“El resultado de las elecciones de junio podría aumentar esas preocupaciones. Por ejemplo, los funcionarios elegidos con la ayuda de intereses creados podrían contribuir a una mayor corrupción, drenar los recursos públicos y alentar el tráfico de drogas y otros delitos. Cuando el apoyo de la CICIG termina en septiembre, las instituciones guatemaltecas pueden investigar y procesar menos tales crímenes. La inseguridad y la violencia relacionadas podrían a su vez contribuir a la emigración adicional”, expresa.
Además, el reporte señala que los cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones podrían significar mayor inestabilidad. “Si los observadores de la Organización de Estados Americanos u otras organizaciones encuentran que las elecciones no son libres y justas, el nuevo gobierno podría verse como ilegítimo”, apunta.
Añade: “Si muchos ciudadanos cuestionan la credibilidad de la elección es probable que la confianza pública en el Gobierno disminuya aún más, y es probable que continúen las protestas y demandas de reforma política”.
El informe del Congreso estadounidense hace un recuento de los eventos que empañaron el proceso electoral, desde la captura de Mario Estrada en Estados Unidos hasta la eliminación de las candidaturas de Thelma Aldana, Zury Ríos, Edwin Escobar y Mauricio Radford.
Menciona que el TSE “ha estado sujeta a presiones políticas y amenazas este año de múltiples fuentes”. “Según diversos informes, los líderes políticos y empresariales han sobornado e intimidado a miembros del TSE y otras oficinas gubernamentales y tribunales para influir en los resultados de las elecciones”, manifiesta el informe.
Resalta que el mismo presidente Jimmy Morales ha sido señalado de posibles actos de corrupción y de tomar “medidas que parecen haber favorecido a los partidos políticos y a las organizaciones criminales vinculadas a la corrupción”.
El informe agrega que el debilitamiento de las instituciones encargadas de fiscalizar a los partidos políticos “podrían permitir que los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales continúen financiando a los políticos”.
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Preocupación compartida
La preocupación por el incremento de la corrupción en el país es sentida no solo por EE. UU. sino por aliados estratégicos que han trabajado el tema de seguridad con Guatemala, señala el politólogo Ronald Ochaeta.
El experto indica que el retiro de la Cicig contribuyó a que las instituciones de justicia y seguridad generen que la población perciba que trabajan más a favor de intereses oscuros que en los intereses del país.
Ochaeta considera que la alerta de In Focus coincide con las emitidas por Amnistía Internacional, que indica que la percepción es que el Ministerio Público está de lado de la criminalidad.
Sobre el señalamiento a los candidatos presidenciales que participarán en la segunda vuelta, el politólogo indica que, tanto en las promesas de campaña como promesas, en tema de seguridad, narcotráfico, corrupción y migración, los dos candidatos no han dado la talla para las expectativas, tienen promesas populistas en los dos lados.
Estos candidatos fueron cuestionados por Cicig en su momento y ninguno de los dos tiene la suficiente claridad para manejar el tema de corrupción, agrega el experto.
Por su parte, Ricardo Barreno, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, señala que el interés de EE. UU. en los países del Triángulo Norte está enfocado en la seguridad ciudadana para evitar las migraciones, y que esto requiere políticas internas y que estas se puedan aplicar a través de instituciones sólidas, “el problema es que no se tiene ni las políticas públicas ni la solidez que se necesita”, asegura el experto.
Barreno señala que la preocupación de aquel país se incrementa porque en los resultados electorales, aunque no han sido oficializados por el Tribunal Supremo Electoral, se demuestra que en el Congreso la conformación estaría facilitando “alianzas de carácter perverso” entre aquellos partidos que evidenciaron confrontación directa a favor de la corrupción.
En cuanto a los candidatos presidenciales, la duda surge porque han sido “tibios” en cuanto a sus mecanismos para el combate a la corrupción, que no se trata solo de renovar o no la Cicig; además, el hecho de que ambos candidatos hayan enfrentado procesos judiciales es una alerta de cómo ese riesgo de volver a caer en las manos de la justicia podría condicionar su gestión en cuatro años.
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