Luego de varios años de discusiones y tratamientos, se concluyó con una norma de trabajo entre el sector público-privado.
Por medio de acuerdo gubernativo, se dio vida a la política nacional 2018-2028, en agosto pasado.
La actividad ilegal deja por lo menos Q17 mil millones que el fisco no logra percibir cada año, según los estudios, y que valida el documento.
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Cuatro ejes, cinco lineamientos estratégicos y 32 acciones son los frentes que buscarán contrarrestar la defraudación y el contrabando aduanero en los próximo diez años en que estará vigente la normativa.
Los cuatro ejes definidos son: prevención y combate de la defraudación y el contrabando aduaneros, así como la transparencia y combate de la corrupción y fortalecimiento tributario.
“Con estos ejes de trabajo se espera prevenir y combatir prácticas ilegales en el territorio nacional, incrementar la recaudación proveniente de tributos de comercio exterior y coadyuvar con el Estado para la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad”, señala el documento.
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Las acciones previstas se plantean al corto plazo —uno a tres años—, mediano —tres a cinco años— y largo plazo —cinco a 10 años—, que involucra tanto a instituciones públicas como privadas.
Por el lado del contrabando, el lucro constituye el principal incentivo económico para no pasar por control aduanero, la utilidad que obtienen los contrabandistas es mayor al riesgo de ser perseguidos por este ilícito, permitiéndoles competir en mejores condiciones en cuanto a los precios y demanda de las mercancías, en detrimento de quienes cumplen con los requisitos tributarios y no arancelarios.
Visión estratégica
Werner Florencio Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), expuso que la política cuenta con elementos estratégicos, fortalecer la cultura tributaria y atacar la defraudación y contrabando desde una manera institucional.
Una réplica de un vehículo "Transformer" que es utilizado para espectáculos en circos fue transportado por el Río Suchiate de Guatemala hacia Ciudad Hidalgo México este viernes. Elementos de la Policía Fronteriza lo incautaron. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/wrBkg1Hv2C
— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) September 15, 2018
“Se está apostando con diferentes ejes, tecnología y operativos, con un esfuerzo con todas las instituciones. El valor agregado es trabajar en acciones de prevención en algunos lugares fronterizos”, puntualizó.
El intendente resaltó que existe un mayor esfuerzo en los lugares fronterizos con México, pues se calcula que el 90% del contrabando proviene de ese país, por el tamaño de la economía —producción— de ese país y por la variación del tipo de cambio del peso frente al quetzal.
Seguridad
El intendente añadió que la política tiene un mayor énfasis en el componente de seguridad, ya que las estructuras que movilizan las mercancías ilegales también trasiegan drogas, armas, trata de personas y otros productos ilícitos.
El analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) Érick Coyoy destacó que el contrabando y la defraudación no se deben ver solo como un tema tributario, sino de seguridad nacional, por las estructuras ilegales que los administran.
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“Debe haber una intervención en las aduanas y los puertos para erradicar a las estructuras criminales que por años mantienen el control de la evasión”, enfatizó.
Una investigación de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), de junio último, reveló la existencia de tres nuevas rutas que los contrabandistas están utilizando para ingresar las mercancías y evitar la incautación del producto.
“Las mafias están utilizando mecanismos alternos y desarrollando su logística para mantener el comercio ilícito y de otras actividades fuera de la ley”, refiere el documento.
Coyoy destacó que la SAT no puede “combatir” sola el contrabando y la evasión, por lo que se necesita un apoyo institucional para hacerle frente.
Altas ganancias
La política identifica el modus operandi de las estructuras que se dedican a ese delito, así como las causas que lo incentivan.
Además cuenta con diagramas de las bandas que se dedican al trasiego.
“La obtención de mayores ganancias es la principal motivación para que se continúe con la defraudación aduanera”, indica el documento.
Agrega que “el hecho de ahorrarse el pago total o parcial de tributos de comercio exterior permite incrementar las ganancias por las mercancías ingresadas, aunado al bajo nivel de percepción de riesgo con relación al beneficio económico que se obtiene”.
En el caso del contrabando expone: “El lucro constituye el principal incentivo económico para no pasar por control aduanero, la utilidad que obtienen los contrabandistas es mayor al riesgo de ser perseguidos por este ilícito, permitiéndoles competir en mejores condiciones en cuanto a los precios y demanda de las mercancías, en detrimento de quienes cumplen con los requisitos tributarios y no arancelarios”.
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Además de la falta de control y presencia de autoridades en los cruces no controlados —peatonales, vehiculares y pluviales— constituye un incentivo para el ingreso de mercancías, evitando el pago de los tributos respectivos y los trámites no arancelarios.
Las organizaciones cuentan con sus sistemas de organización sofisticado y cadena logística.
El intendente Ovalle resalta que la política se desarrolló pensando en involucrar a las autoridades locales, generar esfuerzos con el sector privado y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
Aportes
Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de CGBA, explicó que uno de los aportes valiosos de la política es que coordina las acciones y crea el marco para que la SAT, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público cuenten con un marco legal para poder actuar y de esta puedan salir otras iniciativas que requieran una aprobación del Congreso. como por ejemplo la ley del contrabando que se está promoviendo.
“Con la política pueden surgir otras leyes con mayor músculo para atacar el flagelo”, afirmó.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), subrayó que la implementación de la política tendrá como resultados combatir el flagelo de una forma más coordinada con otras instituciones.
“Existirá un cúmulo de información para hacer los análisis y combatir el problema que está impactando a las empresas”, afirmó el dirigente de la CIG.
Lineamientos estratégicos
Se propone una trazabilidad en el ámbito del comercio exterior, sector justicia y seguridad, y fomento económico local.
Cultura y actitud
Se persigue cambiar la actitud que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que las ejecutan, fomentando la armonía entre el respeto a la ley, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y no arancelarias. En general se busca crear un cambio de cultura de cumplimiento.
Desarrollo
La propuesta propone coadyuvar en la implementación de planes de desarrollo que privilegian las zonas fronterizas y zona de adyacencia con Belice. Coordinar con los entes responsables de la ejecución de programas de desarrollo, la facilitación de diversos tipos de apoyo, con el fin de mejorar condiciones de vida de esas poblaciones.
Justicia
Fortalecer la coordinación interinstitucional y el sector justicia en materia de defraudación y contrabando. Privilegiará el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de velar por la prevención y combate de esos ilícitos, promoviendo un sistema de incentivos y sanciones que garanticen la aplicación de justicia.
Facilitación
Se implementará la facilidad del comercio exterior a nivel nacional. Fomentará el combate de la corrupción y la impunidad, mejorando el control y supervisión a los actores de la cadena logística de comercio exterior, provocando en un mediano y largo plazo el incremento de esta actividad.
Actualización
Promover la eficacia del marco legal en materia de defraudación y contrabando aduaneros. Se velará por la actualización de la legislación, normas y procedimientos aplicables al comercio exterior, así como de la armonización del corpus legal nacional con acuerdos internacionales en la materia.
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