Carlos Barrios, miembro del colectivo, comentó que desde el 20 de octubre recolectaron las firmas en el parque central de Xela y plazas de otros municipios para mostrar inconformidad con el Pacto de Corruptos gestado el 13 de septiembre.
“La petición concreta es que renuncien los diputados distritales de Quetzaltenango por falta de acción y por darle la espalda al pueblo. Por eso entregamos el memorial al TSE para que lo conozca y además, para que manifieste cuál es su posición ante la solicitud de la ciudadanía”, refirió Barrios.
Ambos grupos también entregaron el memorial al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que tenga conocimiento del tema y del rechazo de los quetzaltecos hacia los congresistas.
En este proceso, el 27 de octubre los diputados distritales fueron citados por el colectivo al parque central de Quetzaltenango; sin embargo, ninguno llegó, solo dos presentaron excusa. En esa ocasión se pretendía que los diputados explicaran su postura ante el voto del Pacto de Corruptos.
María Villagrán, del colectivo Que Todos se Levanten, dijo que culminan un proceso donde se retomó un espacio de la ciudadanía.
“Es la voz del pueblo de Quetzaltenango que rechaza que no estén trabajando los diputados por la ciudadanía, sino por sus intereses personales. Los desconocemos y los invitamos a que ya no sigan, los primeros en recolectar fueron los 48 cantones de Totonicapán el año pasado, instamos a otros departamentos a que realicen lo mismo porque es para bien de todos”, explicó Villagrán.
Según los integrantes de los grupos ciudadanos, exigen que se declare la pérdida de representatividad del distrito de Quetzaltenango a los diputados:
- Nery Orlando Samayoa Barrios,
- José Conrado García Hidalgo,
- Rubén Misael Escobar Calderón,
- Juan Carlos Salanic García,
- José Alberto Hernández Salguero,
- Pedro Méndez Carreto, y
- Eduardo Ramiro de Matta.
Además, que, a partir de la resolución emitida, los señalados se abstengan de representar, interferir y asumir los intereses del departamento ante el Congreso y en todos los ámbitos que la función que ejercen implica.
El denominado Pacto de Corruptos fue la aprobación de urgencia nacional a las reformas al Código Pena, en el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas para beneficiar condenas en 400 delitos, entre ellos los que enfrentan exfuncionarios por corrupción.
