Según la CC, la Cortes Suprema de Justicia (CSJ) debía integrarse con los 13 magistrados titulares para la elección de presidente, por lo que queda sin efecto ese evento donde fue nombrada Valdés ya que la corte se integró con un magistrado suplente.
La CSJ en aquella fecha tenía 12 magistrados titulares ya que Douglas Charchal había renunciado a su cargo justo cuando estaba antejuiciado por su posible participación en el caso de corrupción TCQ. Ahora guarda prisión y está ligado a proceso.
La curul de Charchal fue ocupada en ese momento por Freedyn Fernández Ortiz, suplente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal. Al respecto la CC considera: “Quien por no ser miembro titular de la CSJ no estaba legitimado para votar y no obstante con ello, con su voto favorable se decidió elegir a Silvia Patricia Valdés Quezada (…), con lo cual se vició dicho proceso de elección y en consecuencia, por su desacertada intervención, no se obtuvo por lo menos las dos terceras partes de votos favorables que exige la Constitución”.
Toda vez que Valdés es la vocal Uno de la magistratura, ella misma debe asumir la Presidencia interina y convocar al pleno en un plazo de dos días después de ser notificada para que el pleno de 13 magistrados haga de nuevo la elección.
Esta resolución supone un nuevo golpe a la CSJ, tomando en cuenta que dos magistrados han renunciado, Charchal y Vladimir Aguilar, y Blanca Stalling enfrenta antejuicio promovido por el MP y Cicig por la sospecha de que quiso infuir en jueces para que hijo Otto Fernando Stalling, preso por corrupción, recibiera beneficios. La comisión pesqusidora ya escuchó a las partes y emitirá en los próximos días un informe al pleno.
Los vicios en la actual magistratura, que se remontan desde la elección en el Congreso en 2014, han propiciado que la sociedad esté pidiendo la renuncia de los magistrados.
Amparos no proceden
Margarita Monzón, secretaria adjunta de la CC, informó que el tribunal denegó dos amparos a la magistrada de la CSJ antejuiciada, Blanca Stalling, y uno para el diputado Edgar Ovalle, antejuiciado por sospechas de su participación en crímenes de guerra.
