La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que cerca de las 13 horas de este jueves un grupo de personas encapuchadas irrumpió en la subestación del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que se ubica en la aldea La Unión y manipuló unatransformador para conectar los cables del fluido eléctrico que proveen el servicio a por lo menos 17 comunidades del área del Pacayá.
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Según el reporte, un segundo grupo de encapuchados llegó frente a la oficina de distribuidora eléctrica, ubicada en el barrio San Francisco, zona 3, y al menos dos sujetos lanzaron un artefacto explosivo dentro de la oficina.
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Julio César Quemé, gobernador de Quetzaltenango, lamentó los sucesos violentos y comentó que la casa del alcalde Alfonso García Junco también fue atacada. “Tenemos información que personas encapuchadas explotaron artefactos caseros en la oficina de Energuate y frente a la casa del alcalde”.
El funcionario aseguró que la PNC enviará refuerzos a Coatepeque y manifestó que agentes la División Especializada en Investigación Criminal comenzaron las averiguaciones para identificar a los vándalos.
El vocero de Energuate, Mynor Amezquita, confirmó el ataque y explicó que al momento de la detonación dentro de la agencia había 30 personas, entre usuarios y personal de Energuate quienes no resultaron heridos, pero sí con crisis nerviosa.
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“Lo ocurrió esta tarde en Coatepeque deslegitima la oposición de los vecinos del área del Pacayá que se resisten a pagar una deuda de Q20 millones con la empresa y se convierte –el ataque– en un caso de terrorismo”, manifestó el vocero de empresa eléctrica.
Origen del problema
La suspensión del servicio en comunidades de Coatepeque en julio de este año se debió a que muchos de los vecinos tienen conexiones ilegales y se niegan a pagar las facturas por el consumo de electricidad.
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Energuate suspendió el servicio en siete comunidades (San Rafael Pacayá 1 y 2, San Vicente Pacayá, Aldea Colón, Villa Flores, El Troje y San Benito Pacayá) donde los vecinos no permiten los trabajos de la empresa y adeudan unos Q20 millones, por incumplimiento de pago de hasta ocho años.
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