Ciudad Guatemala
Para algunos expertos en gestión pública, la principal razón de este acumulado de obra gris sin concluir es el interés político, que cambia con cada administración municipal, y los nuevos alcaldes llevan otras prioridades.
La CGC revela que de los 20 departamentos auditados, en San Marcos y Huehuetenango se concentra el 49 por ciento de las obras inconclusas.
En Huehuetenango, por ejemplo, existen proyectos de agua potable, drenajes sanitarios y la ampliación del área intensiva del Hospital Regional, proyectos que suman más de Q69 millones y que están abandonados o el contrato fue rescindido.
En otros hallazgos de la auditoría, también se evidencian más pagos que avance físico de las obras. Por ejemplo, la ampliación del centro de convergencia Unidad Mínima de Salud, en el caserío San Valentín, San Francisco, Petén, que tenía un contrato de Q1.2 millones, de los cuales se pagó el 25 por ciento, pero la obra solo avanzó un 10 por ciento.
Actualmente el proyecto está abandonado, según el reporte de la CGC.
Los municipios de Retalhuleu y Baja Verapaz no presentaron información a la CGC, por lo que no son fueron sujetos de la auditoría.
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Para el jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, entre las razones del abandono de obras están algunas denuncias en el Ministerio Público, aunque algunas auditorías detectaron irregularidades en la construcción, por ejemplo, el desembolso del anticipo, pero ya no se reprogramaron más pagos, por lo que la empresa decidió abandonar la obra.
“Hay una variedad de situaciones del por qué están suspendidos los proyectos, en algunos casos ya se ha solicitado la ejecución de las fianzas por el incumplimiento de las empresas. Pero de cada obra hay que hacer una evaluación y análisis”, explicó Mencos.
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El contrato es el que incluye clausulas donde establece que las obras son de arrastre y eso es válido. “Yo no creo que con más leyes se compongan esas situaciones, creo que es más con voluntad política”, dijo el contralor.
Anam culpa al PP
El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, indicó que el 90 por ciento de las obras abandonadas están relacionadas con los Consejos de Desarrollo.
Según Escobar, la ley es clara y establece cómo deben proceder para autorizar nuevos proyectos. El problema surgió con el programa de gestión de resultados, implementado por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
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“En los último ocho años empezamos a caer en un círculo vicioso, donde nos oficializan Q2 mil millones en obras para Consejos de Desarrollo, pero solo se ejecutaban Q600 millones y el resto se iba a fondo común, lo cual era interesante para el gobierno de turno, porque era dinero que podían usar en lo que quisieran”, refirió el directivo.
“La obra que el 31 de diciembre se suspende porque no tiene recursos tiene que esperar hasta finales de abril del otro año a que se asignen nuevos recursos para que se repita el proceso administrativo; y año con año se repite el mismo ejercicio, teniendo un par de meses para poder ejecutar” explicó Escobar.
Para la Anam se hace necesaria una reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo y de Presupuesto, de manera que los proyectos de los Consejos de Desarrollo sean multianuales.
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Revanchismos
Edy Cifuentes, experto en gobiernos locales, indicó que cuando una obra no se finaliza, los primeros afectados son los vecinos, ya que en muchas ocasiones suelen ser escuelas, hospitales o perforación de pozos.
“Naturalmente es un pacto negativo al patrimonio nacional y lamentablemente muchas de las obras tienen problemas de tipo legal”, dijo Cifuentes.
Según Cifuentes, las autoridades locales cuando toman posesión, conscientes o por ignorancia, no incorporan en el acta el reconocimiento de deudas para el pago de obras en fase intermedia o final, de esa cuenta el Concejo entrante no asume esa responsabilidad de pago, forzando a los contratistas a dejar abandonada la obra.
Para Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana en temas de transparencia y ejecución del gasto, el problema es una constante en cada ejercicio fiscal, tanto en el gobierno central como en los municipales.
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“Las obras abandonadas tiene al menos dos efectos: el primero es el despilfarro de recursos por no terminar la obra, y cuando queda abandonada daña y al momento de querer recuperarla la inversión es mayor. Segundo, quedan insatisfechas una serie de necesidades que las obras deberían cubrir”, dijo Flores.
Fernando Carrera, exsecretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, indicó que en su gestión buscaba que se aprobara una ley de evaluación, para obligar al Estado a pagar las obras a través de una evaluación de los proyectos, pues hay muchas razones para el abandono las obras.
Una de ellas es de carácter técnico, un ejemplo es la construcción de la dársena de Champerico, a pesar de que hubo un estudio que estaba mal diseñado, la obra se hizo. “Otro caso es que el estado deja de pagar puntualmente la obra, y cuando esto sucede los constructores dejan la obra. El Estado llega a deber más de dos meses o un año de la obra, por lo que definitivamente decide que no va a construir más hasta que le paguen”, refirió Carrera.
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