La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) han desvelado tres casos durante este año en los cuales se señala a miembros de los consejos de administración o directivos de entidades bancarias,
Los activos del Fondo para la Protección del Ahorro (Fopa), al 31 de mayo pasado, ascendieron a Q3 mil 660.8 millones, según los estados financieros.
El 79.8% de la inversiones corresponden a las inversiones efectuadas en moneda nacional en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala y en Bonos del Tesoro, mientras que el resto está distribuido en otros instrumentos financieros.
Los bancos del sistema deben hacer un aporte para alimentar los recursos del fondo.
El Fopa tiene como objetivo ser un seguro de depósitos para promover la estabilidad financiera del país y proteger a los pequeños depositantes de las consecuencias de una posible quiebra bancaria.
Las autoridades de ese banco informaron que los ejecutivos señalados fueron retirados, mientras continúa la investigación, y que las operaciones se llevan a cabo con normalidad.
No hay impacto
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas y miembro de la Junta Monetaria (JM), explicó a Prensa Libre que la mayor preocupación por un posible impacto negativo al sistema financiero se reflejó en junio pasado por la limpieza que surgió en las juntas directivas o en los consejos de Administración, y que la medida se ha ampliado a otras investigaciones.
“Hay que entender que son procesos contra directivos, no contra la institución. La persecución es por las acciones tomadas por los directivos y no por las entidades”, reiteró.
El 2 de junio último, la Cicig y el MP dieron a conocer el caso Cooptación del Estado —por financiamiento ilícito al Partido Patriota— en el cual involucraron a ejecutivos de los bancos G&T Continental y Banco de Desarrollo Rural (Banrural).
Estrada subrayó que no hubo ningún problema en las operaciones de las instituciones y que la experiencia hasta ahora es positiva, aunque, reconoció que el tema es “muy sensible”.
La banca internacional ha dado seguimiento de los casos, pero se le responde que los directivos señalados han sido separados de sus funciones.
El funcionario precisó que en pláticas que han sostenido en la JM y la Superintendencia de Bancos (SIB), determinan que los indicadores de los bancos son normales, aunque hay una leve desaceleración en el otorgamiento de crédito al sector privado, y en otros se ha fortalecido el patrimonio, mientras la rentabilidad es positiva.
José Alejandro Arévalo, jefe de la SIB, expuso hace algunos días en una citación en el Congreso que el sistema financiero del país se encuentra solvente y fortalecido.
Medida correcta
Ignacio Lejárraga, analista financiero, comentó que “indiscutiblemente los actos de las personas son su propia responsabilidad, y si se separa a un ejecutivo bancario que hizo algo indebido, es algo correcto”.
En su opinión, las instituciones financieras deben fortalecer su gobierno corporativo.
“Si se encuentra que un directivo de una entidad bancaria encontró alguna manera de hacer algo ilícito, se le debe hacer responsable”, dijo.
Según Lejárraga, la tendencia es que en el sistema financiero empieza a tomar fuerza que un buen gobierno corporativo es una de las claves para evitar lo que podría suceder.
Una institución bancaria como Bantrab —caso más reciente— no tiene por qué sufrir por los actos de una persona.
Debilidad en la SIB
Édgar Balsells, analista del Instituto de Problemas Nacionales, refirió que la SIB es responsable de lo que sucede en los bancos del sistema, puesto que tiene en su poder todas las actas de las juntas directivas de las instituciones bancarias.
Según Balsells, no se tienen auditorías preventivas, por lo que el tema de fondo es que la regulación bancaria y financiera “está muy mal”.
“Esto no pudo haber pasado si la Superintendencia hubiera actuado”, indicó.
Según el analista, se debe reformar la ley orgánica del Bantrab porque es imposible que el gerente participe como director pues solo constituye un agente de los accionistas, y no puede “ser juez y parte”.
“Por esa razón, las auditorías preventivas son responsabilidad directa de la SIB, como lo fue en su momento con el Banco de Comercio y otros casos, como el de Bancafé”, afirmó Balsells.
Tranquilidad
Sobre la posible intervención de algún banco, Estrada afirmó que no existe ninguna disposición al respecto.
“Los indicadores de los bancos que se analizaron hace poco no reflejan llevar a cabo ningún proceso de intervención. No hay nada en el horizonte; es un tema que no se puede precipitar, y la probabilidad es cero”, afirmó.
Agregó que los bancos se encuentran sanos. “No queremos ninguna crisis y el país está preparado. Los cuentahabientes pueden estar tranquilos”, aseguró el ministro.
El sector de intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares tiene un peso de 6.1% en el Producto Interno Bruto y se estima que registre un crecimiento de 9% para este año, según la política económica.
“Se espera una evolución positiva para el crédito al sector privado y actividades de seguros”, indica el informe.
En 2015, esta fue la actividad que más creció en la economía, con 12.1%, y generó Q14 mil 190.6 millones. Según la SIB, al 31 de diciembre la cartera credicia fue de Q156 mil 286 millones, y había 3 mil 564 agencias.
Christian Schneider, presidente de la Asociación de Bancos de Guatemala, indicó que en Europa o EE. UU., cuando un funcionario comete una ilegalidad, el mismo responde ante la justicia y los reguladores bancarios, no la institución per se, tal es el caso de caso Wells Fargo, y otros en EE. UU. Estas acciones fortalecen los gobiernos corporativos, aseguró.
