los mismos motivos que un año atrás. La decisión se extendió por 15 días.

“He ordenado al Ministerio de Gobernación y a la Defensa Nacional que, apoyados en la Ley y amparados por un estado de Excepción, liberen el transporte pesado de mercancías”, dijo Colom al anunciar su decisión.

Opciones del Ejecutivo

El Organismo Ejecutivo tiene varias vías para frenar el paro, según expertos.

• Constitución Política: El artículo 182 de la Constitución Política de la República obliga al presidente  la representación de la unidad nacional, y cuando el caso lo amerite, “deberá velar por los intereses de toda la población de la República”.
• Mandato de defensa: La Constitución Política, en el artículo 183, detalla que el gobernante debe  hacer cumplir la Carta Magna y las leyes; además, “proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público”.
• Acción de Inconstitucionalidad: La Presidencia podría interponer en la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo y cuestionar la normativa de la comuna. Hay decisiones ediles suspendidas por orden constitucional.
• Ley de Amparo: A través de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el presidente podría interponer  acción de amparo para resguardar garantías constitucionales vulneradas.
• Ley de Orden Público: Si en caso la Presidencia decide detener bloqueos y  la huelga, podría hacerlo a través de un decreto del Estado de Prevención que se determina en el artículo 8 de la Ley de Orden Público, y se restringen las manifestaciones públicas.    
• Intervención: Una de las últimas opciones a las que podría optar la Presidencia para evitar que continúe el paro de transportistas es interponer acciones legales en contra de los empresarios organizados y luego intervenir el servicio.  

A la fecha, las pérdidas, según cálculos de los empresarios, llegan ya a Q3 mil  600 millones.

Rolando Coronado, representante de la Asociación de Navieros de Guatemala (Asonacov), explicó que los puertos ya no pueden aceptar más carga de importación, mientras que las exportaciones no pueden ser despachadas  debido a los bloqueos, lo que llevará en el corto plazo a dejar “inoperantes” esas terminales.

“Con carácter urgente pedimos al  Gobierno de la República que tome acciones decisivas para dialogar y que se encuentre una solución inmediata al problema”, pidió Coronado.

El representante de las navieras agregó que el paro ya no es sólo un problema nacional, puesto que   está impactando a empresas afuera del país que tienen contratos con productores locales e importadores.

Alza a costos

En este marco, Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, manifestó que, como  última medida y de  no llegar a un consenso, aumentarán en un 45% el costo del flete.

Mendoza afirmó que en la actualidad quedan nueve mil pilotos (43%), de los 21 mil  que apoyaron al principio  la protesta.

Ayer, directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se unieron a la solicitud de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), que dos días antes   pidió a las autoridades declarar un “estado de Prevención”.

Ante la grave crisis generada por bloqueos, paros en el transporte, y coacciones para impedir la libre locomoción @CACIFnoticias manifiesta: pic.twitter.com/LTg5ccWRkc

— CACIF Noticias (@CACIFnoticias) November 4, 2016

demandas

La cúpula empresarial exigió al presidente Jimmy Morales que informe al  país  cuáles son los operativos que se están tomando para resguardar los derechos de locomoción y de industria y comercio.

También pidieron al mandatario   que se efectúen   capturas y procesamiento penal de quienes están causando hechos
reñidos con la ley, sean estos agresiones físicas o patrimoniales, o amenazas en contra de personas o instituciones.
Otro punto solicitado por el Cacif es que se evalúe la pertinencia de un estado de prevención.

 Por aparte y aprovechando que el presidente Morales asistió a un mesa de diálogo en la Gobernación Departamental de Izabal para discutir el paro de pilotos de transporte pesado, otro grupo de empresarios habló directamente con el mandatario.

Tulio García, director del Comité de Arveja y Vegetales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), afirmó que los cerca de cien mil pequeños productores de minivegetales  se encuentran  “desesperados” y que estarían dispuestos a salir a bloquear carreteras para exigir que salgan ya sus productos de exportación.

“La razón por la que ellos están dispuestos a cualquier cosa es que si esa carga, que es estrictamente perecedera, no sale del país, no llega a los mercados y no se vende, tampoco se puede cobrar, y por tanto, a ellos no se les puede pagar”, agregó.

Peligran empleos

Tanto en Puerto Quetzal como en Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios se  veían cientos de contenedores en los patios de almacenaje.

Sobre el muelle de Puerto Barrios quedó una enorme cantidad de contenedores apilados, la mayoría con fruta a la espera de ser exportada, mientras que  en  calles aledañas se nota  poca o nula circulación de transporte pesado, así como  predios  privados totalmente llenos de camiones.

Abel Cruz, intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicó que los ingresos por IVA  importaciones y ventas quedarán debajo de la meta de octubre y la caída seguirá en noviembre, debido al bloqueo de transportistas.

En el caso del IVA doméstico, “al no poder pasar los productos,  no se está proveyendo a los mercados,  supermercados y  tiendas”, explicó Cruz.

 Por aparte, la Asociación de Productores Independientes de Banano (APIB) denunció que  cada día  se  dejan de    enviar 383 contenedores de las fincas, donde   se  dejó de cortar fruto y peligran  30 mil empleos.

Según APIB, un día sin exportaciones  representa  una pérdida de Q571 millones y el fisco dejaría de percibir Q67 millones.

Desde  el 27 de octubre último,  pilotos de transporte pesado se declararon en paro  como rechazo a una normativa municipal que restringe  el paso de tráileres por la capital.  

El paro causa pérdidas diarias de Q40 millones al fisco, según la SAT.

COMUNICADO IMPORTANTE
Modificación a la restricción #TransportePesado en apoyo a la movilidad de los vecinos. #Guatemala #traficoGT pic.twitter.com/f5pEopx2m2

— MuniGuate (@muniguate) October 26, 2016

Comuna reacia

Después de una reunión de última hora anoche, el vocero presidencial, Heinz Heimann, informó que a la Municipalidad de Guatemala se le invitó al diálogo del miércoles pasado, pero que  no envió a ningún delegado.  

Pese a que la comuna capitalina fue invitada a una  segunda reunión para resolver la crisis, no respondió al llamado.
 Aunque se buscó la opinión del alcalde o algún funcionario municipal, ninguno contestó las llamadas de Prensa Libre.

Sin jurisdicción

“Hemos estado participando en un tema que está fuera de nuestra jurisdicción, porque es un tema de ingreso a un territorio local que, según la Ley, está en la disposición —de las municipalidades— de promover sus disposiciones”.
“Hemos estado haciendo más de lo posible para garantizar  la seguridad”.

“Hemos designado más de 300 radiopatrullas y mil efectivos para  darle seguridad al transporte. Hay  aduanas que están siendo tapadas y gestores que se han unido;  hemos tenido anuencia a dialogar a un problema que no es  directamente de la Presidencia”.

Calidad exportable

Unos  cien  mil pequeños productores de minihortalizas han sido afectados por el paro.

Tulio García, directivo  de la Cooperativa 4 Pinos, dijo que el daño al sector podría ser irreversible.

Recordó que con el paro del transporte no se ha podido comprar y eso ha impactado en forma directa en la economía de los productores.

García recordó que la calidad de exportación que en la actualidad se ofrece es el resultado de  años de trabajo, lo que ha permitido a los productores guatemaltecos  llegar a buenos lugares en  los mercados internacionales.

Con inforamción de corresponsales

La idea surge en el Inguat como iniciativa para incentivar el turismo local y aumentar el comercio en los departamentos, además de promover al país entre los guatemaltecos.

Jorge Mario Chajón, director del Instituto, afirmó que la propuesta será planteada en los próximos dos meses, pues en este momento en el Congreso existe un “cuello de botella”, que impediría que sea conocida y discutida.

El Gobierno entabló un diálogo con la Comisión de Turismo para la redacción de la iniciativa, que está próxima a una redacción final.

La idea de las autoridades es que todos los asuetos que sean en martes se adelanten y sean lunes, mientras que las fechas con descanso de miércoles y jueves, se programen en viernes.

Además analizan incluir otras fechas como el Día de la Madre y de la Secretaria.

El Ejecutivo aun no termina de decidir si es colocado como descanso oficial o solo se promulga que se corran y que los trabajadores se arreglen con los patronos a cuanta de vacaciones.

“La expectativa es de 50 por ciento de probabilidades, que se pueda aprobar o que no sea posible”, refirió Chajón.

Más turismo

El Inguat ve en la propuesta una oportunidad para incentivar el turismo interno y que en el interior del país las personas tengan más ingresos.

Aunque ya existe una ley que permite correr el asueto del 30 de junio, Día del ejército, este excluye a todos los otros descansos oficiales.

“En las vacaciones de medio año tenemos un ejemplo en que vemos como la gente se moviliza buscando turismo, esto definitivamente lleva progreso a las comunidades en el interior, se mueven unos tres millones alrededor del país”, enfatizó Chajón.

El director agregó que el año pasado el turismo extranjero fue de  1 millón 750 mil personas de otros países, muy por debajo de lo que el turismo interno genera cada año.

“Con descansos largos esperaríamos que haya movimientos en los hoteles y atracciones en el interior”, refirió Chajón.

Los datos revelan que el turismo extranjero hace visitas a lugares con altas calificaciones internacionales como Semuc Champey, Tikal, Río Dulce y Atitlán. Mientras que hay otros lugares a los que solo los nacionales les gusta asistir.

Por las quejas de los vecinos de carretera a El Salvador, el vicepresidente Jafeth Cabrera habría decidido dejar su vivienda  y trasladarse a La Cañada zona 14, un exclusivo sector residencial con la mayor plusvalía de la  capital, donde alquila dos residencias por las que estaría pagando hasta Q90 mil mensuales, según se mencionó en publicaciones.

“Al pueblo de Guatemala le digo con toda claridad que me pasé allí por la crítica, cuando yo vivía en mi casa en carretera a El Salvador me criticaban por la cantidad de seguridad que uno carga, y entonces busqué una casa aquí y la estoy rentando, es tercera vez que digo que la alquilo, que es falso y lamento la irresponsabilidad de algunos periodistas que no dicen la verdad, de esa manera no saldremos adelante”, se defendió el vicepresidente.

Cabrera insistió en que está dispuesto a ser investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al igual que el presidente Jimmy Morales, ya que “no tenemos nada que ocultar”, enfatizó.

En secreto

En enero pasado se supo que Cabrera arrendó dos viviendas en La Cañada, luego del excesivo tráfico que hay hacia el kilómetro 21, Condominio Arrazola, donde está su residencia. Las casas que renta se unen en la parte trasera y una de ellas es de tres pisos. Según se dijo  en el primer trimestre del año, el inmueble fue acondicionado a gusto del vicemandatario y su esposa y acomodaron un lugar para el descanso de los agentes de seguridad que lo acompañan.

La vivienda sería propiedad del empresario Hugo García López.

Los recursos

Cabrera recordó que han mencionado que una persona —un supuesto narcotraficante— les dio una cantidad de dinero “exagerada” durante la campaña, y aclaró que “nadie les dio nada”.

“No sé por qué dicen que nos dieron tanto dinero, si gastamos Q1 millón 700 mil en la primera vuelta; el Tribunal Supremo Electoral mandó una  información donde hay que cancelar Q4 millones más y se redondean unos Q5 millones de gastos, que se queda por debajo de lo que hicieron otros partidos”, dijo.

También señaló que se puede tratar de una cortina de humo, y pidió que se investigue porque estarían quitando la oportunidad de “ayudar a Guatemala”.

El Ejecutivo decretó el pasado martes un estado de Prevención en todo el país para atender emergencias por lluvia; sin embargo, en el decreto gubernativo 5-2016,  que tiene vigencia de 15 días, también se restringen algunos derechos constitucionales, como la libertad de expresión y acción.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, afirmó que presentará este miércoles una acción de inconstitucionalidad, debido a que considera innecesario incluir estas restricciones en el decreto.

El Ejecutivo busca implementar todas las acciones que atiendan daños derivados de los efectos de fuerte lluvia, pero diputados y expertos en Derecho consideran que el decreto excede las facultades del Gobierno.

La Procuraduría los Derechos Humanos promoverá acciones legales ya que hay antecedentes en el marco jurídico guatemalteco que privilegian la libertad de expresión.

• Locomoción es limitada

Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de  personas en los lugares afectados o en riesgo.

•  Cordones sanitarios

Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan  entrada en zonas afectadas o de riesgo.

• Cooperación de particulares

Exigir a los particulares cooperación que se considera indispensable para el mejor control de la situación en zonas afectadas.

• Traslado de personas

Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro de las áreas declaradas como de “alto riesgo”.

• Autoridad civil y militar

Ordenar a las autoridades proteger la vida y bienes de la población en  dichos lugares.

• Veda protestas o huelgas

Condiciones para  ejercitar los derechos de huelga o paro, o prohibirlos si tienen móviles o finalidades políticas.

• No reunirse en zonas de riesgo

En las zonas vulnerables o de riesgo, limitar la celebración de reuniones al aire libre y  manifestaciones públicas.

• Afecta libertad de expresión

 Exigir a los órganos de difusión que eviten  publicaciones que “a juicio de la autoridad” inciten a la alteración del orden.

• Disolución de actos violentos

Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria,  grupo, reunión o manifestación en las que se usen armas.

Artículos constitucionales afectados

Libertad de expresión

Artículo 35.  Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones.

No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación.

La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social.

Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitarlo.

La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción, para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento.

Libertad de acción

Artículo 5. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

La limitación de los derechos constitucionales quedó establecida en el artículo 138 de la Constitución, el cual reza:
(…), en  caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo del artículo 116.

Surgió escepticismo porque la calamidad pública por lluvia ha sido mayor en otros años.

Libertad de locomoción

Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley.

No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación.

Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa.

La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición.

Este ha sido de los artículos que se presentan como argumento, por el sector privado,  cuando se reportan manifestaciones y protestas.

El presidente Jimmy Morales viajó a Nueva York pero dejó una polémica sorpresa: el Gobierno decretó ayer estado de Prevención en todo el país, durante 15 días, supuestamente para atender los efectos del invierno, pero que restringe  dos artículos constitucionales y podría lesionar la libertad de Expresión.

El Ejecutivo justifica que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), como consecuencia de las fuertes y constantes lluvias, declaró varios puntos vulnerables por deslaves o derrumbes ocurridos en algunos municipios. No obstante, el invierno no ha ocasionado desastres de alcance nacional.

Además, permite a las  entidades públicas  comprar sin licitación.

 “Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuera acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables”, señala el artículo 6  del decreto de estado de Prevención.

Esa acción supone una posible condicionante para el artículo 35 constitucional, referente a la libertad de expresión, y no define quiénes son los órganos de publicidad, ni cómo “la autoridad” definirá si un contenido incita o no a la alteración del orden.

Es inconstitucional

“No encontramos el sentido del acuerdo; está de más, pero más allá de eso es evidente que hay una inconstitucionalidad en el  tema de la libre emisión del pensamiento. Tenemos entendido que hay varios antecedentes en la Corte de Constitucionalidad. En verdad no tiene ningún sentido que en un estado de Calamidad se restrinja la libertad de expresión”, expresó el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque.

Felipe Alejos, diputado de Todos, considera que aunque el país tiene riesgo climático, el decreto es exagerado.

“Declarar un estado de Excepción y restringir garantías constitucionales, y poder hacer compras por excepción, es algo que no es necesario ni procede en este momento”, afirmó.

Oliverio García Rodas, parlamentario del Movimiento Reformador, recordó que la Constitución contempla como medios de protección los estados de Excepción, pero que estos se pueden emitir solo en eventos especiales.

“Utilizar un pretexto de un exceso de lluvia no es una causa de excepción; de lo contrario, todos los inviernos serían causa de excepción. No es prudente ni procedente, y de hecho existen mecanismos en el Gobierno para prevenir desastres; eso debe usarse y no una ley”, manifestó García Rodas.

Según Javier Hernández, jefe del bloque  del Frente de Convergencia Nacional, el estado de Prevención se planteó por consejo de la Conred, quienes “necesitan la potestad para mover a las personas que estén en riesgo”.

El Ejecutivo comunicó que la idea del decreto es prevenir que más familias sean afectadas.

 “Los estados de Prevención, de Emergencia, de Calamidad y otros estados tienen articulados cajoneros; es decir, solo con denominar un estado como tal se sabe cuáles son las garantías que restringe y protocolos a establecer. No es algo que se haya hecho antojadizamente”, explicó el vocero presidencial, Heinz Hiemann, y dijo que la Conred es la autoridad que revisa los mandatos del artículo 6.

“Un tope a  la libertad de expresión”

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó que el documento está fuera de contexto y se exagera  con el tema de la censura a los medios de prensa.  

Aseguró que se habla de una autoridad competente que decidirá si los artículos son alarmistas o no y si se deben publicar o no.  “Entiendo lo que quieren decir, pero creo  están fuera de contexto. ¿Qué autoridad competente? y ¿Qué quiere decir con alarmista? …no hay claridad cuando habla de autoridad competente. Además, con decir a juicio  de, estamos ingresando un elemento subjetivo, porque para alguien puede ser alarmista o no. En todo caso es un tope a la libertad de expresión”, aseveró vía telefónica y manifestó  su preocupación porque se censure y se limiten los derechos constitucionales  en una época democrática. “No hay precisión”, enfatizó.     

Preocupa restricción de derechos

 “Sería grave que se quiera restringir la libre emisión del pensamiento…  Lo que se muestra es la restricción de varios derechos constitucionales sin una racionalidad con que fue creado el acuerdo”, puntualizó Roberto Molina Barreto,   expresidente de la Corte de Constitucionalidad.

El abogado agregó que se entienden los efectos que pueden surgir por la lluvia, pero le preocupa la restricción de la libre locomoción y la libre emisión del pensamiento.  “Recordemos que la justificación es el  estado de Calamidad que se pueda presentar, alarma la restricción de algunos de los derechos. Pareciera que no  hubiera una racionalidad en cuanto a los motivos del estado de Prevención con los derechos que se pretenden restringir”, refirió.

El constitucionalista aseveró que el decreto no necesita ser aprobado o improbado por los diputados del Congreso.

PDH accionará

Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, manifestó que presentará una acción de incostitucionalidad contra el decreto gubernartivo del Ejecutivo publicado este martes en el Diario de Centro América. “Ya hay antecedentes que datan del gobierno de Óscar Berger, que privilegian la libre emisión del pensamiento. Es evidente que hay una inconstitucionalidad. No era necesario incluirlo en el acuerdo”, agregó.

 En el 2006, la Corte de Constitucionalidad  —expediente número 1122-2005— privilegió la Libre Emisión del Pensamiento.

Después del amanecer de ayer, los vecinos limpiaron sus viviendas del lodo que dejó la inundación. Milca Ramos, ama de casa, relató, entre lágrimas, que el agua ingresó en su casa por la tubería de aguas servidas y cubrió de lodo toda su vivienda.

“No tengo palabras, porque el martes nos pasó lo mismo, y ayer justamente estaba terminando de limpiar la casa. No tenemos a donde ir porque aquí alquilamos y no contamos con dinero para ir a pagar a otro lugar, más caro”, manifestó Ramos.

Relató: “Eran como las 19 horas cuando el río empezó a entrarse por los drenajes, y es tanta la fuerza que tira los trapos o lo que uno ponga; no se puede detener el agua”.

La mujer agregó que corren mucho riesgo a pesar de que hay un muro de dos metros, pues el agua ha superado el muro.

“No es fácil estar aquí exponiéndose, porque yo tengo tres niños y es difícil obtener un lugar donde alquilar con niños, porque le preguntan a uno cuántos hijos tiene”, refirió.

La afectada trabajaba ayer para limpiar el lodo de las habitaciones de su casa. Sus electrodomésticos se dañaron, al igual que las camas, tal y como ocurrió el año pasado.

Tenemos miedo

Lesbia Judith Hernández indicó que su familia también fue afectada por las inundaciones en Santa Inés, y que a las 2 horas de ayer bajaron de la terraza de un vecino que les sirvió de refugio.

“Tenemos miedo de que se nos vaya a derrumbar todo esto, porque tenemos niños. Se salió el río —Platanitos—. Parecía una fuente por todos los tubos del drenaje”, expresó la afectada.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la lluvia del domingo afectó a más de cinco mil familias en Guatemala, Sacatepéquez y Santa Rosa.

Eso originó inundaciones, deslizamientos y un hundimiento, sucesos que dejaron 32 viviendas con daños leves, moderados y severos, según el reporte oficial.

Evacuados

Los Bomberos Municipales reportaron que la noche del domingo último evacuaron a siete personas, integrantes de una familia, en la 10a. avenida y 31 calle final, colonia Los Eucaliptos, zona 13, en donde un desprendimiento soterró una vivienda.

Los evacuados son Andrés Canel, de 38 años; Humbertina Rodríguez, 39; y cinco menores de edad, entre ellos un bebé de 15 días.

Millones en riesgo

De acuerdo a Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en el país hay ocho mil puntos de riesgo de deslaves o derrumbes asociados a las lluvias.

 Según esquemas de la Conred, por deslizamientos hay 9.2 millones de personas expuestas.

Solo por los hechos en Jesús de la Buena Esperanza, zona 6, Santa Isabel 2 y Milagro de Dios, en Villa Nueva, fueron 150 personas afectadas, resaltó Cabañas.

Manifestó preocupación porque en algunos lugares hay familias que no quieren salir de sus hogares, por lo que buscan convencerlas.

Buscan reubicación

El gobierno creó ayer una comisión interinstitucional para atender a las familias en riesgo  de algún desastre asociado con la lluvia.

Dicha instancia no solo servirá para atender la emergencia actual, sino para prevenir otras, indicó Enrique Godoy, comisionado presidencial de Desarrollo Urbano,  quien presidirá la comisión que movilizaría de manera temporal a las familias en riesgo.

Carlos Barillas, viceministro de Vivienda, explicó que existe una propuesta de política pública que se terminará de afinar, con el fin de que el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgue un préstamo de hasta US$100 millones para un programa y “sacar a las familias” que se encuentren en asentamientos  en alto riesgo y darles opción a crédito para una vivienda digna.

“Un programa que nació puro y limpio no se puede prostituir por gente inescrupulosa”, expresó Méndez.

El pronunciamiento surgió luego que agricultores de Totonicapán denunciaron que alcaldes de los 48 Cantones estaban condicionando la compra de insumos agrícolas en un único negocio y no en diferentes agroservicios, como había sugerido el Maga.

Méndez aseguró que el peso de la ley caerá sobre las personas que estén involucradas en actos de corrupción o incitando a comprar en determinado lugar.

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La reunión con la fiscal podría concretarse en los próximos días, indicó el funcionario.

Jeremías Álvarez, presidente de los 48 Cantones, refirió que existen empresas piratas que quieren aprovecharse y entregar productos en mal estado.

Agregó que se le ha dicho a las personas que cambien sus cupones en empresas que vendan productos de calidad y que compren lo que verdaderamente necesitan.

En la actividad, organizada por Guatemala Próspera, para que representantes gubernamentales, empresariales y religiosos pidieran por el fin de las diferencias entre los guatemaltecos, el gobernante fue invitado, como el resto, a elevar una oración y llamar a la reflexión.

Primero leyó un mensaje que San Pablo escribió a los Corintios, en el que pide a todos  que no haya divisiones.
“Y es que estoy convencido que mientras más guatemaltecos hablemos de lo mismo, pensemos en lo mismo y hagamos lo mismo, realmente Guatemala va a tomar ese liderazgo y realmente va a ser ese faro a las naciones que se mencionó aquí hace unos momentos”, expuso Morales.

El presidente aseveró que en los primeros ocho meses de trabajo, al “ordenar la casa”, los ministros ponen “la base y el fundamento” para que el país llegue a ser   ejemplo para las naciones.

Además admitió la dificultad de manejar la Presidencia  y que su fe en Dios le ha ayudado a seguir adelante.

“Es una carga muy difícil sobre los hombros de un hombre, pero el amor de Dios me ha ayudado a tratar de manejar todos los temores que podemos tener. ¿Acaso es poca la carga? ¿Acaso es fácil el trabajo? Es duro, difícil, pero Dios es fiel”, expresó con voz quebrada.

Final de grito

Cuando estaba por terminar, el presidente elevó una oración y pidió a Dios que Guatemala cambie “la posición de sus manos”. “¡Ya no podemos seguir así! ¡Ya no! ¡No!”, gritó.

Aparentemente, el  gobernante  se resistió para no romper en llanto. Entre sus últimas frases, y para hacer reír a los presentes, Morales bromeó con que al presidente estadounidense, Barack Obama, le salieron muchas canas, y que él iba por el mismo camino. “Y lo que no se ha puesto blanco se está cayendo”, afirmó.

Cuando regresó a su lugar, en la mesa principal, se enjugó las lágrimas.

La etiqueta #LlorocomoJimmy se hizo viral en redes sociales y generó reacciones diversas, algunas de elogio a su fe y otras de crítica y escepticismo.

Rechaza crítica

Por su parte, el vicepresidente Jafeth Cabrera aprovechó la actividad para rechazar lo que llamó “crítica destructiva” y aclaró que, junto al mandatario, no buscan un reconocimiento o  medalla.

“La historia de cada uno plasma qué hemos hecho por Guatemala y no nos hemos sentado a escribir en contra de alguien”, enfatizó.

Tono religioso

La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, hizo alusión  a la esclavitud de 400 años que sufrió el pueblo de Israel en Egipto  y la liberación que guió Moisés por mandato de Dios.

“Guatemala es un país al que Dios está liberando de males que la esclavizaban y la oprimían, pero no solo quiere liberar a Guatemala, la quiere llevar a un mejor futuro”, expuso Aldana.

La jefa del Ministerio Público pidió a todos trabajar y esforzarse para reconstruir el país.

El senador estadounidense James Lankford relató que la fe debe ser parte del liderazgo y que en la Biblia casi cada libro fue escrito por o para políticos.

“Con algunas  personas en el Senado no estamos de acuerdo con muchos temas, pero son personas creadas a imagen y semejanza de Dios, y mi primera responsabilidad es tratarnos con respeto. Debería ser normal para las personas en las instituciones públicas”, manifestó.