Después de cinco horas de audiencia de primera declaración, el juez de turno de primera instancia penal, Marvin Coyoy, resolvió ligar a proceso a los concejales Fredy Estuardo Camacho Aguilar, Mauricio Aguilar García y Román Vásquez Jiménez, por instigación a delinquir, coacción y abuso de autoridad.
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Los funcionarios para recobrar su libertad deberán pagar Q25 mil de caución impuesta como medida substitutiva y firmar un libro cada lunes, además tendrán prohibido comunicarse con los involucrados en el proceso, pues aún están pendientes dos capturas.
El fiscal Germán Baylon indicó que como parte de las pruebas el Ministerio Público (MP) presentó la denuncia del alcalde, lo que originó la investigación; además de la declaración de testigos, quienes aseguran que los tres concejales, capturados el miércoles pasado, planificaron y participaron en la protesta y toma de la comuna.
La Fiscalía también presentó como parte de los indicios, documentos que comprueban el cargo de los sindicados; además del acta de inspección ocular del pasado 26 de junio, en la cual consta que la comuna fue entregada por dos de los señalados luego de haber sido cerrada por los pobladores.
Los concejales indicaron que se encontraban en la comuna, porque fueron citados por pobladores.
Camacho reconoció que estuvo presente el día de los hechos, pero aseguró que fue porque los vecinos le indicaron que de no hecerlo, estaría a favor del alcalde; sin embargo, el juzgador manifestó que era extraño que solo ellos fueran citados por la población y no los demás integrantes del Concejo.
De acuerdo con la acusación del MP, los sindicados se condujeron por el municipio a bordo de vehículos de un Consejo Comunitario de Desarrollo, para convocar por medio de un autoparlante a la población para que participará en la protesta, con el argumento de que el alcalde Santos Escobar Vicente no ha realizado ninguna obra.
Además, se les acusa de apoyar a los vecinos y participar en la toma de la comuna al colocar candados y cadenas en la puerta de ingreso.
Baylon indicó que esto perjudicó a la población y a la administración pública porque no se pudo cumplir con las funciones del gobierno municipal del 17 al 26 de junio de este año.
“Los testigos dijeron que se les presionó para participar de la manifestación violenta, pues los amenazaron con cancelarles el servicio de agua, el cual fue suspendido por dos días”, señaló Baylon, quien agregó que un fontanero declaró que abrió la bomba del agua, pero un grupo de vecinas lo obligó a cerrarla.
El juzgador resaltó que los vecinos necesitan a diario realizar trámites de suma importancia en la comuna, en especial de servicios básicos, por lo que se perjudicó a la población al cerrar la municipalidad.
Resaltó que ante inconformidades no es correcto promover la violencia, pues durante la manifestación resultaron heridos un policía y otras autoridades.
El abogado Mynor Domínguez solicitó la constitución como querellante adhesivo de la comuna de San Miguel Sigüila por los daños que esta sufrió a causa de los actos que se le señalan a los tres concejales.
