Ejecutivo publica nuevo decreto con estado de Sitio y reduce municipios
Después que el Congreso no lograra aprobar la ampliación del estado de Sitio, el Ejecutivo pretende la aprobación de un nuevo decreto.
En consejo de ministros, el presidente Jimmy Morales publicó en el Diario de Centro América el decreto 4-2019 que integra el estado de Sitio para 20 municipios del país.
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Según la justificación “se decreta en virtud que persisten en algunos municipios del Nororiente de la República, una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”.
Además esta situación estaría “afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas”.
En el acuerdo también se explica la limitación de los Derechos Constitucionales como la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación, además de la portación de armas que serían restringidos.
El artículo 5 del decreto señala que mientras esté vigente el estado de Sitio se aplicarán las restricción derivadas de la vigencia.
Se convoca al Congreso de la República para que dentro de tres días conozca esta disposición para aprobarla o denegarla.
Lugares donde pide estado de Sitio:
- Izabal: El Estor, Morales, y Los Amates.
- Alta Verapaz: Tactic, Senahú, Tamahú, La Tinta, Tucurú, Cahabón, Panzós, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas.
- Zacapa: Río Hondo, Teculután, Gualán y Usumatlán.
- El Progreso: San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán.
- Baja Verapaz: Purulhá.
- Petén: San Luis.
La petición del primer estado de Sitio fue originada por la muerte de 3 soldados en la aldea Semuy 2, en el Estor, Izabal.
Otro de los argumentos para la aprobación fue la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, los diputados cuestionaron los pocos resultados y la baja cantidad de cocaína procesada incautada, mientras el Ejecutivo defiende que han localizado plantaciones de hojas de coca y que eso representa un duro golpe financiero a las estructuras criminales.