La polémica comenzó cuando María Eugenia Tabush Pascual, presidenta de la Comisión de Economía, en un tono defensivo quiso que el pleno conociera la iniciativa, pero fue rechazada con el argumento de que el proyecto 5157 beneficiará al sector bancario.

Lectura de interés

14 respuestas sobre el secreto bancario

La propuesta plantea que el rescate de bancos y que la capitalización de estos sea tarea del Banco de Guatemala, de manera obligatoria, con fondos públicos —impuestos— provenientes del Ministerio de Finanzas.

“No se trata de una ley de salvataje como algunas personas han dejado ver o creen que es; por el contrario, es una ley que quita el banco al dueño; es decir que ellos pierden el cien por ciento de su capital”, expuso la legisladora ponente.

El diputado Orlando Blanco le respondió a Tabush Pascual: “Es una vergüenza que los banqueros eludan el secreto bancario y que ahora, previo a enfrentar verdaderos procesos de transparencia, opten por declararse en quiebra. Es un riesgo grave”.

Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, afirmó que la iniciativa requiere de más discusión, y enfatizó que si el proyecto surgió de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala, se le debe prestar atención a la propuesta.

Mal enfocado

Roberto Ortega Herrera, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que no es “que las pérdidas de los bancos se vayan a trasladar al pueblo”.

“Se está interpretando volver públicas las pérdidas privadas, pero no se trata de eso. La iniciativa no pretende determinar si una institución tiene un problema, sino cómo se logra rescatar; un tema donde puede haber muchos bancos”, explicó.

El directivo afirmó que la iniciativa tiene como propósito llenar un vacío legal.

Recordó que cuando se dio el caso del desaparecido Bancafé, en 2006, tres entidades entraron a rescatarlo porque no había capacidad para que una sola absorbiera la institución.

“El objetivo es tratar de rescatar a la institución, no liquidar el banco y que vuelva a ser rentable”, aseguró.

Sergio Recinos, presidente en funciones del Banguat, ha dicho que la idea de la reforma es que la entidad sea viable, y lo que se pretende es mantener su funcionamiento.

Señaló que la ley actual solo da la opción de que si un banco afronta problemas se instale una junta de Exclusión de Activos y Pasivos, lo que implica su liquidación.

Las reformas son parte de los Acuerdos de Basilea III (supervisión bancaria).

La reunión se habría efectuado al concluir un acto de entrega de títulos, en Izabal, para graduandos del Programa Académico de Desarrollo Profesional (Paped). En ese acto también estuvieron presentes los funcionarios y el sindicalista.

Durante el encuentro, los tres acordaron un incremento salarial que sería de un 11 por ciento.

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“Porque no está presupuestado y hay que viabilizarlo. Está en proyecto, como solicitud, y no está presupuestado, por lo que hay que buscar los recursos”, indicó Hiemann.

De la reunión entre Morales y Acevedo, el vocero afirmó: “El Ministerio de Educación va a redactar un comunicado explicando los detalles de la reunión”.

El gobernante se habría comprometido con Acevedo a hacer público hoy el incremento a los maestros, durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención del Ministerio de Gobernación, que se llevará a cabo a las 10 horas, en el Palacio Nacional.

Reacciona molesto

Como es su costumbre, Acevedo reaccionó molesto al ser consultado sobre la reunión que sostuvo con Morales.

“Disculpe, pero nosotros tuvimos hoy una actividad de entrega de títulos, nuestra intención es solo mejorar las condiciones del Magisterio”, manifestó el dirigente.

Acevedo se negó a responder si se habló sobre el incremento salarial a los maestros, pero insistió enfadado: “Tengan un poquito de respeto, se inventan tantas cosas. Les pido que no inventen cosas que no han sucedido”.

Contexto

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Más presupuesto

Durante la presentación del Presupuesto Abierto, el mes pasado, al Mineduc se le asignó un techo de Q14 mil 834.7 millones para el ejercicio 2018, lo que representa un incremento de Q1 mil millones al gasto vigente, que es de Q13 mil 937.2 millones.

La cartera educativa deberá definir el destino de esa ampliación de recursos que se le asignaron para el siguiente año.

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A finales del 2012, en el primer año de gestión del Partido Patriota, se firmó el pacto colectivo con el Magisterio que venció en abril del 2016. En este se establecieron privilegios como aumento del 30 por ciento al salario, de manera escalonada, a maestros y trabajadores, y seguro de vida para los empleados equivalente a 15 sueldos.

Luego de que maestros bloquearan las carreteras y fronteras el 11 de agosto de ese año, Morales le autorizó al ministro López instalar una mesa de negociación del Pacto con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), liderado por Acevedo.

Al menos tres de los ocho gobernadores que fueron recién designados por el presidente Jimmy Morales tienen señalamientos de la sociedad civil, que los considera no idóneos para ocupar el cargo.

En el Congreso se considera que esas designaciones responden a pago de favores por parte de la Presidencia de la República.

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Denuncias

La juramentación de Julio René Calderón, gobernador de Huehuetenango, en sustitución de Mauselio Hiram Martínez Galindo, causó malestar entre sectores de ese departamento, ya que sobre el recién nombrado funcionario pesa una sentencia por estafa mediante cheque, cuya resolución circula en redes sociales.

Agregó que Calderón utilizó una plataforma que él nunca tuvo para llegar a la gobernación, y espera “que sepan dirigir al departamento con transparencia”.

Respecto del proceso en su contra, Calderón dijo que no tiene nada pendiente con la justicia. Entregó su finiquito, antecedentes penales y policíacos, pero no pudo negar que hubo un proceso del cual, argumentó, fue víctima de personas que se aprovecharon.

Los 48 Cantones de Totonicapán exigieron, mediante un comunicado, que se explique por qué se destituyó a Juan Yax y que se suspenda el nombramiento de Marvin Alvarado, porque consideran que no llena el perfil y lo señalan de ser contratista del Estado, con base en un  acta de la Municipalidad de Momostenango del 2009, que evidencia que Alvarado era representante legal de la empresa Cicsa, a la que se le adjudicó un proyecto de mejoramiento de camino rural a San Vicente Buenabaj.

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Los 48 Cantones piden a la Presidencia que se forme un jurado opositor con  participación para elegir al nuevo gobernador.

En El Progreso también hay dudas por el cambio del gobernador Otto Moreno.

“No me voy por lo que dijo el vocero presidencial —baja ejecución—. Tengo pruebas y documentos que contradicen lo que indicaron. No quiero entrar en confrontación, pero aclaro que no me destituyeron por eso, desconozco por qué”, aseveró Moreno.

Gustavo Adolfo Sosa, nuevo gobernador, se limitó a indicar que el presidente puede disponer de esos cargos cuando lo  considere necesario.

El lunes, diputados del partido oficialista indicaron que la designación de los gobernadores se hizo para pagar favores políticos a los legisladores que se pasaron a las filas de FCN-Nación.

Se intentó obtener la versión del presidente Jimmy Morales durante una conferencia de prensa, y su respuesta fue: “Con mucho gusto le doy información. Hoy estamos en un tema sumamente importante. Le vamos a dar información en otra ocasión”.

La iniciativa está compuesta por 25 artículos, y resalta la manera de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC). Se establece la carrera judicial, desaparecen las comisiones de postulación y sube el período de permanencia de los funcionarios.
Aunque se mantiene el derecho de antejuicio para diputados, alcaldes y otros cargos como el de Fiscal General, se permite investigarlos. Además, establece que las autoridades indígenas ancestrales podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus normas, procedimientos y costumbres.
 Estos últimos dos puntos generaron recelo entre los congresistas, quienes deberán conocer y discutir esa propuesta, aunque advierten de que harán cambios.
La propuesta, amparada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la CSJ, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), tendrá que ser ratificada en consulta popular.

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Discrepancias

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que la propuesta de mantener el antejuicio es viable, “solo hay que ver quiénes ordenarán la investigación y que esta en verdad sea justificada”.
Marvin Orellana, subjefe de Alianza Ciudadana, indicó: Muchas veces la solicitud de retirar el antejuicio “se plantea por cualquier cosa… No cabe duda de que se debe analizar la propuesta de manera detenida, y si se puede hacer un aporte para mejorarla, sin duda alguna se hará, pues debemos ser prudentes”.
Para Fernando Linares, jefe del Partido de Avanzada Nacional, establecer el Derecho Indígena es un retroceso a los avances de los derechos individuales. “Nadie controlará quién será el juez; este puede ser a compadre hablado”, advirtió.
En cuanto al derecho de inmunidad, Linares aseguró: “El antejuicio es un filtro para protegerse de la prepotencia del Estado. Al investigar se está violando a quien goza de ese beneficio. ¿Acaso se puede hacer una investigación a Iván Velásquez? Es lo mismo. Yo no puedo solicitar información de las cuentas bancarias del comisionado de la Cicig”.
La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que la propuesta obedece a un trabajo de más de siete meses, en donde se consultó a muchos sectores del país, de tal manera que “lo ideal es que se apruebe en los términos en que se está presentando, pero los diputados pueden hacer cambios como lo consideren pertinente”. Pidió conocer y analizar la propuesta.
La magistrada de la CSJ María Eugenia Morales manifestó que las reformas se hicieron para impulsar un cambio y se busca luchar contra la corrupción. Acerca del antejuicio, consideró que “ha quedado muy bien en la propuesta constitucional”.

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Presentación

Luego de haberse entregado la iniciativa de reformas constitucionales en el Legislativo, se hizo un acto de presentación de las propuestas en el Palacio Nacional de la Cultura, adonde acudieron representantes de los grupos que participaron en las mesas de diálogo.
En total, para elaborar la propuesta, trabajaron mil 500 personas de diferentes sectores en 148 mesas de trabajo, que unificaron 247 propuestas.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, afirmó que su recomendación para los congresistas es: “Simplemente el estudio sereno, objetivo, que lo que está de por medio es la modernización del sistema de justicia en el país”.
“Eso demanda de todos los diputados una actitud realmente altruista, de examinar de acuerdo con los más altos intereses este proyecto y que con ese análisis lleve a la adopción del texto como ha sido presentado”, aseveró Velásquez.

• Descargue aquí la propuesta de reforma

Distintas visiones

Pese a las posturas de distintos parlamentarios, el presidente Jimmy Morales aseguró: Se debe evitar la confrontación y “aceptar que podemos tener distintas visiones, ideas y propuestas”.
“Exhorto a todos los guatemaltecos a que nos concentremos en los esfuerzos que hemos logrado y no en nuestras diferencias”, precisó.

Legislativo

Mario Taracena, presidente del Congreso, señaló que la propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia contó con el apoyo de 52 legisladores, quienes firmaron la iniciativa de ley que fue presentada ayer.
Taracena reiteró su apoyo en la discusión del tema.

“Hoy es un día especial. Es  buena señal. Estaban representadas todas las bancadas del Congreso. El proceso hay que diferenciarlo de las sesiones ordinarias; este es un caso”, dijo.

Ejecutivo

Como un hecho histórico calificó el presidente Jimmy Morales la propuesta de cambios a la Constitución.
El mandatario destacó que se trata de un proyecto presentado por los presidentes de los tres organismos de Estado, el cual goza del aval de diversos sectores de la población.

“Los cambios grandes se logran con pequeños pasos, cada día. Y los invito a seguir demostrando que Guatemala, realmente, cuando se une logra grandes cambios”, enfatizó el dignatario.

Judicial

El presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, destacó la participación de los pueblos indígenas en la discusión de la propuesta para la reforma constitucional.

Rojas destacó el trabajo hecho por diversos sectores en las mesas de discusión de  temas  propuestos.

“Está contenida en este trabajo la participación ciudadana, para fortalecer al sistema de justicia y, principalmente, facilitar el acceso al mismo. ¿Cómo se logra este objetivo? con la participación de los pueblos indígenas”, dijo Rojas.

• Cambios incluidos

Las reformas constitucionales modifican al sector justicia.

• Los diputados, entre otros, mantienen la inmunidad, pero podrán ser investigados.
• Las autoridades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales de conformidad con sus costumbres.
• Desaparecen las comisiones de postulación en las elecciones a las autoridades de justicia.
• El Consejo Nacional de Justicia se encargará de la formulación, gestión y ejecución de las políticas judiciales.
• La CSJ será integrada por nueve magistrados de Apelaciones y cuatro abogados.
• Se incrementa los períodos de los magistrados de la CC y de la CSJ a nueve años, el del Fiscal General a seis, y podrán reelegirse.

Taracena argumentó que es el presidente Jimmy Morales quien debe indicar cuáles serán los cambios que se van a plantear y sobre qué tributos.

“Es una propuesta del presidente Morales. Dejen que el presidente la presente. No les voy a decir nada más, solo que viene. Es para que ustedes se interesen en esos temas. No quiero anticipar, pero se ven las señales de humo del edificio de Finanzas y no tarda en venir aquí”, dijo el congresista.

La semana pasada se le preguntó a Taracena sobre esa propuesta y  la negó. Lo que respondió fue: “Niña, por favor, puedo hablar 10 veces de 40 temas. Esto que les estoy contando fue hace un ratito”.

Autoridades del Ejecutivo niegan que en este momento se estén contemplando nuevos tributos y que solo se ha hablado de plantear una mesa de diálogo fiscal  para buscar consensos.

Diálogo fiscal

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, reconoció que se ha conversado con el Ministerio de Finanzas y el sector privado acerca de la necesidad   de proveer de más recursos al país para cumplir con las prioridades nacionales, aunque descartó la existencia de alguna propuesta concreta.

Resaltó que una de las premisas es el “uso adecuado” de los recursos actuales, y que antes de una iniciativa de ley para aumentar impuestos se debe comenzar  un proceso de diálogo con el empresariado, que está “anuente” a un análisis de reforma fiscal.

“Es interesante que el diputado Taracena se anticipe a algo que tenga que llegar del Ejecutivo y que a priori dé este tipo de información o comentarios antes de tener una debida propuesta presentada.

No se descarta que no se vaya a dar el tema, pero sí estar de acuerdo en que es una hoja de ruta con el diálogo del sector privado”, explicó el vocero.

Reacciones

Antonio Malouf vicepresidente de Agexport, dijo que como sector empresarial, se encuentran en la disposición de evaluar cómo mejorar los ingresos para el Estado.

“La invitación está hecha para discutir con los centros de pensamiento, universidades y  con  el acompañamiento del G-4 para discutir y lograr consensos en temas fiscales”, afirmó.

Édgar Pape, ex integrante del Directorio de la SAT, dijo que sí se van a discutir tasas impositivas, tanto aquellas dirigidas al patrimonio o  a las personas o empresas que reportan ganancias anuales.

“El llamado del sector privado pareciera que es solo para poder incrementar la tasa del IVA, que va a impactar a todos los contribuyentes”, dijo.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, dijo ayer que realizarán consultas con el presidente Jimmy Morales y con otros sectores del Gobierno, para evaluar la posibilidad de hacer una convocatoria a  un pacto fiscal.

“Lo que pretendemos es evaluar si es el momento adecuado para el pacto fiscal y diseñar una hoja de ruta”, afirmó.

El 17 de noviembre del 2015, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones, las cuales entraron en vigencia el 9 de enero de este año.

Representantes de varias instituciones se han quejado y señalan que hay muchos obstáculos que no permiten efectuar compras comunes.

“Hoy las municipalidades tienen dinero, pero no porque se les asignaron recursos, sino porque no los podemos gastar”, lamentó Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.

Entre los cambios propuestos está elevar el mínimo de compra directa de Q10 mil, como se permite ahora, a Q150 mil, o bien regresar a la ley anterior cuando eran Q90 mil. Los alcaldes señalan que no pueden pagar servicios básicos como extracción de basura o energía eléctrica.

Esta propuesta se suma a otra que ya presentó el presidente del Congreso, Mario Taracena.

Nuevo reglamento

Cinco meses después de que entró en vigencia la Ley, el Ministerio de Finanzas Públicas publicó ayer en el Diario de Centro América el reglamento que regirá la Ley de Contrataciones.

El documento publicado regula desde precios de referencia hasta las compras directas. Contiene 84 artículos y cobrará vigencia a partir del próximo 24 de junio.

Según los alcaldes que llegaron al Congreso, el reglamento es insuficiente porque no resuelve el problema de compras que han afrontado desde que entró en vigencia la Ley de Contrataciones, lo que les ha impedido atender las necesidades de la población.

Esa opinión la comparte el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien comenta que no resuelve todos los problemas, aunque sí en el caso de Salud.

Recordó que el contrato abierto de gases, como oxígeno para los hospitales, vence en julio, por lo que el Gobierno quería aplicar la subasta inversa. Sin embargo, no puede utilizarse porque, según el nuevo reglamento, para esa modalidad debe haber tres o más postores habilitados.

“Las modificaciones no son extensas ni de mucho fondo. Queremos utilizar la subasta inversa, pero se requieren tres proveedores. Está pendiente hacer más modificaciones a la Ley”, opina el vicemandatario.

Ejemplificó que para adquirir oxígeno recurrirán a la modalidad de “compra por alerta” en el área de Salud, la cual exige a la compañía proveedora que no aumente el precio del producto.

“La Secretaría General de la Presidencia busca la figura para aplicarla y emitir el acuerdo gubernativo”, indicó el vicegobernante.

Cabrera manifestó que, con el contrato abierto, cuesta Q0.70 el milímetro cúbico del gas, mientras que en el mercado general el valor es de Q1.70.

Nuevas reglas de compra

El Ministerio de Finanzas publicó el nuevo reglamento.

La Dirección General de Adquisiciones del Estado será la encargada de emitir y actualizar las normas de uso del sistema de Guatecompras.

El INE deberá publicar de manera mensual en su página web y en Guatecompras el índice de precios de referencia de todos los productos que adquiere el Estado.

Los organismos del Estado reconocerán y pagarán o deducirán al contratista el monto de las fluctuaciones de precios sobre la base de los que figuren en la oferta.

Se regulan las transferencias de posesión o de propiedad de bienes inmuebles, en la que se requiere  autorización por acuerdo gubernativo mediante la escritura pública suscrita ante el escribano de cámara del Gobierno.

La compra directa se regula en el artículo 27, que determina: “Si cumplido el procedimiento, no concurren interesados, la autoridad competente deberá prorrogar el plazo como mínimo un día hábil para recibir ofertas, y de no presentarse ninguna, deberá declarar concurso desierto”.

Se podrá realizar subasta inversa solo si se cuenta con tres o más postores habilitados.

La jueza Anabella Acevedo Estévez decidió arraigar a Kappes, presidente del consejo administrativo de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., (Exmigua) y Vaides Medina, gerente general de esa compañía, luego de ser denunciados por los delitos de Desobediencia y Explotación Ilegal de Recursos Naturales.

Kappes y Vaides Medina no pueden salir del país mientras se mantiene vigente la orden de arraigo. 

La querella que promovió el arraigo de los representantes legales de la empresa minera fue planteada por el diputado Juan Ramón Lau porque pobladores de la Puya denunciaron que Exmigua continuó operando en San José del Golfo, pese a que fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en febrero, y se reafirmó el cese de actividades por la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo último. 

Exmigua administra el proyecto Progreso VII Derivada, y desde el comienzo ha tenido oposición de los pbladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Por por varios años se mantuvo un plantón que evitaba que se activaran las operaciones libremente en el área.

Clausuran inmuebles 

Las instalaciones del proyecto minero Progreso Derivada VII,  ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la finca Soprana fueron allanadas el pasado lunes; el Ministerio Público (MP) los clausuró luego de efectuar las diligencias. 

Los fiscales localizaron más de 74 sacos con mineral en polvo, además se localizó lo que se cree son piezas arqueológicas que habrían sido encontradas durante la excavación.

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares.

A las 21.45 horas de este lunes el MP informó que en la Finca Soprana se localizaron otros 100 sacos de productos, además de otra pieza arqueológica.

Resalta el hecho que en los inmuebles también fue localizada una guacamaya roja, dos loros y plantas que se creen son marihuana.

“La indagación continuó, y se hizo la primera operación para que las personas no siguieran con la explotación en el área, en virtud de que se estableció que incumplieron con la orden de las cortes de suspender los trabajos”, explicó Mayra Véliz, secretaria general del MP.

Los presidentes de los tres poderes del Estado concentraron sus discursos en las reformas a la Carta Magna que se evalúan actualmente.

Desde mediados de abril, la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el acompañamiento del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se han dado a la tarea de socializar a escala nacional varias reformas a la Constitución, específicamente en el sector justicia.

En su discurso el presidente Jimmy Morales lanzó mensajes y críticas veladas, sin mencionar nombres, apellidos o instituciones.

Primero elogió la Constitución  vigente, y poco a poco empezó a reconocer que siempre son buenas las reformas y hasta instó al Congreso a analizar la viabilidad de una “reforma profunda” del Estado.

“He hablado con el Ministro de Educación de que la Constitución Política deberá convertirse en un texto que todos aprendan, desde el primer año de estudio hasta la Universidad”, expresó el jefe del Ejecutivo.

El gobernante agregó que dicha reforma y modernización en la administración pública es importante, pero que otra cosa es “tratar de tapar el sol con un dedo”.

Morales aludió a personas que hablan de refundar el Estado, y estimó que ellas deben cumplir la ley. “Es vergonzoso que personas que no cumplen la ley y que hasta han querido romper el orden constitucional ahora quieran darse baños de pureza, hablando de lo que debe hacerse, si cuando pudieron hacerlo  no lo hicieron”, dijo después.

Aunque el mandatario elogió las reformas, varios diputados consideraron que al final de su discurso  mostró su rechazo a estas, pues indicó que los actores sociales debían concentrarse en cumplir la ley y que las modificaciones las hagan otros.

Resalta dificultades

El presidente del Congreso, Mario Taracena, se mostró optimista con las reformas a la Constitución y reconoció que ha habido rechazo a que los alcaldes pierdan su derecho de antejuicio, así como lo relacionado con el derecho consuetudinario, pero considera que con diálogo puede solucionarse.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas, hay que actualizar y transparentar la labor del sector justicia.

La CC festeja

En la Corte de Constitucionalidad (CC) se celebró una actividad, ayer por la tarde, para conmemorar los 31 años de la Constitución. Durante la ceremonia, el presidente de ese máximo tribunal recalcó su compromiso de proteger la Carta Magna.

A la ceremonia también acudieron  Morales  y el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, entre otros diplomáticos y funcionarios. Para concluir la actividad, se entregó una copia en miniatura de la Constitución al mandatario, así como a los funcionarios y diplomáticos asistentes.

Se trata, explicó el titular de la Cicig, Iván Velásquez, de crear un diálogo “amplio” , “plural”  y “participativo”

Señaló que las mesas de trabajo se instalarán a partir de marzo las cuales terminarán en julio donde se conocerán propuestas para el fortalecimiento del sector justicia.

“Entendemos, como lo mencionaba un diputado, que no puede haber segmentación en el Organismo Judicial, que no puede haber segmentación en Corte Suprema de Justicia como para decir que la Corte anterior o la nueva, sino que se requiere diseñar un mecanismo que genere, que proporcione una continuidad real efectiva en la Corte Suprema de Justicia y eso solo podrá hacer en virtud de una reforma constitucional”, aseveró.

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— CICIG Guatemala (@CICIGgt) February 2, 2016

El comisionado habló durante una reunión con los jefes de bancadas en el Congreso para revisar la agenda legislativa en temas de seguridad y justicia. En la actividad participaron la secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Paz; el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y representantes de Naciones Unidas, Alberto Brunori y Valerie Julliand.

“Es necesario fortalecer todos los mecanismos de selección de los más idóneos capaces y de reconocida honorabilidad (…) para todos los servidores de Estado”, precisó Velásquez.

Además, se tratará también la integración de los sistemas indígenas de justicia y el restablecimiento de las leyes de carrera, una de las prioridades para garantizar que en “todos los niveles del Estado”  se incorporen los profesionales “más idóneos”  y de reconocida honorabilidad, destacó Velásquez.

El responsable de la CICIG ve con “mucho optimismo”  la actividad reformista emprendida por el nuevo Congreso, una oportunidad histórica para lograr una reforma de la Justicia que garantice su “independencia” .

Velásquez insistió en que es “urgente”  completar estas reformas, aunque tampoco deben apresurarse para no precipitarse.

El presidente del Congreso, Mario Taracena, señaló que es importante que el país tenga una agenda urgente en reformas al sector justicia. Agregó que harán “un esfuerzo titánico” que comienza hoy con la reforma a la Ley orgánica.

Aunque las fechas para la convocatoria de las mesas todavía no están definidas, las primeras propuestas para las reformas constitucionales podrían estar listas en el próximo mes de marzo.

En esta misma línea se ha manifestado el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quien destacó la importancia de incluir a “todos los sectores”  de la sociedad guatemalteca en este proceso.https://twitter.com/justiciayagt/status/694561150093033473

Aunque ayer se había hablado de una nueva reunión, esta no se llevó a cabo. El secretario de la Comisión, Juan José Porras, dijo que desconoce las razones por las que no se citó, mientras que el presidente, Leonardo Camey, no respondió las llamadas.

Según Porras, depende de Camey realizar la convocatoria, y el no hacerlo retrasa la discusión de la reestructuración del proyecto.

Desde que se inició el análisis quedó implícito que reducirían el techo del proyecto de presupuesto, de Q72 mil 450 millones a Q70 mil millones, aproximadamente. Las reuniones se han concentrado en escuchar propuestas de los centros de análisis.

La semana pasada Camey dijo que ayer se escucharía la propuesta de los operadores del nuevo gobierno, pero no se convocó, por lo que se desconoce en qué consiste esta iniciativa.

Además, pese a los señalamientos de plagio contra Ramón Lam, la Comisión no ha recibido aviso de sustitución.

Avanzan solos

Álvaro González, vicepresidente de la Comisión, aseguró que, junto con su asesora, ya empezó a revisar cada partida para adelantar en una propuesta.

La semana pasada, en confusas declaraciones, Camey afirmó que los asesores elaboraron también una propuesta, y luego dijo que esperaría los resultados de las reuniones con los “tanques de pensamiento”.

Como era de esperarse, los diputados se mostraron ofendidos ante el planteamiento que hiciera el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Felipe Bosch, el jueves en el Encuentro Nacional de Empresarios, de depurar ese organismo, por considerar que se mueve “de forma dudosa”.

Ovidio Monzón, diputado del partido Todos, afirmó: “Si se cree que hay que depurar sectores, también habría que depurar empresarios que evaden pagar sus impuestos, que evaden pagar buenos salarios. Al sector político se le depura cada cuatro años, y en la próxima legislatura vienen 70 nuevos diputados”.

Según Juan José Porras, diputado de Visión con Valores, el presidente de Fundesa se refería a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debería dar posesión a los diputados que han sido señalados y tienen antejuicios abiertos.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, calificó de entendible que se pida al TSE no entregar credenciales a los políticos electos señalados, pero calificó de “muy arriesgado” plantear la depuración cuando la ciudadanía ya eligió a la nueva legislatura, aunque no mencionó que se hizo bajo la misma Ley Electoral que ha permitido abusos y exclusión a los partidos.

Señalados

En la actualidad se encuentran con proceso de antejuicio los diputados Pedro Muadi, señalado de sustracción de fondos del Congreso a través de plazas fantasmas, y Baudilio Hichos, por contratos anómalos lesivos para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Órganismo criticado

No es la primera vez que se habla de depuración en el Congreso. En 1994 hubo un fuerte clamor que concluyó con la renuncia de 71 legisladores. La actual discusión viene desde el 2012, cuando el diputado Gudy Rivera presidía ese organismo, debido a que Líder mantuvo secuestrada la agenda mediante varias interpelaciones.

Un año después, bajo la presidencia de Pedro Muadi se señalaba a los congresistas de escasa productividad y opacidad en la contratación de personal.

Más ruidos de depuración resonaron bajo la dirección de Arístides Crespo, cuando trascendió que las bancadas supuestamente rivales, de Líder y el Partido Patriota, habrían hecho una alianza para elegir a los magistrados de las salas de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, y para aprobar el presupuesto de este año.

Exigencia ciudadana

Analistas políticos coinciden en que la depuración del Congreso ha sido un clamor popular, pero difieren en las acciones por seguir para que eso camine.

“Es un tema delicado. No vamos a pretender resolver con ilegalidades la crisis. No se puede señalar a dedo quién debe irse y quién no”, explicó Geidy de Mata, profesora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.

En tanto, Marielos Fuentes, de la organización Guatemala Visible, indicó que una primera forma de depuración sería que el TSE no le entregue credenciales para toma de posesión a políticos señalados.

“De todas maneras algunos de los que van a tomar posesión no llenan el perfil y con el artículo 113 de la Constitución siempre se puede apelar a que estas personas vean que la población no va a permitir que se siga abusando del ejercicio del poder”, explicó Fuentes.

La reunión, que se desarrolló a petición de Arzú, fue para discutir sobre el apoyo que las autoridades ediles pueden brindar al próximo gobierno. Además, el presidenciable recibió un pliego de propuestas por parte del jefe edil.
 
Morales afirmó que tiene “una gran aceptación” en el voto urbano, por lo que “no está preocupado”.
 
El encuentro se desarrolló a puerta cerrada, pero al final, el alcalde de la capital en conjunto con Morales, quien se hizo acompañar de su vicepresidenciable, Jafeth Cabrera, indicó que presentó un pliego de proyectos para desarrollar la ciudad, pero se negó a dar detalles de los mismos.
 
“El centro de atención es Jimmy Morales en este momento”, justificó.
 
Mientras que Morales habló sobre su visión acerca de la Guatemala próspera, y aseguró que la relación con la Municipalidad de la ciudad de Guatemala “es un hecho”.
 
De nuevo el presidenciable de FCN-Nación se negó a dar nombre sobre el gabinete, porque según él, asaltaron a la esposa de uno de sus dirigentes.
 
Arzú, por su parte, dijo que no daría consejos a Morales sobre cómo gobernar, porque los tiempos son completamente diferentes, sólo indicó que cuando fue presidente en 1996, él “no leyó su plan de gobierno,” sino que “se puso a gobernar”.

Con Sandra Torres 

El alcalde capitalino también se reunió por la tarde con la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, a quien también entregó el mismo pliego de proyectos.

Arzú reveló que se trata de entre 12 y 15 proyectos y que algunos de ellos podrían constituir un “periférico interesante” para el ingreso del transporte pesado a la capital, pero evitó dar más detalles hasta que los candidatos y sus equipos analicen la viabilidad de los proyectos.

Entre otras cifras, reveló que se requiere de muchos recursos para enfrentar la saturación de la ciudad, por ejemplo, que son 1.2 millones de vehículos que circulan en calles con capacidad para 600 mil. Además, informó que el 17 por ciento de los habitantes en la capital son migrantes de la provincia.
 
Aunque la prensa cuestionó a Arzú sobre a quién apoyaría para la segunda vuelta, el jefe edil dijo que no exteriorizará respaldo a ninguno de los dos y que ni siquiera los iba a criticar.

Torres aseguró que si “Dios y la población” decidía que ella gane la segunda vuelta, desde el Ejecutivo brindará “todo el apoyo” al alcalde capitalino.

Desde este lunes cuando comenzó la etapa intermedia, González explicó al juez Miguel Angel Gálvez que le denominaban “R1” a la recaudación de impuestos en las aduanas y “R2” al cobro que se hacía para los sobornos, el cual se ofrecía como una medida para agilizar los procesos aduaneros.

Agregó que él solo tenía conocimiento del 61 por ciento de los recursos que se manejaban, en insistió que del total de los recursos obtenidos de manera anómala, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, eran los poseedores el 50 por ciento, que a veces se entregaba cada semana o cada 15 días.

De este 61 por ciento, un 22.5% sería para Pérez Molina, otro porcentaje igual para Baldetti, un 5% para el exsecretario privado de la vicepresidencia y ahora prófugo, Juan Carlos Monzón, 2% para González, y otra parte más –no se dio detalle– para la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez, y para el superintentendente en funciones.

“My line”

González explicó que en sus teléfonos guardó el número de Roxana Baldetti utilizando el nombre de “My Line” y en otras oportunidades como “Dos”.

Por la forma en que se estructuró la red de defraudación aduanera, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) denominaron a esta organización como “La Línea”, forma en que se le ha conocido desde entonces.

Con una especie de sonrisa, González afirmó: “Pareciera casualidad, pero en mis teléfonos guardé el número como My Line o Dos”.

En familia

Según González visitó en varias oportunidades la casa del expresidente Pérez Molina, así como la vivienda de Baldetti, donde realizaba reuniones de planificación y revisión de resultados del caso La Línea, a la que él se ha referido como El Proyecto.

Aseguró que durante varias reuniones estuvo presente la esposa de Pérez Molina Rosa María Leal de Pérez, la hija del exmandatario Lissette Pérez Leal, y la nuera de estos Luisa Issacs.

González explicó que, además de Grupo Pixel donde se hacían la mayoría de reuniones de planificación, Pérez Molina tiene una empresa que exporta plantas y otra que tenía propiedades que estaban siendo alquiladas.

Eco afirmó que habría comenzado a trabajar las empresas de Pérez Molina en enero de 2015, un año después de que le presentó el proyecto de legalización de las acciones de las compañías. Los honorarios que recibiría para ello, nunca se terminaron de pactar, aseguró el sindicado.

El Ministerio Público solicitó al Gobierno protección para el empresario Salvador Estuardo González, uno de los 24 acusados de pertenecer a la red de corrupción aduanera “La Línea”, quien durante los dos días de audiecia detalló la participación del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Ante el juez que instruye el caso, Miguel Ángel Gálvez, Eco aseguró que “el 50 por ciento de los sobornos (del grupo criminal) iban para Otto Pérez Molina y para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti”, ambos en prisión preventiva por supuestamente liderar “La Línea”.

González, quien presuntamente ocupaba un cargo medio dentro de “La Línea”, relató ante el juez Gálvez cómo conoció a Baldetti y Pérez Molina cuando ya estaban en el poder, y se convirtió en su operador dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT).

Según González Álvarez, inició su relación con los mandatarios a través de Juan Carlos Monzón a quien conocía desde años atrás.

“El 50% de los sobornos eran para el 1 y la 2 (…). Fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero”, refirió González en la etapa intermedia del caso a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

González Álvarez reconoció que los recursos eran parte del cobro que se hacía para “agilizar los trámites aduaneros”.

Eco explicó que  los cobros ilegales que se hacían para agilizar los trámites en las aduanas se le denominaba, “la cola”.

González fue detenido el pasado 16 de abril como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Durante la audiencia, González explicó la forma en que fue organizada la estructura de defraudación y confirmó haber tenido una reunión con Pérez Molina.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), un ente adscrito a la ONU, identifican a Pérez como uno de los cabecillas de la red junto a su ex vicepresidenta Baldetti, quien dimitió en mayo. Baldetti se encuentra en el hospital del Ejército debido a padecimientos de salud.

González también admitió que tuvo acercamientos para coordinar la estrategia del fraude con el ahora prófugo Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de Baldetti y señalado como el cerebro de la estafa.

ECO: Nos reunimos con presidente de la República, Geovanni Marrroquin, Carlos Muñoz, Claudia Méndez y su servidor.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) September 28, 2015

De acuerdo con el detenido, cuando llegó Claudia Méndez como intendente de aduanas se le explicó “el proyecto de recaudación” y se le dijo que ella recibiría un cinco por ciento de las ganancias.

“Solo le entregué una vez Q50 mil en una caja de regalo, luego ella me dijo que no quería recibirlo más y que ella se arreglaría con Juan Carlos Monzón”, dice González Álvarez.

Luego de las declaraciones que confirman las acusaciones de la Cicig y el MP en contra de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, se solicitó desde la Fiscalía que se eleven las medidas de seguridad de González Álvarez durante sus traslados y en el centro de reclusión Pavoncito, en Fraijanes.

Para este martes a las 9 de la mañana, se espera que continúe la diligencia donde se someterá a González Álvarez al interrogatorio respectivo.

Distribución

Durante la segunda etapa de declaración, González Álvarez detalló que Monzón recibía un 65 por ciento “de la cola” que se cobraba para agilizar los trámites aduaneros, para que él se encargara de hacer la distribución de las ganancias.

“Un 50 por ciento era para el presidente y la vicepresidenta, un cinco por ciento para Juan Carlos Monzón y un 2 por ciento era mío. No me voy a poner a explicarle que al principio no lo tenía y que lo recibí de último”, manifestó.

Aunque afirmó que nunca le entregó dinero en efectivo a Baldetti o Pérez Molina, aseveró que le consta que el 50 por ciento era para ellos, lo cual le quedó comprobado en una de las reuniones que sostuvo con Monzón.

“Obviamente no dice el nombre de ellos, pero así esta dividido, en los documentos que están en mi computadora lo podrán ver”, aseguró.

Eco también dijo que estaba dispuesto a cualquier careo con todas las personas que mencionó durante su declaración.

¿Cómo se relacionó?

González Álvarez explicó que a la primera que conoció fue a Baldetti a quien llegó a través de Juan Carlos Monzón, prófugo de las autoridades guatemaltecas

Durante su declaración afirmó que en un principio manejó unas siete sociedades anónimas de la ex vicepresidenta, las cuales estaban sin uso desde hacía un par de años –desde su creación–.

“Se supone que yo debía hacer que volvieran a funcionar, pero luego me explicaron el proyecto y me dijeron que tenía que explicar cuánto debía facturar cada empresa para determinar cuánto era el movimiento que se tenía que hacer al mes”, manifestó.

Entre las empresas mencionó: Centro Industrial de Oriente, Gardenia (que era un área inmobiliaria en Coatepeque), y Galú, la cual se supone que adquiriría un bien inmueble que pudiera servir como hotel en Antigua Guatemala.

“Sé que lo que terminé haciendo fue dándole apariencia de legalidad a transacciones que no lo eran”, manifestó.
Eco, afirmó de a poco se involucró más y le ofrecieron la gerencia general de Corporación de Noticias, pero rechazó la oferta, luego le indicaron que el Presidente Pérez Molina quería conocerlo por recomendación de Baldetti.

“Me dijeron que el proyecto era para mejorar la recaudación y que sería directamente con el Presidente. Déjeme decirle señor juez que yo me sentí orgulloso de apoyar en el incremento de recaudación y a una persona como el Presidente”, comentó.

Alias ECO: fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) September 28, 2015

Reconoció que el proyecto abarcaba los puertos Quetzal, en Escuintla, y Santo Tomás en Izabal, y “fue allí donde se me hizo ver que además de buscar el incremento de recaudación había que hacer un cobro que se relacionaba con agilizar los trámites aduaneros. Era un pago. Yo debía llevar un control, hice una tabla y le puse una guía 1 y 2 en lugar de poner presidente y vicepresidente”, detalló.

Agregó que era muy difícil trabajar con “Claudia” –Méndez– porque era muy legalista, “todo lo quería por escrito”.

El ahora detenido, dijo que para referirse a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) utilizaban la clave: “las cinco letras”.

Según González Álvarez, la embajada americana estaba al tanto del proyecto de recaudación y del trabajo que allí realizaría Javier Ortíz, alias Comandante Jeréz.

“Soy víctima”

Al final de su declaración, González Álvarez pidió disculpas a todas las personas que mencionó durante su disertación, así como a quienes hayan salido afectadas con la estructura criminal denominada La Línea.

“Yo también soy víctima, pero de mí mismo. Soy víctima de una mala decisión. Le pido disculpas a mi familia, porque ellos no tienen que estar sufriendo nada de los efectos de lo que yo hice”, manifestó.

Agregó: “No me voy a defender, estoy contando los hechos tal y como yo los viví. Insisto en que yo terminé haciendo algo por lo que no fui contratado, pero al final lo hice”.

Accionan abogados

Mientras el fiscal del Ministerio Público, Antonio Morales, pide resguardar la vida de Eco, la mayoría de los abogados de los implicados en La Línea, ha buscado botar la declaración de González Álvarez, luego de que mencionara varios nombres de la estructura.

Morales calificó de reveladoras las declaraciones de González Álvarez, alias Eco, son reveladoras y pidió que se le otorgue medidas de seguridad por cualquier riesgo que pueda existir contra el acusado.

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó medidas de seguridad en favor de González y obliga al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario que garanticen la vida y seguridad de Eco.

Reveladoras

Morales, fiscal del MP, calificó durante la audiencia de reveladoras las declaraciones de González Álvarez, al finalizar la misma dijo a medios de comunicación que había algunos aspectos que desconocía.

“No sabíamos que él personalmente le había mandado dinero en efectivo y la forma como se hizo a Claudia Méndez –exintendente de Aduanas–”, explicó.

También dijo que desconocían que había sido González Álvarez quien nombró como 1 y 2 al expresidente Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Baldetti, “para mí eso es revelador, juzguen ustedes lo que pasó hoy”, dijo Morales entre sonrisas a los periodistas.

En un momento cuando La Línea se estaba reestructurando, González Álvarez indicó durante su declaración que se dejó de trabajar por lo que retomó la labor que realizaba para la vicepresidenta con sus siete empresas, pero también comenzó a hacer lo mismo con el presidente Pérez Molina.
 
“Comencé a ver también unas empresas del presidente Otto Pérez, y nos reuníamos los lunes, en una oficina de la 16 calle, zona 10. Participaba su hija y su nuera”, detalló.

Más adelante aseguró que “con el presidente –Pérez Molina– empezamos tarde, pero se estaba haciendo trabajos similares”, indicó González Álvarez.

* Con información de agencia AFP

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala (EG), dijo: “Me parece que la intención de Líder es validar la forma en que trabajarán el presupuesto, pero al final, como tienen mayoría, podrían manipular el proyecto para garantizar recursos a sus alcaldes o a las oenegés que les convengan”.

Por ello, EG no solicitó formar parte de la Comisión. “Mejor haremos una fiscalización desde afuera”, afirmó.

Esa misma posición mantiene la Unidad Nacional de la Esperanza. Según Carlos Barreda, se debe crear una mesa técnica que incluya a todas las bancadas y que no haya mayoría de ninguno.

“Es imposible trabajar de manera democrática en una comisión con mayorías, porque da poder; además, está integrada por varios diputados señalados de corrupción”, refirió Barreda.

Amílcar Pop, de Winaq, compartió esa visión, pero reconoció que solicitó incluirse porque quiere hacer aportes técnicos. “Si me incluyen, porque sé que los espacios ya tienen destino”, advirtió.

Roberto Alejos, del bloque de Todos, explicó que solicitaron dos espacios porque “se necesita aprobar un presupuesto real, que cubra las necesidades del país, pero sin endeudamiento irracional ni más impuestos”.

Álvaro González, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), reconoció que su bancada lo propuso para hacer aportes técnicos sin posiciones políticas ni ideológicas.

Leonardo Camey, presidente de la Comisión, subrayó que al retiro de Jaime Martínez de esa sala se sumó Baudilio Hichos, así que con la ampliación quedan ocho espacios disponibles.

Camey detalló que han solicitado integrarse Luis Pérez, del Partido Republicano Institucional; Mario Estrada, Unión del Cambio Nacional; Wálter Félix, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; Felipe Alejos y Rolando Pérez, Todos; Pop, Winaq; González, Creo; y Nery Rodas, independiente.

La recepción de solicitudes cerrará el lunes y el listado final de integrantes se conocerá el martes.

Según los datos preliminares, entre quienes tendrán un nuevo período en al Legislativo está el liderista Baudilio Hichos, quien tiene un proceso de antejuicio abierto, acusado de haber participado en un contrato anómalo entre una empresa de su propiedad con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Pese al voto de castigo que habría recibido el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), también fueron reelectos los diputados de Huehuetenango Luis Chávez y Mirza Arreaga, que fueron captados en video tratando de buscar beneficios de manera irregular y por lo cual existe un proceso de antejuicio en su contra.

Entre otros señalados de esa agrupación política que llegarán al Congreso están Jaime Martínez Lohayza y Mario Yanes.

Así también, por el Partido Patriota (PP), fueron reelectos los diputados como Gudy Rivera y Emilenne Mazariegos, ambos con procesos judiciales abiertos y que han trascendido por haber sostenido conversaciones controversiales que van desde pactar plazas hasta negociar beneficios para el figuras del extinto gobierno patriotista.

Polémicos

También repetirán algunos legisladores polémicos como Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ha sostenido fuertes disputas con varios congresistas. En uno de sus exabruptos incluso le lanzó lapiceros a Rivera, cuando este fue presidente de ese organismo.

Otro que vuelve, a pesar de que supuestamente fue expulsado por la UNE, es Domingo Trejo, quien durante la campaña utilizó bailarinas nudistas para atraer votantes.

También logró ser reelecto Julio César López Villatoro, hermano de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del tenis.

Al Legislativo también volverán algunos de los conocidos como caciques, entre ellos Haroldo Quej Chen, de la UNE, por Alta Verapaz; Arístides Crespo, del PP, por Escuintla, quien sobresale por ser el que lleva mayor tiempo en ese organismo, e Iván Arévalo, de Totonicapán, quien no logró el acostumbrado acompañamiento de su hermano Édgar.

Prevén salida

La politóloga Carmen Ortiz prevé que los diputados que llevan un proceso de antejuicio no durarán mucho tiempo en el Legislativo, por lo que sus lugares podrían ser ocupados por suplentes.

Stephanie López, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, aseguró: “Con ellos hay que esperar que se resuelvan los procesos en su contra, y una vez resueltos, si estas personas son culpables, serán sacadas de su curul. De lo que hay que estar atentos es ver quiénes son los suplentes; hay que empezar a ver quiénes llenarían esos vacíos”.

Nuevos rostros

El Congreso recibirá a nuevos diputados, entre ellos los militares Javier Hernández Ovalle y Alsider Antonio Arias Rodríguez, que llegarán con Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

De igual forma recibirá a Adolfo Velásquez, Sandra Morán y Leocadio Juracán, activistas de izquierda, de la Asamblea Social y Popular.

Según datos preliminares, habrá en el Congreso unas 17 mujeres, distribuidas en varias bancadas.

Líder

UNE

PP

TODOS

FCN

EG

UCN

CREO/PU

VIVA

CONVERGENCIA

PAN

FUERZA

El amparo de la Sala  solicita en este caso al Tribunal B de Mayor Riesgo, designe un nuevo hospital que cuente con equipo médico y personal calificado para que a Ríos Montt le practiquen los exámenes clínicos.

Los magistrados argumentan que lo hacen para resguardar la vida del exmilitar, esto porque el Hospital Federico Mora según los jueces, “no reúne los estándares necesarios de conformidad con investigación y documentos elaborados por entidades nacionales e internacionales  en defensa de los Derechos Humanos de los pacientes recluidos en dicho centro”.

Previo a resolver, la Sala solicitó un informe al Tribunal que pidió el traslado de Ríos Montt para que explicara las razones que motivaron esa decisión.

El sábado 25, los abogados del exmilitar frenaron la orden de traslado al hospital mental mediante un amparo que les otorgó la Sala de Apelaciones deFemicidio.

El amparo explicó que habría violación a las garantías procesales del militar, la medida fue rechazada, lo que reactivó el traslado.

Ríos Montt está señalado de delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, por la muerte de mil 771 indígenas de la etnia Ixil, durante el desarrollo de planes militares que buscaban eliminar grupos guerrilleros durante el marzo de 1982 y agosto de 1983, período en el que gobernó el procesado.

Ríos Montt y la justicia

Hace una semana el Tribunal B de Mayor Riesgo, ordenó que a Ríos Montt se le practique una evaluación psiquiátrica para conocer en definitiva si padece demencia senil, enfermedad que le impediría comparecer ante los jueces.

Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) declaró a Ríos Montt “mentalmente incompetente”

“No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa”, precisa el informe del instituto forense.

Efraín Ríos Montt  fue condenado a 80 años de prisión, el 10 de mayo de 2013, semanas después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo y ordenó la repetir el juicio por considerar que se incurrió en errores procesales y ordenó.

Mientras diplomáticos de la Unión Europea solicitaban ayer a jefes de bloques que avancen en los consensos para aprobar las iniciativas de reformas al Estado, en la reunión de la mesa que analiza cambios al sector justicia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Sistema de Naciones Unidas presentaron varios planteamientos.

La comitiva que acudió al Congreso estuvo integrada por los embajadores de la Unión Europea, Stella Zervoudaki; de Alemania, Mathias Sonn; y de España, Manuel Lejarreta, además de representantes de Suecia y de Gran Bretaña.

Diplomática sacudida

Durante cerca de media hora, los diplomáticos insistieron a los diputados en la necesidad de reformar las leyes Electoral y de Partidos Políticos, la de Contrataciones del Estado, la de Servicio Civil y las que impliquen mejorar el sector justicia.

“Para el Congreso, este momento de crisis debe convertirse en una oportunidad. La solución no es una solución revolucionaria. El Legislativo tiene en su mesa propuestas discutidas por años y años… Lo que se necesita es voluntad política y una medida de coraje”, manifestó Sonn.

Lejarreta les recordó a los diputados que en los últimos tres meses se han producido demandas sociales importantes, la mayoría de ellas dirigidas al Congreso, tal como ocurre en otras naciones, ya que los legislativos son “instancias fundamentales para atender a la población”.

El diplomático español añadió: “Queridos amigos diputados, da la sensación de que el traje político legislativo que tiene Guatemala se ha quedado pequeño para lo que demanda la sociedad. Da la sensación de que Guatemala necesita un traje nuevo que le siente mejor para el futuro inmediato”.

Zervoudaki expuso que Guatemala atraviesa por un momento histórico que ha colocado al Congreso en el centro de la reestructuración del Estado, por lo que ofreció continuar con el apoyo y acompañamiento que Europa ha brindado.

“El diálogo no siempre es fácil, muchas veces es complejo; pero solo a través del diálogo se puede ir adelante”, manifestó Zervoudaki.

Los diplomáticos europeos también solicitaron a los jefes de bloques que tomen en consideración aprobar antes del 25 de julio el protocolo especial firmado entre Guatemala con Belice que permitiría efectuar la consulta popular durante la segunda vuelta de las elecciones, para conseguir que el añejo referendo pueda ser trasladado a la Corte Internacional de Justicia.

Esta no es la primera vez que el Congreso recibe la visita de funcionarios internacionales para impulsar reformas a las leyes del Estado; el lunes último, el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, acudió a la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde manifestó su apoyo a los cambios al rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado.

Sobre la mesa

A la reunión de la mesa que analiza reformas al sector justicia asistió por segunda vez el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, quien presentó de nuevo una lista de modificaciones a la Ley de la Carrera Judicial.

A la sesión también acudió Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las propuestas fueron trabajadas por ambos organismos internacionales.

En opinión del jefe de la Cicig, las modificaciones que plantearon son necesarias para el sistema judicial, porque garantizan la independencia de los jueces y mejoran la jurisprudencia.

El diputado Oliverio García Rodas, presidente de la mesa coordinadora, explicó que la próxima semana convocará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para iniciar con el trabajo de discusión y lograr dar un dictamen favorable y que el pleno las conozca.

Velásquez aseguró que hay consenso sobre las propuestas presentadas y que es necesario que se aprueben para que exista mejor aplicación de la justicia.

“Es conveniente que el Consejo de la Carrera Judicial se dedique permanentemente a tomar decisiones que le corresponden respecto de los aspectos ordinarios y que dé directrices y políticas generales”, afirmó el comisionado.

De brazos cruzados

Pareciera que los diputados no terminan de entender el mensaje, pues en la instancia de jefes de bloques la discusión sobre el mecanismo que se usará para conocer los resultados de las cuatro mesas formadas el 28 de mayo fue breve y sin conclusiones.

La única propuesta concreta fue la de Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que coordinó la mesa de reformas a la Ley Electoral, quien planteó que la iniciativa presentada por esa instancia fuera dispensada de dictamen y así conocerla junto con los 31 artículos que ya fueron aprobados por la Corte de Constitucionalidad.

Para esa propuesta no hubo respaldo de los congresistas, y ni siquiera se entró a votar por la iniciativa de Barreda.

Contrario a ello, el diputado Pablo Duarte, jefe del bloque del Partido Unionista, dijo que el Tribunal Supremo Electoral había sugerido a través de un comunicado que las reformas las debía conocer la legislatura del 2016, lo que fue rechazado por otros diputados.

La aprobación de las leyes ha causado división. La semana pasada, sindicalistas allegados al oficialismo acudieron al Congreso con amenazas de que tomarían medidas si se aprobaban las normativas que se discuten en las mesas, pues exigen apoyo a otras propuestas de demanda social, como la de Desarrollo Rural Integral o la nacionalización de la energía eléctrica.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron en la Corte Suprema de Justicia sus solicitudes de antejuicio contra cuatro diputados y un alcalde.

Los legisladores del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) Luis Chávez Pérez, Mirza Arreaga Meza de Cardona y Mario Yanes Guerra son sindicados de tráfico de influencias y abuso de autoridad, mientras que Mario Rivera Cabrera es acusado de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.

Además, el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es acusado de haber cometido fraude, concusión, asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.

Según explicó la fiscal general, Thelma Aldana, la investigación inicial contra los diputados comenzó por una denuncia del ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez.

El funcionario presentó su señalamiento acompañado de audios y videos de las conversaciones sostenidas con esos diputados.

Piden favores

Las investigaciones determinaron que los diputados Chávez y Arreaga solicitaron la contratación de determinadas empresas de construcción para obra gris en Huehuetenango, a cambio de no atacarlo políticamente.

El diputado Yanes solicitó al ministro de Desarrollo Social la asignación de cinco plazas fantasmas en esa cartera, y a cambio le ofreció otorgarle dos de esas.

Entre las características de las plazas, el diputado expresó la necesidad de que en los puestos para “sus operadores” deban presentar un informe a final de mes, pues no irían a trabajar.

Yanes ofreció, además, “buenos contactos” en la Contraloría General de Cuentas, en caso los llegara a necesitar.

Se defienden

Diputados de Líder consideran que las acciones presentadas son “puro chantaje político del MP para que no se le quite el antejuicio a Pérez Molina”, según detalló Roberto Villate, secretario general de ese partido.

El portavoz de Líder, Fridel de León, manifestó que ni la agrupación ni los diputados han sido notificados de las denuncias. “Se nos hace muy sospechoso que entre las investigaciones no hay un solo señalamiento de los funcionarios del partido de la UNE, quienes tuvieron grandes señalamientos de corrupción”, expresó.

Lavado de dinero

Thelma Aldana detalló también que el diputado Mario Rivera fue investigado por lavado de dinero, pues al evaluar sus ingresos, se determinó que los bienes que posee no fueron adquiridos de manera lícita, al no poseer sueldo acorde a sus gastos.

Cinco vehículos de lujo, cinco viviendas también lujosas y una cuenta bancaria de Q9 millones 194 mil son propiedad del legislador Rivera.
“Con el salario que pudo haber percibido durante nueve años como diputado no llegaría a dicha cantidad”, explicó la jefa del MP.

Nuevo antejuicio

En el caso del alcalde de Chinautla, Medrano, la investigación surgió por una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por transacciones sospechosas.

La investigación previa determinó que en el 2008 fueron formadas cinco empresas comerciales: Constructora Lagunilla, S. A.; Multitel, S. A.; Santa Cruz Construcciones, S. A.; Constructora Escala, S. A.; y Constructora Equité, S. A., con la finalidad de prestar servicios a la Municipalidad de Chinautla.

Luego, en el 2009 y el 2011, se estableció la existencia de otras sociedades mercantiles: Constructora El Campo, Dinámica Constructiva, S.A., y Constructora Aguirre Hermanos, S. A., con las cuales tenía vínculos Medrano, y que fueron beneficiadas con la adjudicación de obras pagadas mediante el fideicomiso de la comuna.

Esas sociedades trasladaron fondos a las cuentas bancarias de las compañías creadas en el 2008, y posteriormente constituyeron certificados a plazo fijo a favor de la familia Medrano Osorio.

Los cheques que llegó a cobrar la familia Medrano Osorio tenían valor total de Q24 millones 905 mil, de los cuales Q56 mil fueron otorgados a Brenda Elizabeth del Cid Medrano, quien pretende competir por la Alcaldía de Chinautla, postulada también por Líder.

Iván Velásquez, jefe de la comisión de las Naciones Unidas, manifestó: “Consideramos que hay un entramado de corrupción que es necesario develar y, en esa medida, de manera conjunta con el Ministerio Público, podemos contribuir al fortalecimiento institucional”.

El diputado independientes Rolando Pérez Bethancourt a través de una moción privilegiada solicitó que se conociera y votara a favor de colocar como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad a Manuel Duarte, en sustitución de Alejandro Maldonado.

La estrategia legislativa tomó por sorpresa a varias bancadas que razonaron por más de una hora su voto, criticando que la elección es producto de una alianza de interéses entre el Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder), por beneficios particulares.

Duarte, nuevo magistrado titular de la CC, hasta ahora era el Director del Departamento Jurídico del Congreso de la República.

La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), voto en contra y sus argumentos se basaron en que el Congreso se estaba prestando para que la CC tenga un balance de fuerzas que en algún momento puedan favorecer acciones en beneficio de Otto Pérez Molina y el proceso de antejuicio que enfrenta.

Mario Taracena, de la UNE, señaló que con interrumpir el orden del día se estaba retrasando la integración de la pesquisidora del Presidente, mientras que Orlando Blanco pidió al “Presidente -del Congreso- que no se preste a cochinadas”.

Con 88 votos el Congreso aprobó conocer la moción y someterla a votación para poder elegir y nombrar al nuevo magistrado.

Pesquisidora

En una actividad que se extendió por más de una hora, con 84 votos a favor, el Congreso aprobó como precedente que luego de aceptar la salida de Baudilio Hichos de la comisión pesquisidora de Pérez Molina, se corrieran los lugares y el nuevo integrante llegue a ocupar una vocalía.

Comisión Pesquisidora se reunirá mañana a las 10AM para analizar informe de #AntejuicioOPM. @prensa_libre pic.twitter.com/9yRO28dPou

— Joel Suncar (@jsuncarpaz) July 3, 2015

El precedente permite que Fernando García Gudiel, secretario de la Comisión, asuma la presidencia de esa instancia. El diputado Roberto Villate, jefe del bloque Líder, al razonar su voto sentenció que sin importar quien asuma el puesto vacante en la comisión, ya existe un informe y se insistirá en que se firme. El informe recomienda que se retire la inmunidad a Pérez Molina.

Salvador Baldizón, diputado de Líder y hermano del presidenciable de esa agrupación política, fue el elegido a través de sorteo para integrar la comisión y pueda, estando completa, presentar de nuevo el informe pesquisidor al pleno.

La jornada

En una espera larga y ante la ausencia notoria de los diputados de Libertad Democrática Renovada (Líder), por más de 60 minutos, la sesión inició con la presencia de 121 diputados.

La agenda legislativa contempla el conocer la renuncia del diputado y presidente de la Comisión Pesquisidora Baudilio Hichos, que se excusa de integrarla y sobre quien pesa una solicitud de antejuicio.

El inicio de sesión también incluyó una supuesta amenaza de bomba en el Palacio Legislativo, sin embargo esta fue descartada y la sesión fue abierta por el presidente del Legislativo Luis Rabbé, a las 16.30 horas.

Las lectura de actas anteriores, la acción de amparo presentado por karen Fischer a la Corte de Constitucionalidad  y la renuncia de Hichos a la presidencia de la pesquisidora, que fue apoyada por 122 parlamentarios.

Agenda del día

• Lectura y aprobación de las actas anteriores.
• Auto de la CC por medio del cual se revoca el amparo provisional otorgado a Karen Fischer que frenaba el trabajo de la comisión pesquisidora de Otto Pérez Molina.
• Renuncia del diputado Baudilio Hichos como presidente de la comisión pesquisidora de Otto Pérez Molina.
• Conocimiento del pleno de 1 iniciativas de ley.
• Informe de las auditorías de la CGC a la Liquidación del Presupuesto del Congreso en 2014.
• Informe de integración de las Comisiones Lesgislativas de Trabajo.
• Elección de los integrantes de la comisión de Derechos Humanos del Congreso.
• Discusión en primer debate del dictamen de proyecto  para aprobar el Convenio de Cooperación Financiera entre el Gobierno de Guatemala y la República de Taiwán.
• Convocatoria para participar a los aspirantes a integrar el directorio del Registro Nacional de Personas.
• Elección del Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal.
• Mociones y Proposiciones.

No se conoció en el pleno el informe de la comisión Pesquisidora que recomedaría retirar el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina.