Y es que, de lunes a jueves, unos 70 indocumentados son llevados ante jueces federales cada día para ser sentenciados por cruzar la frontera de manera ilegal, después de que, siguiendo órdenes que llegan de Washington, la Patrulla Fronteriza les haya remitido al Departamento de Justicia para presentarles cargos en su contra.
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En caso de que viajen con menores, éstos son separados de sus padres y enviados a albergues hasta la espera de que alguien les reclame, lo que ha generado una enorme polémica al conocerse el drama que viven los cerca de 2 mil niños y jóvenes que han sido apartados de sus progenitores en las últimas seis semanas. Con voz clara, la jueza Bowman les explica brevemente los cargos que enfrentan y, dirigiéndose uno a uno, les pregunta si entienden sus derechos, les hace una serie de sucintas preguntas y finaliza preguntándoles como se declaran, uno a uno casi todos responden “culpable”.
Es entonces cuando la juez los sentencia uno a uno a entre 30 a 180 días en prisión, las sentencias más severas son aquellos que han reingresado más de una vez al país, todo en poco más de un minuto por persona. Después salen custodiados por alguaciles federales para que entre el siguiente grupo y el proceso se repite una y otra vez en este enjuiciamiento rápido denominado Operación Streamline, creado en 2005 con el objetivo desanimar a los indocumentados para que crucen la frontera.
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Con la llegada del expresidente Barack Obama a la Casa Blanca (2009-2017) se optó más por la práctica de “detener y liberar” a los indocumentados que eran arrestados en la línea divisoria, pero desde abril pasado se acabó con esa posibilidad y Streamline tomó mayor fuerza cuando el Gobierno anunció su política de “tolerancia cero”.
Esto ha provocado que los casos legales presentados en contra de indocumentados se han incrementado el 30 % entre abril y mayo, de acuerdo al Transactional Record Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, después de que más de 150 mil indocumentados hayan sido arrestados en los últimos tres meses en la frontera, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Antes eran más mexicanos, ahora tenemos más centroamericanos y de otros países”, dice a Efe la abogada de inmigración Victoria Trull, quien destaca que hay casos de inmigrantes que podrían calificar para asilo político pero aun así los remiten a estos juicios rápidos.
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Durante el juicio en cadena que pudo presenciar Efe, el abogado de uno de los migrantes dijo a la juez que su cliente quería expresar ante la corte que tenía miedo de regresar a Guatemala por miedo a ser víctima de la violencia. Pero, dice Trull, es “muy poco lo que pueden hacer los jueces” a estas alturas ante las reclamaciones de unos inmigrantes que incluso preguntan por el estado de sus hijos. Solo pueden “recomendar” que tengan una entrevista para asilo o que les entreguen a sus hijos antes de ser deportados.
Para Trull, el programa de Streamline es una “línea muy delgada” entre lo legal y una violación a los derechos constitucionales, pues, aunque tienen representación legal, los abogados solo disponen de tres horas para reunirse con todos sus clientes. Ese día, la abogada tuvo cinco clientes, lo que le dejó alrededor de 30 minutos para hablar con cada uno de ellos y preparar su caso. La abogada, que cuestiona si los inmigrantes realmente entienden el proceso legal que enfrentan, considera “irónico” que el Gobierno de EEUU les otorgue un abogado cuando enfrentan cargos por inmigración ilegal, pero se les niega ese mismo beneficio cuando van ante un juez para solicitar asilo político.
