Indicó que ha habido retraso pero que no ha sido por acciones que hayan presentado, sino por parte del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Dulce María Morales, hija de Amparo Lotán, quien integró la directiva del IGSS por parte del sector trabajador, pidió que se acelere el proceso judicial ya que se celebran audiencias dos veces por semana.
“Es un proceso lento y nos urge terminar. Ya son tres años que nuestros familiares están privados de libertad”, refirió.
Rechaza señalamientos
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Juan Francisco Sandoval, negó los señalamientos y declaró que el proceso está ya por finalizar, incluso manifestó que durante la siguiente semana puede haber sentencia.
“Hubo un atraso, pero por un amparo otorgado para que el Tribunal Noveno de Sentencia escuchara a las víctimas y ya se cumplió con el recurso. Son los jueces quienes fijan las fechas para las audiencias. Las demoras tienen que ver además con los cambios de sala de sentencia o bien por recusacion por las defensas” refirió Sandoval.
El fiscal dijo que los abogados defensores permanente hacen peticiones solo por entorpecer el proceso. No es el MP ni los querellantes quienes deciden cuándo ni cómo se desarrolla el debate.
“Los sindicados en múltiples oportunidades han pedido las revisiones de medidas, han apelado las negativas y hasta la propia Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado. Las peticiones las han hecho no solo ante el juez de control, sino de sentencia y los jueces han negado y las defensas han hecho uso de los recursos. Frente a algunas solicitudes de revisión que se consideraron pertinentes no nos opusimos e incluso en relación con una sindicada se pidió medida desde el inicio”, señaló el fiscal.
Investigación
Los implicados son señalados de fraude por la adjudicación anómala de un contrato de servicio de diálisis peritoneal en el Seguro Social.
Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS, es señalado de ser el supuesto cabecilla y está acusado de fraude. También está acusado Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
El MP señala a los exintegrantes de la Junta Directiva del Igss, de haber nombrado a los miembros de la Junta de Licitación, quienes no eran idóneos ni llenaban los requisitos para adjudicar contratos de servicios de diálisis peritoneal.
Además, los acusa de haber autorizado, en forma irregular, que la Droguería Pisa continuara en el proceso de licitación pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas necesarias: recursos humanos, infraestructura básica y mobiliario. Por la adjudicación irregular hubo la menos 35 personas fallecidas.
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