Les preguntará acerca de sus planes de trabajo, cómo garantizar la independencia y autonomía del MP y si tiene conocimiento suficiente sobre el funcionamiento y competencias legales del órgano investigador.
Del 9 al 11 de abril, la Comisión empezará con la evaluación de los expedientes, al utilizar la tabla de gradación, que tendrá una ponderación sobre cien puntos.
De esa calificación, solo serán elegibles para integrar la lista de seis, los que sobrepasen los 60 puntos. De no completarse la cuota, se podrá incluir a candidatos que hayan obtenido más de 50 puntos.
Los comisionados conocerán de manera personal las pruebas de descargo que presentaron los candidatos señalados. De no satisfacer a los comisionados, podrán no votar por quien no posea la reconocida honorabilidad y que no consideren apto.
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Lista bajo el brazo
La directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, alerta respecto de que a partir de esta semana los comisionados —no todos— empiezan a pensar quiénes van a quedar en la lista de elegibles, sobre todo los que tengan más de 60 puntos.
“Sí hay comisionados, porque los hay, que llevan su lista bajo el brazo, entonces tratan de acomodar la aplicación de los instrumentos a sus intereses, para que sus candidatos no salgan mal evaluados. Por eso, la aplicación de los instrumentos es crucial, porque de lo que hagan en las próximas dos semanas va a salir la lista de elegibles”, expuso Ibarra.
Ibarra manifestó que la Comisión debe determinar cuáles van a ser los criterios para aplicar la tabla de gradación, y ese proceso lo deben de acordar previo a ponderar a los candidatos.
“Los comisionados prefirieron darles más puntos a los méritos académicos, 30, y está claro que eso va a afectar a muchos de los candidatos que no tienen posgrados o incluso no tienen docencia, por lo que no tienen lo suficiente para acercarse a los 30 puntos”, refirió la entrevistada.
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En opinión de Ibarra, la tabla no contempla los elementos necesarios para evaluar de manera adecuada la trayectoria profesional, por lo que se convierte en un instrumento con muchos problemas técnicos.
“Se van a ver discusiones entre los comisionados sobre cómo tratar de acomodar sobre la marcha, vía la interpretación, la aplicación de ciertos instrumentos para tratar de favorecer a sus favoritos. Por lo que la interpretación política direccionada de la tabla, la entrevista y el análisis del plan de trabajo es lo que introduce el elemento arbitrario y discrecional de los instrumentos de evaluación, y por eso se pierde la objetividad y entonces entran a prevalecer los criterios subjetivos, independientemente de los instrumentos que fueron aprobados”, señaló Ibarra.
Los perfiles de los 14 candidatos a fiscal general:
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